Archivo de la Categoría ‘Energía, medio ambiente y cambio climático’

WP_Post Object
(
    [ID] => 4228
    [post_author] => 115
    [post_date] => 2007-08-02 09:56:16
    [post_date_gmt] => 2007-08-02 08:56:16
    [post_content] => Algunos economistas y académicos, como John Browne de la Cambridge Judge Businness School y Nick Butler Butler director del Centro de Estudios Energéticos de esa misma universidad han propuesto crear un Fondo Internacional de Carbono que tendría como finalidad luchar contra el cambio climático. El Fondo Internacional del CO2  ó del Carbono tendría como objetivo la reducción de emisiones de gases invernadero (fundamentalmente el dióxido carbono CO2), necesaria para mantener la concentración de dióxido de carbono por debajo de un techo acordado. Para ello habría que repartir las cuotas de emisión entre los estados participantes del Fondo Internacional del Carbono. Como cualquier reparto es fuente de conflictos la fórmula que se propone debería tener en cuenta los niveles actuales de emisión de CO2 de cada país participante en el fondo y su renta per cápita. El objetivo y las cuotas serían revisables, quizás cada cinco años. Aunque el objetivo y las cuotas serían decisiones globales, el Fondo Internacional del Carbono no le diría a los estados miembros cómo alcanzar sus objetivos nacionales. El mercado y la cultura de cada país pueden dar muchas respuestas diferentes y cada país elegiría la suya.


El Fondo Internacional del Carbono debería establecer un sistema para controlar y verificar las reducciones de las emisiones, así como mecanismos para financiar el desarrollo de energías limpias mediante préstamos o ayudas a los países más pobres. Finalmente, la organización crearía un sistema de intercambios que asegurase que las emisiones se reducen de la forma menos costosa posible.

A través del Fondo Internacional del Carbono productores y consumidores generarían un cambio hacia una economía menos dependiente del carbono. La misión del Fondo Internacional del Carbono sería mitigar las emisiones de gases a la vez que se mantiene el crecimiento y el progreso económico. No se debe olvidar que el progreso humano, ha estado siempre apuntalado por las instituciones. Como el cambio climático parece que empieza a amenazar la sostenibilidad del crecimiento económico hace falta una institución capaz de desarrollar una vía práctica de solución. El Fondo Internacional del Carbono puede ser la respuesta. ¿Se pondrán de acuerdo los países para crear este fondo? ¿Estarán EEUU y China? ¿Resolverá este fondo los problemas del calentamiento global?



    [post_title] => ¿Qué es el Fondo Internacional de CO2  ó del Carbono (International Carbon Fund)?
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => que_es_el_fondo
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2007-08-02 09:56:16
    [post_modified_gmt] => 2007-08-02 08:56:16
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/08/que_es_el_fondo.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 1
    [filter] => raw
)

Algunos economistas y académicos, como John Browne de la Cambridge Judge Businness School y Nick Butler Butler director del Centro de Estudios Energéticos de esa misma universidad han propuesto crear un Fondo Internacional de Carbono que tendría como finalidad luchar contra el cambio climático. El Fondo Internacional del CO2 ó del Carbono tendría como objetivo la reducción de emisiones de gases invernadero (fundamentalmente el dióxido carbono CO2), necesaria para mantener la concentración de dióxido de carbono por debajo de un techo acordado. Para ello habría que repartir las cuotas de emisión entre los estados participantes del Fondo Internacional del Carbono. Como cualquier reparto es fuente de conflictos la fórmula que se propone debería tener en cuenta los niveles actuales de emisión de CO2 de cada país participante en el fondo y su renta per cápita. El objetivo y las cuotas serían revisables, quizás cada cinco años. Aunque el objetivo y las cuotas serían decisiones globales, el Fondo Internacional del Carbono no le diría a los estados miembros cómo alcanzar sus objetivos nacionales. El mercado y la cultura de cada país pueden dar muchas respuestas diferentes y cada país elegiría la suya.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4222
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-07-27 14:19:33
    [post_date_gmt] => 2007-07-27 13:19:33
    [post_content] => Como es bien sabido, y así se recoge en el diccionario de economía disponible en este blog, el Producto Interior Bruto (PIB) de una nación es “el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado período de tiempo, normalmente un año.” La contabilidad nacional convencional ignora buena parte del valor de los recursos naturales utilizados para producir esos bienes y servicios. Es más, podríamos decir que la estadística convencional incluye el medio ambiente en el lado equivocado del balance: tanto la actividad contaminante como la actividad mitigadora del daño producido suman en el PIB de un país. Dicho de otro modo, el deterioro ambiental puede ser “bueno” para la economía si es medido tan sólo en términos del PIB convencional. Aunque esto no invalida la utilidad del PIB como medida del tamaño y crecimiento económico de una nación, sí cuestiona su validez como medida del bienestar de sus habitantes. Esta cuestión ha sido debatida por diferentes economistas en las últimas décadas (Nordhaus, Tobin, Daly, …), llevando a diferentes medidas alternativas del bienestar. También se han llevado a cabo algunos intentos en la práctica estadística por parte de diferentes países.

En el año 2004 Wen Jiabao anunció valientemente que un “PIB verde” (green GDP) reemplazaría el PIB convencional en las decisiones del Partido Comunista de China.


El cálculo de este PIB verde se alcanzaría, no sin pocas dificultades técnicas, tras deducir del PIB convencional el coste de los daños ambientales y del consumo de recursos naturales. Aunque esas dificultades hacen que el medio sea discutible, el fin era evidente y loable: el rápido crecimiento económico experimentado por China en las últimas décadas debía ser contrastado con su coste ambiental, si se quería alcanzar una medida más apropiada del desarrollo obtenido y, sobre todo, de su sostenibilidad. A las dificultades técnicas pronto se le han sumado las políticas. El primer informe, publicado el pasado septiembre a bombo y platillo por la State Environmental Protection Administration (SEPA) china, estimó el coste de la degradación ambiental generado por la actividad económica del país en el año 2004 en 511.800 millones de yuanes (67.700 millones de dólares), equivalentes al 3,05 % del PIB, una cifra calificada por la SEPA como “escandalosa”. Hace unos días las autoridades chinas pospusieron indefinidamente la presentación del informe correspondiente al año 2005, planificada originalmente para el mes de marzo. Se ha podido saber que las cifras empeoraban notablemente frente a las del año 2004. También en estos días se ha sabido que China pidió al Banco Mundial que no publicara sus estimaciones sobre el número de muertes prematuras debidas a la contaminación del aire y del agua, en el entorno de las 460.000 víctimas anuales.

Sin duda, las cifras del crecimiento del PIB chino son envidiables; ¿lo es su modelo de crecimiento en términos ambientales?
    [post_title] => El “PIB verde” sonroja a China
    [post_excerpt] => 
    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => el_pib_verde_so
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:34
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:34
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/07/el_pib_verde_so.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 1
    [filter] => raw
)

Como es bien sabido, y así se recoge en el diccionario de economía disponible en este blog, el Producto Interior Bruto (PIB) de una nación es “el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado período de tiempo, normalmente un año.” La contabilidad nacional convencional ignora buena parte del valor de los recursos naturales utilizados para producir esos bienes y servicios. Es más, podríamos decir que la estadística convencional incluye el medio ambiente en el lado equivocado del balance: tanto la actividad contaminante como la actividad mitigadora del daño producido suman en el PIB de un país. Dicho de otro modo, el deterioro ambiental puede ser “bueno” para la economía si es medido tan sólo en términos del PIB convencional. Aunque esto no invalida la utilidad del PIB como medida del tamaño y crecimiento económico de una nación, sí cuestiona su validez como medida del bienestar de sus habitantes. Esta cuestión ha sido debatida por diferentes economistas en las últimas décadas (Nordhaus, Tobin, Daly, …), llevando a diferentes medidas alternativas del bienestar. También se han llevado a cabo algunos intentos en la práctica estadística por parte de diferentes países.

En el año 2004 Wen Jiabao anunció valientemente que un “PIB verde” (green GDP) reemplazaría el PIB convencional en las decisiones del Partido Comunista de China.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4214
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-07-20 09:48:38
    [post_date_gmt] => 2007-07-20 08:48:38
    [post_content] => El pasado miércoles presentamos en el IE a la prensa y al sector los resultados de un estudio que desarrollamos hace algunos meses, en colaboración con PricewaterhouseCoopers España, sobre El Entorno Competitivo del Sector Eléctrico Europeo en los Escenarios Post-Kioto (Download file).

El régimen de cumplimiento en el periodo posterior al primero del Protocolo de Kioto (“post-Kioto”) se encuentra actualmente en discusión. El propio Protocolo estableció que las negociaciones sobre los compromisos posteriores al 2012 deberían comenzar como muy tarde en 2005 y acabar en 2005. Aunque, en principio, esta cuestión debiera haberse dilucidado en la Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Montreal en diciembre de 2005, no se pudo llegar sino al acuerdo genérico de los países industrializados con respecto a la necesidad de “fijar nuevos compromisos de limitación de emisiones más allá de 2012”, así como a una referencia expresa a la necesidad de garantizar su continuidad más allá de 2012. En la COP celebrada en Nairobi en noviembre de 2006 de nuevo tan sólo se llegó al acuerdo de que en 2008 se llevará a cabo una nueva revisión del Protocolo de Kyoto, que podría dar lugar (o no) al año siguiente a la construcción de un régimen post-Kioto.




Sin embargo, la importancia de conocer ahora y en mayor detalle cuál será dicho régimen futuro es determinante, no sólo por motivos ambientales, sino también empresariales.

Los mencionados compromisos genéricos y no vinculantes no resultan suficientes para asegurar un clima propicio para la inversión en nuevas tecnologías y en proyectos de mitigación. La incertidumbre sobre ese régimen parece estar afectando ya al mercado del carbono y a la toma de decisiones de inversión en tecnologías y proyectos más limpios. Las inversiones en el sector de generación eléctrica tienen una vida útil de décadas y, por lo tanto, su periodo de amortización se extiende más allá de 2012. Según un estudio realizado en 2005 por la International Emissions Trading Association (IETA), el 60% del valor de reembolso del capital de una planta de generación eléctrica iniciada hoy tendrá lugar en los años posteriores a 2012.

Particularmente importante en este contexto es identificar bajo qué condiciones y en qué circunstancias tendrán valor con posterioridad al año 2012 las unidades de Kioto procedentes de proyectos de reducción de emisiones que se lleven a cabo en otros países. Esta cuestión resulta muy relevante desde el punto de vista de los potenciales inversores, pues afecta directamente a la rentabilidad de las inversiones ya realizadas o por realizar. Los inversores necesitan estar informados sobre qué escenario post-Kioto es más probable que de lugar a un reconocimiento del valor de mercado de las unidades de Kioto. En este sentido, identificar cuáles de entre los posibles regímenes post-Kioto son compatibles con el depósito de unidades de Kioto del primer al segundo periodo aporta información muy necesaria para los potenciales inversores en estos proyectos.

El estudio presentado aborda esta cuestión, identificando qué escenarios post-Kioto resultan más plausibles para el sector eléctrico europeo, así como el posible impacto de esos escenarios en las decisiones de inversión de este sector. La identificación de estas cuestiones se realizó mediante un proceso de encuesta y entrevistas directas a las principales empresas del sector en Europa.

Principales conclusiones del estudio:

1. La inexistencia de un régimen post-Kioto y, por tanto, la práctica ausencia de señales de precio suficientemente claras para las reducciones de emisiones logradas con posterioridad a 2012, están afectando negativamente a las actuales decisiones empresariales de inversión en actividades de mitigación, incrementando sus primas de riesgo y los costes de financiación. La importancia de conocer ahora y en mayor detalle cuál será dicho régimen futuro es determinante, no sólo por motivos ambientales, sino también empresariales. Resulta prioritario que se establezca cuanto antes el régimen post-Kioto, para asegurar que existe una continuidad en los esfuerzos de reducción de las emisiones.

2. La práctica totalidad de las empresas encuestadas esperan una continuación de las restricciones a las emisiones de carbono con posterioridad a 2012 aunque difieren en su percepción de la forma que podría adoptar un régimen post-Kioto. En todo caso, muchas de las empresas entrevistadas consideran la posibilidad de que no exista un régimen internacional de cumplimiento post-Kioto pero, aún en ese caso, son conscientes de que tendrían que controlar sus emisiones por estar sujetas al Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (SECE).

3. Resulta urgente definir y consensuar a nivel internacional tanto los objetivos de reducción de las emisiones como los instrumentos de mitigación aceptados para su cumplimiento y, en particular, resulta necesario garantizar la continuidad del sistema internacional de comercio de emisiones previsto en el propio Protocolo. Es conveniente en términos ambientales pero también empresariales que la Unión Europea, y España como parte de ella, sigan liderando el proceso de negociación para llegar lo antes posible a un acuerdo internacional de mitigación post-Kioto en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

4. En este contexto de relativa incertidumbre, la actitud predominante entre las empresas eléctricas europeas parece haber sido la de diversificar sus actividades de control de las emisiones (incluyendo la compra de derechos de emisión europeos y la implicación en los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL) en función de los costes de las distintas opciones, junto con un mayor énfasis en las líneas de negocio que son rentables con independencia de la mitigación de las emisiones pero a las cuales la mitigación aporta una razón añadida para su realización (inversión en ciclos combinados de gas y en renovables). Cabe mencionar que la mitad de las empresas encuestadas estima que la energía nuclear podría tomar mayor peso en su mix de generación en el medio plazo (entre el año 2015 y el 2025).

5. La incertidumbre sobre la propia existencia de un régimen post-Kioto y sobre los elementos clave de su diseño (objetivos, posibilidad de comercio de emisiones, distribución de los derechos de emisión) está teniendo, claramente, un efecto desincentivador en la realización de actividades de mitigación que se extiendan mas allá de 2012. Esto, junto con los propios costes de transacción y riesgos asociados a la realización de proyectos de MDL, lleva a la mayoría de las empresas a no implicarse excesivamente en los proyectos del MDL.

En definitiva, la ausencia de objetivos definidos en un futuro régimen post-Kioto está afectando a la financiación de los proyectos de reducción, incrementando las primas de riesgo y los costes de financiación. Si se pretende alcanzar los objetivos planteados en el actual régimen, resulta urgente e imprescindible facilitar a los inversores señales más claras sobre su continuidad.

    [post_title] => Escenarios post-Kioto
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => escenarios_post
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:34
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:34
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/07/escenarios_post.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 1
    [filter] => raw
)

El pasado miércoles presentamos en el IE a la prensa y al sector los resultados de un estudio que desarrollamos hace algunos meses, en colaboración con PricewaterhouseCoopers España, sobre El Entorno Competitivo del Sector Eléctrico Europeo en los Escenarios Post-Kioto (Download file).

El régimen de cumplimiento en el periodo posterior al primero del Protocolo de Kioto (“post-Kioto”) se encuentra actualmente en discusión. El propio Protocolo estableció que las negociaciones sobre los compromisos posteriores al 2012 deberían comenzar como muy tarde en 2005 y acabar en 2005. Aunque, en principio, esta cuestión debiera haberse dilucidado en la Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Montreal en diciembre de 2005, no se pudo llegar sino al acuerdo genérico de los países industrializados con respecto a la necesidad de “fijar nuevos compromisos de limitación de emisiones más allá de 2012”, así como a una referencia expresa a la necesidad de garantizar su continuidad más allá de 2012. En la COP celebrada en Nairobi en noviembre de 2006 de nuevo tan sólo se llegó al acuerdo de que en 2008 se llevará a cabo una nueva revisión del Protocolo de Kyoto, que podría dar lugar (o no) al año siguiente a la construcción de un régimen post-Kioto.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4207
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-07-13 10:00:00
    [post_date_gmt] => 2007-07-13 09:00:00
    [post_content] => Recientemente se ha publicado el último Consenso Económico, un informe trimestral de PricewaterhouseCoopers que analiza la situación y perspectivas de la economía española a partir de las opiniones de un panel de 300 especialistas de empresas, entidades financieras, universidades e instituciones. En esta ocasión, contiene en sus últimas páginas un monográfico con los resultados de una encuesta sobre el problema del cambio climático, en cuyo diseño tuve la oportunidad de participar junto a Rafael Pampillón. Como puede comprobarse en mayor detalle en el archivo descargable (Download file), contiene algunos resultados interesantes que paso a comentar brevemente.


En la respuesta a la primera pregunta, es destacable el consenso entre los encuestados respecto al menor grado de conciencia de las empresas de las economías avanzadas sobre las posibles implicaciones del cambio climático, en comparación con la sociedad civil y los gobiernos de esas mismas economías. De acuerdo con los encuestados, el reconocimiento del problema por parte de nuestras empresas tan sólo se muestra superior al de los gobiernos de las economías emergentes. Si partimos de la base de que las empresas, y el mercado en definitiva, suelen manejar mejor información que los gobiernos y los ciudadanos, estos resultados podrían mostrar cierta desconfianza en el panel de encuestados con respecto al papel que las empresas están dispuestas a asumir en la solución de este problema, de la que sin duda son la pieza clave. Esta conclusión parece consolidarse con la respuesta del panel de encuestados a la segunda cuestión, en la que se les preguntaba por su percepción de un posible cambio de actitud de los anteriores agentes, ciudadanos, gobiernos y empresas de las economías avanzadas, frente a este problema. De nuevo, el resultado se decanta por una mayor proactividad de la sociedad civil, por delante de los poderes públicos y bastante superior a la de las empresas privadas. Sin embargo, la posición de los encuestados se aclara en su respuesta a la tercera pregunta del cuestionario, cuando atribuyen mayoritariamente la responsabilidad del problema a los ciudadanos de las economías avanzadas, culpando de modo implícito a la intensidad energética y material de su patrón de consumo. También se destaca la responsabilidad atribuida a los gobiernos de las economías avanzadas sobre la asignada por los encuestados a las empresas y, como cabía esperar, sobre la atribuida a los gobiernos de los países emergentes.

Tras aproximar las responsabilidades del problema, las siguientes preguntas se enfocan en los medios para su solución. En cuanto a los instrumentos políticos, el consenso se decanta en la cuarta pregunta por el establecimiento de objetivos obligatorios de reducción de emisiones junto a un mercado de permisos negociables como la medida más eficaz para frenar el cambio climático sin deteriorar la competitividad de las economías avanzadas. De cerca le siguen las medidas fiscales y el establecimiento de estándares sobre procesos y productos; los encuestados confían poco en la persuasión pública para el establecimiento de acuerdos voluntarios industriales, que sin embargo han producido notables resultados en algunas experiencias sectoriales. De acuerdo con la respuesta a la quinta pregunta, el fomento de la transferencia de tecnologías limpias desde las economías avanzadas se considera la forma de implicación más apropiada para las economías emergentes en la resolución del problema; sin embargo, una buena parte de los encuestados aboga por el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de obligado cumplimiento para las economías en desarrollo, un escenario poco probable en el actual desarrollo de las negociaciones internacionales sobre esta cuestión.

En su respuesta a la sexta pregunta, los encuestados muestran de nuevo su escepticismo sobre el papel de las empresas en la solución del problema, ya sea porque consideren que no son conscientes (primera pregunta) o que no son responsables (tercera pregunta) del mismo. Así, la gran mayoría opina que las empresas tan sólo están acometiendo cambios en sus actividades de comunicación e imagen, frente a otras alternativas de mayor impacto y pertinencia, como los cambios en sus procesos o productos y en su estrategia de negocio. Desde una perspectiva más optimista, tan sólo una minoría opina que las empresas no están acometiendo ningún cambio, un resultado que hasta cierto punto contradice la respuesta obtenida en la segunda pregunta. La profundidad y la amplitud de los cambios acometidos se consideran incluso menores en el lado de los ciudadanos, según los resultados obtenidos en la séptima cuestión.

En el ámbito de España, una abrumadora mayoría de los encuestados muestra su preocupación sobre un posible impacto negativo del cambio climático en la economía española, sobre todo a medio plazo. Este matiz podría recoger la confianza del panel en la capacidad de nuestra economía y sus empresas para adaptarse a la situación a largo plazo, como constata la respuesta a la décima pregunta, o también su confianza en la mitigación del problema en un horizonte temporal más lejano. Con respecto a las medidas tomadas por los gobiernos españoles frente al cambio climático, la respuesta mayoritaria valora los esfuerzos realizados como positivos pero insuficientes.

    [post_title] => Cambio climático: responsabilidades y soluciones
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => cambio_climatic
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:34
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:34
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/07/cambio_climatic.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 2
    [filter] => raw
)

Recientemente se ha publicado el último Consenso Económico, un informe trimestral de PricewaterhouseCoopers que analiza la situación y perspectivas de la economía española a partir de las opiniones de un panel de 300 especialistas de empresas, entidades financieras, universidades e instituciones. En esta ocasión, contiene en sus últimas páginas un monográfico con los resultados de una encuesta sobre el problema del cambio climático, en cuyo diseño tuve la oportunidad de participar junto a Rafael Pampillón. Como puede comprobarse en mayor detalle en el archivo descargable (Download file), contiene algunos resultados interesantes que paso a comentar brevemente.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4203
    [post_author] => 13668
    [post_date] => 2007-07-09 15:26:18
    [post_date_gmt] => 2007-07-09 14:26:18
    [post_content] => El Parlamento español aprobó recientemente una normativa que obliga a que, en 2010, los biocarburantes supongan el 5,83% del consumo de gasolinas y gasóleos en España, con lo que se cumpliría el objetivo fijado en el Plan de Energías Renovables (PER). Esta medida supone un gran avance para un sector que, pese a las grandes inversiones realizadas y a las buenas perspectivas, no pasa por sus mejores momentos.


En España hay 19 plantas productoras de biocarburantes. De ellas 15 de biodiesel (que se obtiene de plantas oleaginosas como el girasol o la colza y que se puede mezclar o sustituir al gasóelo), y 4 de bioetanol (un alcohol procedente de las caña de azúcar, la remolacha o los cereales que mezclarse o sustituir a la gasolina), pero las previsiones indican a que a finales de año podrían estar funcionando 30 plantas y 50 en 2008. Eso incrementaría notablemente la capacidad productiva, especialmente de biodiesel, puesto que la mayoría de las nuevas plantas serán de este combustible.

Pero el problema es que en España, actualmente, la demanda de biocarburantes es escasa, por lo que una parte sustancial de la producción debe exportarse. ¿Y por qué es escasa la demanda? Pues es difícil aclararse. Por un lado, parece ser que no todos los vehículos están adaptados para usar estos combustibles, aunque la mayoría de ellos podrían usarlos  mezclados. Por otra parte, no existen redes de distribución de los mismos: mientras que en España sólo hay cuatro estaciones de servicio que los distribuyan, en Suecia hay más de 900 y se prevé llegar a las 2.000 en breve. Las gasolineras arguyen que adaptarse para venderlos implica inversiones que oscilan entre 30.000 y 50.000 euros y que, como no hay demanda, porque no hay vehículos preparados, no merece la pena. Y los fabricantes de automóviles, dicen que como no hay gasolineras que vendan biocombustibles, pues la gente no demanda automóviles preparados para consumirlos. En fin, que parece que es la pescadilla que se muerde la cola.

Lo que está claro es que un desarrollo de los biocarburantes, sería muy beneficioso para la economía. No sólo para la industria, sino también para el sector agrícola, ya que permitiría poner  en explotación numerosas tierras baldías y aumentaría las rentas que percibe el campo, en un momento en que la PAC aboga por la eliminación de cultivos excedentarios como la vid.  Y no tendría porque tener efectos inflacionarios sobre los productos alimenticios, puesto que se pueden obtener de cultivos no destinados al consumo humano.  Además, no olvidemos que una parte muy significativa del gigantesco déficit comercial español es atribuible a la importación de productos energéticos, por lo que un mayor consumo de biocarburantes, incidiría en unas menores importaciones y en una reducción de la dependencia energética exterior. Y eso por no hablar de los efectos medioambientales.

El objetivo obligatorio del 5,83% para 2010 (4,25% en 2009 y 1,9% recomendado en 2008), no es muy ambicioso, pero al menos es algo. Sobre todo si lo comparamos con el escaso 0.53% de 2006. Aún así no acabo de entender que es lo que frena al sector. Si las ventajas por todos los lados son tan evidentes, ¿cuál es el problema?, ¿por qué no aumenta el consumo de biocarburantes en España?



    [post_title] => ¿Por qué no funcionan en España los biocarburantes?
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => por_que_no_func
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:55:05
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:55:05
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/07/por_que_no_func.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 11
    [filter] => raw
)

El Parlamento español aprobó recientemente una normativa que obliga a que, en 2010, los biocarburantes supongan el 5,83% del consumo de gasolinas y gasóleos en España, con lo que se cumpliría el objetivo fijado en el Plan de Energías Renovables (PER). Esta medida supone un gran avance para un sector que, pese a las grandes inversiones realizadas y a las buenas perspectivas, no pasa por sus mejores momentos.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4192
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-06-28 10:14:06
    [post_date_gmt] => 2007-06-28 09:14:06
    [post_content] => El concepto de ecoeficiencia fue acuñado en 1992 por las compañías pertenecientes al World Business Council for Sustainable Development. Pretende la creación del mayor valor con el menor impacto ambiental. La ecoeficiencia es en definitiva una filosofía de gestión que permite guiar y medir el desempeño ambiental de las empresas y otros agentes en su actividad económica. La ecoinnovación lleva al progreso de la ecoeficiencia. Consiste en nuevos (o modificados) procesos, técnicas, sistemas, productos y servicios que evitan o reducen el daño ambiental.


Las innovaciones que favorecen al medio ambiente pueden ser catalogadas en dos grandes grupos: (1) tecnologías ambientales “limpiadoras”, como las de etapa final (end-of-pipe, EOP) y otras tecnologías de tratamiento del problema ambiental una vez que éste ya se ha producido; (2) tecnologías ambientales “más limpias”, que implican la búsqueda, ex ante al problema ambiental, de procesos de producción y productos más limpios. La tecnología limpia es preventiva, mientras que la tecnología limpiadora tan sólo es curativa. Actualmente, la mayor parte de las inversiones en equipo para el control de la contaminación en los países industrializados (en torno al 80%) se dedica a tecnologías EOP. El problema de estas “soluciones”, además de su discutible eficacia en términos ambientales, es que son costosas y no añaden valor a los bienes producidos. El segundo grupo, las tecnologías limpias, ofrecen en definitiva mayores beneficios para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Un tercer tipo más amplio de ecoinnovación, que en cierto modo contendría una combinación de los dos grupos anteriores, sería la ecoinnovación sistémica, consistente en amplios cambios en los sistemas de provisión de bienes y servicios y/o en la gestión de los residuos en un país o región.

Los beneficios sociales de la ecoinnovación parecen evidentes. También ayuda a fomentar la competitividad de las empresas. En Europa, competitividad y sostenibilidad se dan la mano en el Plan de Acción de Tecnologías Ambientales (ETAP) adoptado por la Comisión en enero de 2004. Este ambicioso plan, dotado con un presupuesto total de 23.676 millones euros en el período 2004-2008, pretende fomentar las tecnologías ambientales dentro de la UE y globalmente, explotando su potencial tanto para mejorar el medio ambiente como la competitividad en Europa. Adicionalmente, el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013 dedica una quinta parte de su presupuesto total a la promoción de la ecoinnovación. La ecoindustria europea factura en torno a 200 mil millones de euros al año, alrededor de un tercio del mercado mundial, da empleo a cerca de 2 millones de personas y muestra tasas de crecimiento en torno al 5% anual desde mediados de los noventa.

La transición hacia tecnologías más limpias puede ser lenta y costosa, tal vez frustrante en el corto plazo. No muchas empresas podrán permitirse liderar esta transición. Lo que parece evidente es que pocas podrán elegir mantenerse al margen de ella.

    [post_title] => Ecoinnovación
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => ecoinnovacion
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:35
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:35
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/06/ecoinnovacion.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 2
    [filter] => raw
)

El concepto de ecoeficiencia fue acuñado en 1992 por las compañías pertenecientes al World Business Council for Sustainable Development. Pretende la creación del mayor valor con el menor impacto ambiental. La ecoeficiencia es en definitiva una filosofía de gestión que permite guiar y medir el desempeño ambiental de las empresas y otros agentes en su actividad económica. La ecoinnovación lleva al progreso de la ecoeficiencia. Consiste en nuevos (o modificados) procesos, técnicas, sistemas, productos y servicios que evitan o reducen el daño ambiental.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4188
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-06-24 10:00:00
    [post_date_gmt] => 2007-06-24 09:00:00
    [post_content] => El desarrollo sostenible, y la interdependencia entre la economía y el medio ambiente, son conceptos que en los últimos años han provocado un creciente interés entre los poderes políticos, y las sociedades en general, a lo largo del mundo. El debate sobre esta problemática surge en los primeros años 1970 tras la publicación por D. H. Meadows del libro Los Límites del Crecimiento. La discusión, desarrollada y ampliada por otros muchos autores a lo largo de esa década, giraba en torno a si el crecimiento económico continuo llevaba sin remedio a una degradación medioambiental y a un colapso social a escala global. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el desarrollo económico podía ser sostenido ilimitadamente siempre que fuera modificado para tener en cuenta su dependencia en última instancia con el medio ambiente. El concepto de desarrollo sostenible como tal quedó firmemente grabado en la agenda internacional con la publicación en 1987 del informe Our Common Future de la World Commission on Environment and Development. En este documento se acepta, en principio, que los recursos de la Tierra bastan para abastecer las necesidades humanas a largo plazo, siendo los aspectos esenciales a debatir la desigualdad en la distribución territorial de las capacidades naturales de sustentación y el análisis del uso ineficaz e irracional de tales recursos.

Si bien desde entonces las diferentes instituciones internacionales, así como numerosos gobiernos nacionales, vienen dedicando una considerable atención al análisis y desarrollo de “políticas sostenibles”, conviene señalar que aún hoy día no existe entre los economistas un consenso claro sobre cómo formalizar las ideas asociadas con la sostenibilidad.


Así, nos encontramos con que existen docenas de definiciones publicadas en relación a los conceptos de sostenibilidad. La diversidad y los conflictos entre dichas definiciones es evidente, mostrando que la sostenibilidad es un concepto complejo, que todo el mundo está de acuerdo en apoyar pero que nadie alcanza a definir de modo consistente. Sin embargo, tras la mayoría de dichas definiciones podemos encontrar una idea generalmente aceptada: el desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades del presente sin hipotecar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer en su momento sus propias necesidades. Se plantea en definitiva de un trade-off entre el bienestar actual y el bienestar futuro de los miembros de la sociedad.

La búsqueda de una definición operativa o práctica, que permita identificar políticas globales para alcanzar el desarrollo sostenible, choca con dos problemas principales. En primer lugar, la existencia de incertidumbre sobre el futuro: desconocemos hasta qué punto la futura tecnología nos permitirá incrementar la eficiencia en el uso de un mismo stock de recursos. Es decir, existe la posibilidad de que los avances tecnológicos nos permitan en el futuro disfrutar de un nivel de vida equivalente (o superior) al actual utilizando una menor (o igual) cantidad de recursos. Al tiempo, desconocemos el valor que las futuras generaciones otorgarán a los bienes medioambientales: si asumimos que nuestros nietos valorarán el medio ambiente más que nosotros, tendremos una razón adicional para ser conservadores en su uso.

En segundo lugar, la complementariedad entre los recursos medioambientales y los recursos artificiales: utilizar como guía de sostenibilidad el mantenimiento del valor del stock total de capital en el tiempo es incorrecto, ya que numerosos componentes del capital medioambiental (los recursos no renovables) tienen una capacidad natural que no debe ser sobrepasada. Es por tanto necesario medir, además de ese valor del stock total de capital, una serie de indicadores sobre la sostenibilidad de tales recursos. Por otra parte, desconocemos en qué medida los recursos artificiales, desarrollados por el Hombre, pueden llegar a compensar el futuro deterioro o incluso la pérdida de los recursos naturales.

A pesar de estas limitaciones a la hora de definir a un nivel global políticas de sostenibilidad, parece claro que el mantenimiento de la calidad de la dotación de recursos a lo largo del tiempo implica, en la medida en que sea posible, la aceptación de dos normas: por una parte, el uso de los recursos renovables debe producirse a ritmos menores o iguales a su tasa de regeneración natural. En este sentido, se denominan recursos renovables aquellos cuyas existencias pueden crecer o recuperarse si se las permite reproducirse (como un bosque o una especie animal); también se consideran “renovables”, por convención, los recursos de flujo continuo (como la energía solar o la eólica). Por otra parte, el mantenimiento de la dotación nos obliga a perseguir el uso óptimo de los recursos no renovables, sujeto a la sustituibilidad antes mencionada entre los recursos y el progreso tecnológico. Dado que las existencias de estos recursos son limitadas, se trata en este caso de establecer un ritmo de uso óptimo hasta su agotamiento.

En términos aún más precisos, la búsqueda de la integración de la toma de decisiones en materia económica y medioambiental, del desarrollo sostenible en definitiva, ha sido abordada por los gobiernos mediante el establecimiento de diferentes instrumentos económicos (ver tabla), que pretenden la transmisión de las señales apropiadas a los productores y consumidores a través del potente mecanismo de los precios. Obviamente, estos instrumentos económicos no reemplazan a otros medios de acción, como los reglamentos o las normas, sino que se desarrollan en combinación con ellos y se apoyan mutuamente.

En comparación con el creciente número de instrumentos económicos utilizados en las políticas ambientales de las naciones, son pocas las evaluaciones realizadas que permitan obtener conclusiones válidas sobre los resultados de estos esfuerzos. A la escasa tradición existente en la evaluación de la eficiencia de las políticas gubernamentales en todos los ámbitos, se añade en el medioambiental la dificultad que provoca la dispersión de estas responsabilidades y, sobre todo, la complejidad de distinguir la contribución específica de cualquiera de estos instrumentos a la consecución de sus objetivos. Así, no basta con comparar los niveles de contaminación previos y posteriores a su aplicación, ya que un descenso en los registros de la misma puede deberse, por ejemplo, a la evolución de las tecnologías disponibles o a un descenso del nivel general de actividad de la economía. Por último, la falta de datos adecuados es otra importante limitación a la hora de realizar una evaluación del resultado de estas políticas, ya que a menudo es imposible saber qué hubiera sucedido si no se hubiera aplicado la política medioambiental en cuestión.

Pese a estas dificultades ex post, la teoría y los análisis ex ante demuestran la eficiencia y la eficacia de los instrumentos económicos para conseguir integrar las preocupaciones sociales sobre el medio ambiente en el sistema económico, condición necesaria para un desarrollo sostenible.



    [post_title] => Qué es el desarrollo sostenible
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => que_es_el_desar_1
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:35
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:35
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/06/que_es_el_desar_1.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 3
    [filter] => raw
)

El desarrollo sostenible, y la interdependencia entre la economía y el medio ambiente, son conceptos que en los últimos años han provocado un creciente interés entre los poderes políticos, y las sociedades en general, a lo largo del mundo. El debate sobre esta problemática surge en los primeros años 1970 tras la publicación por D. H. Meadows del libro Los Límites del Crecimiento. La discusión, desarrollada y ampliada por otros muchos autores a lo largo de esa década, giraba en torno a si el crecimiento económico continuo llevaba sin remedio a una degradación medioambiental y a un colapso social a escala global. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el desarrollo económico podía ser sostenido ilimitadamente siempre que fuera modificado para tener en cuenta su dependencia en última instancia con el medio ambiente. El concepto de desarrollo sostenible como tal quedó firmemente grabado en la agenda internacional con la publicación en 1987 del informe Our Common Future de la World Commission on Environment and Development. En este documento se acepta, en principio, que los recursos de la Tierra bastan para abastecer las necesidades humanas a largo plazo, siendo los aspectos esenciales a debatir la desigualdad en la distribución territorial de las capacidades naturales de sustentación y el análisis del uso ineficaz e irracional de tales recursos.

Si bien desde entonces las diferentes instituciones internacionales, así como numerosos gobiernos nacionales, vienen dedicando una considerable atención al análisis y desarrollo de “políticas sostenibles”, conviene señalar que aún hoy día no existe entre los economistas un consenso claro sobre cómo formalizar las ideas asociadas con la sostenibilidad.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4170
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-06-05 12:28:18
    [post_date_gmt] => 2007-06-05 11:28:18
    [post_content] => Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, como cada 5 de junio desde 1972, año en que la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En esta ocasión la celebración coincide con algunos movimientos de potencial trascendencia en el debate internacional sobre el principal de los problemas ambientales, el cambio climático global.

Por una parte, el Gobierno de EEUU, primer país emisor de gases de efecto invernadero y contrario a asumir las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto, presentó el pasado jueves su “estrategia de lucha contra el cambio climático”. Si bien el anuncio supone un importante cambio en la actitud en la Administración Bush, el plan ha sido catalogado por los más críticos como una simple “estrategia diplomática” con el fin de eludir una vez más compromisos concretos e imponer una agenda propia al margen de los acuerdos establecidos. En su propuesta, EEUU convoca a una cumbre durante el próximo otoño a los 15 principales países emisores de gases de efecto invernadero, incluyendo a las principales economías emergentes como China e India, de la que con toda seguridad no se derivarán medidas concretas y de obligatorio cumplimiento para los países invitados. La credibilidad del plan estadounidense se resiente al haberse hecho público tan sólo unos días antes de la cumbre del G-8 que comienza mañana, y en la que Merkel pretendía acordar un límite de dos grados en el incremento de la temperatura global y una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero del 50% en el año 2050 frente a los niveles de 1990.


Por otra parte, China, segundo país emisor tras EEUU, aunque exento de obligaciones en el marco de Kioto, también hizo público su propio plan contra el cambio climático en vísperas de la cumbre del G-8, a la que asistirá su presidente Hu Jintao. Tampoco fija compromisos concretos de reducción de sus crecientes emisiones, pero se compromete a controlarlas reduciendo su consumo energético en un 20% en 2010. De nuevo, aunque abre la puerta al optimismo, con este anuncio China refuerza una posición ya conocida, en la que antepone su desarrollo y modernización económica a la asunción de costes ambientales que considera responsabilidad de los países desarrollados.

Parece en definitiva poco probable que la cumbre del G-8 de mañana permita alcanzar, como pretendía Merkel, unos objetivos concretos que pudieran servir de base a las negociaciones que comenzarán a finales de año en el marco de la ONU sobre el llamado período “post-Kioto” (2012 en adelante). Treinta y cinco años después de su creación, el PNUMA no parece pasar por sus mejores momentos.

    [post_title] => Día Mundial del Medio Ambiente
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => dia_mundial_del
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:35
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:35
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/06/dia_mundial_del.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 0
    [filter] => raw
)

Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, como cada 5 de junio desde 1972, año en que la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En esta ocasión la celebración coincide con algunos movimientos de potencial trascendencia en el debate internacional sobre el principal de los problemas ambientales, el cambio climático global.

Por una parte, el Gobierno de EEUU, primer país emisor de gases de efecto invernadero y contrario a asumir las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto, presentó el pasado jueves su “estrategia de lucha contra el cambio climático”. Si bien el anuncio supone un importante cambio en la actitud en la Administración Bush, el plan ha sido catalogado por los más críticos como una simple “estrategia diplomática” con el fin de eludir una vez más compromisos concretos e imponer una agenda propia al margen de los acuerdos establecidos. En su propuesta, EEUU convoca a una cumbre durante el próximo otoño a los 15 principales países emisores de gases de efecto invernadero, incluyendo a las principales economías emergentes como China e India, de la que con toda seguridad no se derivarán medidas concretas y de obligatorio cumplimiento para los países invitados. La credibilidad del plan estadounidense se resiente al haberse hecho público tan sólo unos días antes de la cumbre del G-8 que comienza mañana, y en la que Merkel pretendía acordar un límite de dos grados en el incremento de la temperatura global y una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero del 50% en el año 2050 frente a los niveles de 1990.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4167
    [post_author] => 28818
    [post_date] => 2007-06-02 10:23:22
    [post_date_gmt] => 2007-06-02 09:23:22
    [post_content] => A lo largo de los últimos años se ha consolidado el consenso entre los científicos, los políticos, los empresarios, y la sociedad en su conjunto, con respecto al hecho de que la actividad industrial ha contribuido significativamente al principal de los problemas medioambientales en nuestro planeta, el calentamiento global. Como es bien sabido, este fenómeno amenaza con aumentar la intensidad y variabilidad de los patrones climáticos a los que estamos acostumbrados, incrementando la frecuencia de los potenciales desastres naturales. De acuerdo con el segundo informe del IPPC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas), en América Latina se extremarán las sequías en las zonas con menos lluvias así como las precipitaciones en las zonas más húmedas. Los glaciares desaparecerán y los recursos hídricos disminuirán entre el 10% y el 30% en regiones de latitudes medias y en el trópico húmedo. Como consecuencia, se estima que entre 60 y 150 millones de personas tendrán un difícil acceso al agua potable y que las condiciones higiénicas empeorarán, favoreciendo el desarrollo de enfermedades como el dengue o la malaria. Del mismo modo, se encuentran amenazadas numerosas especies animales y vegetales, incluyendo la propia supervivencia del Amazonas. En cuanto a las consecuencias estrictamente económicas (aunque es fácil entender que los anteriores desastres naturales y humanos también pasarán su factura), la disminución en la disponibilidad de agua afectará seriamente a la generación eléctrica, conducirá a la salinización y desertificación de las tierras agrícolas, y reducirá la productividad del ganado. Evidentemente, todo lo anterior tendrá consecuencias adversas en la seguridad alimentaria de la región. Además del sector agrícola, también se verán afectadas otras actividades económicas basadas en un clima estable y predecible, como es el caso del turismo o los seguros.


Las naciones industrializadas, en las que habita el 20% de la población mundial, son responsables del 60% de las actuales emisiones globales de CO2. Según un informe de la oficina regional de América Latina y el Caribe del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la contribución de América Latina a las emisiones globales fue tan sólo del 7% en el año 2000 y se espera que para el 2050 genere el 9%. Si bien la responsabilidad directa de la región a través de su actividad industrial y económica no parece muy alta, sí está en sus manos frenar la acelerada destrucción de sus extensos bosques y selvas, que actúan como sumideros globales de CO2 cuando permanecen vivos y liberan grandes cantidades cuando son destruidos. El último informe sobre la situación de los bosques en el mundo divulgado por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) constata que entre 1999 y 2005 se perdieron 64 millones de hectáreas boscosas en América Latina y el Caribe, principalmente como resultado de la conversión de los bosques en tierras agrícolas. Evidentemente, resulta necesario invertir esta tendencia.

Frente a las anteriores amenazas, América Latina, se considere o no parte responsable de este problema global, debería aprovechar el nuevo escenario mundial como una oportunidad para transformar la economía de la región. Por una parte, debería sacar el máximo partido de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) contemplados en el protocolo de Kioto. Esta fórmula permite a las empresas de las naciones industrializadas cumplir parcialmente con sus cuotas de reducción de emisiones mediante inversiones en proyectos limpios en países en desarrollo. Los MDL constituyen al tiempo una oportunidad de negocio para ambas partes y una interesante vía para incorporar tecnologías limpias a los sistemas energéticos e industriales de la región receptora de la inversión. Al tiempo, existe una excelente oportunidad económica y ambiental en una agresiva expansión de la producción de biocombustibles, que podría atraer inversión, desarrollo y trabajo a las zonas agrícolas, al tiempo que reduciría la dependencia de los combustibles fósiles importados y ayudaría a dar respuesta al crecimiento en la demanda de energía en la región, estimado en un 75% para el año 2030 por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Aunque 27 gobiernos latinoamericanos han ratificado el protocolo de Kioto y algunos de ellos han desarrollado estrategias específicas para mitigar el problema del cambio climático, la mayor parte de la región no dispone de planes de acción a medio y largo plazo. Los dirigentes de América Latina pueden encontrar más importante y urgente resolver sus actuales problemas económicos y sociales, relegando a un segundo plano la toma de decisiones en materia ambiental. Pueden argumentar, no sin falta de razón, que el cambio climático es en su mayor parte responsabilidad de las economías ricas y esperar a que aquéllas asuman su coste. Sin embargo, la paradoja reside en que las consecuencias del calentamiento global se harán sentir en primer lugar y de modo más dramático sobre los países más vulnerables en términos sociales y económicos, afectando a sus condiciones de vida y a sus niveles de renta en mayor medida que a las naciones ricas, retrasando en definitiva su deseada convergencia real con estas últimas. América Latina no se puede permitir una nueva “década perdida”, y aún menos permanecer impasible frente a las consecuencias del cambio climático sobre la región, cuando el retroceso en su convergencia real con las economías más avanzadas podría ir esta vez bastante más allá de una década.

    [post_title] => América Latina: cambio climático y convergencia real
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => america_latina_1
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:42:35
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:42:35
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/06/america_latina_1.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 1
    [filter] => raw
)

A lo largo de los últimos años se ha consolidado el consenso entre los científicos, los políticos, los empresarios, y la sociedad en su conjunto, con respecto al hecho de que la actividad industrial ha contribuido significativamente al principal de los problemas medioambientales en nuestro planeta, el calentamiento global. Como es bien sabido, este fenómeno amenaza con aumentar la intensidad y variabilidad de los patrones climáticos a los que estamos acostumbrados, incrementando la frecuencia de los potenciales desastres naturales. De acuerdo con el segundo informe del IPPC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas), en América Latina se extremarán las sequías en las zonas con menos lluvias así como las precipitaciones en las zonas más húmedas. Los glaciares desaparecerán y los recursos hídricos disminuirán entre el 10% y el 30% en regiones de latitudes medias y en el trópico húmedo. Como consecuencia, se estima que entre 60 y 150 millones de personas tendrán un difícil acceso al agua potable y que las condiciones higiénicas empeorarán, favoreciendo el desarrollo de enfermedades como el dengue o la malaria. Del mismo modo, se encuentran amenazadas numerosas especies animales y vegetales, incluyendo la propia supervivencia del Amazonas. En cuanto a las consecuencias estrictamente económicas (aunque es fácil entender que los anteriores desastres naturales y humanos también pasarán su factura), la disminución en la disponibilidad de agua afectará seriamente a la generación eléctrica, conducirá a la salinización y desertificación de las tierras agrícolas, y reducirá la productividad del ganado. Evidentemente, todo lo anterior tendrá consecuencias adversas en la seguridad alimentaria de la región. Además del sector agrícola, también se verán afectadas otras actividades económicas basadas en un clima estable y predecible, como es el caso del turismo o los seguros.

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4159
    [post_author] => 13668
    [post_date] => 2007-05-25 14:01:20
    [post_date_gmt] => 2007-05-25 13:01:20
    [post_content] => El  gobierno laborista británico presentó esta semana un borrador  del documento que definirá su estrategia energética durante los próximos  40 años. En él se plantean dos objetivos básicos: reducir su dependencia enérgica exterior y luchar contar el cambio climático. En lo referente a la dependencia, el gobierno británico es consciente  de que la  producción de petróleo y gas en sus yacimientos del Mar de Norte empieza a estar en franca regresión, por lo que cada vez necesitará  abastecerse en los mercados internacionales en mayor medida. Esto  implica un riesgo estratégico y económico, por la falta de estabilidad de muchos países productores y porque algunos de ellos quieren convertir su producción de hidrocarburos en  una poderosa arma política (el mejor ejemplo lo tenemos en los intentos de Irán y Rusia de cartelizar el mercado gasístico, mediante la creación de una OPEP del gas).


Y en lo referente al cambio climático,  también se muestra preocupado por emisiones de CO2. No olvidemos que el gobierno británico fue el patrocinador del  famoso Informe Stern, en el que se cuantificaban los inmensos efectos económicos que el cambio climático va a producir. Tampoco hay que olvidar, que el precio del petróleo es un poderoso argumento para apostar por la energía de origen nuclear. Desde mediados de enero está subiendo y ya ha vuelto a situarse por encima de los 70$/ barril, debido a  las tensiones geopolíticas desatadas por la continuación del programa nuclear iraní.

Para reducir su dependencia exterior y combatir el cambio climático, Londres apuesta por  una mayor eficiencia energética y por un aumento del peso de las energías renovables, que deberían suponer el 20% de la generación eléctrica en 2020. Pero también por el uso de la energía nuclear. Actualmente el Reino Unido cuenta con 19 reactores nucleares, que producen el 18% de su energía primaria y que deberían ir cerrando de aquí a 2025. Todo indica que se prolongarán los permisos de explotación y que se procederá a la construcción de nuevos reactores que los sustituyan.

Pero no es sólo el gobierno británico el que se replantea la opción nuclear. Finlandia y Francia están construyendo reactores y otros países como Alemania  han decidido no desmantelar sus instalaciones nucleares. En España, el Gobierno se ha mostrado abiertamente en contra de reactivar la opción nuclear y mantiene su intención de ir cerrando las centrales nucleares a medida que vayan venciendo sus permisos de explotación, por lo que en los próximos años iremos viendo como la energía de origen nuclear, que actualmente supone algo más del 20%  de la generación eléctrica, irá perdiendo peso.

¿Se debe considerar  la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles para reducir las emisiones a la atmósfera de gases productores del efecto invernadero? ¿Debe apostar España al igual que otros países europeos por la energía nuclear? A pesar de sus menores efectos contaminantes, ¿no supone un riesgo la gestión de sus residuos? ¿Qué debemos hacer?


    [post_title] => ¿Es la energía nuclear la solución?
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => es_la_energia_n
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:55:06
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:55:06
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/05/es_la_energia_n.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 6
    [filter] => raw
)

El gobierno laborista británico presentó esta semana un borrador del documento que definirá su estrategia energética durante los próximos 40 años. En él se plantean dos objetivos básicos: reducir su dependencia enérgica exterior y luchar contar el cambio climático. En lo referente a la dependencia, el gobierno británico es consciente de que la producción de petróleo y gas en sus yacimientos del Mar de Norte empieza a estar en franca regresión, por lo que cada vez necesitará abastecerse en los mercados internacionales en mayor medida. Esto implica un riesgo estratégico y económico, por la falta de estabilidad de muchos países productores y porque algunos de ellos quieren convertir su producción de hidrocarburos en una poderosa arma política (el mejor ejemplo lo tenemos en los intentos de Irán y Rusia de cartelizar el mercado gasístico, mediante la creación de una OPEP del gas).

Seguir leyendo…

WP_Post Object
(
    [ID] => 4137
    [post_author] => 13668
    [post_date] => 2007-05-02 10:19:47
    [post_date_gmt] => 2007-05-02 09:19:47
    [post_content] => Apenas dos semanas después de la Cumbre Energética de Isla Margarita, este fin de semana se celebró en la localidad venezolana de Barquisimeto la cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), con Chávez nuevamente como anfitrión. Además de la verborrea y de los insultos a los que nos tiene acostumbrados, el comandante venezolano anunció su intención de garantizar la totalidad del suministro energético de sus socios. Nicaragua, Cuba, Bolivia y Haití, que no forma parte del ALBA, pero que también se beneficiará del acuerdo, así como otros pequeños territorios del Caribe, verán además financiada el 50% de su factura petrolera, constituyéndose con parte de ese importe un fondo que invertirá en proyectos sociales y económicos en su territorio.

La oferta no puede ser más tentadora y no es de extrañar que haya sido recibida con entusiasmo por parte de sus destinatarios. Con esta suerte de petropopulismo, Chávez pretende sumar voluntades y dar contenido a su particular modelo de integración regional, fundado a finales de 2004 por Venezuela y  Cuba como respuesta al ALCA promovido por Washington, y al que posteriormente se han incorporado Bolivia y Nicaragua.

Tras la cumbre y coincidiendo con las celebraciones del primero de mayo, Chávez anunció que Venezuela se retira del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, una vez saldada hace pocas semanas la deuda que mantenía con ambos organismos. Como alternativa plantea la creación, junto a Argentina, del denominado Banco del Sur, una institución financiera que se encargaría de proveer crédito a los países que la integraran.



Como en tantos otros aspectos, en materia de integración regional es difícil entender el rumbo que ha tomado Venezuela. Hace aproximadamente un año, abandonó la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para incorporarse a MERCOSUR. En la cumbre de Isla Margarita apadrinó la refundación de la Unión Suramericana de Naciones, al tiempo que pretende extender  el ALBA a países como Ecuador o Haití. Por otra parte, desde hace tiempo viene amenazando con abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerarla subordinada a los intereses de Washington.

También ayer mismo, Chávez avanzaba en su proyecto de construcción del socialismo del siglo XXI, escenificando la toma de control de la Faja del Orinoco. Se trata de un territorio rico en crudos extrapesados que podría albergar una de  las mayores reservas petrolíferas mundiales, y en el que las multinacionales ya presentes, para poder seguir operando, han tenido que constituir sociedades mixtas en las que la estatal PDVSA es mayoritaria.

Con la agenda de la Casa Blanca totalmente volcada en Oriente Medio, Chávez pretende llenar el vacío dejado por  Washington en la región, liderando un nuevo escenario político, económico y energético mediante  instituciones multilaterales de nuevo cuño subordinadas a sus intereses. Para financiar su política, cuenta con los ingentes ingresos que obtiene por sus ventas de crudo. “Es fácil ser populista con la chequera llena”, sintetizaba el ex presidente chileno Lagos, al ser preguntado al respecto.  Pero, ¿qué pensáis vosotros del petropopulismo? ¿Hace bien Chávez financiando las compras energéticas de sus aliados ideológicos? ¿Es necesario  crear instituciones nuevas en América Latina?


    [post_title] => Petropopulismo
    [post_excerpt] => 

    [post_status] => publish
    [comment_status] => open
    [ping_status] => closed
    [post_password] => 
    [post_name] => petropopulismo
    [to_ping] => 
    [pinged] => 
    [post_modified] => 2023-12-13 13:55:06
    [post_modified_gmt] => 2023-12-13 12:55:06
    [post_content_filtered] => 
    [post_parent] => 0
    [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/05/petropopulismo.php
    [menu_order] => 0
    [post_type] => post
    [post_mime_type] => 
    [comment_count] => 3
    [filter] => raw
)

Apenas dos semanas después de la Cumbre Energética de Isla Margarita, este fin de semana se celebró en la localidad venezolana de Barquisimeto la cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), con Chávez nuevamente como anfitrión. Además de la verborrea y de los insultos a los que nos tiene acostumbrados, el comandante venezolano anunció su intención de garantizar la totalidad del suministro energético de sus socios. Nicaragua, Cuba, Bolivia y Haití, que no forma parte del ALBA, pero que también se beneficiará del acuerdo, así como otros pequeños territorios del Caribe, verán además financiada el 50% de su factura petrolera, constituyéndose con parte de ese importe un fondo que invertirá en proyectos sociales y económicos en su territorio.

La oferta no puede ser más tentadora y no es de extrañar que haya sido recibida con entusiasmo por parte de sus destinatarios. Con esta suerte de petropopulismo, Chávez pretende sumar voluntades y dar contenido a su particular modelo de integración regional, fundado a finales de 2004 por Venezuela y Cuba como respuesta al ALCA promovido por Washington, y al que posteriormente se han incorporado Bolivia y Nicaragua.

Tras la cumbre y coincidiendo con las celebraciones del primero de mayo, Chávez anunció que Venezuela se retira del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, una vez saldada hace pocas semanas la deuda que mantenía con ambos organismos. Como alternativa plantea la creación, junto a Argentina, del denominado Banco del Sur, una institución financiera que se encargaría de proveer crédito a los países que la integraran.

Seguir leyendo…