Archivo de la Categoría ‘Economía española’

19
Ene

Este próximo lunes, día 21, Theresa May está obligada a presentar un Plan B sobre el proceso de salida (Brexit) o permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, después de que, esta semana, la Cámara baja del Parlamento británico rechazara (con 432 diputados en contra y 202 a favor) el acuerdo que la primera ministra había negociado con Bruselas. El nuevo plan, del que se desconocen los detalles, permitirá a los Comunes introducir todo tipo de enmiendas y propuestas que serán debatidas para luego ser votadas el 29 de enero.

Esta negativa por parte del Parlamento inglés va a exigir un cambio radical que se reflejará en el nuevo Plan que ofrecerá el lunes la Primera Ministra. Ante esta situación incierta para todos, ¿qué otras opciones tiene el país para culminar este proceso el 29 de marzo, como estaba previsto? ¿Se pueden intentar aprobar alternativas a la salida?

Nuevo referéndum

Entre los escenarios posibles, está el de que el Parlamento vote la anulación del Brexit. Para ello, habría que organizar un segundo referéndum, que incluya la opción de permanecer en el bloque. La Justicia europea dejó claro que Londres puede, si lo desea, parar el Brexit de forma unilateral, sin necesidad del consentimiento de los 27 países miembros. Además, una encuesta de YouGov realizada esta semana otorga ventaja a la decisión de quedarse en la UE (56%), frente a la del abandono (44%), el mayor margen desde la consulta de 2016.

En caso de que se convocara un segundo referéndum, la fecha de un posible Brexit debería aplazarse. Se necesitarían al menos 14 meses para aprobar los procedimientos a través del Parlamento y celebrar la votación. Para ello, se precisa una prórroga del artículo 50 del Tratado de la UE, que rige las modalidades de salida de un país miembro, y que debería ser ratificada por unanimidad de los 27 restantes. Algo que solo sería posible si se hiciese antes de finales de junio o principios de julio, momento en que se formará el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo.

Consecuencias para España

Si el resultado del nuevo referéndum fuese que Gran Bretaña no se marcha de la UE, España saldría beneficiada. Nuestro país tiene mucho que perder con el Brexit ya que: a) cada año hay 19 millones de turistas británicos que nos visitan, b) existen 250.000 ingleses que residen aquí y c) nuestra interdependencia comercial y financiera es muy elevada. Lo que hace de Reino Unido el primer socio económico de España. Nos interesa, por tanto, que la relación entre la UE y los británicos cambie lo menos posible: la economía se resentiría tanto más cuanto mayor resulte la separación.

Se puede producir un desastre

En el otro extremo estaría un escenario de un Brexit sin acuerdo. Es una opción poco probable, ya que a ella se opone la mayoría de los diputados británicos. También se trata del desenlace más temido por las empresas. En esa situación, Gran Bretaña quedaría sumida en una grave crisis económica: un desastre sin paliativos. Sus exportaciones a la UE tendrían que pagar el arancel común europeo. El mismo que ahora soportan las importaciones de países extracomunitarios, como Rusia, India o Estados Unidos. Esto les supondría una importante pérdida de competitividad (“efecto frontera”). Además, es muy posible que Reino Unido aplicase aranceles a las importaciones provenientes de la UE, con el fin de proteger a sus empresas frente a la competencia del continente. Ambos aumentos provocarían una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica, lo que disminuiría las oportunidades de generar ventajas competitivas.

En cuanto al flujo de capitales, hasta hace dos años y medio, Reino Unido era uno de los países favoritos de inversores de todo el mundo, y en especial de la UE. Sin embargo, de darse un Brexit desordenado, y ante la expectativa de menores ventas tanto de bienes como de servicios, parece probable que parte de las compañías radicadas allí se trasladen, como ya ha venido sucediendo después del referéndum, para continuar trabajando en un territorio parte de la UE y de su mercado único. Así las cosas, no puede sorprender que, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso más empresas (incluidos algunos bancos) decidan cambiar su residencia fiscal.

La consecuencia inmediata de este proceso (contracción del comercio internacional, cierre de empresas, salida de establecimientos financieros y menores flujos de capitales) sería una caída del PIB británico y una pérdida de su aparato productivo. Esto, al final, derivaría en una disminución importante del empleo. Es más, ningún estudio serio estima que se vaya a producir un beneficio para Gran Bretaña, en términos de crecimiento o renta per cápita, si triunfase una salida. El último, publicado por el Banco de Inglaterra, ha calculado que un Brexit sin acuerdo supondría para el país una caída del PIB de un 8%, la tasa de desempleo se doblaría y la inflación se dispararía lo que forzaría nuevas subidas de tipos. Esto supondría un fuerte golpe para los mercados financieros y también para la libra esterlina que ya cayó un 13% un mes después del referéndum y el Banco de Inglaterra prevé ahora una depreciación del 25%.

Un Brexit blando

Una tercera posibilidad consistiría en negociar un Brexit más blando similar a los acuerdos que ahora tienen Noruega o Canadá. Noruega es miembro del Área Económica Europea, al igual que Gran Bretaña y los otros 27 países pertenecientes a la UE. El acuerdo consistiría en una asociación de Gran Bretaña con la UE, pero sin participación en la toma de decisiones. Noruega ha incorporado tres cuartas partes de la legislación comunitaria, y tiene acceso al mercado único para el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. Significa que los noruegos pueden vivir y trabajar en un país de la UE y viceversa.

A Canadá el acuerdo con la UE le da acceso preferente al mercado único, al eliminar la mayoría de aranceles en los bienes, aunque excluye algunos productos del sector de los alimentos y los servicios. La condición es que los productos que son exportados a la UE tienen que cumplir con los estándares de productos europeos y tener los requerimientos técnicos, sin que Canadá tenga ni voz ni voto sobre esos estándares.

Conclusión

Sea cual sea, el Plan B que el lunes presentará May a los Comunes resultará histórico para el futuro económico de Reino Unido y la UE. La primera ministra deberá ofrecer a los miembros del Parlamento propuestas serias de continuidad o de muy estrecha relación con la UE. Afortunadamente, son conscientes de que iniciar un proceso de profunda separación implicará ahuyentar a los inversores, debilitar su economía y aumentar el desempleo, perjuicios que acabarían repercutiendo también en la propia UE. Por expresarlo en su idioma, se trataría de un lose-lose que harían bien en evitar a toda costa.

Fuente:  Rafael Pampillón. “¿Hacia dónde debe ir Gran Bretaña?”. Expansión, 19 de enero de 2019; página 23.

12
Ene

¿Son los Presupuestos que necesita España?

Escrito el 12 enero 2019 por Rafael Pampillón en Economía española, Política fiscal

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. La semana que viene se inicia su tramitación parlamentaria. Estas cuentas públicas son electoralistas y no son las que, desde mi punto de vista, necesita la economía española. El presidente Sánchez las defiende con el propósito de agotar la legislatura.

Son unos Presupuestos que se enmarcan en el contexto de: a) la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del PSOE, b) la necesidad de reducir el endeudamiento de España en un entorno de alza de los tipos de interés, c) un crecimiento económico y de creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2019 que en 2018 y d) tener que elaborarlos con la senda de déficit del anterior Gobierno (1,3% del PIB) en lugar del objetivo que quería el Ejecutivo de Pedro Sánchez (1,8% del PIB).

Sin embargo, una política fiscal más expansiva, con un déficit público mayor, como el que hubiera deseado el Gobierno, quizá generaría un poco más de crecimiento económico, pero a costa de aumentar más la deuda pública. Afortunadamente, el Gobierno ha heredado el objetivo de déficit del Gobierno de Rajoy. Una suerte, ya que España es todavía un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian.

Por tanto, la política fiscal debe ser restrictiva. Se consigue con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.

Por lo que se refiere al gasto público los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de 2018. Un crecimiento excesivo pero que podría ser todavía mayor si el Gobierno y los entes territoriales cayeran en la tentación de ampliar todavía más las políticas populistas dirigidas a conseguir más votos en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Aumentan los Impuestos

Para compensar este aumento del gasto y poder cumplir con el objetivo de déficit, se ha aprobado también subir la recaudación: a) aumentando el IRPF a las rentas más altas, el Impuesto de Sociedades, la tributación del diésel y el Impuesto de Patrimonio; b) introduciendo una tasa a las tecnológicas (“tasa Google”) y también a las transacciones financieras (una especie de “tasa Tobin”) y c) subiendo las cotizaciones sociales. Un conjunto de despropósitos que, junto con la subida del salario mínimo, lo único que van a conseguir es elevar los costes laborales y fiscales de las empresas, lo que significa perder competitividad, y dejar de contratar trabajadores que, en buena parte, serán absorbidos por una mayor mecanización de los procesos productivos.

Todas estas políticas van a deteriorar el crecimiento económico. En este sentido, algunos Servicios de Estudios están revisando a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2019, situándolo por debajo del 2,2%. También porque en 2019, el crecimiento económico de la zona del euro se ralentizará más de lo previsto. Una situación que dificultaría la consecución del objetivo de déficit por lo que, en el caso de que se aprobaran los presupuestos, sería necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste complementarias.

Hay que reducir el gasto público corriente

Desgraciadamente la productividad de la economía española, sigue siendo muy baja y lo que es peor lleva dos trimestres cayendo. España necesita otros presupuestos que, en vez de subir impuestos, se dirijan a recortar la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoren la competitividad, como es el caso del incremento del capital humano y de la innovación.

La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

De ahí que resulte perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo, empresas públicas, observatorios de todo tipo de administraciones prescindibles que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer.

Son aspectos que no agradan a los que nos gobiernan –la mayoría de ellos han sido empleados públicos–, ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral. Hay, además, que ajustar las pensiones: indiciándolas a la esperanza de vida, eliminar la jubilación temprana y alargar la edad de jubilación.

El ahorro que supondría la reducción de esos gastos (y también la eliminación de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría no tener que subir los impuestos, las tasas y las cotizaciones sociales.

Sin embargo, parece que el gobierno sigue confiando el futuro de nuestra economía en el tirón del gasto público y de los servicios de baja productividad, en contraste con la debilidad de la inversión y la industria y la flojera de las exportaciones. Una composición nefasta que puede explicar la reducción de la productividad. Ayer, el INE informó de que el Índice de Producción Industrial se redujo en noviembre del año pasado a ritmos anuales del 2,6%, la mayor caída en cinco años. En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres.

En resumen, la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Sánchez, el de 2019, se enmarca en un escenario de pactos con diferentes partidos políticos que complica una mayor reducción del déficit. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Italia, Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionará una mayor ralentización de nuestra economía.

Se está a tiempo de corregir. En el trámite parlamentario se debería hacer un esfuerzo por no subir los impuestos, reducir el gasto y el déficit público. Son objetivos que resultan mucho más necesario en un contexto económico y bursátil en el que se ven signos de debilidad en el horizonte.

Fuente:  Rafael Pampillón. “¿Son los Presupuestos que necesita España?“. Expansión, 12 de enero de 2019.

 

27
Oct

14,55 % de chômage. Le taux, dévoilé ce jeudi lors de la publication des chiffres trimestriels de l’emploi de l’Institut national de statistiques (INE), pourrait sembler un piètre résultat dans de nombreux pays européens. Mais en Espagne, c’est le témoin d’une baisse spectaculaire et quasi ininterrompue au cours des cinq dernières années, depuis que le taux de sans-emploi atteignit le niveau record de 26,94 %, au premier trimestre 2013. Une évolution que les spécialistes expliquent surtout par la modération salariale encouragée par les pouvoirs publics et l’amélioration très sensible de la croissance espagnole tirée par les exportations.

Pour Rafael Pampillon, directeur d’analyse économique à l’IE Business School, la réduction ou la modération des salaires est le premier facteur. «   Comme sur n’importe quel autre marché, lorsqu’il y a un excès d’offre, les prix doivent baisser pour absorber le stock. Les réformes ont permis aux entreprises de fixer les salaires en dehors des conventions collectives », explique-t-il. Résultat, les salaires ont stagné, les entreprises ont été plus compétitives et ont pu réembaucher.

Florentino Felgueroso, spécialiste du marché du travail au think-tank Fedea, complète cette analyse : « En réalité, le salaire à l’heure n’a pas baissé, ce qui a diminué, c’est le temps de travail annuel. Le problème est qu’il y a des gens qui travaillent, mais qui n’accumulent pas assez d’heures pour obtenir un revenu et des cotisations suffisants. » L’Espagne est devenue le pays de l’Union européenne où le taux de travailleurs pauvres est le plus élevé : selon l’OCDE, 14,8 % des ménages dans lesquels au moins un membre a un travail sont sous le seuil de pauvreté. Au sein de l’OCDE, seule la Turquie fait pire, avec 15,3 %.

Pour Felgueroso, « la réforme du gouvernement de Mariano Rajoy a eu un effet significatif sur l’emploi, mais elle a penché clairement du côté de l’entreprise et de la flexibilité plutôt que du côté du salarié et de sa sécurité » . Bilan aujourd’hui : entre 25 et 33 % des contrats signés chaque mois ont une durée inférieure ou égale à une semaine. Avant la crise, on était autour de 10 %. L’économiste précise toutefois que la précarisation de l’emploi était une tendance déjà observable avant la réforme du marché du travail.

À cela s’ajoute un facteur émigration. De nombreux chômeurs, espagnols ou étrangers, ont quitté le pays pour chercher un travail en dehors de nos frontières. La population active s’élevait à 23,3 millions de personnes en 2008, elle est aujourd’hui de 22,8 millions. Du reste, liée en partie à la modération salariale, l’excellente santé des entreprises espagnoles à l’étranger a également favorisé l’emploi. En 2008, les exportations de biens et services représentaient 23 % de notre PIB. Ce taux s’élève aujourd’hui à 34 %. « Au-delà du tourisme, l’export de services non touristiques s’est également développé : la gestion des aéroports, le conseil aux entreprises, les télécommunications, l’électricité ou les banques, par exemple  », détaille Rafael Pampillon.

Aujourd’hui, le débat porte sur le salaire minimum. Un accord entre le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez et le parti Podemos (gauche radicale) prévoit de faire passer le smic local de 736 euros par mois (en 14 mensualités, comme c’est l’habitude en Espagne) à 900 euros en 2019 puis 1 000 euros en 2020. Les organisations patronales sont vent debout contre une augmentation qu’elles jugent disproportionnée, tandis que les syndicats y voient un rattrapage des années de disette et du différentiel avec leurs voisins européens. Pour Felgueroso, « le problème n’est pas tant le futur niveau du smic que la rapidité avec laquelle il doit augmenter. Cela peut représenter un choc pour les entreprises ». Avec le risque d’un nivellement des salaires par le bas : «  Aujourd’hui seuls 2 % des salariés sont payés au salaire minimum. Avec un smic à 1 000 euros, ce taux de couverture pourrait atteindre les 12 % .  »

Fuente: Mathieu de Taillac. “Plus de flexibilité et un regain de compétitivité ont dopé le mar ché du travail espagnol“. Le Figaro, FIGARO ECONOMIE. 26 October 2018 

21
Oct

La destrucción de la ciudades

Escrito el 21 octubre 2018 por Rafael Pampillón en Economía española

El auge del alquiler turístico y la falta de viviendas disponibles para alquilar, en determinadas zonas de España está provocando fuertes subidas en los precios de los alquileres. Para intentar solucionar este problema, el Gobierno de España y Unidos Podemos han llegado a un acuerdo para intentar limitar las subidas de precios de los alquileres. El acuerdo faculta a los ayuntamientos de todo el país para establecer límites a los alquileres en aquellas zonas en las que se considere que se están produciendo importantes tensiones en los precios.

 Dicen los economistas que poner topes a los alquileres y los bombardeos son dos formas distintas de destruir las ciudades. La diferencia entre una y otra está en la forma y velocidad de la demolición. El bombardeo de Dresde (Alemania) que llevaron a cabo las Fuerzas Aéreas del Ejército Aliado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial aniquiló la ciudad en tres días, mientras que la limitación de los alquileres, tal y como se ha observado en muchas ciudades, es un derribo más lento.

 Aunque las discrepancias entre los economistas son habituales, su opinión sobre poner precios máximos a los alquileres es casi unánime. El 93% están de acuerdo en que esta política de topes reduce tanto la cantidad de viviendas disponibles para alquilar como su calidad. Los efectos negativos del control de los alquileres se dejan sentir tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Es decir, tanto los compradores como los vendedores tienen incentivos para cambiar de conducta en respuesta a la limitación de los precios del alquiler.

 La oferta se reduce

 Por lo que se refiere a la oferta, los caseros, ante la perspectiva de menores rentas, ofrecerán menos casas, porque ahora les compensa menos atarse las manos alquilándolas a un precio que consideran bajo. Así las pueden reservar por si las precisasen para un hijo, o tenerlas disponibles para venderlas. La oferta también se reducirá porque los propietarios dejarán de construir nuevas casas para alquilar. Además, si no pueden cobrar unos precios razonables que les permitan obtener un beneficio y realizar gastos para un buen mantenimiento de las viviendas, es probable que algunos caseros piensen que no les compense invertir en mejoras. En definitiva, disminuye la oferta y la calidad de las casas en alquiler, y el parque de viviendas se deteriora.

 La demanda aumenta

 Por lo que se refiere a la demanda, los bajos alquileres estimularán a la gente joven a alquilar (en lugar de vivir con sus padres o de compartir piso con otras personas) y animan a más ciudadanos de los pueblos a trasladarse a la ciudad, generando más demanda en las ciudades y mayor despoblación en el campo. A esta situación de mayor demanda se une la de aquellas personas que están dudando entre comprar o alquilar: si los alquileres son más bajos, pueden inclinarse con más facilidad hacia el alquiler, lo que aumentará todavía más la demanda de alquiler.

 Mas demanda y menos oferta genera escasez ¿Serán los más necesitados los que se queden con el menor número de casas que se van a alquilar? No. Prevalecerán criterios de adjudicación basados en lazos de amistad, familiares, raciales o de género. Y los inquilinos podrán pagar en negro un complemento de adjudicación. De ahí que los economistas sostengan habitualmente que el control de los alquileres es un mecanismo sumamente ineficiente para ayudar a los pobres a mejorar su nivel de vida.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo (Director de Análisis económico del IE Business School). “La destrucción de las ciudades”. La Voz de Galicia. 21 de Octubre de 2018.

14
Jul

Ayer, el INE, publicó el comportamiento del IPC del mes de junio. Durante los doce últimos meses los precios subieron en España 2,3%: máximo de 14 meses. Este repunte de la inflación unida a la subida de impuestos (que se está concretando) va a suponer una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos.

Foto: Ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero.

Conviene recordar que la Teoría Económica, como disciplina científica, demuestra que las subidas de impuestos (incluidos los aranceles) aumentan la inflación, reducen el crecimiento económico y disminuye el bienestar de los ciudadanos. El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) está por la labor de subir los aranceles y el de España por aumentar los impuestos. Sin embargo, no parece que este sea el mejor momento para poner palos en la rueda de la economía española, ni para que EEUU suba los aranceles a nuestras exportaciones, ni para que el Gobierno de España aplique una política fiscal que suba los impuestos.

Indicios preocupantes

En tan solo una semana las perspectivas de la economía española parece que han cambiado: los datos publicados muestran una desaceleración del crecimiento económico. Así, para España, la síntesis de los indicadores adelantados (CLI por sus siglas en inglés), que elabora la OCDE y publicada esta semana, vuelve a mostrar descensos. Desde comienzos de año este indicador ha caído desde los 100 puntos en enero a 99,6 puntos de mayo. El dato de mayo representa la cuarta disminución consecutiva del índice. Conviene recordar que este índice está diseñado para anticipar los cambios de tendencia en la actividad económica en un periodo de seis a nueve meses posteriores a su elaboración. Un dato inferior a 100, como es el caso de España, significa que el crecimiento económico futuro se situará por debajo de la tendencia del crecimiento a largo plazo. Por tanto, el CLI (The Composite Leading Indicator) está anticipando que en el año 2019 España crecerá por debajo de la tendencia.

Evolución del Índice Compuesto de Indicadores Adelantados (CLI) de la OCDE en 2018.

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo
OCDE 100.2  100.1  100.0  100.0   99.9 
UEM 100.5  100.4  100.2  100.1   99.9 
España 100.0 99.9 99.8 99.7 99.6
Francia 100.3  100.1  100.0   99.9   99.7 
Alemania 100.9  100.7  100.5  100.3  100.2 
Italia 100.7  100.6  100.4  100.2  100.0 
EEUU 100.0  100.1  100.2  100.2  100.2 
China 98.9   98.9   99.1   99.3   99.6
India 100.4  100.7  100.9  101.2  101.4

 Fuente: OCDE, 9 de julio de 2018

Esta información coincide con la publicada también esta semana del Índice de Gerentes de Compras (PMI por sus siglas en inglés). La actividad del sector privado en España moderó su crecimiento durante el pasado mes de junio por la incertidumbre de la política económica nacional y el entorno internacional. El PMI cayó desde los 55.9 puntos del mes de mayo a los 54.8 de junio: su peor registro en los últimos 17 meses. Es preciso recordar que el índice sigue situado por encima de la línea de los 50, que es la barrera que separa el crecimiento de la contracción. Y afortunadamente la economía española lleva 56 meses consecutivos en expansión.

Aunque no debe hacerse una lectura alarmista de la evolución que vienen mostrando estos indicadores (CLI y los PMI),  es factible que se esté produciendo un ajuste de las expectativas, después del extraordinario dinamismo de la economía española durante los últimos 4 años.

 ¿Cuáles son las causas de este enfriamiento?

Las caídas en España de los PMI y de los indicadores adelantados señalan que los empresarios se preparan para un mayor deterioro de la situación. A la  pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos por la mayor inflación y voracidad fiscal se une la desaceleración de la economía europea, y la escalada proteccionista de Trump.

El jueves, la Comisión Europea revisó a la baja las previsiones del crecimiento para la Zona del Euro (UEM), para el año 2018, y en particular las de Francia e Italia. Esta desaceleración económica de Europa reduce el crecimiento de nuestras exportaciones y por esta vía el crecimiento de la economía.

Alemania también declina. Esta desaceleración de la economía alemana se ha notado en la menor confianza de los inversores y analistas alemanes durante este mes de julio. Se trata de un sondeo, publicado esta semana, entre 350 expertos en finanzas que realiza cada mes el Instituto de Economía Europea (ZEW,  uno de los principales centros alemanes para la investigación económica). La confianza de los inversores alemanes se ha hundido al nivel más bajo en casi seis años. El 34% de los encuestados anticipa un deterioro de la situación económica en los próximos meses, mientras en junio era el solo lo hacía el 27%.

La economía europea (y España no es la excepción) se encuentra en un punto de inflexión: vamos ligeramente a peor. Así, la síntesis de los indicadores adelantados (CLI) para la UEM, se redujo seis décimas en lo que va de año. Cayó desde 100,5 puntos en enero a 99,9 en mayo. Esta floja evolución está muy relacionado por las peores expectativas para España, Francia, Portugal, Irlanda y Grecia, cuyos CLI se sitúan por debajo de 100.

El proteccionismo de Trump

También la guerra comercial, iniciada por los EEUU está amenazando nuestras exportaciones, y con ella el crecimiento del PIB. Estas subidas de aranceles es el principal riesgo del escenario mundial por sus efectos perversos: aumento de la inflación y reducción del crecimiento mundial (se estima que podrían reducir el PIB global en un 0,3% en dos años). A los efectos directos sobre las exportaciones y la inflación habría que añadir los indirectos: aumento de la incertidumbre de los empresarios, deterioro en las condiciones financieras, cambio en las reglas del juego y los costes de la necesaria diversificación geográfica para reubicar las cadenas de valor globales de la producción.

Este aumento de aranceles está generando una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica, lo que disminuirá las oportunidades de generar ventajas competitivas. Tal como señalaron, hace más de 200 años Adam Smith y David Ricardo el comercio internacional es un factor que contribuye poderosamente a aumentar la renta y la riqueza de los países. De ahí que la mayoría de los economistas defiendan las zonas de libre comercio como un instrumento que mejora las condiciones de vida y de trabajo de todos sus protagonistas.

En resumen, el comienzo de este tercer trimestre del año está coincidiendo con una percepción menos optimista de la evolución futura de la economía española y europea. En este contexto de enfriamiento el  Gobierno de España se ha apuntado a la subida de impuestos, que puede tener efectos negativos sobre el crecimiento, el empleo y la inflación, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y de competitividad para las empresas.

España, debe continuar en el proceso de consolidación fiscal para conseguir que su deuda en porcentaje del PIB se reduzca y sea sostenible a largo plazo. Para conseguirlo se debe evitar el aumento del déficit público y cumplir con el objetivo pactado con Bruselas. Para ello es preferible reducir el gasto público que aumentar los impuestos. Los contribuyentes perciben que, en ocasiones, el gasto público conduce al despilfarro, a la corrupción y al escándalo. De ahí que una contracción del gasto público sería mejor aceptado por los ciudadanos que el aumento de impuestos. Sobre todo el gasto que es suntuario, improductivo e innecesario, especialmente en las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. 

Fuente: Rafael Pampillón. “No es buen momento para subir impuestos”, Expansión 14 de julio de 2018, página 27.

23
Jun

Los aceituneros españoles están sufriendo los elevados aranceles que sobre la aceituna de mesa les está imponiendo la administración americana. Es una medida que se dirige a proteger la producción americana de aceitunas frente a la competencia española. A partir de ahora los americanos tendrán que comer aceitunas de peor calidad y más caras.

Es solo un ejemplo del cambio brusco y profundo que se está produciendo en la política de comercio exterior de Estados Unidos (EEUU). Se trata de la mayor escalada arancelaria que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump ha iniciado una batalla comercial que no parece que vaya a terminar bien. Las hostilidades comenzaron el 1 de junio cuando la Administración de EEUU aprobó aranceles del 25% y el 10% a la importación de acero y de aluminio procedentes de Europa, China, México y Canadá.  La respuesta de los países afectados no se hizo esperar. Ayer, viernes, los países de la Unión Europea (UE) comenzaron a aplicar aranceles del 25% a unos 200 productos norteamericanos (zumo, tabaco, motos, whisky, cartas, vaqueros o acero) por valor de 2.800 millones de euros. Prudentemente y en aras de que cese la contienda, Bruselas anunció el compromiso de retirar estas medidas si EEUU hace lo propio con el acero y el aluminio.

China, también ha iniciado un proceso de duras represalias a las medidas proteccionistas de la Administración americana. La respuesta de Trump tampoco se ha hecho esperar, y ya está estudiando gravar con más aranceles a la economía de China. Se trata ahora de tarifas del 10% a un total de 200.000 millones de dólares de importaciones chinas (que van desde las lavadoras a los paneles solares). Aunque la Casa Blanca aseveró que estos aranceles se aprobarán, a no ser que Pekín cambie su política económica exterior para exportar menos a EEUU. Sin embargo, parece que China no está por la labor de reducir drásticamente su superávit comercial con EEUU, motivo por el que ha amenazado con tomar medidas cuantitativas y cualitativas contra la entrada de productos americanos.

Cerca de la recesión

Donald Trump es el único responsable de una guerra comercial que, si no se detiene, provocará una crisis que se extenderá por el resto del mundo, lo que provocaría una recesión que se prevé en 2020-2021. El motivo resulta claro: se está destruyendo el sistema internacional de Libre Comercio que creó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente norteamericano no cree que arruinar un sistema de comercio global y abierto y perder a sus aliados políticos y comerciales (Europa, México y Canadá) vaya a perjudicar los intereses estadounidenses. Nada más falso.

Se olvida que la Gran Depresión americana de los años treinta (del siglo XX), se produjo en unas circunstancias similares: el dólar estaba apreciado, se derrumbó la bolsa de nueva York con el famoso Crack de 1929, los tipos de interés eran elevados y la política comercial también tenía un sesgo proteccionista. Efectivamente la introducción de la Smoot-Hawley Tariff Act en 1930 -una subida considerable de los aranceles a la importación para proteger a los agricultores americanos-  redujo el comercio internacional y ayudó a hundir la economía americana. Por otra parte, el esquema cambiario de tipos de cambio fijos basado en el “patrón oro” entrañaba una apreciación del dólar, sobre todo cuando otros países como el Reino Unido decidieron salirse y devaluar su moneda.

Ahora las condiciones son parecidas: el dólar está apreciado, los tipos de interés de la Reserva Federal aumentan, el Dow Jones lleva diez días cayendo desde máximos y la Casa Blanca impone aranceles a los productos importados. Estas malas señales presagian una crisis que va a tener consecuencias negativas sobre la productividad de EEUU, su industria manufacturera, la inflación y los tipos de interés. No obstante, es muy poco probable una depresión, como la que siguió a crisis bursátil de 1929; ahora la situación es diferente por la contundencia y velocidad con que se producen las respuestas de la política económica.

España: estrategia exportadora

Estamos ante una guerra comercial en la que España también participa: la aceituna de mesa es solo un ejemplo. Desgraciadamente es una batalla de la que ningún país permanecerá al margen y que afectará también al crecimiento económico de Europa.

De momento esta guerra se nota poco en España porque nuestros productos siguen siendo percibidos por su calidad y precio, lo que nos permite estar en las mejores condiciones para llegar a los mercados internacionales. Así, los datos publicados esta semana sobre el comercio exterior español señalan que continúan creciendo las exportaciones. Éstas han alcanzado el récord histórico de 94.883 millones de euros, en el período enero-abril de 2018, cifra que supuso un alza del 3,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones se afianzan así como motor de nuestra economía. Solo en el mes de abril, las ventas al exterior aumentaron un 9,5% con respecto al mismo mes de 2017. Estos incrementos permiten a España continuar por encima de sus principales competidores europeos.

España mantiene su peso en las exportaciones mundiales de bienes

El crecimiento de las exportaciones se observa también en el alza de la cuota exportadora de nuestro país. Así, según acaba de publicar la Organización Mundial de Comercio (OMC), España mantiene su peso en las exportaciones mundiales de bienes. Es más, es el único país de la tabla que en 2017 sostiene su participación. Los demás pierden en favor de otros países, más pequeños económicamente, que ganan cuota (Corea del Sur, Holanda, Indonesia, Vietnam, Malasia o Polonia). Además, en el periodo 2003-2017 solo España y China ganan participación en las exportaciones mundiales de mercancías. El resto de los países (Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia) redujeron su participación.    

                                 Participación (%) en exportaciones mundiales de mercancías

2003 2012 2014 2015 2016 2017 Diferencial 2003-2017
China 5,9 11,4 12,4 14,0 13.1 12,8 +6,9
Estados Unidos 9,8 8,6 8,6 9,1 9,1 8,7 -1,1
Alemania 10,2 7,8 8 8,1 8,4 8,2 -2
Japón 6,4 4,5 3,6 3,4 4,0 3,9 -2,5
Francia 5,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 -2,3
España 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 +0,2

Fuente: OMC (2018)

Una de las razones por las que la economía española crece a ritmos tan elevados es por la competitividad de nuestras exportaciones de bienes y servicios. Conviene recordar que exportar más exige una mayor inversión en infraestructuras y bienes de equipo, algo que mejora el empleo, lo que a su vez da paso a un aumento del consumo.

La guerra de Trump nos perjudica

A pesar de las malas noticias económicas que aparecen estos días, y que van a seguir en los próximos meses como consecuencia de las actuales políticas comerciales en EEUU, España, gracias a las exportaciones, mantiene un elevado ritmo de crecimiento. Por eso la guerra de Trump a España no le interesa: nos perjudica. Producirá, además, una recesión económica en EEUU, China y Europa. Sin embargo, gracias a la Gran Recesión aprendimos que las políticas económicas deben aplicarse con rapidez, intensidad y coordinación. Como consecuencia si se entra en una recesión sabremos salir  pronto de ella lo que debiera llevarnos a tener una visión más optimista del futuro.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo. “La guerra arancelaria: un perjuicio global”. Expansión 23 de junio de 2018. Página 27.

22
Jun

Se ha producido un cierto revuelo ante el potencial anuncio de una subida impositiva por el nuevo gobierno en España.

Los gobernantes tienen dos políticas económicas que pueden seguir, ni una más: Políticas Monetarias y/o Fiscales

La primera es aquella en la que los gobernantes  pueden actuar subiendo y bajando los tipos de interés y la masa monetaria en circulación para incrementar o reducir la demanda y oferta agregada.   Por ejemplo, una política monetaria expansiva como la llevada en la UE en los últimos años  con tipos de interés a la baja ha tenido como objetivo el incremento del Consumo y La Inversión

Si en el 2019 se produce un cambio a la cabeza del Banco Central Europeo y la política monetaria pasa a ser restrictiva, los tipos de interés se ajustarán al alza y los particulares y las empresas lo sufrían

Señalar además que para los 19 países de la zona euro, incluyendo España, las políticas nos vendrán dadas teniendo escaso margen de actuación

¿Qué margen les queda a los países de la zona Euro?

La política fiscal, que es simplemente reducir o incrementar impuestos sobre ciudadanos y empresas, ya que los impuestos que soporta el sector público lo acaban pagando los dos primeros, y las exportaciones en casi todos los países del mundo (exceptuando Argentina) están exentos de gravamen

Si el plan para los próximos meses en España es basarse en  un incremento de tipos –que como he señalado nos vendrá dado- más un incremento del Gasto Público el impacto que tendrá en el sector privado será una caída del consumo y la inversión.  Además  una potencial subida de tipos de interés probablemente tendrá consigo una apreciación de la moneda local, pérdida de competitividad de las exportaciones e incremento de las importaciones

¿Cuál será la consecuencia de esto? Un desplazamiento de la demanda agregada a la izquierda, que quiere decir menor crecimiento económico

Es sorprendente que no aprendamos mucho de lo que sucedió hace muy poco pero se debe pensar que igual que las olas las crisis son inevitables.

10
Jun

Cuando muchos pensaban que el Gobierno que surgiera de la moción de censura podía arruinar la economía española, la moderación exhibida por el Presidente Sánchez en sus declaraciones y en la elección de ministros invita a un relativo optimismo. Por el momento, la impresión es que el apoyo recibido de los partidos que mantienen una postura de aumento del gasto público no se va a traducir en cesiones que rompan la senda del crecimiento económico. Sánchez ha despertado, en el comienzo de su mandato, una gran confianza. Si esa expectativa logra acreditarla con hechos, su credibilidad mejorará, lo que le favorecería para continuar en la Moncloa en 2020.

Foto: La Ministra de Economía, Nadia Calviño.

Conviene recordar los temores que generaron los imprescindibles apoyos nacionalistas y del partido de Pablo Iglesias a la investidura de Sánchez: más gasto público para pagar los peajes que exigió la aprobación de la moción de censura, mayor incertidumbre en el mercado laboral, aumento del déficit y de la deuda pública, una mayor presión fiscal, etc. Si esas aprensiones hubieran tomado cuerpo, España tendería a perder la senda del crecimiento por la que camina, porque la confianza que necesitan los empresarios e inversores se malograría. Afortunadamente, parece que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá una política económica más ortodoxa de lo que se esperaba.

Cuidar de las cuentas públicas

Así, en política fiscal se propone cumplir con el acuerdo con Bruselas que implica un objetivo de déficit público del 2,2% del PIB en este año 2018 y del 1,3% para el que viene, según el Programa de Estabilidad 2018-2021. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que están en trámite de aprobación en el Senado, apuntan a un saldo negativo de las Administraciones Públicas del 2,7% para 2018, lo que supone sobrepasar el objetivo. Es precisamente esta política fiscal expansiva la que incrementaría la deuda pública lo que en un contexto de subida de tipos de interés, podría deteriorar la solvencia y el actual crecimiento del reino de España.
Con apenas 84 escaños socialistas en el Parlamento, muy lejos de conseguir mayorías estables, el nuevo Gobierno tiene que ser muy cuidadoso con las cuentas públicas. La gran trampa en la que puede caer Sánchez es permitir elevados costes laborales y una subida de tributos que perjudique la competitividad de las empresas.

Como, más vale prevenir que curar, conviene tener en cuenta que a partir de 2019 la situación puede empeorar por la mencionada subida de los tipos de interés, lo que podría acarrear mayores gastos financieros para la Hacienda Pública, con el consiguiente aumento de la deuda. El remedio para evitar esa posible contracción de la economía es dejar que el propio crecimiento económico aumente los ingresos fiscales y reduzca el gasto público (a través de los denominados “estabilizadores fiscales automáticos”) tal como ha sucedido en los cuatro primeros meses del año, al reducirse en un 22,2% el déficit del Estado. Además, en el largo plazo, esta disminución del déficit público tiene un efecto expansivo: disminuye la deuda pública, lo que presiona a la baja los tipos de interés y da margen para reducir los impuestos, impulsando así la inversión.

Foto: la Ministra de Hacienda María Jesús Montero

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los Presupuestos suponen menos del 50% del gasto total. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las Comunidades Autónomas a que, como mínimo, cumplan sus compromisos de estabilidad fiscal. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que a su vez daría a los inversores más credibilidad y confianza en España. El nuevo Gobierno tendría que afrontar de una vez por todas la reforma de las administraciones y, en cualquier caso, no financiar a ninguna región o ayuntamiento que no cumpla la requerida contención presupuestaria. En este sentido, y con una economía en plena fase expansiva, todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podría incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

Un gobierno “modernizador y europeísta”, como lo denominó el presidente Sánchez, debe reforzar esta solvencia del Estado y reforzar la confianza de los mercados. En cualquier caso, deberían ir acompañados de reformas estructurales que permitan elevar el crecimiento potencial y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestra economía, y –en particular–, el envejecimiento demográfico.

Aumentar el bienestar

El nuevo equipo económico de Sánchez tendrá que hacer pedagogía y comunicar a los ciudadanos que la política económica necesaria (también la fiscal) se debe dirigir a aumentar el bienestar de los españoles en el largo plazo. Debe explicar que una política fiscal más ortodoxa permitiría mejorar la buena marcha de la economía e infundir confianza en los acreedores, es decir, a los poseedores de deuda pública española que está cifrada en el 98% del PIB, una de las más altas de Europa.

España necesita, por tanto, políticas que consigan que la economía continúe por el buen camino de la estabilidad y el crecimiento, por el que llevamos ya transitando cuatro años; reforzando el círculo virtuoso de altos niveles de confianza, buenos resultados económicos y aumento del bienestar. El elevado crecimiento del PIB en los últimos años ha venido de la mano de la mejora del empleo, del crecimiento del consumo, la producción de bienes de equipo, de la compra de viviendas y de una mayor recaudación. Un crecimiento más rápido que ha significado también ingresos fiscales más elevados, lo que debería permitir reducir el elevado nivel de deuda pública en manos de los acreedores (incluido el Banco Central Europeo).

Reformas estructurales

Por eso si el Partido Socialista quiere ganar las elecciones dentro de dos años tiene que afrontar las reformas necesarias: facilitar a nuestras empresas la obtención de mayor innovación, favorecer la inversión directa extranjera, hacer sostenible el sistema de pensiones, revitalizar la vida política y, por último, buscar un nuevo equilibrio con todas las comunidades autónomas donde prevalezca el dialogo, se alcance una mayor unidad de mercado y se reduzca el gasto público que no sea estrictamente necesario.

En definitiva, hace ya más de dos años que la recuperación económica de España avanza más rápido de lo que habían pronosticado los economistas. Pocos previeron que el país repuntaría a un ritmo tan fuerte y a medida que el tiempo pasaba se han ido revisando al alza las predicciones de crecimiento. A su vez las empresas aumentaban las contrataciones y se iba reduciendo el nivel de desempleo de forma gradual. Ahora, con un gobierno que mantenga las reformas, aplique políticas económicas ortodoxas y genere confianza, la salud de la economía española seguirá mejorando.

Las políticas públicas del Partido Popular en el ámbito económico se han caracterizado siempre por su responsabilidad. Sería deseable que esa sensatez prevaleciera también ahora que están en la oposición, sin dejarse tentar por electoralismos oportunistas. Nunca como ahora, el largo plazo fue tan importante para consolidar nuestra economía. Esperemos que, al menos, los partidos constitucionalistas sepan estar a la altura del entorno internacional, que nos ha tocado vivir, para seguir aumentando la competitividad de la economía española.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo: “Generar buenas expectativas”. Expansión 9 de junio de 2018, página 22

2
Jun

Las cesiones políticas y económicas a las que se puede ver obligado el nuevo Gobierno de España, por los apoyos que ha recibido de los partidos independentistas y anti-sistema, pueden ser negativas para el conjunto de la nación. Unos y otros pueden someter a Pedro Sánchez a un chantaje que causaría un deterioro histórico en la cohesión de España.

Cada respaldo al nuevo presidente puede ir precedido de una exigencia cada vez mayor. Remendar este ´roto´ en la vieja piel de toro española podría costar tiempo y esfuerzo. Hay quien piensa que el descontrol autonómico se arreglará cuando la fragmentación sea tan dañina que la economía no lo soporte. Esperemos que no se llegue a este escenario, de lo contario nuestra economía quedará destrozada, lo mismo que la convivencia.

La coyuntura económica

Pero es que además a los problemas políticos se unen ahora algunas incertidumbres económicas. Por ejemplo, la alarma que puede generar el nuevo Gobierno de España, fruto de las políticas que exijan los nacionalistas y populistas, pueden aumentar la aversión al riesgo hacia nuestra deuda y hacia la renta variable. Ayer, los mercados reaccionaron bien. El IBEX 35 subió un poco (+1,56%), desde cotas muy bajas, alcanzando los 9.632 puntos, pero sigue lejos de los 10.300 puntos de primeros de mayo o del máximo del año (10.643). También ayer la prima de riesgo de España se redujo hasta tocar los 103 puntos básicos, pero sigue por encima de los 74 que cotizaba hace un mes.

Se reduce el consumo

Las caídas de la bolsa generan un efecto pobreza, que pueden debilitar el consumo durante este segundo trimestre del año. Así, el Índice de Comercio Minorista (ICM) publicado esta semana creció en abril, en tasa anual, solamente un 0,2% (sin contar las estaciones de servicio), habría que retroceder hasta octubre de 2017 para encontrar un avance tan reducido. El consumo también se paralizó en mayo por el impacto negativo que sobre la renta disponible de las familias está teniendo la incertidumbre política, el efecto pobreza y la pérdida de poder adquisitivo del dinero (por la mayor inflación). Efectivamente, el INE publicó esta semana que en mayo el crecimiento del IPC fue de un 2%, nueve décimas superior al registrado en abril. Este aumento de la inflación es el resultado, en parte, del aumento de los costes energéticos. La subida de los precios y la mayor inflación anual supone que el poder adquisitivo de las familias se reduce y con él la demanda de bienes de consumo en el mes de mayo.

También disminuyen las exportaciones.

Según publicó el jueves el Banco de España, en el mes de marzo las exportaciones de bienes y servicios se redujeron (-2,3%). Desgraciadamente, esta caída en las exportaciones puede continuar por la pérdida de competitividad que supone la mayor inflación y también por el menor crecimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) a quien le vendemos el 50% de nuestros productos. En abril, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la UEM se ralentizó a su nivel más bajo desde enero de 2017. Descendió desde los 55,2 del mes marzo a 55,1 puntos en abril y parece que en mayo continuará el descenso. También por la incertidumbre de política económica que puede haber en Italia con la constitución de un nuevo gobierno, del que se desconoce todavía, al igual que en España, cual puede ser su política económica. A lo que hay que añadir el problema de crecimiento, para la UEM, que puede generar la política comercial proteccionista de Estados Unidos.

El crecimiento económico de España se enfría.

Por tanto, el cambio de gobierno llega con unos decepcionantes datos del segundo trimestre por un enfriamiento mayor del esperado de nuestra economía. Se paraliza el consumo, aumenta la inflación, la producción de bienes de equipo apenas crece y las exportaciones se reducen. En España el PMI compuesto de abril también bajó a 55,4 puntos, su peor lectura en cuatro meses. Por su parte el PMI de industriales (la actividad de las fábricas españolas) también se moderó en el mes de abril hasta su nivel más bajo de los nueve últimos meses: se situó en 53,4 puntos desde 54,4 del mes de marzo, sugiriendo que la expansión de la economía española tocó techo durante los primeros meses de 2018.

¿Se paralizarán las reformas?

La incertidumbre económica surge también al temor de que el nuevo Presidente del Gobierno tenga que pactar con otros partidos de izquierda menos proclives al equilibrio de las cuentas públicas que Rajoy. La clave, por tanto, es si el nuevo gobierno seguirá la línea reformista orientada a estimular la competitividad, sostener el sistema de pensiones, aumentar el empleo, equilibrar las cuentas públicas, reducir la deuda, y mejorar la productividad.

En definitiva, los indicadores de coyuntura de la economía española de los últimos meses de este año están por debajo del extraordinario ritmo alcanzado durante los últimos años. La actividad se desacelera corriendo el peligro de sumergirse en bajos ritmos de crecimiento potencial. El crecimiento económico va madurando, con registros que, en los próximos trimestres, serán ligeramente inferiores a los observados durante los últimos años.

Sería deseable que Sánchez asumiera su responsabilidad y continuara unas reformas que, aunque las puso Rajoy, resultan ineludibles para la fortaleza económica que España necesita.

3
Feb

The article “In Spain, is the expenditure on R&D a determining factor in its external competitiveness?” (published by Harvard Deusto Business Research) has as its fundamental objective the study of the growth in Spanish exports —a fruit of better competitiveness— despite the low investment in Research and Development (R&D) in Spain. 

Between 2010 and 2016 in Spain, the investment in R&D with respect to the GDP maintains a negative tendency, farther away from the average investment in R&D of the EU-28 that, in that same period, grows year over year. 

However, this work reflects that Spain is an exception. One can affirm that Spanish competitiveness doesn’t adjust to its investments in R&D. It’s demonstrated that in recent years, the most developed countries have achieved a high level of competition thanks to technological development due to a bigger and better investment in innovation. Despite of its low investment in R&D, the exports of Spanish companies have been increasing progressively from 2010 to 2016, which has increased its percentage of all global exports. 

The causes of this imbalance between low investment in R&D and more competitiveness are, principally: the reduction of production cost, the fall of sales of Spanish companies in the national market and the development of factors such as infrastructure, health, education, and technological maturity that improve productivity and stimulate exports. 

This study concludes with a series of propositions to maintain this pattern of economic growth in Spain, by way of its competitiveness, and highlights the necessity of policies, that have promoted an increase in its exports and to incentivize a larger investment in innovation, following the example of other developed countries.

Fuente: Harvard Deusto Business Research

23
Ene

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