[1]En un reciente post El intolerable derroche de las Comunidades Autónomas. [2] ponía de manifiesto que una tarea prioritaria para el Gobierno que salga de las urnas el 20 de Noviembre será la necesidad de una reforma y reducción del gasto público de los Entes Territoriales. Así, la actividad del sector público se ha situado en el foco del análisis de los economistas, periodistas, políticos y ciudadanos. Conceptos como la deuda de las Administraciones Públicas, el déficit público, la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto o el tamaño del sector público son debatidos con frecuencia en muchos países de nuestro entorno y muy especialmente en España.
Reducir el déficit y la deuda pública
Así, la reducción de los ingresos en las distintas Administraciones Públicas españolas, los compromisos de gastos adquiridos, las dificultades para devolver la deuda pública o los problemas de liquidez y tesorería de las distintas Administraciones, hacen necesario replantearse el modelo de prestación de servicios en la actualidad, en aras de conseguir un Estado viable, competitivo y de calidad.
De este modo, surgen voces que reclaman la introducción de medidas innovadoras, como el copago sanitario o la colaboración público- privada para la prestación de los servicios públicos para la mejora de la eficiencia en la prestación de los mismos; la reducción de Administraciones, mediante la fusión de Entidades Locales, y la creación de Consorcios para la gestión de servicios públicos; o la optimización de las estructuras públicas, mediante la reducción de fundaciones, sociedades o instituciones de derecho público, o a través de la reducción de empleos públicos.
Ineficiencia administrativa
Además de dichas áreas de actuación, existe un ámbito de trabajo muy relevante y de plena actualidad, que constituye una necesidad acuciante para nuestro país, y es el que hace referencia a la revisión de la distribución competencial entre los distintos niveles de la Administración, donde conviven la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, más de 8.000 Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, y Consejos Insulares en las islas.
Vale la pena recordar que el Estado español se organiza en 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, 52 provincias y más de 8.100 municipios, todos ellos gobernados por sus respectivos Gobiernos Autonómicos, Diputaciones Provinciales o Consejos Insulares y Ayuntamientos, que elevan la complejidad de la gobernanza en el país y que provocan, en ocasiones, la redundancia en las funciones desarrolladas, los gastos incurridos y las propuestas realizadas.
La consecuencia de esta estructura es la existencia de multitud de normas similares en diferentes lugares de la geografía española, repetición de estructuras de diferente nivel administrativo, y un entramado institucional de enormes dimensiones, con elevadísimos gastos de organización y gestión, con un sector público sobredimensionado y un número de trabajadores públicos muy superior al de otros países de nuestro entorno.
Un panorama complejo que presenta notables ineficiencias y ámbitos de mejora, ya que existen actuaciones duplicadas o triplicadas entre los distintos niveles, habiéndose aceptado el desarrollo de competencias impropias, competencias delegadas, competencias adquiridas, o competencias no asumidas, entre otras; conceptos todos ellos que ponen de manifiesto la existencia de un modelo poco claro, que influye decisivamente sobre la realidad, sobre la eficiencia de la Administración y sobre el ciudadano y contribuyente, que debe financiar el mismo servicio por varias vías.
¿Por dónde reformarías nuestro modelo de Estado para hacerlo más eficiente y más barato?
¿Qué competencias deberían volver al Estado Central? ¿Urbanismo, políticas de empleo, educación universitaria, la ciencia y tecnología, la salud o la formación profesional?
Si España tiene un problema de competitividad, como es notorio y ampliamente reconocido ¿se debe en alguna medida a los costes que impone una estructura territorial que lleva a unas Administraciones Públicas sobredimensionadas redundantes e ineficientes?
Fuente: GUSTAVO GARCÍA CAPÓ (MBA en el Instituto de Empresa y socio de Deloitte responsable a nivel nacional de la industria de Sector Público) “Análisis del modelo de distribución de competencias en España, Alemania y USA, e identificación de oportunidades para la mejora del sistema español”. Libro Marrón [3]. Círculo de Empresarios. 2011.