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El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. La semana que viene se inicia su tramitación parlamentaria. Estas cuentas públicas son electoralistas y no son las que, desde mi punto de vista, necesita la economía española. El presidente Sánchez las defiende con el propósito de agotar la legislatura.

Son unos Presupuestos que se enmarcan en el contexto de: a) la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del PSOE, b) la necesidad de reducir el endeudamiento de España en un entorno de alza de los tipos de interés, c) un crecimiento económico y de creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2019 que en 2018 y d) tener que elaborarlos con la senda de déficit del anterior Gobierno (1,3% del PIB) en lugar del objetivo que quería el Ejecutivo de Pedro Sánchez (1,8% del PIB).

Sin embargo, una política fiscal más expansiva, con un déficit público mayor, como el que hubiera deseado el Gobierno, quizá generaría un poco más de crecimiento económico, pero a costa de aumentar más la deuda pública. Afortunadamente, el Gobierno ha heredado el objetivo de déficit del Gobierno de Rajoy. Una suerte, ya que España es todavía un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian.

Por tanto, la política fiscal debe ser restrictiva. Se consigue con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.

Por lo que se refiere al gasto público los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de 2018. Un crecimiento excesivo pero que podría ser todavía mayor si el Gobierno y los entes territoriales cayeran en la tentación de ampliar todavía más las políticas populistas dirigidas a conseguir más votos en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Aumentan los Impuestos

Para compensar este aumento del gasto y poder cumplir con el objetivo de déficit, se ha aprobado también subir la recaudación: a) aumentando el IRPF a las rentas más altas, el Impuesto de Sociedades, la tributación del diésel y el Impuesto de Patrimonio; b) introduciendo una tasa a las tecnológicas (“tasa Google”) y también a las transacciones financieras (una especie de “tasa Tobin”) y c) subiendo las cotizaciones sociales. Un conjunto de despropósitos que, junto con la subida del salario mínimo, lo único que van a conseguir es elevar los costes laborales y fiscales de las empresas, lo que significa perder competitividad, y dejar de contratar trabajadores que, en buena parte, serán absorbidos por una mayor mecanización de los procesos productivos.

Todas estas políticas van a deteriorar el crecimiento económico. En este sentido, algunos Servicios de Estudios están revisando a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2019, situándolo por debajo del 2,2%. También porque en 2019, el crecimiento económico de la zona del euro se ralentizará más de lo previsto. Una situación que dificultaría la consecución del objetivo de déficit por lo que, en el caso de que se aprobaran los presupuestos, sería necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste complementarias.

Hay que reducir el gasto público corriente

Desgraciadamente la productividad de la economía española, sigue siendo muy baja y lo que es peor lleva dos trimestres cayendo. España necesita otros presupuestos que, en vez de subir impuestos, se dirijan a recortar la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoren la competitividad, como es el caso del incremento del capital humano y de la innovación.

La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

De ahí que resulte perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo, empresas públicas, observatorios de todo tipo de administraciones prescindibles que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer.

Son aspectos que no agradan a los que nos gobiernan –la mayoría de ellos han sido empleados públicos–, ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral. Hay, además, que ajustar las pensiones: indiciándolas a la esperanza de vida, eliminar la jubilación temprana y alargar la edad de jubilación.

El ahorro que supondría la reducción de esos gastos (y también la eliminación de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría no tener que subir los impuestos, las tasas y las cotizaciones sociales.

Sin embargo, parece que el gobierno sigue confiando el futuro de nuestra economía en el tirón del gasto público y de los servicios de baja productividad, en contraste con la debilidad de la inversión y la industria y la flojera de las exportaciones. Una composición nefasta que puede explicar la reducción de la productividad. Ayer, el INE informó de que el Índice de Producción Industrial se redujo en https://nakataka.main.jp/slot-server-thailand/ noviembre del año pasado a ritmos anuales del 2,6%, la mayor caída en cinco años. En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres.

En resumen, la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Sánchez, el de 2019, se enmarca en un escenario de pactos con diferentes partidos políticos que complica una mayor reducción del déficit. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Italia, Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionará una mayor ralentización de nuestra economía.

Se está a tiempo de corregir. En el trámite parlamentario se debería hacer un esfuerzo por no subir los impuestos, reducir el gasto y el déficit público. Son objetivos que resultan mucho más necesario en un contexto económico y bursátil en el que se ven signos de debilidad en el horizonte.

Fuente:  Rafael Pampillón. “¿Son los Presupuestos que necesita España?“. Expansión, 12 de enero de 2019.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año que aprobó ayer el Gobierno se enmarca en una situación de mayor crecimiento de la economía mundial y de un crecimiento razonable para la economía española. Un presupuesto que debe calificarse como menos expansivo que el del año pasado, ya que el déficit público se reduce del 4,3% del PIB en 2016 al 3,1% para 2017. Pero aunque disminuye sigue siendo excesivo, ya que después de más de dos años de elevado crecimiento económico debería estar como máximo en el 2,5% del PIB. Una de las causas de que no se pueda ajustar más es la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del Partido Popular que obliga a pactar aumentos en algunas partidas presupuestarias, lo que a la postre impide recortar el gasto público, que desgraciadamente seguirá aumentando.

Es un presupuesto cómodo de cumplir ya que la previsión de crecimiento de la economía española que hace el Gobierno para este año, del 2,5%, es algo más moderada a la que están dando los servicios de estudios de Bankia, BBVA y Ceprede (+2,7%). Y como los ingresos y los gastos públicos están íntimamente ligados al crecimiento económico, si el crecimiento de este año fuera algo mayor al 2,5% previsto en estos presupuestos se traduciría en mayores ingresos fiscales, menos gasto público y por tanto menos déficit público.

Crecimiento y empleo

También va a facilitar su cumplimiento el mayor crecimiento de la economía mundial durante este año: un 3,4% frente al 3,1% del ejercicio pasado. La Unión Económica y Monetaria, nuestro principal cliente –el 55% de nuestras exportaciones se dirigen a la eurozona– también tendrá un crecimiento cercano al potencial (+1,7%). Esta favorable evolución permitirá que las exportaciones españolas de bienes y servicios crezcan más durante este año que en 2016.

El Banco de España informó ayer de que las exportaciones de bienes y servicios en enero fueron un 17% mayores que en enero del año pasado. Un ejemplo de que, durante este año, la buena marcha de la economía nacional e internacional hará que las empresas aumenten su producción y contraten más mano de obra.

Por tanto, en 2017, la economía española mantendrá una senda de crecimiento parecida a la de los dos últimos años, lo que se traducirá en elevada creación de empleo –500.000 más durante este año–, menos paro y, por tanto, menores gastos en prestaciones por desempleo y más cotizantes a la Seguridad Social, lo que facilitará el pago de las pensiones.

Con estas coordenadas, la tasa de desempleo que prevé el Gobierno parece realista: se reduciría desde el 18,6% en 2016 al 16,6% en 2017. Y el número de parados descenderá en ese periodo de 4,2 millones a 3,8 millones. Si se cumpliera esta predicción la cifra total de parados bajará de los cuatro millones por primera vez en nueve años.

A diferencia del año pasado para alcanzar el objetivo de déficit no será necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste no contempladas en los presupuestos del Estado.

De ahí que en un contexto de elevado crecimiento económico y del empleo, antes descrito, no estaría de más que el Gobierno se plantease reducir el déficit un poco más. Se conseguiría con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir el porcentaje de deuda sobre PIB. En este sentido el Banco de España informó ayer de que la deuda pública se redujo al final del año pasado pasando del 101,2% del PIB en el tercer trimestre de 2016 al 99,4% en el cuarto trimestre. De seguir esta tendencia a disminuir mejoraría la percepción que los mercados tendrían sobre nuestra solvencia. No es casualidad que durante el último mes la prima de riesgo haya caído en 20 puntos (marcaba 150 a finales de febrero y bajó a 130 a finales de marzo).

Gasto productivo

Así las cosas, estos presupuestos aciertan al incrementar la dotación de algunas partidas como la educación (incluida la elevada contratación de profesorado) y la investigación y el desarrollo (I+D), cuyas continuas rebajas en años anteriores estaban poniendo en peligro el potencial de crecimiento de la economía a medio plazo. También se acierta aumentando el número de inspectores para perseguir el elevado nivel de fraude que campa libremente por el país, sobre todo en lo que se refiere al impago del IVA.

En resumen, el sexto presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica una mayor y necesaria reducción del déficit. El Congreso, que recibirá los presupuestos el próximo martes para su aprobación, debería hacer un esfuerzo por reducirlo al 2,5% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en la Europa continental podrían amenazar de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía.

A corto plazo, en el horizonte no se observan signos de debilidad pero una reducción sensible en el crecimiento a partir de 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes, de cotizantes y un incremento del déficit y de la deuda pública lo que complicaría la situación económica de España.

Se está a tiempo de corregir. Porque de no reducir más el déficit en vez de tener buenas noticias las podríamos tener malas. España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería hacerse más restrictiva. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo que ahora está bajando podría empezar a subir.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo. “Son poco ambiciosos”. Expansión de 1 de abril de 2017.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2017) se enmarcan en el siguiente contexto: a) el de la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del Partido Popular, b) el de la necesidad de reducir el endeudamiento de España, que, de momento, se mantiene por encima del 100 % del PIB, en un entorno de alza de los tipos de interés, y c) de crecimiento económico y creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2017 que este año. A pesar de esa desaceleración, la economía española seguirá en una fase expansiva. En este sentido, el Gobierno y los Servicios de Estudios del BBVA y Bankia acaban de elevar dos décimas sus estimaciones de crecimiento para 2017, hasta el 2,5%, por encima, por tanto, del que tendrá la media de los países de la zona euro (+1,5%).

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de defender los presupuestos.

Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.

Reducir el déficit público de 2017

Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.

Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.

Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.

Reforma de las Administraciones Públicas

Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.

Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.

El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.

Mejora de la competitividad

Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.

En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo y Carolina Ramírez . “Deberían ser más restrictivos”. Expansión de 23 de noviembre de 2016, páginas 6 y 7.

El INE publicó la semana pasada que, dentro de 50 años, los españoles mayores de 64 años serán 14 millones, frente a los 9 millones que son hoy. Además, como consecuencia de la drástica caída en la tasa de natalidad (una de las más bajas de Europa, con 1,33 hijos por mujer), la población española se reducirá desde los 46 millones actuales a los 41 millones. Así, la proporción de mayores de 64 años se doblará, pasando a representar el 34,5% del total en 2066, frente al 17,5% de 2016.

En cinco décadas, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. En la actualidad, las españolas, con una esperanza de vida de 85 años frente a una media europea de 80, están entre las más longevas, mientras que los hombres españoles se sitúan en los 80 años frente a una media de 73 en el viejo continente.

Viviremos más

En la pirámide adjunta se puede observar como en 2066 (color morado) el número de personas entre 75 y más de 100 años es muy superior a la que habrá 2031 y hay en 2016. Ya nadie duda de que cada vez alcanzaremos edades más elevadas, gracias a los notables avances sanitarios, y eso generará muchas dificultades para conseguir mantener el sistema de pensiones y de salud públicas.

¿Hasta cuándo va a seguir aumentando nuestra expectativa de vida? La investigación científica se dirige, cada vez más, a descubrir soluciones a los problemas relacionados con la edad. Señalan que nuestro cuerpo envejece porque, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando desperfectos que lo dañan. Es como un coche viejo, pero susceptible de arreglarse. ¿Acaso no hay automóviles muy antiguos que se conservan en perfectas condiciones? El objetivo pasa por encontrar tratamientos capaces de desacelerar el proceso de degradación del organismo, para mantenerlo saludable durante más tiempo.

Pensiones no garantizadas

Esta mayor longevidad vendrá acompañada de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que sí lo hacen. En otras palabras, la proporción de gente que trabaja respecto al conjunto de la población está disminuyendo. Así, según el INE, en 2066, por cada persona en edad de trabajar, habrá en España otra que no estará en edad de hacerlo, porque será menor de 16 años o mayor de 64. En concreto, la tasa de dependencia se elevará hasta casi el 90%, partiendo del 50% actual.

Por tanto, un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor contingente de jubilados. Aquéllos, por consiguiente, tendrán que pagar cada vez más para que se puedan seguir prestando los servicios sociales a los mayores: pensiones y gastos médicos. La Seguridad Social consumirá, de año en año, una parte más sustanciosa de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad de garantizar el actual sistema público de pensiones español.

Ante la bomba demográfica que tenemos delante, y que acabará explotando, diversos economistas y organismos multilaterales han venido sugiriendo al Estado Español la implementación de políticas tales como: prolongar todavía más la edad de retiro, eliminar la jubilación temprana, compatibilizar el cobro de la pensión con seguir trabajando y, por tanto, cotizando, incrementar los fondos de pensiones privados obligando a los trabajadores a cotizar en ellos, ampliar la recaudación fiscal o incentivar el número de nacimientos. Cabe hacer notar que, de no aplicarse estas medidas, España tendrá que poner en marcha una política migratoria similar a la ejecutada en países como Canadá y Australia, con el fin de incorporar personas jóvenes que mantengan el sistema de pensiones en los años venideros. De lo contrario, colapsará. El problema es tan grave y de tan difícil solución que hay quien está planteando que los robots deberían entrar en el sistema pensional, lo cual se puede interpretar como un impuesto a las empresas como forma de recompensar a la sociedad por la eliminación de puestos de trabajo.

Aumento de la productividad

Sin embargo, pagar por tener robots desincentiva su uso y, en consecuencia, daña la productividad, precisamente cuando que ésta aumente es la mejor solución al actual problema de las pensiones. Y es que, a mayor productividad, mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social.

¿Y cómo aumentar la productividad? Pues a través de la mejora en la innovación tecnológica y el capital humano. En este sentido, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos (recortando la grasa que sobra en el conjunto de las Administraciones Públicas) y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la productividad, como es el caso de la educación y la investigación. Algo absolutamente necesario en un contexto de permanente cambio tecnológico. Es bien conocido que la llamada Cuarta Revolución Industrial avanza a un ritmo imparable, trasformando la manera en la que trabajamos y nos relacionamos. Un nuevo sistema conformado por cuatro pilares: la revolución digital, la ingeniería genética, la robótica y la inteligencia artificial.

Esta revolución tecnológica, como todas las anteriores, viene acompañada de cambios profundos en las formas de producir. De ahí la necesidad de que la población activa se prepare para dirigirse hacia esos nuevos sectores. Es decir, que para evitar el desempleo futuro, es preciso incentivar a los trabajadores para que se reconviertan profesionalmente y alcancen un nivel de formación que se adecué en mayor medida a lo que están demandando las empresas.

Desde la Primera Revolución Industrial hasta la actual revolución tecnológica, los principales inventos y avances científicos y su aplicación en la industria han generado importantes ganancias de productividad, mejora en el nivel de vida y, a medio plazo, incrementos en el nivel de empleo.

En definitiva, el fuerte envejecimiento de la población, que ya es una realidad y que se acentuará todavía más en las próximas décadas, exige adoptar políticas que faciliten la viabilidad financiera de las pensiones. Una solución que pasa por el aumento de la productividad. El nuevo Gobierno de España se encuentra frente a la necesidad de resolver un problema en el que convergen aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos, y que requiere de respuestas inmediatas. Los representantes del pueblo no pueden seguir esperando de brazos cruzados a ver cómo evoluciona la población. Ya es de dominio público: viviremos muchos más años.

Fuente: Rafael Pampillón “Las consecuencias económicas del envejecimiento.” Expansión,  22 de octubre de 2016. Página 26.

La pasada semana el portal VoxEU.org, del Centre for Economic Policy Research (CEPR), publicó el consenso alcanzado por un grupo de destacados economistas en cuanto a la “narrativa” de la reciente crisis del euro. La idea fuerza tras este consenso es sencilla: “es imposible acordar los pasos a dar sin un acuerdo sobre lo que fue mal.”

No hay grandes sorpresas en el informe; buena parte de lo que allí se recoge es sobradamente conocido y ya ha sido tratado en diferentes ocasiones en este blog (1, 2, 3, 4, 5). Quizás destacar como su mensaje principal el que la explosión de la deuda soberana europea fue un síntoma, más que una causa de la crisis. Prueba de ello, dice el informe, es que, aparte de Grecia, los países rescatados no eran los que tenían antes de la crisis los mayores ratios de deuda sobre PIB, como Irlanda y España, por debajo del 40%. Por el contrario, Bélgica o Italia, por encima del 100%, capearon el temporal. Concluye el análisis que el culpable real de la crisis fueron los importantes flujos de capitales intra-Eurozona durante la década previa, y que alcanzaron a países con déficits por cuenta corriente (como España). Ningún país con superávit sufrió aquel embate, cuya auténtica causa fue el repentino parón en los préstamos transfronterizos, derivado de las dudas sobre la viabilidad de bancos y gobiernos, y expresado en el contexto de una unión monetaria imperfecta a través de los incrementos de las primas de riesgo. La caída en el crecimiento elevó los déficits y los ratios de deuda, alimentada además por la asunción pública de parte de la deuda bancaria.

En conclusión, el consenso de estos economistas es que una crisis de balanza de pagos se convirtió en una crisis de deuda pública. La falta de infraestructuras y respuestas institucionales adecuadas, las rigideces estructurales, y los fuertes vínculos entre gobiernos y bancos europeos amplificaron y extendieron la crisis. El foco de las políticas en el síntoma en lugar de en la causa, llevó a fijar la “solución” en el control de la deuda pública y en la austeridad fiscal, condicionando la trayectoria y profundidad de la crisis. La apertura del “grifo” por parte de Draghi cambió las expectativas de una ruptura de la unión monetaria y devolvió los costes de financiación al nivel pre-crisis, pero los desequilibrios que la originaron permanecen ocultos, paradójicamente bajo la abundancia de liquidez que la provocó.

La voz de las víctimas suele ser la menos escuchada. La vulnerabilidad de su situación y el temor a daños aún mayores evitan a menudo que se alce y, cuando lo hace, la del verdugo acostumbra a resonar con más potencia. En ocasiones, al silencio de las víctimas se añade la infamia difusa del “algo habrán hecho”. Es lo que ha sucedido en el caso Banco Madrid.

La tesis es que el Estado ha sido cooperador necesario en la muerte de Banco Madrid, que hasta su intervención por el Banco de España, rebosaba salud. Su desaparición deja 15.000 clientes desprotegidos, cerca de 300 familias sin empleo y la honorabilidad de todos en entredicho. No es novedad que los poderes públicos lleven a la quiebra a una entidad financiera, pero sí que contribuyan a destruir un banco en una semana y se desentiendan de sus víctimas.

Hasta el pasado 9 de marzo nada hacía presagiar la caída en desgracia de una de las entidades financieras de mayor crecimiento y solvencia del país. Reguladores, supervisores y prestigiosas auditoras habían bendecido una y otra vez sus cuentas y procedimientos, y en su consejo de administración se encontraban nada menos que un ex director de Inspección de Banco de España y una exdirectora del Tesoro. Pero ese día se produjo un hecho significativo. El consejo recibió un informe de tres páginas del Sepblac (órgano de prevención del blanqueo de capitales). Era la primera noticia de esta institución desde que en abril y mayo de 2014 inspeccionara las operaciones del banco y concluía con la recomendación de que elaborase un plan de acción para corregir algunas deficiencias detectadas en los procedimientos de prevención de la operativa de blanqueo de capitales. Pura rutina bancaria, parecía.

Sin embargo, el elemento más inquietante de ese informe solo se revelaría un día después: precedió casi milagrosamente en unas horas al detonante de la caída en desgracia del banco. El 10 de marzo se hizo público un informe del FinCEN -institución dependiente del Tesoro de EEUU- en el que declaraba a BPA -matriz andorrana de Banco Madrid- institución financiera de máxima preocupación en materia de blanqueo de dinero. No se mencionaba a Banco Madrid, la acusación sólo se apoyaba en tres casos sub iúdice del pasado y se vulneraban los principios de discreción, proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho a la propia defensa, pero bastó para disparar todas las alarmas.

Ese día, después de que las autoridades andorranas intervinieran BPA, Banco de España decide situar a dos interventores en Banco Madrid. La medida podía tener sentido si su objeto era el declarado de preservar la operativa de la entidad. Pero pronto se vio que no. En el último párrafo del acuerdo de intervención se afirmaba que si en la siguiente reunión del Comité Permanente que dirige el Sepblac se decidía abrir expediente sancionador a Banco Madrid, sus administradores serían sustituidos. Además, en una situación de pánico potencial, es deber esencial del regulador, y así consta en su normativa, dar garantías a corresponsales y contrapartidas sobre la seguridad de seguir operando con el banco cuya viabilidad se cuestiona. Por primera vez en la historia de la banca española, su banco central renunció a ese deber.

Ante esta falta de apoyo y la negativa de Banco de España a propiciar un cambio en el consejo de administración que permitiera la segregación de Banco Madrid respecto a BPA y facilitara la compra del banco español por alguna de las muchas entidades interesadas, su consejo de administración decidió dimitir la noche del miércoles 11. Se entendía que la entrada de lleno del supervisor en la entidad conllevaría que finalmente asumiese su deber de protección de empleados y clientes. No fue así.

¿Por qué esa negativa de Banco de España a cumplir con su deber? Según testimonios muy fiables, en el banco central ya sabían que en la reunión del Comité Permanente que se celebraría el viernes se decidiría sancionar a Banco Madrid y remitir el caso a la Fiscalía. Y así fue.

El Ministerio de Economía, de quien depende el Sepblac, asesta un golpe definitivo a su víctima. El Comité Permanente decide abrir expediente administrativo a Banco Madrid por infracciones graves y muy graves y, además, remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Lo más inaudito es que ambas medidas son hechas públicas de inmediato. Nunca antes había sucedido, a pesar de los numerosos casos previos de sanciones administrativas y denuncias ante la fiscalía, por dos buenas razones: la primera, que en el sector la discreción es clave para la supervivencia del sistema; y la segunda, que el deber de secreto está explícitamente consagrado en el artículo 49 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Se pensará que al menos el informe tan expeditivamente remitido a la Fiscalía sería demoledor. Pues ni siquiera. Las operaciones denunciadas por indicios de irregularidad, unas veinte, que incluyen varias cuentas ya cerradas en el pasado -en su mayoría originadas antes de la adquisición del banco por BPA- y una operación de 2012 ya conocida más de un año atrás, sumaban unos 15 millones de euros, frente a un balance de la entidad de cerca de 1.200 millones o unos activos bajo gestión de 6.000 millones. En el peor de los casos, de confirmarse las irregularidades, habrían merecido una multa moderada, pero la pena real fue de muerte.

Y es que semejante sucesión de noticias adversas sin una reacción protectora digna de ese nombre harían tambalearse a cualquier institución financiera, incluso a una tan solvente como Banco Madrid. A los recelos de corresponsales y contrapartidas se unía la aceleración de los reembolsos de los clientes y las salidas de depósitos.

Sentencia de muerte
Ese mismo fin de semana, Banco de España preparó la sentencia de muerte de Banco Madrid. Constató el deterioro progresivo de su liquidez, determinó que el destino inevitable era el desangramiento del herido y, ante semejante fatalidad, acordó suspender su acceso a la liquidez del banco central, lo que en la práctica significaba acelerar el desangrado; el BCE recuperaba inmediatamente 231 millones de euros de un préstamo que vencía en mayo y, en consecuencia, se dificultaba aún más la posibilidad de hacer frente a las salidas de fondos. El corolario para Banco de España era claro: los administradores de Banco Madrid (el propio banco central) debían proceder a solicitar concurso de acreedores, algo que se hacía realidad el lunes 16, al mismo tiempo que la suspensión de la operativa de la entidad.

Así, la decisión de no proteger a Banco Madrid -ni ofreciendo seguridad a corresponsales y contrapartidas, ni permitiendo su acceso a la liquidez del banco central- dispara la probabilidad de una insolvencia futura que tautológicamente se toma como justificación de esa ausencia de protección. La decisión de que el destino de Banco Madrid era la liquidación crea las condiciones para que ese destino resulte inevitable.

¿Era inevitable que Banco Madrid fuera la primera entidad financiera española en la que se declara un concurso de acreedores? Las peculiaridades del sector financiero justifican que la ley le dedique un tratamiento especial y España cuenta con el Frob y con la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito. En su somera deliberación del domingo 15 de marzo sobre qué hacer, Banco de España contempla junto al concurso de acreedores la alternativa más obvia: la resolución a través del Frob. Al menos permitiría la continuidad de la actividad de la compañía y su venta a otra entidad.

Pero se decanta rápidamente por el concurso: afectaría esencialmente a accionistas y acreedores subordinados y no comprometería fondos públicos, al contrario que la intervención del Frob, dice, que además no tendría justificación de interés público. Un argumento último es reseñable: la venta de la entidad se haría muy difícil sin garantía del Frob ante la amenaza de multa por parte del Sepblac. Días después, el propio Frob, requerido por el juez del concurso a pronunciarse, repite fielmente los argumentos del banco central para desentenderse.

Los acontecimientos han demostrado que la decisión fue muy desafortunada. Sobre todo, se ha demostrado falso que no hubiera razones de interés público para que el Frob acometiera la resolución. El artículo 19 de la mencionada ley 9/2012 señala que el interés público tiene que ver con los objetivos detallados en su artículo 3, entre ellos “proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito”. Pues bien, más de dos meses después del bloqueo de la operativa de Banco Madrid, unos 6.000 clientes aún no han podido acceder a inversiones financieras por valor de cerca de 2.900 millones de euros. La causa de esa ilegalidad reside en gran medida en el concurso de acreedores: la brusca paralización de la actividad del banco ha exigido complejos procesos manuales para realizar traspasos de subyacentes, cambios de comercializador y, finalmente, reembolsos, cuya materialización no se adivina aún y se complica por la salida de empleados.

Tampoco se ha demostrado cierto que la vía del concurso de acreedores no comprometiese fondos públicos. La CNMV se está viendo obligada a incrementar progresivamente los recursos que dedica al caso para intentar, hasta ahora con poco éxito, defender los derechos de los inversores. Entretanto, las demandas de clientes y accionistas se incrementan y no es en absoluto descartable que la negligente actuación de las administraciones públicas merezca en el futuro condenas judiciales con costes económicos sustanciales.

Ni siquiera es seguro que la intervención del Frob hubiese conllevado la inyección de fondos públicos. Es de suponer que se habría producido en un contexto de apoyo del BCE y de Banco de España, así como de las acciones necesarias para tranquilizar a clientes y contrapartidas, lo que debería haber servido para detener la salida de fondos. Y, desde luego, la venta posterior de una entidad tan saneada y atractiva para su competencia habría resultado rentable para las arcas públicas.

Finalmente, causa admiración que un argumento clave esgrimido para no facilitar la venta de Banco Madrid fuese el riesgo imposible de cubrir de una hipotética multa sobre la entidad. Si se trataba del temor a una multa de EEUU, la propia diplomacia estadounidense se encargó de recordar, demasiado tarde para el banco, que el aviso del FinCEN no acarrearía en ningún caso una multa, más allá de que la entidad española nunca fuese mencionada en su denuncia. Y si se trataba de una posible multa española, no deja de ser llamativo que el Ministerio de Economía (Frob) se resista a dar garantías sobre una multa que depende del propio ministerio (Sepblac) y que en cualquier caso habría sido moderada y acotable.

Acusación sin pruebas

¿Por qué esa negligencia de las instituciones del Estado? ¿Por qué desde el Ministerio se acusó públicamente y con escasas pruebas a Banco Madrid y se descartó cualquier viabilidad futura y desde el Banco de España se renunció al deber de protección precipitando su muerte? El miedo a EEUU o la sumisión ciega a sus designios, por encima del deber de proteger a instituciones y ciudadanos, es la interpretación más sencilla.

Puede añadirse el miope cálculo político en año electoral que ve en la denuncia estadounidense una oportunidad para presentarse como azote de bancos, ricos, paraísos fiscales y corruptos ante una opinión pública saturada de desmanes y rescates bancarios. Como si fuera posible hacer desaparecer con un solo gesto de falsa firmeza años de gestión corrupta de cajas y de quiebras verdaderas y muy costosas. Y también es posible añadir la circunstancia de que entre los 15.000 clientes había algún enemigo político.

Pero lo importante de esta historia son sus víctimas. Los accionistas y los clientes de Banco Madrid sin duda lo son. Los primeros concitan cierto escepticismo (ricos, andorranos y ¿blanqueadores?), pero la injusticia básica, desde luego procedimental, de la agresión sufrida y sus consecuencias permanentes los incluye necesariamente. En cuanto a los clientes, su crimen fue confiar la gestión de su patrimonio a una entidad eficiente regulada y supervisada por las autoridades españolas. Y su castigo, el bloqueo de su patrimonio, la incertidumbre sobre su evolución y su futuro y la sospecha pública sobre su honorabilidad.

Y casi nadie se acuerda de los empleados, probablemente las víctimas más desprotegidas. En una semana vimos cómo se desmoronaba nuestro proyecto profesional, el medio de vida de trescientas familias, sin alcanzar a saber por qué. En ese tiempo pasamos de trabajar en una entidad respetada y pujante a hacerlo en un lugar aparentemente despreciable; nosotros mismos parecimos volvernos despreciables a los ojos del mundo y alguna entidad del sector se apresuró a hacer saber que no nos aceptaría.

Han tenido que transcurrir cerca de tres meses para que empiecen a concretarse las posibles condiciones de nuestro injustificado despido, que nos hemos visto obligados a negociar con una administración concursal desbordada, en medio de un campo de batalla de intereses y tratando con poco éxito de ayudar a nuestros clientes a orientarse en un entorno opaco e imprevisible. Y entretanto, las instituciones del Estado que nos trajeron a esta situación ni se han dignado a asistir a nuestro entierro, cuya decencia posible contribuyeron a minar con notables despilfarros durante la intervención.

Mención especial merecen los empleados de la gestora de fondos del banco, pieza esencial de su éxito, y los de su bróker online. Al depender formal y arbitrariamente de empresas separadas, su destino es aún más oscuro que el del resto de empleados. Su previsible horizonte concursal todavía está por confirmar y la falta de activos disponibles de sus compañías ni siquiera augura una indemnización digna.

Hay dos víctimas más: el derecho a la información y la seguridad jurídica. Respecto a la primera, baste recordar cómo el 30 de marzo un periódico importante dedicaba casi toda su portada a la “información”, procedente de anónimas fuentes de la fiscalía, de que Banco Madrid era una estructura para blanquear, obviamente sin aportar ni un solo dato. Y en cuanto a la seguridad jurídica, el terrible mensaje lanzado a los ciudadanos es que pueden ser condenados sin juicio previo y que sus inversiones y puestos de trabajo nunca estarán seguros en una entidad financiera española no sistémica.

Juzgue el lector qué castigo merecen los comportamientos descritos y qué resarcimiento sus víctimas. Y si los ciudadanos no mereceríamos un Estado que, aunque no siempre pueda salvarnos, al menos no nos condene.

FUENTE: Antonio Zamora, El Economista, 28 de mayo de 2015

La prensa económica se hacía eco ayer de la “ambiciosa propuesta (española) a las instituciones europeas para rediseñar la política económica común, que ha fallado estrepitosamente en esta crisis.” El documento, titulado “Better economic governance in the euro area” y elaborado por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno de España, señala como principales deficiencias del Área Euro la falta de una adecuada flexibilidad de precios y rentas, la carencia de suficiente movilidad de la mano de obra (mientras que los movimientos de capitales no tienen restricciones), y la fragmentación de su mercado interior, con consecuencias especialmente graves en el sector financiero. Propone que en el medio y largo plazo, se necesitan cinco elementos para completar una unión monetaria sólida y madura:

1. Eliminar las rigideces reales y nominales que impiden un ajuste rápido ante shocks económicos.
2. Alcanzar niveles suficientes de movilidad laboral.
3. Alcanzar una Unión Fiscal sólida para completar y reforzar la Unión Monetaria. Dicha Unión Fiscal debería incluir tres elementos: (1) transferencia de soberanía a la Unión en políticas de ingresos y gastos nacionales; (2) un presupuesto común en la Eurozona; 3) instrumentos de deuda comunes.
4. Completar el mercado interior. En particular, la fragmentación del mercado financiero debe solventarse asegurando una integración adecuada del sector bancario minorista.
5. Estos avances conllevarán transferencias de soberanía al nivel central de la UEM, y por tanto tendrán que acompañarse de mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas.

Me permito extraer y resumir aquí algunos párrafos de un post que publiqué en este blog en marzo de 2007, a partir de un artículo previo de 2005, sobre las implicaciones fiscales que podrían derivarse de las limitaciones en la integración monetaria europea.

En aquel artículo destacaba que, de acuerdo con la teoría de las áreas monetarias óptimas, construida sobre las ideas del premio Nobel de Economía Robert A. Mundell (“A Theory of Optimum Currency Areas”, American Economic Review 51, 1961), el correcto funcionamiento de una unión monetaria exige ciertas condiciones estructurales de las economías de sus Estados miembros: movilidad de factores, flexibilidad de precios y transferibilidad presupuestaria. Decíamos que el perjuicio de la pérdida de la soberanía nacional respecto al tipo de cambio y a los instrumentos presupuestarios será tanto mayor cuanto peor funcionaran los mecanismos antes referidos, pues sin estos dispositivos de ajuste sería difícil financiar los desequilibrios (choques asimétricos) que puedan afectar localmente a los Estados miembros. Concluíamos, de acuerdo con aquella teoría, que en la Eurozona sería deseable la centralización de una parte significativa de los recursos fiscales (política fiscal y tesoro comunes), permitiendo así a los países que sufran un choque negativo acceder a transferencias automáticas. Si lo anterior no fuera posible, la teoría dice que las políticas fiscales nacionales se deberían poder utilizar con flexibilidad, permitiéndose el incremento del déficit presupuestario de la nación afectada. La necesidad de autonomía en el diseño de las políticas fiscales nacionales podría entenderse por tanto como una resultante inmediata de la desaparición de la política monetaria como instrumento de la política macroeconómica nacional, por supuesto siempre dentro de un marco de sostenibilidad presupuestaria y de coordinación de políticas entre los Estados miembros.

También planteábamos un análisis crítico de aquella teoría, principalmente de su segunda conclusión: las políticas fiscales no son el instrumento flexible que propugna la teoría de las zonas monetarias óptimas, dado que un gobierno no puede crear déficits presupuestarios para absorber los choques negativos sin que esto conlleve un problema de sostenibilidad de los mismos. El problema se puede formular como sigue: un déficit presupuestario provoca un aumento de la deuda del gobierno, que originará un flujo de pagos en el futuro. Si el tipo de interés de la deuda del gobierno supera la tasa de crecimiento de la economía, el proceso de acumulación de deuda conducirá a un aumento continuo de su porcentaje respecto al PIB, hasta hacerse la situación insostenible, precisando medidas de corrección. La nación se verá entonces obligada a generar amplios superávit presupuestarios primarios con el fin de evitar que dicho ratio aumente de forma automática, lo que implica reducir el gasto y/o aumentar los impuestos. Dicho de otro modo, una vez empleada este política, no será posible volver a utilizarla de nuevo hasta transcurridos varios años. De acuerdo con esta visión, se hace necesario establecer un mecanismo de control que restrinja el tamaño de los déficits presupuestarios de los estados miembros, ya que el que un país se encuentre en una senda insostenible de crecimiento de su deuda pública generará efectos externos negativos sobre el resto de la unión monetaria. Estas externalidades serán básicamente de dos tipos: 1) esta nación tendrá que elevar su recurso al mercado de capitales de la unión, aumentando igualmente el tipo de interés [riesgo] de la unión y, a su vez, la carga de la deuda sobre el resto de los países. Si los otros países deciden estabilizar sus ratios de deuda/PIB, se verán obligados a seguir políticas fiscales más restrictivas, y por lo tanto más deflacionistas; 2) esa elevación del tipo de interés de la unión podría llevar al Banco Central Europeo a relajar sus políticas monetarias [comprar deuda soberana de los países con problemas].

Decíamos, por último, que estos argumentos podrían ser criticados a su vez desde un punto de vista teórico: la existencia de efectos externos denunciada se basa en el supuesto de que los mercados de capitales privados no funcionan de manera eficiente. En el caso contrario, los mercados percibirán que el problema de la deuda pertenece a la nación con el problema de sostenibilidad, no trasladándose [contagiándose] el aumento del tipo de interés pagado por este país al resto de la unión. El problema de este argumento radica en que, bajo ciertas condiciones, a los prestamistas les puede resultar difícil asignar la prima de riesgo correcta a la deuda del país con desequilibrio presupuestario. Muy probablemente pensarán que el resto de países de la unión avalarán al gobierno con problemas para evitar que la crisis se extienda al resto del sistema financiero. Este problema únicamente puede resolverse si los estados miembros se comprometen de modo público a no respaldar la deuda emitida por los otros gobiernos, aunque esta declaración perdería sin duda su efecto por falta de credibilidad.

Confío en que la lectura de los argumentos teóricos ofrecidos en aquel texto, ocho años después, pueda ser de utilidad para contextualizar la actual propuesta española para el reforzamiento de la unión económica y monetaria.

Cuando cualquier lector de estas líneas compra un libro en Europa en Amazon se encuentra haciendo negocios con una compañía con su sede social en Luxemburgo.  Al descargarse el último disco de su grupo favorito en itunes , el aviso legal le indicará que está haciendo negocios con una firma localizada en el mismo sitio.  Y si habla utilizando, Skype sucederá lo mismo.

En un país de poco más de medio millón de habitantes hay censados más de 148 bancos de 27 países y 40.000 empresas. Incluyendo más de 200 firmas estadounidenses.  Es un país-negocio creado hace poco más de 40 años, ya que hasta los años setenta, el Gran Ducado de Luxemburgo era conocido principalmente por la calidad y relevancia de sus empresas productoras y manipuladoras del acero.  Recordemos que fue uno de los seis países fundadores de la Comunidad Europea del carbón y el acero en 1951, que seis años después se convertiría en la Comunidad Económica Europea.  Cuando vieron en los setenta que la crisis económica afectaba al sector del acero, decidieron convertir el pequeño país en un centro de atracción de inversiones extranjeras, ofreciendo a empresas del mundo entero la posibilidad de ahorrar millones en sus impuestos anuales.  Y la estrategia funcionó ya que es el segundo país como centro de inversión de fondos, ¡después de Estados Unidos!: En 2014 se cifra el  importe de los fondos gestionados en el pequeño ducado en 3.000 trillones de dólares, lo que ha convertido al país en el segundo más rico del mundo con una renta per cápita de USD 80.100.

Actualmente todo este sistema se encuentra en tela de juicio, por dos cuestiones principalmente: La crisis financiera internacional del 2008 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a buscar con insistencia más ingresos fiscales y en segundo lugar , hace cuatro meses se filtraron miles de documentos de firmas auditores , LuxLeaks , que indicaban que algunas de las principales empresas del sector habían creado complejas estructuras para que sus clientes invirtiesen en Luxemburgo y se evitaran millones en impuestos en sus países de origen.

¿Qué sentido tienen los paraísos fiscales y aún más aquellos que existen dentro de Europa?  Parece que Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Mónaco, o las Islas de Man o Jersey son como la ausencia de cámaras que ayuden al árbitro en un partido de la Copa de Europa.  Se sabe que el sistema es mejorable pero globalmente parece que es más importante aprovecharse de la posibilidad de un fallo favorable, aunque muchas veces injusto, que de solucionar realmente el problema de fondo.  En Luxemburgo, las autoridades piensan, que si la Unión Europea quiere que cambien su regulación fiscal, también deben hacerlo los otros paraísos mundiales: Bahamas, Granada, Islas Cook, Liberia, Maldivas, Seychelles….

En un mundo globalizado el dinero siempre se moverá hacia aquellos destinos que prometan una menor tributación.  Esto es un problema global de difícil resolución con parches parciales .  Según se ha publicado en la prensa española de las 467 sociedades que las empresas cotizadas españolas tienen en territorios “off shore” el 28% se encuentran en estado norteamericano de Delaware.  El que esté libre de pecado….

Los datos de las últimas semanas confirman que el ciclo económico internacional sigue comportándose de forma desigual, con dos importantes polos de debilidad: Europa y Japón. En el caso de la economía japonesa, la caída de la formación bruta de capital fijo explicaría, en gran parte, el retorno del país a la recesión, al decrecer la actividad por segundo trimestre consecutivo (-0,4% y -0,8% en términos nominales). Es la cuarta vez desde la quiebra de Lehman Brothers que Japón entra en recesión, así que tampoco el experimento de “las Abenomics” ha logrado sacar al país del estancamiento secular que sufre desde hace 25 años. Como consecuencia, el gobierno ha convocado elecciones anticipadas, retrasará casi dos años la nueva subida prevista de los impuestos indirectos (no importa que la deuda pública ya se encuentre situada en el 240% del PIB) y, seguramente, en caso de necesidad, el banco central volverá a dar una nueva vuelta de tuerca a la política monetaria.

Por tanto, los experimentos monetarios de los últimos años van a tener su máxima expresión en las actuaciones del BOJ, al que ya sólo le queda lanzar billetes desde helicópteros. Eso sí, lo que todavía no se ha probado son las reformas estructurales que necesita el país. Además, veremos cómo se toman los vecinos de la región la depreciación adicional que va a experimentar el yen en el medio plazo. Y, por tanto, el efecto arrastre que pueda tener en otros bancos centrales.

El crecimiento del tercer trimestre en Europa (+0,2 trimestral/ 0,8% en términos interanuales) mantiene a la región cerca del estancamiento, dando argumentos a los que siguen asignando una elevada probabilidad al riesgo de recesión. En el lado positivo, a falta de información más desagregada, vuelve a estar la evolución de la demanda externa, mientras la inversión sigue comportándose de manera negativa. Por tanto, además de insuficiente, el crecimiento sigue estando desequilibrado por la preocupante debilidad de la demanda interna. La esperanza es que, probablemente, se está infravalorando el efecto positivo que tendrá el cambio favorable en dos variables clave para elaborar las previsiones del año que viene: precio de la energía y tipo de cambio.

Sin embargo, el efecto positivo de una mejora del contexto externo se puede diluir si, de una vez por todas, no se termina de cerrar el debate en Europa sobre el “timing” y la combinación de políticas económicas que necesita la región. Y, desde luego, no ha sido muy edificante ver como la pelea entre Francia y Alemania se trasladaba la semana pasada a las páginas de Financial Times: los franceses alertando, a través de su ministro de economía, que si no hay dinero nuevo en el Plan Juncker no servirá de mucho; y los germanos mostrando el viernes dudas sobre la voluntad reformista francesa, pues consideran que lo anunciado hasta ahora ni hace más sostenible al sistema de pensiones, ni reduce suficientemente los costes laborales. Lo cierto es que en este debate el tiempo se acaba, pues esta semana la Comisión deba dar el visto bueno al presupuesto francés que necesita una prórroga de dos años para cumplir el objetivo de reducir su déficit por debajo del 3%. En este contexto, la única opinión sensata fue la del economista jefe del BCE (Peter Praet), señalando que la mayor amenaza en el escenario europeo es el deterioro de las expectativas y, por tanto, el pesimismo que empieza a filtrarse sobre el futuro a corto y medio plazo de la región.

En este contexto, los últimos mensajes desde la Fed, BoE o BCE han sido muy moderados y el Banco de China rebajó los tipos de interés el viernes por la mañana. De hecho, aunque en el último G20 oficialmente no se habló de política monetaria, este foro desde el inicio de la crisis sólo ha tenido incidencia en las medidas de coordinación monetaria, especialmente tras las crisis de Lehman Brothers. Por tanto, probablemente, sí que se discutió sobre tipos de interés y tipos de cambio. Y, aunque el margen de sorpresas con los bancos centrales parece más que cubierto, no descartemos alguna adicional para el año que viene. Por cierto, el BCE cada vez parece más sensible al comportamiento de los mercados; veremos si la “Draghi put” ha llegado para quedarse, pero sus últimas declaraciones señalando que no se deben descartar las compras de deuda pública han provocado subidas en las bolsas y en los mercados de renta fija. Sin embargo, en Europa lo importante va a ser la política fiscal y, poco a poco, se están empezando a conocer más detalles del Plan Juncker (Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas). Tendrá un importe de 315.000 millones de euros financiado con 20.000 millones aportados por los países y el BEI, 60.000 millones captados en emisiones de bonos y, el resto, lo aportará el sector privado. Los sectores que concentrarán la inversión serán energía, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. De momento los países han mandado más de 1.800 proyectos viables y, España ha sido el tercer país con más proyectos enviados (con un valor de 51.000 millones de 2015 a 2017) centrados en conexiones ferroviarias, I+D e interconexiones energéticas con Francia. La anécdota es que de momento Alemania no ha mandado ni un proyecto, lo que pone de manifiesto su opinión sobre este tipo de políticas….

La información económica publicada en la zona euro durante el verano no ha sido muy alentadora. Una vez más los datos han decepcionado y contrastan con una economía americana que va ganando solidez y que aproxima a la FED al momento en el que tendrá que empezar a subir los tipos de interés. Sin embargo, en la UEM, al reducido crecimiento real en la zona euro en el segundo trimestre (+0,2%) se ha unido el dato más bajo de inflación en 5 años (+0,3% en agosto), con algunos países como Italia en los mínimos de los últimos 55 años. De esta manera, el crecimiento nominal trimestral es claramente insuficiente, sobre todo, si pensamos en los países del sur de Europa que necesitan desapalancarse. Y recuerda mucho a la situación de Japón en los últimos 20 años. Es más, las bajísimas rentabilidades de la deuda pública (en zona negativa hasta el plazo de 2 años en buena parte de la UEM) estarían descontando una larga etapa de bajísimos crecimientos nominales en la región, con el evidente riesgo de terminar cayendo en un proceso deflacionista.

Ante este panorama y mientras los políticos europeos anuncian la enésima reunión en Italia a la búsqueda de medidas que aumenten el empleo en la zona euro, el único que ha vuelto a hablar alto y claro ha sido el presidente del BCE en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole. Hay que reconocer que el verano suele inspirar a Draghi y después de las milagrosas palabras de hace dos años (“whatever it takes….”) esta vez pronunció un interesantísimo discurso en EEUU sobre el problema del desempleo, alertando que el futuro de la zona euro dependerá de la capacidad de las autoridades económicas en afrontar esta lacra. Draghi reconoció que los elevados niveles de paro, en parte se deben a factores cíclicos y en parte a factores estructurales. Europa está muy cerca de la trampa de la liquidez y los tipos de interés reales son excesivamente altos para alcanzar equilibrios en los mercados de bienes y factores de producción. Por tanto, el desempleo sólo se puede afrontar con una adecuada combinación que incluya políticas de oferta y demanda.

Por tanto, en el recetario de Draghi (al estilo de las tres flechas de las Abenomics en Japón) se incluyen tres grandes tipos de medidas: 1) Políticas de oferta/reformas estructurales, 2) Política monetaria y 3) Política fiscal. En el primer punto no hubo muchas novedades, para aumentar el crecimiento potencial y reducir el desempleo estructural se necesitan reformas en los mercados de trabajo y, sobre todo (aunque no lo dijo explícitamente) que dos países como Francia e Italia pongan en marcha medidas para flexibilizar sus economías. Sin embargo, las novedades más importantes del discurso vinieron en la parte que le atañe (política monetaria), pero sobre todo, en las recomendaciones de política fiscal. En el primer punto y fuera del discurso que se repartió a la prensa, Draghi dejó claro que el BCE utilizará todos los instrumentos a su disposición para asegurar la estabilidad de precios, es decir, se va aponer en marcha un programa de compra de ABS y, si es necesario, el BCE comprará títulos de deuda pública (QE). Y la probabilidad de todo ello aumenta, pues Draghi reconoció un fuerte descenso de las expectativas de inflación en los últimos meses, es decir, el BCE va “por detrás de la curva de inflación”.

Pero todavía más sorprendente es que Draghi abogó por una política fiscal más expansiva, justificada por el significativo componente cíclico del desempleo en Europa y por la limitada eficacia de la política monetaria en un contexto caracterizado por una baja inflación y una elevada deuda pública y privada. En este sentido presentó cuatro ideas: 1) flexibilizar los objetivos de políticas fiscal, 2) modificar la composición de las políticas fiscale: menos impuestos en las áreas con multiplicadores fiscales más elevados a corto plazo y menos gasto público en las zonas con multiplicadores más reducidos, 3) más coordinación en las políticas fiscales de los 18 países del euro (forma muy educada de pedirle más inversión pública a Alemania y sus vecinos) y, 4) un programa de inversión pública a nivel europeo (propuesta Juncker).

Sólo con esta intervención, Draghi consiguió recuperar a los mercados financieros después del susto de principios de agosto y acentuar el debilitamiento del euro, variable clave para reequilibrar el crecimiento entre las dos grandes potencias.

En este contexto, para la reunión del BCE del jueves, no parece muy probable que se anuncien nuevas medidas (aunque hay gente que piensa en una nueva bajada de tipos de interés), pero sí que se mantenga el tono “dovish” de Jackson Hole. El QE sólo se considerará después de los “stress-test”, una vez que se compruebe si los TLTRO han tenido alguna incidencia. Pero lo importante, es que el BCE reconoce que la política monetaria tiene límites y que sólo con una adecuada coordinación con la política fiscal y las políticas de oferta se pueden afrontar los problemas en Europa. Por tanto, es el turno de los políticos.

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha considerado en declaraciones recientes que bajar los impuestos es compatible con la consecución de los objetivos de déficit, porque “el coste de la rebaja fiscal se compensará estimulando la actividad, el empleo y el crecimiento”. Por su parte, el Banco de España apoya el informe Lagares que descansa en la necesidad de aumentar el peso de la imposición indirecta (el IVA es la principal figura) para acometer “reducciones de magnitud equivalente en las cotizaciones y los impuestos directos”.

Pero, ¿cabe esperar que esta reducción de los impuestos directos sobre las rentas de las familias se traslade a su consumo, estimulando efectivamente la actividad económica?

De acuerdo con nuestro Diccionario de Economía, se define la “paradoja del ahorro” (o “de la frugalidad”), como  “aquella situación en la que los hogares y las empresas están preocupadas porque existe la posibilidad de que llegue una época de vacas flacas, es decir, de menor crecimiento económico y aumento del paro y, como consecuencia, se preparan para esa eventualidad ahorrando más y  reduciendo el gasto. Esta reducción deprime la economía: las familias gastan menos y las empresas venden y producen menos, así que despiden trabajadores para compensar la bajada de las ventas y la producción. Al final, es posible que tanto los hogares como las empresas acaben peor, es decir, con menos rentas que si no hubieran intentado actuar de forma responsable aumentando el ahorro y reduciendo sus gastos.”

Fuente: INE

Tal situación de incertidumbre se ha mantenido sin duda desde el inicio de la crisis, llevando a la tasa de ahorro de las familias, como porcentaje de su renta disponible, desde un promedio del 11% durante la mayor parte del anterior ciclo expansivo hasta alcanzar el 17,8% en el año 2009.

Sin embargo, desde 2010 se ha producido una pronunciada caída en dicha tasa, hasta situarse en el 2013 en el 10,4% de su renta disponible, igualando el nivel que alcanzó en 2012, el más bajo en trece años.No cabe atribuir esta reducción en el ahorro de la familias a una mejora en su confianza sobre la situación económica, sino más bien  a que la necesidad de desapalancamiento, el alto nivel de desempleo y la debilidad del ciclo económico dificultan el crecimiento de la renta disponible y fuerzan el desahorro de los hogares. Durante 2014, se espera que el consumo privado se revitalice, para aumentar en mayor medida en 2015 y 2016 de la mano del crecimiento de la renta real disponible, al tiempo que se mantendrá el nivel de la tasa de ahorro.

Podríamos concluir por tanto que nada garantiza que la reducción en los impuestos sobre las familias, o al menos toda ella, se convierta en mayor consumo. No está garantizado en consecuencia, como espera el Gobierno, que “el coste de esta rebaja fiscal se compensará estimulando la actividad, el empleo y el crecimiento.”

Frente a los estímulos fiscales vía reducción de impuestos, la evidencia empírica muestra que, al menos en el corto plazo, el efecto multiplicador sobre la renta de un incremento del gasto público puede ser mayor (de 2 a 3 veces) que el de una reducción equivalente de impuestos, en la medida que parte de esta última podría ser ahorrada y no llegar a convertirse en más consumo. Cabe precisar sin embargo que no es igualmente eficaz cualquier tipo de gasto público, siendo el multiplicador en torno a 2 para el gasto inversor y 0 para el corriente, ni en cualquier plazo, ya que como es sabido un gasto público sostenido en el tiempo acaba expulsando a la inversión privada. Por otro lado, parte de la eficacia de ese estímulo vía gasto público se pierde cuando el endeudamiento del país es elevado, como es el caso de España.

Cabe concluir que la rebaja impositiva en España será bien recibida por las maltrechas economías familiares, pero que es cuando menos dudosa su potencial contribución al crecimiento y a la consolidación fiscal.