La solución a los problemas económicos de España pasa por profundizar en las reformas estructurales, cambiar el modelo de Estado, aumentar la competitividad de las empresas, devolver el crédito al sector privado, rebajar los tipos de interés de financiación de nuestra economía y hacer las reformas fiscales que necesariamente van a suponer elecciones difíciles sobre la asignación de recursos públicos.
Los recortes en el gasto público causarán a su vez una contracción económica. Eso deja al Gobierno de España ante un complicado dilema entre crecimiento y reducción del déficit público. Es importante anotar algo bien sabido para los lectores: a) para crecer es necesario aumentar la productividad; b) la reducción del déficit público no se puede hacer subiendo impuestos sino reduciendo el gasto público y c) esa reducción del gasto público hay que hacerla con cirugía fina: los recortes del gasto público indiscriminados sólo empeorarían la recesión en vez de equilibrar los presupuestos.
En este contexto, es crucial encontrar criterios para decidir que gastos se deben reducir y cuales mantener o aumentar ya que los recortes lineales (menos café para todos) no son la mejor forma de tomar esas decisiones.
¿Qué gasto público se debe mantener?
Se deberían recortar aquellas actividades que realizan las Administraciones Públicas y que pueden realizar igual de bien el sector privado y, en cambio se deben mantener o incrementar aquellas actividades que el sector privado no pueda realizar con tanta efectividad y que son necesarias para mejorar la competitividad de las empresas. Se trata de recortar la grasa que sobra en el sector público pero con mucho cuidado para no cortar los músculos. Y en este sentido la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la competitividad como es el caso de la investigación.
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