El Gobierno de España decidió la semana pasada no seguir adelante con la privatización de la gestión de los dos grandes aeropuertos de AENA: Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat). El motivo alegado por el Gobierno para la suspensión del proceso fue que el precio que ofrecían las posibles empresas que se iban a encargar de la gestión de los aeropuertos era bajo. Estaba por debajo del precio al que el Gobierno creía que se debería cobrar. Y en esa circunstancia es preferible no vender a malvender.
Desgraciadamente, durante este año 2011, los accionistas de AENA (los ciudadanos españoles) hemos sufrido fuertes presiones de los partidos políticos y de de los sindicatos para que la privatización no se hiciera todo lo bien que convenía. Así, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministro, que en el caso de que se privatizase algún aeropuerto, se crease un organismo de vigilancia de la gestión aeroportuaria formada por representantes de los sindicatos y de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento vinculados al aeropuerto.
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