Archivo de la Categoría ‘Energía, medio ambiente y cambio climático’

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    [post_content] => La semana pasada se celebró en Bangkok la primera de las cuatro rondas de negociación internacional sobre cambio climático que tendrán lugar durante 2008, arrancando así el programa de trabajo que se acordó el pasado mes de diciembre en Bali. "The train to Copenhagen has left the station", exclamó a su conclusión Yvo de Boer, secretario ejecutivo del United Nations Framework Convention on Climate Change, curiosamente en línea con el título del post publicado en diciembre en este blog [1].

La siguiente ronda tendrá lugar en junio en Bonn, y en ella se discutirá el establecimiento de medidas para la adaptación al cambio climático, el desarrollo y transferencia de tecnologías limpias, y el establecimiento de esquemas de financiación e inversión en apoyo de las anteriores medidas. En Ghana, durante el mes de agosto, se abordará el problema de la deforestación. Finalmente en diciembre, durante la Conferencia de las Partes (COP) que tendrá lugar en Poznan (Polonia), se ofrecerá un informe sobre los progresos alcanzados en el curso de 2008. El próximo año será aún más intenso, también con cuatro reuniones programadas, pero de mayor duración. Todo ello con el objetivo final de alcanzar un acuerdo en Copenhague en diciembre de 2009 entre las 192 partes de la UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sobre el plan de acción a partir del 2012, fecha en la que expira el actual Protocolo de Kioto.


Los delegados de más de 160 países reunidos en Tailandia despejaron, por fin, la incertidumbre que destacábamos en el estudio sobre los escenarios post-Kioto presentado el pasado verano en el IE [2]. El mercado de carbono, establecido en el Protocolo de Kioto, se mantendrá más allá del año 2012, así como los mecanismos de Desarrollo Limpio y Aplicación Conjunta, que permiten a las naciones industrializadas financiar proyectos en naciones en desarrollo y en transición como un medio para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones.

Además de este importante avance, y de la inclusión del transporte aéreo y marítimo entre los sectores con objetivos de reducción de emisiones, el protagonismo en Bangkok se lo llevó una polémica propuesta lanzada por Japón. Apartándose del esquema original de Kioto, que como es bien sabido expresa los compromisos de emisiones en términos nacionales, la delegación nipona puso sobre la mesa la necesidad de trasladar esos compromisos a un esquema sectorial. Lo cierto es que esta propuesta no es nueva, y tiene bastante sentido económico. Bajo el esquema actual, las diferencias entre los niveles de compromiso de los distintos países, así como en los modos en que aquéllos se traducen en compromisos de sus respectivas empresas nacionales, pueden introducir importantes distorsiones en la competencia internacional entre empresas de un mismo sector. Sin embargo, se trata de un enfoque relativamente reciente que tiene otros problemas y en cuyos detalles sería necesario trabajar. No está claro, por ejemplo, hasta qué punto este enfoque sería compatible con el comercio de emisiones.

En cualquier caso, la propuesta de Japón chocó con la oposición frontal de los delegados del Grupo de los 77, que representa a los países en desarrollo, incluyendo a China. Los países más pobres no han adquirido hasta el momento compromisos obligatorios, pero las emisiones de algunas economías emergentes crecen tan rápido que amenazan compensar las reducciones propuestas para el resto del mundo [3]. Como ya hemos discutido anteriormente en este blog [4], el avance de estas conversaciones internacionales depende de una compleja asignación de responsabilidades y cargas entre las economías ricas y pobres.

El G77 defendió vehementemente que el esquema sectorial no ayudaría a las economías industrializadas a mejorar el cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones, al tiempo que consideró la propuesta japonesa una manera velada de obligar a las economías pobres a asumir compromisos obligatorios y costosas inversiones fuera de su alcance. Finalmente, tras 14 horas de discusión, Japón aceptó excluir su controvertida propuesta de la agenda de Bonn, aunque será retomada en Ghana durante la reunión del próximo agosto.

Algunos participantes declararon al final de la reunión en Bangkok que esta controversia estuvo a punto de dar al traste con los avances logrados en Bali. Esperemos que el tren no descarrile en Ghana.

    [post_title] => El tren de Bali a Copenhague parte desde Bangkok
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La semana pasada se celebró en Bangkok la primera de las cuatro rondas de negociación internacional sobre cambio climático que tendrán lugar durante 2008, arrancando así el programa de trabajo que se acordó el pasado mes de diciembre en Bali. «The train to Copenhagen has left the station», exclamó a su conclusión Yvo de Boer, secretario ejecutivo del United Nations Framework Convention on Climate Change, curiosamente en línea con el título del post publicado en diciembre en este blog [1].

La siguiente ronda tendrá lugar en junio en Bonn, y en ella se discutirá el establecimiento de medidas para la adaptación al cambio climático, el desarrollo y transferencia de tecnologías limpias, y el establecimiento de esquemas de financiación e inversión en apoyo de las anteriores medidas. En Ghana, durante el mes de agosto, se abordará el problema de la deforestación. Finalmente en diciembre, durante la Conferencia de las Partes (COP) que tendrá lugar en Poznan (Polonia), se ofrecerá un informe sobre los progresos alcanzados en el curso de 2008. El próximo año será aún más intenso, también con cuatro reuniones programadas, pero de mayor duración. Todo ello con el objetivo final de alcanzar un acuerdo en Copenhague en diciembre de 2009 entre las 192 partes de la UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sobre el plan de acción a partir del 2012, fecha en la que expira el actual Protocolo de Kioto.

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    [post_date] => 2008-03-17 09:00:00
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    [post_content] => En mi último post aludía al fuerte crecimiento de la inversión mundial en energías renovables, que rompió el techo de los 100.000 millones de US$ en 2007, con un incremento del 40% con respecto al año anterior. Destacan el mercado asiático y el latinoamericano, en la generación eólica y los biocombustibles. Fuera de los países emergentes, el mercado estadounidense también se muestra muy atractivo, con un marco legislativo estable y crecientemente comprometido con las renovables, que ofrece abundantes incentivos fiscales a nivel federal para su promoción.

En el rally de la inversión mundial en renovables hacia estos destinos, las grandes compañías energéticas españolas no se quedan ni mucho menos a la zaga.


El plan estratégico 2008-2010 de IBERDROLA contempla una consolidación de su posición en América Latina, aunque afirma no perder de vista las oportunidades que puedan surgir en la región, fundamentalmente en México y Brasil. En este último país planea inversiones por 600 millones de € para poner en marcha 150 megavatios (MW) hidráulicos antes de 2010. Mucho más voraz se muestra en EEUU, donde se ha establecido en tiempo record como segundo productor de energía renovable, gracias a la adquisición de Scottish Power. A reforzar este liderazgo prevé dedicar 4.600 millones de €, más de la mitad de su esfuerzo inversor en renovables durante el período. El plan de expansión en América Latina en energías renovables de UNIÓN FENOSA, que actualmente cuenta con 950 MW de ese origen en la zona, prevé inversiones hasta 2011 por 1.650 millones de €. Concretamente en México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil, para poner en marcha 1.400 MW, el 55% de origen eólico y el 45% restante hidráulico. ENDESA por su parte anuncia en su plan estratégico 2005-2009 inversiones 1.900 millones de € hasta 2009 en el desarrollo 2.505 nuevos MW para su parque de generación de energías renovables. En América Latina prevé desarrollar nuevas iniciativas en los países en los que ya opera e incide en la oportunidad de los mecanismos de flexibilidad para cumplir con el Protocolo de Kioto. ACCIONA, con una cartera de proyectos de 12.500 millones de €, espera que la buena posición de Endesa le abra las puertas en la región.

De acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la demanda de energía en América Latina crecerá en un 75% para el año 2030. En alguna contribución reciente aludía a los riesgos y oportunidades de esta progresión. Otras señales desde el lado de la oferta también apuntan en esa dirección. Sin duda, la apuesta de las empresas energéticas españolas por las renovables en Latinoamérica promete beneficios para todas las partes.

    [post_title] => El rally de las renovables
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En mi último post aludía al fuerte crecimiento de la inversión mundial en energías renovables, que rompió el techo de los 100.000 millones de US$ en 2007, con un incremento del 40% con respecto al año anterior. Destacan el mercado asiático y el latinoamericano, en la generación eólica y los biocombustibles. Fuera de los países emergentes, el mercado estadounidense también se muestra muy atractivo, con un marco legislativo estable y crecientemente comprometido con las renovables, que ofrece abundantes incentivos fiscales a nivel federal para su promoción.

En el rally de la inversión mundial en renovables hacia estos destinos, las grandes compañías energéticas españolas no se quedan ni mucho menos a la zaga.

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    [post_date] => 2008-03-12 12:59:15
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    [post_content] => Hay escasez de combustible en 3 países de América Latina: Argentina, Venezuela y en México. Son países productores, exportadores y con reservas de petróleo, pero donde la energía escasea y tienen que importar una buena parte de lo que consumen. Esta es la paradoja de estos 3 países productores de crudo que tienen en común insuficientes refinerías, una gasolina demasiado barata y bastante corrupción (según los indicadores de Transparencia Internacional).

Venezuela es el noveno productor mundial de petróleo y el sexto exportador. Pero también importa gasolina, por falta de capacidad de sus refinerías. Las cifras de producción son distintas según que la fuente sea Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la OPEP. Pero la realidad es que Venezuela no se ha repuesto de la huelga de la industria del petróleo de finales de 2002 y principios de 2003, que intentó acabar con el gobierno de Chávez.

Pero Chávez ganó el pulso, y en represalia despidió a 18.000 huelguistas, entre ellos buena parte de los mandos, lo cual ha hecho que PDVSA tenga dificultades para desempeñar su misión.


Chávez decretó la nacionalización del sector el año pasado, lo cual ha hecho que reine la incertidumbre entre las compañías extranjeras que extraen petróleo. La falta de inversiones, la carencia de mandos y la corrupción contribuyen a que la producción no despegue. El precio equivalente a). El precio de la gasolina, 0,03 euros el litro, es muy llamativo si se lo compara con el de otros productos básicos; por ejemplo, el litro de leche cuesta al venezolano el equivalente de 0,75 euros y el litro de agua, 0,79.

En Argentina, pasa algo parecido y la presidenta (Cristina Fernández) ha decidido un plan de castigo a industrias y particulares si no disminuyen el consumo de energía. También promete Cristina restricciones a la iluminación de calles y edificios públicos y una limitación de oferta de gas natural comprimido para coches por un período de dos o tres meses. A estas medidas se suman el aumento del precio del gas exportado a Chile y cortes temporales en el suministro de gas y electricidad a la industria.

La mayoría de estas medidas ya fue implementada durante la administración de su marido el ex presidente, Néstor Kirchner, pero la gente sigue consumiendo igual que siempre porque los precios de los combustibles se mantienen bajos mientras los demás bienes ya han aumentado sus precios en 100%.

A México le falta eficiencia en el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y también faltan recursos financieros para la petrolera estatal Pemex para refinar petróleo.  En México el 20% del gas natural que consumen los mexicanos es importado y se prevé que llegue a 40% porque el país no cuenta con la energía suficiente para sostener su tasa de crecimiento. Ante esta realidad, el gran punto de conflicto es, por ahora, la intención de privatizar la estatal Pemex o  permitir que PEMEX pueda hacer alianzas con empresas privadas para mejorar su financiación y su tecnología. Hay que considerar que la industria petrolera mexicana está en decadencia y la producción está cayendo y no se está haciendo nada para resolverlo.

El presidente Calderón ha puesto a la reforma energética como una de sus principales prioridades para este año. Pero los acontecimientos de las últimas semanas sugieren que las probabilidades de que la iniciativa sea aprobada son bajas. Mientras esta estrategia no se ponga en práctica, lo más probable es que Pemex acabe importando crudo para refinar y reemplazar así el porcentaje de reservas que no puede extraer porque no tiene capacidad tecnológica. PEMEX no cuenta con la tecnología suficiente para hacer trabajos de exploración en aguas profunda. Y como no se hacen las reformas la producción mexicana de petróleo ha caído constantemente tras alcanzar su techo de 3,4 millones de barriles diarios en 2003 y se estima que descenderá a 2,8 millones de barriles diarios para fines de este año. Si la tendencia continúa, México probablemente dejará de exportar petróleo dentro de siete años y no se debe olvidar que un 35% de los ingresos de divisas de México provienen de las exportaciones de crudo.

Por si sirve de consuelo (mal de muchos consuelo de tontos): Irán y Nigeria son también países que exportan petróleo, pero importan gasolina.

Fuente: Aceprensa y América Economía 








    [post_title] => Países productores de petróleo con problemas de energía.
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Hay escasez de combustible en 3 países de América Latina: Argentina, Venezuela y en México. Son países productores, exportadores y con reservas de petróleo, pero donde la energía escasea y tienen que importar una buena parte de lo que consumen. Esta es la paradoja de estos 3 países productores de crudo que tienen en común insuficientes refinerías, una gasolina demasiado barata y bastante corrupción (según los indicadores de Transparencia Internacional).

Venezuela es el noveno productor mundial de petróleo y el sexto exportador. Pero también importa gasolina, por falta de capacidad de sus refinerías. Las cifras de producción son distintas según que la fuente sea Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la OPEP. Pero la realidad es que Venezuela no se ha repuesto de la huelga de la industria del petróleo de finales de 2002 y principios de 2003, que intentó acabar con el gobierno de Chávez.

Pero Chávez ganó el pulso, y en represalia despidió a 18.000 huelguistas, entre ellos buena parte de los mandos, lo cual ha hecho que PDVSA tenga dificultades para desempeñar su misión.

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    [post_content] => De acuerdo con un estudio de la consultora New Energy Finance (NEF) publicado el pasado mes de enero, la inversión mundial en energías renovables alcanzó una cifra de 117.200 millones de dólares (79.603 millones de euros) en 2007, lo que supuso un crecimiento del 41% con respecto al año anterior. Esta tendencia promete consolidarse en un contexto de crecientes precios del petróleo y crecientes esfuerzos para el fomento de las renovables por parte de las naciones industrializadas comprometidas con la reducción de sus emisiones de CO2.

Este crecimiento del volumen de negocio se está viendo acompañado por una no menos dinámica transformación de la estructura del sector, que está asistiendo a una progresiva concentración de la propiedad de compañías antes independientes en manos de grandes multinacionales. El mayor tamaño de los participantes en la industria de las energías renovables impulsa a su vez la búsqueda de nuevas oportunidades en mercados emergentes.


El informe de NEF destaca para el ejercicio 2008 las oportunidades en el mercado asiático y el latinoamericano en la generación eólica y los biocombustibles. La inversión en energía eólica en Asia y Oceanía ascendió a unos 5.700 millones en 2007, superando los 4.400 millones en el continente americano. Las dinámicas economías asiáticas necesitan desesperadamente nuevas fuentes de energía; en un post de hace unos meses en este blog aludíamos a un informe del Worldwatch Institute que mostraba un pujante y prometedor sector de energías renovables en China. Según este informe, es probable que la nación alcance, e incluso supere, su objetivo de obtener un 15% de su energía a partir de fuentes renovables en el año 2020. Más allá, si perdura el compromiso oficial de diversificar su aprovisionamiento energético y convertirse en un líder global en renovables, más del 30% de su generación podría ser de este origen hacia el 2050.

América Latina por su parte envía señales algo más confusas a los inversores internacionales. El modelo energético latinoamericano está siendo en los últimos tiempos objeto de evaluaciones internas y críticas a diferentes niveles. En particular, se critica la falta de aprovechamiento del enorme potencial de la región para desarrollar energías renovables, la insuficiencia de sus marcos regulatorios y apoyos públicos, e incluso el desconocimiento por parte de los propios países de los recursos con los que cuentan. La principal limitación de la región se encuentra en el escaso volumen de los proyectos, que con frecuencia presentan elevados costes de inversión y escasos incentivos. Encontramos notables excepciones en Brasil, uno de los líderes mundiales en biomasa, o Chile, cuya generación de energía hidráulica cubre el 7% del consumo energético nacional. México por su parte ha establecido un Foro de Evaluación de las Energías Renovables dentro de su Comisión Nacional de Ahorro de Energía.

En cualquier caso, como en alguna ocasión anterior he destacado en este blog, América Latina debería aprovechar el nuevo escenario mundial abierto tras Kioto como una oportunidad para desarrollar estas fuentes renovables, transformar su modelo energético y con ello el futuro económico de la región.

    [post_title] => Renovables y emergentes
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De acuerdo con un estudio de la consultora New Energy Finance (NEF) publicado el pasado mes de enero, la inversión mundial en energías renovables alcanzó una cifra de 117.200 millones de dólares (79.603 millones de euros) en 2007, lo que supuso un crecimiento del 41% con respecto al año anterior. Esta tendencia promete consolidarse en un contexto de crecientes precios del petróleo y crecientes esfuerzos para el fomento de las renovables por parte de las naciones industrializadas comprometidas con la reducción de sus emisiones de CO2.

Este crecimiento del volumen de negocio se está viendo acompañado por una no menos dinámica transformación de la estructura del sector, que está asistiendo a una progresiva concentración de la propiedad de compañías antes independientes en manos de grandes multinacionales. El mayor tamaño de los participantes en la industria de las energías renovables impulsa a su vez la búsqueda de nuevas oportunidades en mercados emergentes.

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    [post_content] => Environmental sustainability and its subsequent social benefits have long been regarded by many businesses as necessary evil that translates directly into fewer profits. The conventional approach to protecting natural resources from industrial activity comprises a raft of restrictive regulations, taxes and fines aimed at steering firms in the most “environmentally appropriate” direction. Hence, the environment has often been perceived by the corporate world as a source of costs and risks that need to be minimised, or, in the worst cases, as a reason to cover up certain practices. The resulting showdown between public and private interests is markedly influenced by the way their somewhat static and unidimensional respective visions of the problem have been formed.


Given this scenario the regulator could be forgiven to for being tempted to take the easy option of protecting the environment at source, imposing absolute or relative limits on the exploitation of endangered natural resources, overseen by government bodies that are not always effective. The slightly more complicated alternative is to introduce coercive measures (e.g. fines, taxes, permits) that oblige firms to assume the cost of reparation in order to dissuade environmentally damaging behaviour, or for government agencies to persuade the business community to become more socially responsible by means of subsidies, tax allowances and other incentives.

Most businesspeople tend to respond to these measures reactively, adhering to regulations on a minimal basis in the belief that this is the only way to protect their profit margins. The overall effect is negative. Prohibition of a resource, for example, leaves no incentive for companies to evaluate the (legal) viability of sustainable exploitation, while coercive and persuasive environmental measures are often given no more than a cursory glance in business plans, the only aim being to minimize taxes and fines and maximise subsidies and allowances.

In short, the actions of government agencies and subsequent reactions of business organisations both tend to fuel the conventional idea of two opposing fronts: environmental sustainability versus business competitiveness. This is because both regulators and companies tend to overlook the possibilities and benefits of eco-innovation.

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Environmental sustainability and its subsequent social benefits have long been regarded by many businesses as necessary evil that translates directly into fewer profits. The conventional approach to protecting natural resources from industrial activity comprises a raft of restrictive regulations, taxes and fines aimed at steering firms in the most “environmentally appropriate” direction. Hence, the environment has often been perceived by the corporate world as a source of costs and risks that need to be minimised, or, in the worst cases, as a reason to cover up certain practices. The resulting showdown between public and private interests is markedly influenced by the way their somewhat static and unidimensional respective visions of the problem have been formed.

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    [post_content] => Hace unos días fui entrevistado por Universia Knowledge@Wharton con respecto a la creciente euforia por comprar renovables en bolsa. Como se puede comprobar, el texto de la entrevista es extenso y poco más podría añadir en este blog a lo sugerí entonces (aunque no estoy del todo satisfecho con la transcripción de mis palabras). Remito por lo tanto a nuestros lectores interesados en este tema a la lectura de ese artículo y les animo a compartir opiniones a continuación de este post.

Creo que el planteamiento de partida del artículo, aunque algo extremo, puede ser sugerente: ¿nos encontramos ante una burbuja bursátil en las renovables similar a la de las puntocom en el 2000?

    [post_title] => ¿Hay una burbuja bursátil en las renovables?
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Hace unos días fui entrevistado por Universia Knowledge@Wharton con respecto a la creciente euforia por comprar renovables en bolsa. Como se puede comprobar, el texto de la entrevista es extenso y poco más podría añadir en este blog a lo sugerí entonces (aunque no estoy del todo satisfecho con la transcripción de mis palabras). Remito por lo tanto a nuestros lectores interesados en este tema a la lectura de ese artículo y les animo a compartir opiniones a continuación de este post.

Creo que el planteamiento de partida del artículo, aunque algo extremo, puede ser sugerente: ¿nos encontramos ante una burbuja bursátil en las renovables similar a la de las puntocom en el 2000?

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En el lado positivo de la balanza, la conferencia de Bali ha cumplido su principal objetivo: lanzar negociaciones formales durante los próximos dos años entre las 192 partes de la UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) para concluir en un plan de acción a partir del 2012. Este resultado, que puede parecer una cuestión baladí dado que el actual esquema del Protocolo de Kioto “caduca” indefectiblemente en esa fecha, alcanza su relevancia si se tiene en cuenta que el propio Protocolo establecía que las negociaciones sobre los compromisos posteriores al 2012 deberían comenzar como muy tarde en 2005 y acabar en 2005. Las dos anteriores COPs, celebradas en Montreal en 2005 y Nairobi en 2006, tan sólo alcanzaron acuerdos genéricos con respecto la necesidad de una nueva revisión del Protocolo, en ambos casos en el marco de un diálogo informal entre las partes implicadas.


Adicionalmente, la conferencia de Bali ha establecido el encuentro programado en Copenhague en el año 2009 como fecha límite para ese nuevo acuerdo global, junto a una “hoja de ruta” para guiar tales negociaciones formales durante los dos próximos años. Este plan se apoya en cuatro pilares básicos sobre los que se deberán alcanzar acuerdos concretos en este período: establecimiento de limitaciones y reducciones en las emisiones para la mitigación del cambio climático; establecimiento de medidas para la adaptación al cambio climático; desarrollo y transferencia de tecnologías limpias; y desarrollo de esquemas de financiación e inversión en apoyo de las anteriores medidas.

Sin embargo, puede resultar frustrante que no se hayan establecido compromisos más concretos en cuanto al destino de esa “ruta”. En particular, el acuerdo no recogió de modo explícito la necesidad señalada por los científicos del IPCC de reducir las emisiones entre el 25 y el 40% en el período 1990-2020 y a la mitad en 2050. No se alcanzaron en definitiva las aspiraciones de la UE de establecer objetivos de reducción concretos.

Así, el acuerdo alcanzado esta semana en Bali ha recorrido tan sólo parte del camino para resolver el desencuentro que destacaba en mi anterior post entre los intereses de las economías emergentes y los intereses de las economías avanzadas más reticentes, en particular los EEUU. En cuanto a las primeras, se alcanzaron importantes decisiones en materia de adaptación, deforestación y tecnología que permitirán responder a sus principales preocupaciones al tiempo que contar con un mayor compromiso por su parte en un acuerdo post-2012. En cuanto a los EEUU, se consiguió su firma en el límite de la agenda, tras perder a Australia como aliado y ser presionados por el resto de la comunidad internacional a mostrar el liderazgo que han prometido en la lucha contra el cambio climático o, literalmente, dejar el paso libre a las demás naciones para resolver el problema.

Sin duda la llegada a buen puerto de esa ruta entre Bali-2007 y Copenhague-2009 pasa por la parada en Washington-2008. El destino del Protocolo de Kioto está en manos de los electores estadounidenses y del rumbo que tome su próxima Administración frente a esta cuestión. ¿Apuestas?

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Tras más de dos semanas de intenso trabajo, el pasado martes concluyó la Conferencia de las Partes (COP) de Bali, con resultados cuando menos agridulces. Tras Bali, permanece vigente buena parte de la incertidumbre que destacábamos en el estudio sobre los escenarios post-Kioto presentado el pasado verano en el IE.

En el lado positivo de la balanza, la conferencia de Bali ha cumplido su principal objetivo: lanzar negociaciones formales durante los próximos dos años entre las 192 partes de la UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) para concluir en un plan de acción a partir del 2012. Este resultado, que puede parecer una cuestión baladí dado que el actual esquema del Protocolo de Kioto “caduca” indefectiblemente en esa fecha, alcanza su relevancia si se tiene en cuenta que el propio Protocolo establecía que las negociaciones sobre los compromisos posteriores al 2012 deberían comenzar como muy tarde en 2005 y acabar en 2005. Las dos anteriores COPs, celebradas en Montreal en 2005 y Nairobi en 2006, tan sólo alcanzaron acuerdos genéricos con respecto la necesidad de una nueva revisión del Protocolo, en ambos casos en el marco de un diálogo informal entre las partes implicadas.

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    [post_content] => Scientists on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) of the United Nations,  meeting in Valencia one month ago, advised that global temperatures are increasing because human beings emit too much carbon dioxide and other greenhouse gases (carbon). The economic theories suggest that when something is taxed, it reduces in quantity. Therefore, if we want to reduce global emissions of carbon, we need a global tax system for these emissions to the atmosphere. The document produced in Valencia (Summary of Policymakers of the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report) advises, among other instruments of environmental policy, that taxation as a tool to fight against climate change is appropriate.

When I was preparing  this week’s class of microeconomics, which is dedicated to Externalities, I found an interesting article by  Gregory Mankiw  titled One Answer to Global Warming: A New Tax  , published in The New York Times. It argues that a global tax for the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases would be easier to negotiate than the rights of emissions arising with the Kyoto agreement.


The idea of using taxes to fix problems, rather than merely raise government revenue, has a long history. The British economist Arthur Pigou advocated such corrective taxes to deal with pollution in the early 20th century. In his honor, economics textbooks now call them ''Pigovian taxes.'' Using a Pigovian tax to address global warming is also an old idea. It was proposed as far back as 1992 by Martin S. Feldstein on the editorial page of The Wall Street Journal. Once chief economist to Ronald Reagan, Mr. Feldstein has devoted much of his career to studying how high tax rates distort incentives and impede economic growth. But like most other policy wonks, he appreciates that some taxes align private incentives with social costs and move us toward better outcomes.

Those vying for elected office, however, are reluctant to sign on to this agenda. Their political consultants are no fans of taxes, Pigovian or otherwise. Republican consultants advise using the word ''tax'' only if followed immediately by the word ''cut.'' Democratic consultants recommend the word ''tax'' be followed by ''on the rich.'' Yet this natural aversion to carbon taxes can be overcome if the revenue from the tax is used to reduce other taxes. By itself, a carbon tax would raise the tax burden on anyone who drives a car or uses electricity produced with fossil fuels, which means just about everybody. Some might fear this would be particularly hard on the poor and middle class.

But Gilbert Metcalf, a professor of economics at Tufts, has shown how revenue from a carbon tax could be used to reduce payroll taxes in a way that would leave the distribution of total tax burden approximately unchanged. He proposes a tax of $15 per metric ton of carbon dioxide, together with a rebate of the federal payroll tax on the first $3,660 of earnings for each worker.

A carbon tax would provide incentives for people to use less fuel in a multitude of ways. Any long-term approach to global climate change will have to deal with the emerging economies of China and India. By some reports, China is now the world's leading emitter of carbon, in large part simply because it has so many people. The failure of the Kyoto treaty to include these emerging economies is one reason that, in 1997, the United States Senate passed a resolution rejecting the Kyoto approach by a vote of 95 to zero.

A global carbon tax would be easier to negotiate. All governments require revenue for public purposes. The world's nations could agree to use a carbon tax as one instrument to raise some of that revenue. No money needs to change hands across national borders. Each government could keep the revenue from its tax and use it to finance spending or whatever form of tax relief it considered best.

Convincing China of the virtues of a carbon tax, however, may prove to be the easy part. The first and more difficult step is to convince American voters, and therefore political consultants, that ''tax'' is not a four-letter word. (Source: "One Answer to Global Warming: A New Tax".  By N. GREGORY MANKIW. Published: September 16, 2007).



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Scientists on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) of the United Nations, meeting in Valencia one month ago, advised that global temperatures are increasing because human beings emit too much carbon dioxide and other greenhouse gases (carbon). The economic theories suggest that when something is taxed, it reduces in quantity. Therefore, if we want to reduce global emissions of carbon, we need a global tax system for these emissions to the atmosphere. The document produced in Valencia (Summary of Policymakers of the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report) advises, among other instruments of environmental policy, that taxation as a tool to fight against climate change is appropriate.

When I was preparing this week’s class of microeconomics, which is dedicated to Externalities, I found an interesting article by Gregory Mankiw titled One Answer to Global Warming: A New Tax , published in The New York Times. It argues that a global tax for the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases would be easier to negotiate than the rights of emissions arising with the Kyoto agreement.

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    [post_date] => 2007-12-11 07:53:58
    [post_date_gmt] => 2007-12-11 06:53:58
    [post_content] => Me pregunta Antonio Losada en un comentario al post "Contra el cambio climático: los impuestos" si podría explicar un poco mejor la diferencia entre coste social y coste privado. Como decía en el citado  post las emisiones de gases invernadero generan una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad negativa? Las externalidades negativas son las que se producen cuando las acciones de un agente económico (empresa, ayuntamiento, consumidor, etc.) reducen el bienestar de otros agentes de la economía. Por ejemplo, para que en un bosque los árboles crezcan y se desarrollen correctamente, debe mantenerse el aire limpio, libre, por ejemplo, de lluvia ácida (nota: la lluvia ácida es un tipo de contaminación que destruye los bosques). Supongamos que, en un lugar cercano o no tan cercano, existe una central térmica que  emite gases que posteriormente se transforman en lluvia ácida. El dueño del bosque (público o privado) se ve seriamente afectado por las acciones de la central térmica; es decir, está sufriendo un efecto negativo externo a él (una externalidad negativa o deseconomía externa).

Vayamos ahora al caso del cambio climático. En presencia de una externalidad negativa como son las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), principalmente el CO2 (lo que los ingleses llaman “carbon”) el coste que tiene para la sociedad la producción de energía con combustibles fósiles es mayor que el coste que tiene para sus productores. Como es sabido el coste social comprende tanto los costes privados de los productores de energía como los costes del calentamiento global (la externalidad). El mundo, en su conjunto, resulta perjudicado por la producción de energía eléctrica con combustibles fósiles (externalidad negativa) ya que genera gases de efecto invernadero que a su vez generan calentamiento global.


La externalidad negativa genera ineficiencias. La causa de esta ineficiencia se halla en que el equilibrio del mercado sólo refleja los costes privados de producción. Entonces el punto de equilibrio del mercado (óptimo privado) entre la oferta privada (coste privado) y demanda privada determina un precio de la energía que sería inferior al que tendría si consideráramos la externalidad negativa de producir la energía; la cantidad de equilibrio sería mayor que la que se produciría si considerásemos la externalidad. Para pasar del óptimo privado al óptimo social deberíamos obtener una nueva curva de oferta denominada curva de coste social. ¿Cómo se obtiene la curva de coste social?: sumando al coste privado la externalidad.

¿Cómo se puede conseguir el resultado óptimo, es decir, el óptimo social? Una posibilidad es gravar a los productores de CO2 por cada tonelada emitida de CO2. El impuesto desplazaría la curva de oferta privada del mercado de la electricidad en sentido ascendente y hacia la izquierda en la cuantía del impuesto. Si éste impuesto reflejara exactamente el coste de la externalidad de las emisiones de GEI o de CO2 emitido en la atmósfera, la nueva curva de oferta coincidiría con la curva de coste social. En el nuevo equilibrio del mercado, los productores de electricidad producirían menos electricidad, es decir, una cantidad menor y a un precio mayor. Esa sería la cantidad socialmente óptima.

Se dice que un impuesto corrector o pigoviano internaliza la externalidad porque da a los compradores y a los vendedores del mercado un incentivo para tener en cuenta los efectos externos de sus actos. Los productores de electricidad tienen ahora en cuenta los costes de la contaminación y producen ahora la cantidad de electricidad óptima socialmente que van a ofrecer, ya que ahora el impuesto los obliga a pagar los costes externos.



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Me pregunta Antonio Losada en un comentario al post «Contra el cambio climático: los impuestos» si podría explicar un poco mejor la diferencia entre coste social y coste privado. Como decía en el citado post las emisiones de gases invernadero generan una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad negativa? Las externalidades negativas son las que se producen cuando las acciones de un agente económico (empresa, ayuntamiento, consumidor, etc.) reducen el bienestar de otros agentes de la economía. Por ejemplo, para que en un bosque los árboles crezcan y se desarrollen correctamente, debe mantenerse el aire limpio, libre, por ejemplo, de lluvia ácida (nota: la lluvia ácida es un tipo de contaminación que destruye los bosques). Supongamos que, en un lugar cercano o no tan cercano, existe una central térmica que emite gases que posteriormente se transforman en lluvia ácida. El dueño del bosque (público o privado) se ve seriamente afectado por las acciones de la central térmica; es decir, está sufriendo un efecto negativo externo a él (una externalidad negativa o deseconomía externa).

Vayamos ahora al caso del cambio climático. En presencia de una externalidad negativa como son las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), principalmente el CO2 (lo que los ingleses llaman “carbon”) el coste que tiene para la sociedad la producción de energía con combustibles fósiles es mayor que el coste que tiene para sus productores. Como es sabido el coste social comprende tanto los costes privados de los productores de energía como los costes del calentamiento global (la externalidad). El mundo, en su conjunto, resulta perjudicado por la producción de energía eléctrica con combustibles fósiles (externalidad negativa) ya que genera gases de efecto invernadero que a su vez generan calentamiento global.

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    [post_content] => El pasado 5 de diciembre se reunieron en Abhu Dabi los países pertenecientes a la OPEP, incluyendo a Ecuador que dejo la institución en 1992 y acaba de volver a ingresar de la mano de Rafael Correa, quien reconoce que su país nunca debió dejar la asociación.

La OPEP posee el 40% de la producción mundial de petróleo y  tiene capacidad de aliviar la demanda mundial y, por tanto, las tensiones inflacionistas que está originando el oro negro, con un aumento de producción. Es interesante analizar los diferentes países miembros. Hay un país con una renta per cápita inferior a 1000 USD: Nigeria. Cinco países se encuentran entre los 1300 y 4000 dólares: Ecuador , Argelia, Indonesia, Irán e Irak; después encontramos a Venezuela (6.735), Libia (8.433) y Arabia Saudí (14.770)-el mayor productor con 9,2 millones de barriles día.  Sólo tres países superan, y de largo,  los 20.000 USD de renta: Kuwait (34.395), Emiratos Árabes Unidos (35.375) y Qatar (61.977).

Estamos hablando de 85 millones de barriles diarios que está semana han cotizado tanto en el Brent (Europa) como en el West Texas Intermediate (EEUU) en torno a los 89,5 dólares. ¿Revierte el alza imparable del precio del crudo en los ciudadanos de los países productores? ¿Se puede basar la política económica y social de un país productor, sólo en la situación actual del precio del crudo? ¿Durará siempre esta situación? ¿Dónde está el dinero del petróleo?

    [post_title] => ¿Dónde está el dinero del petróleo?
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El pasado 5 de diciembre se reunieron en Abhu Dabi los países pertenecientes a la OPEP, incluyendo a Ecuador que dejo la institución en 1992 y acaba de volver a ingresar de la mano de Rafael Correa, quien reconoce que su país nunca debió dejar la asociación.

La OPEP posee el 40% de la producción mundial de petróleo y tiene capacidad de aliviar la demanda mundial y, por tanto, las tensiones inflacionistas que está originando el oro negro, con un aumento de producción. Es interesante analizar los diferentes países miembros. Hay un país con una renta per cápita inferior a 1000 USD: Nigeria. Cinco países se encuentran entre los 1300 y 4000 dólares: Ecuador , Argelia, Indonesia, Irán e Irak; después encontramos a Venezuela (6.735), Libia (8.433) y Arabia Saudí (14.770)-el mayor productor con 9,2 millones de barriles día. Sólo tres países superan, y de largo, los 20.000 USD de renta: Kuwait (34.395), Emiratos Árabes Unidos (35.375) y Qatar (61.977).

Estamos hablando de 85 millones de barriles diarios que está semana han cotizado tanto en el Brent (Europa) como en el West Texas Intermediate (EEUU) en torno a los 89,5 dólares. ¿Revierte el alza imparable del precio del crudo en los ciudadanos de los países productores? ¿Se puede basar la política económica y social de un país productor, sólo en la situación actual del precio del crudo? ¿Durará siempre esta situación? ¿Dónde está el dinero del petróleo?

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    [post_content] => Como es bien sabido, durante estos días miles de delegados procedentes de 190 países se encuentran reunidos en Bali dentro del marco de la United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), en la que es probablemente la mayor conferencia climática jamás celebrada. Expertos y políticos trabajan para consensuar la agenda de las negociaciones que en los próximos dos años deberían concluir en un acuerdo internacional sobre el sucesor del actual esquema de Kioto, cuando éste expire en 2012.

Sin duda el principal reto de estas negociaciones reside en incorporar a ese nuevo esquema la posición de los EEUU, principal país emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en términos históricos y por habitante, al tiempo que las posiciones y aspiraciones de las economías emergentes, cuyas emisiones crecen tan rápido que compensan las reducciones propuestas para el resto del mundo. En concreto China, tras triplicar sus emisiones entre el año 2000 y el 2006, ya ha superado a los EEUU como el mayor emisor en términos absolutos, aunque su “responsabilidad” histórica y en términos per cápita sigue siendo muy inferior a la de las economías avanzadas. Ambas naciones se resistirán a apoyar cualquier esquema que contemple reducciones obligatorias en las emisiones de GEI de sus respectivas economías, por motivos paradójicamente opuestos.


La Administración Bush considera que la asunción de ese compromiso impondría una carga injusta sobre la competitividad de la economía estadounidense frente a las naciones emergentes, en la medida que éstas no asuman al tiempo su parte de responsabilidad, teniendo en cuenta sus crecientes emisiones actuales y futuras. Por su parte, las autoridades chinas consideran que aceptar compromisos obligatorios en este momento impondría una carga injusta sobre su proceso de desarrollo y convergencia con las naciones más ricas, en la medida que la responsabilidad histórica de la elevada concentración de GEI corresponde a estas últimas.

Surge aquí la interesante (y espinosa) cuestión de cómo medir las responsabilidades relativas de las diferentes naciones en el “presunto” problema del cambio climático de origen antropogénico, de modo que la carga de la solución pudiera ser repartida del modo más justo. Un reciente estudio del Oxford Institute for Energy Studies (OIES), titulado "Differentiating Historic Responsibilities for Climate Change”, aborda esta cuestión del reparto de la carga basado en la responsabilidad histórica, originalmente propuesta por Brasil en 1997. La aproximación convencional a esta responsabilidad histórica ha sido a través de la simple (¿?) medición de la participación de los diferentes países en las emisiones acumuladas de GEI. De acuerdo con esta metodología, las economías industrializadas (Anexo I del UNFCCC) habrían contribuido hasta el día de hoy al 54,5% del problema del cambio climático.

Lo que entiendo que hace sugerente este estudio del OIES es que alcanza conclusiones significativamente distintas, partiendo de la definición aristotélica de responsabilidad (la "responsabilidad moral" o “culpa”  puede ser limitada por la ignorancia o las circunstancias más allá de nuestro control), y teniendo en cuenta aspectos como la evolución del tamaño de las poblaciones y el justificable sometimiento del control de las emisiones a la necesidad de supervivencia y desarrollo de los más pobres. Aunque el documento tiene evidentemente cierta carga técnica, animo a los lectores a echar un vistazo a su contenido, ya que sin duda ayuda a consolidar opiniones y descartar intuiciones equivocadas en esta cuestión tan compleja, al fin y al cabo el principal obstáculo en estas trascendentes negociaciones internacionales.

    [post_title] => La “responsabilidad moral” del cambio climático
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Como es bien sabido, durante estos días miles de delegados procedentes de 190 países se encuentran reunidos en Bali dentro del marco de la United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), en la que es probablemente la mayor conferencia climática jamás celebrada. Expertos y políticos trabajan para consensuar la agenda de las negociaciones que en los próximos dos años deberían concluir en un acuerdo internacional sobre el sucesor del actual esquema de Kioto, cuando éste expire en 2012.

Sin duda el principal reto de estas negociaciones reside en incorporar a ese nuevo esquema la posición de los EEUU, principal país emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en términos históricos y por habitante, al tiempo que las posiciones y aspiraciones de las economías emergentes, cuyas emisiones crecen tan rápido que compensan las reducciones propuestas para el resto del mundo. En concreto China, tras triplicar sus emisiones entre el año 2000 y el 2006, ya ha superado a los EEUU como el mayor emisor en términos absolutos, aunque su “responsabilidad” histórica y en términos per cápita sigue siendo muy inferior a la de las economías avanzadas. Ambas naciones se resistirán a apoyar cualquier esquema que contemple reducciones obligatorias en las emisiones de GEI de sus respectivas economías, por motivos paradójicamente opuestos.

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