En las últimas décadas, la relación entre la economía de mercado y la sostenibilidad ambiental ha pasado por muy diferentes etapas. El medio ambiente irrumpe en la agenda política internacional con publicación del informe Brundtland en 1987, tomando desde entonces un creciente peso en las distintas regulaciones internacionales y nacionales. Buena parte de las empresas aún percibe esta introducción forzada de un objetivo social entre sus objetivos privados como una carga en sus cuentas de resultados.
A comienzos de los 1990 las compañías pertenecientes al World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) establecen el paradigma de la ecoeficiencia, desde entonces ampliamente aceptado y probado por numerosas empresas, que comienzan a percibir los beneficios privados derivados de la reducción de los costes medioambientales. Más recientemente, se han añadido dos nuevas dimensiones a la relación entre mercado y medio ambiente, motivadas tanto por objetivos públicos como privados: la reducción de la dependencia energética, y la propia generación de negocio y empleo medioambiental. Quiero concentrarme aquí en esa última dimensión, que está tomando particular relevancia en el actual contexto de crisis económica mundial. Y es que la llamada «eco-industria» se está constituyendo en la esperanza verde para muchos gobiernos. Lo cierto es que hay indicadores para el optimismo en el sector de las tecnologías limpias. De acuerdo con un reciente informe publicado por el Cleantech Group, las inversiones de capital riesgo -un indicador ampliamente reconocido como representativo del patrón inversor general- habrían alcanzado en 2008 en este sector un volumen de 8.400 millones de US$ para el conjunto de las economías de Norte América, Europa, China e India. Este resultado, record en el sector y un 38% superior al registrado en 2007, tan sólo se habría empañado ligeramente en el último trimestre de 2008, al ser un 4% inferior al equivalente en el año anterior aunque en un contexto económico notablemente peor. Las tecnologías más destacadas: solar (40%), biocombustibles (11%), transporte (9,5%) y eólica (6,0%).
Bajo el supuesto de que la inversión mundial en renovables alcance los 630.000 millones de U$ de aquí al año 2030, la Organización Internacional del Trabajo estima que el sector podría generar veinte millones de nuevos empleos. Así lo ha entendido la Administración Obama, que con su plan «Nueva Energía para América» pretende crear cinco millones de empleos invirtiendo estratégicamente 150.000 millones de US$ a lo largo de los próximos diez años. Esta inversión se orientará básicamente a:
1) la comercialización de vehículos híbridos made in USA, con el objetivo de tener 1 millón circulando en 2015;
2) promoción y desarrollo de las energías renovables, que deberían suponer un 10% de su generación eléctrica en 2010 y un 25% en 2025;
3) fomento de la eficiencia energética;
4) desarrollo de plantas de carbón bajas en emisiones;
5) avance en la nueva generación de biocombustibles;
y 6) establecimiento de una nueva red eléctrica digital.
Más allá de su potencial contribución a la reactivación económica y a la generación de empleo, en ese otro ámbito antes señalado de la reducción de la dependencia energética, el «plan verde» de Obama proclama que gracias a estas inversiones los EEUU podrían ahorrar en la próxima década un volumen de petróleo equivalente al que actualmente importan desde Oriente Medio y Venezuela.
Otros gobiernos también han promovido este tipo de planes, entre ellos el español. No es para menos: de acuerdo con estimaciones oficiales, el elevado peso de los combustibles fósiles en la economía española, junto a una intensidad energética un 20% superior media de la UE, nos habrían «empobrecido» en 17.000 millones de euros en el último año, esto es, un 1,55% del PIB. En ese sentido, el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, dotado con un presupuesto de 245 millones €, tendría como objetivo generar un ahorro total de entre 43 y 44 millones de barriles de crudo en ese plazo. Además, la inversión pública en tecnologías limpias podría constituir una buena oportunidad para fomentar el crecimiento económico en sectores de mayor valor añadido y mejorar las perspectivas de los sectores menos productivos y con mayor destrucción de empleo.
Así, el Proyecto Movele, promovido por el Ministerio de Industria, pretende determinar la viabilidad de la implantación del coche eléctrico en España, implicando a las empresas privadas de los sectores automoción, eléctrico, asegurador y financiero. Con un presupuesto inicial de 10 millones €, tiene como objetivo la introducción en entornos urbanos de 2.000 vehículos y el establecimiento 500 puntos de recarga entre 2009 y 2010. Este plan se enmarcaría en el objetivo más complejo -y más ambicioso incluso que el estadounidense- de tener 1 millón de coches híbridos y eléctricos, en su mayor parte made in Spain, circulando en nuestras carreteras en 2014. En el sector de la construcción, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, que tiene como objetivos la mejora de la eficiencia energética de las viviendas ya construidas y el impulso al uso de las energías renovables, prevé rehabilitar 500.000 viviendas hasta 2012 y está dotado con presupuesto inicial de 800 millones de euros. Según cálculos del Ministerio de Vivienda, la rehabilitación energética de edificios y viviendas podría generar 75.000 empleos anuales en los próximos cuatro años.
Confiemos en que esa esperanza verde no defraude, saldremos ganando en muchos sentidos.
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