Archivo de la Categoría ‘Economía española’

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    [post_content] => El día de hoy ha sido muy interesante en términos de noticias económicas. Por un lado se han hecho públicos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre y, por otra parte, hemos podido escuchar el debate en el Congreso sobre esto tan curioso de la Ley de la Economía Sostenible.

Hoy tocaré el primero de los temas, para lo que quiero recordar las palabras de nuestro presidente en una entrevista en El País Semanal el pasado 28 de junio, en la que afirmaba que: "Creemos que lo peor para el empleo ya ha pasado". Pues bien, desde el momento de dichas declaraciones el paro registrado ha crecido en 304.000 personas, de las que 60.593 corresponden al mes de noviembre, el publicado hoy. Y, en paralelo, la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social se ha reducido en el mismo período en 250.000 personas, de las que 61.276 se han perdido en noviembre. Sin duda son malas noticias, ya que, por ejemplo, el dato de paro registrado es el peor en un mes de noviembre, con la única excepción del de 2008, desde principios de los años 90.

Lo peor para el empleo no ha pasado, como ponen de manifiesto los datos y las previsiones para 2010. Un error es confundir un menor ritmo de caída con haber alcanzado el fondo de la crisis. Parece bastante obvio que mientras se siga cayendo no se ha llegado todavía al fondo, tanto en materia de PIB como en cuestión de empleo. Otra cuestión totalmente distinta es si el ritmo de caída se ha moderado, es decir, si hemos superado el punto de inflexión, y eso sí parece haber sucedido ya. La realidad es que todo apunta a que en el conjunto de 2010 la economía española seguirá en recesión y que de registrarse crecimientos positivos intertrimestrales del PIB eso sólo sucedería a partir de la segunda mitad del año. Y ojo, eso no garantiza en absoluto que se deje de destruir empleo. De hecho confluyen dos factores para pensar justamente lo contrario: el primero, que el empleo es una variable retrasada respecto al PIB, es decir, que el decrecimiento del PIB en el 2010 tendrá consecuencias negativas para el empleo con un cierto desfase de tiempo; y el segundo factor es que la economía española necesita un cierto nivel mínimo de crecimiento positivo para poder crear empleo de manera sostenible, un umbral de crecimiento que probablemente no está por debajo del 2%, y ese es un nivel de crecimiento que, con suerte, veremos en 2011.
    [post_title] => El paro en noviembre tampoco nos da un respiro
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El día de hoy ha sido muy interesante en términos de noticias económicas. Por un lado se han hecho públicos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre y, por otra parte, hemos podido escuchar el debate en el Congreso sobre esto tan curioso de la Ley de la Economía Sostenible.

Hoy tocaré el primero de los temas, para lo que quiero recordar las palabras de nuestro presidente en una entrevista en El País Semanal el pasado 28 de junio, en la que afirmaba que: «Creemos que lo peor para el empleo ya ha pasado». Pues bien, desde el momento de dichas declaraciones el paro registrado ha crecido en 304.000 personas, de las que 60.593 corresponden al mes de noviembre, el publicado hoy. Y, en paralelo, la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social se ha reducido en el mismo período en 250.000 personas, de las que 61.276 se han perdido en noviembre. Sin duda son malas noticias, ya que, por ejemplo, el dato de paro registrado es el peor en un mes de noviembre, con la única excepción del de 2008, desde principios de los años 90.

Lo peor para el empleo no ha pasado, como ponen de manifiesto los datos y las previsiones para 2010. Un error es confundir un menor ritmo de caída con haber alcanzado el fondo de la crisis. Parece bastante obvio que mientras se siga cayendo no se ha llegado todavía al fondo, tanto en materia de PIB como en cuestión de empleo. Otra cuestión totalmente distinta es si el ritmo de caída se ha moderado, es decir, si hemos superado el punto de inflexión, y eso sí parece haber sucedido ya. La realidad es que todo apunta a que en el conjunto de 2010 la economía española seguirá en recesión y que de registrarse crecimientos positivos intertrimestrales del PIB eso sólo sucedería a partir de la segunda mitad del año. Y ojo, eso no garantiza en absoluto que se deje de destruir empleo. De hecho confluyen dos factores para pensar justamente lo contrario: el primero, que el empleo es una variable retrasada respecto al PIB, es decir, que el decrecimiento del PIB en el 2010 tendrá consecuencias negativas para el empleo con un cierto desfase de tiempo; y el segundo factor es que la economía española necesita un cierto nivel mínimo de crecimiento positivo para poder crear empleo de manera sostenible, un umbral de crecimiento que probablemente no está por debajo del 2%, y ese es un nivel de crecimiento que, con suerte, veremos en 2011.

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    [post_date] => 2009-12-01 11:35:51
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    [post_content] => Tras una larga espera, el viernes conocíamos por fin los contenidos de la Ley de la Economía Sostenible, anunciada a bombo y platillo por el PSOE y presentada por el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero apenas hace tres días.

Aún es muy pronto para analizar su eficacia, pero podemos hacer ya unas primeras valoraciones. En primer lugar, creo que uno de los grandes aciertos de esta ley es transmitir a la sociedad el mensaje claro de que nuestro antiguo modelo de crecimiento está en sus últimos estertores, siendo necesario por tanto un cambio. Y un cambio dirigido hacia el que es el paradigma de la competitividad de las economías desarrolladas: innovación, tecnología, internacionalización, competencia, eficiencia de las AAPP, etc.

Pero, por supuesto, una ley no transforma el patrón de especialización productiva de una economía tan compleja e importante como la española. Tal y como han reconocido desde el Gobierno (aunque con la boca pequeña para no empañar el show que rodea a la política de nuestros días), el cambio de modelo lo debe protagonizar la sociedad española, desde la total libertad con que los distintos agentes tomen sus decisiones, siempre dentro del marco legal vigente.

Es en ese punto donde más falla, en mi opinión, la nueva ley. No se contemplan reformas estructurales de calado, que son las que permitirían que la libre iniciativa privada, tanto de empresas como de trabajadores y ciudadanos, condujera el anhelado cambio mediante sus actuaciones en mercados eficientes en la asignación de recursos. Por ejemplo, no se dice nada acerca de la reforma del mercado laboral, uno de los más ineficientes del mundo desarrollado, como demuestran nuestras tasas de paro. Tampoco se plantean estrategias bien definidas acerca del modelo energético al que debemos aspirar.

En otras palabras, la ley plantea muchas, muchísimas pequeñas medidas, pero ninguna reforma estructural profunda. Además, algunas de esas medidas eran, en gran parte, conocidas y simplemente se les ha puesto un nuevo y más atractivo envoltorio. Esto supone un peligro, que choca con la llamada al cambio de modelo que hace la propia ley. El peligro reside en la tentación de caer en la autocomplacencia, obnubilados por las muchas cosas que parecen hacerse pero que, en la realidad, son buenos detalles y no políticas ni programas de largo recorrido.

También llama la atención que en el programa de política económica implícito en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, no se apuntan medidas ni políticas claramente coherentes con la nueva Ley. De hecho, algunas de las apuntadas son directamente contradictorias con esa Economía Sostenible, como el recorte presupuestario para la inversión pública en áreas impulsoras de la economía del conocimiento

De todos modos, aunque sea en gran parte una lista de objetivos o deseos, la ley señala cuestiones muy relevantes para nuestra economía y nuestro futuro en las que conviene trabajar muy duro. Es el caso de la simplificación administrativa, la mejora de la formación profesional (y de toda la educación) o la internacionalización empresarial, por señalar sólo algunas.

Confiemos en que el Gobierno entienda esta ley como lo que es -una declaración de objetivos- y no la confunda con lo que no es –una garantía de que el cambio de modelo se producirá-. Si así lo hace, si la concibe como un primer paso en un largo camino, habrá de estar dispuesto a enfrentarse a las muchas reformas necesarias, aun a costa del descontento popular que en algunos momentos supongan. La sociedad española es una sociedad madura; seguro que sabrá entender el porqué de esas reformas y aceptarlas si cuenta con información rigurosa de los efectos benéficos que generarán en el futuro próximo. No le hurtemos esa posibilidad.
    [post_title] => Ya está aquí la Ley de Economía Sostenible
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Tras una larga espera, el viernes conocíamos por fin los contenidos de la Ley de la Economía Sostenible, anunciada a bombo y platillo por el PSOE y presentada por el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero apenas hace tres días.

Aún es muy pronto para analizar su eficacia, pero podemos hacer ya unas primeras valoraciones. En primer lugar, creo que uno de los grandes aciertos de esta ley es transmitir a la sociedad el mensaje claro de que nuestro antiguo modelo de crecimiento está en sus últimos estertores, siendo necesario por tanto un cambio. Y un cambio dirigido hacia el que es el paradigma de la competitividad de las economías desarrolladas: innovación, tecnología, internacionalización, competencia, eficiencia de las AAPP, etc.

Pero, por supuesto, una ley no transforma el patrón de especialización productiva de una economía tan compleja e importante como la española. Tal y como han reconocido desde el Gobierno (aunque con la boca pequeña para no empañar el show que rodea a la política de nuestros días), el cambio de modelo lo debe protagonizar la sociedad española, desde la total libertad con que los distintos agentes tomen sus decisiones, siempre dentro del marco legal vigente.

Es en ese punto donde más falla, en mi opinión, la nueva ley. No se contemplan reformas estructurales de calado, que son las que permitirían que la libre iniciativa privada, tanto de empresas como de trabajadores y ciudadanos, condujera el anhelado cambio mediante sus actuaciones en mercados eficientes en la asignación de recursos. Por ejemplo, no se dice nada acerca de la reforma del mercado laboral, uno de los más ineficientes del mundo desarrollado, como demuestran nuestras tasas de paro. Tampoco se plantean estrategias bien definidas acerca del modelo energético al que debemos aspirar.

En otras palabras, la ley plantea muchas, muchísimas pequeñas medidas, pero ninguna reforma estructural profunda. Además, algunas de esas medidas eran, en gran parte, conocidas y simplemente se les ha puesto un nuevo y más atractivo envoltorio. Esto supone un peligro, que choca con la llamada al cambio de modelo que hace la propia ley. El peligro reside en la tentación de caer en la autocomplacencia, obnubilados por las muchas cosas que parecen hacerse pero que, en la realidad, son buenos detalles y no políticas ni programas de largo recorrido.

También llama la atención que en el programa de política económica implícito en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, no se apuntan medidas ni políticas claramente coherentes con la nueva Ley. De hecho, algunas de las apuntadas son directamente contradictorias con esa Economía Sostenible, como el recorte presupuestario para la inversión pública en áreas impulsoras de la economía del conocimiento

De todos modos, aunque sea en gran parte una lista de objetivos o deseos, la ley señala cuestiones muy relevantes para nuestra economía y nuestro futuro en las que conviene trabajar muy duro. Es el caso de la simplificación administrativa, la mejora de la formación profesional (y de toda la educación) o la internacionalización empresarial, por señalar sólo algunas.

Confiemos en que el Gobierno entienda esta ley como lo que es -una declaración de objetivos- y no la confunda con lo que no es –una garantía de que el cambio de modelo se producirá-. Si así lo hace, si la concibe como un primer paso en un largo camino, habrá de estar dispuesto a enfrentarse a las muchas reformas necesarias, aun a costa del descontento popular que en algunos momentos supongan. La sociedad española es una sociedad madura; seguro que sabrá entender el porqué de esas reformas y aceptarlas si cuenta con información rigurosa de los efectos benéficos que generarán en el futuro próximo. No le hurtemos esa posibilidad.

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    [post_content] => El Banco de España ha dado a conocer hoy la balanza de pagos (de España) de los 9 primeros meses del año 2009. El déficit de la balanza por cuenta corriente, en esos  meses (enero-septiembre), se situó en 42.381,8 millones de euros, bastante menos que en el mismo período de 2008 en el que el déficit fue casi el doble: 81.523,6 millones. El déficit exterior aunque se reduce sigue siendo, según The Economist, el más alto del mundo en términos absolutos después del de Estados Unidos. El 80% del déficit corriente se origina en los intercambios de bienes (balanza comercial) también llamadas mercancías. Así en los 9 primeros meses de este año ese déficit comercial fue de 33.846 millones.

Este déficit por cuenta corriente, en porcentaje del PIB, es del 5,5%, ya que el PIB en los 9 primeros meses del año fue 775.975 millones de euros. El año pasado en estos 3 primeros trimestres el déficit por cuenta corriente fue del 10% del PIB.

Este déficit exterior, como bien es sabido, hay que financiarlo con crédito externo. De ahí que el sistema financiero español deba apelar constantemente al Banco Central Europeo y recurrir a los mercados interbancarios europeos para financiarse. Por este motivo España sigue aumentando, aunque a menor velocidad, su posición deudora con respecto al resto del mundo.

Este déficit significa que los hogares, las empresas y el sector público siguen gastando más de lo que ingresan, algo que sucede desde hace diez años, lo que ha originado una deuda histórica con el resto del mundo que tiene una complicada devolución, en estos momentos de dificultades de financiación. Para resolver este problema de endeudamiento y déficit exterior habrá que aumentar el ahorro nacional (quizá mejorando la fiscalidad al ahorro y no empeorándola), aumentar las exportaciones y reducir el gasto público. De no reducirse el gasto público habría que reducir el gasto privado tanto de consumo como de inversión, como viene ocurriendo desde hace más de un año; lo que significa crecimientos negativos del PIB y aumentos en el paro.
    [post_title] => El déficit exterior se sitúa en el 5,5% del PIB en los 9 primeros meses del año.
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El Banco de España ha dado a conocer hoy la balanza de pagos (de España) de los 9 primeros meses del año 2009. El déficit de la balanza por cuenta corriente, en esos  meses (enero-septiembre), se situó en 42.381,8 millones de euros, bastante menos que en el mismo período de 2008 en el que el déficit fue casi el doble: 81.523,6 millones. El déficit exterior aunque se reduce sigue siendo, según The Economist, el más alto del mundo en términos absolutos después del de Estados Unidos. El 80% del déficit corriente se origina en los intercambios de bienes (balanza comercial) también llamadas mercancías. Así en los 9 primeros meses de este año ese déficit comercial fue de 33.846 millones. Seguir leyendo…

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    [post_content] => La necesidad de una reforma laboral profunda en España es algo sobre lo que existe un amplio consenso en España, aunque determinadas personas e instituciones, por sus intereses particulares, se nieguen a defender esta posición en público. Llevamos ya muchos años escuchando a investigadores e instituciones nacionales (Banco de España, Manifiesto de los 100 economistas, etc.) e internacionales (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, etc.) reclamando la necesidad, cada vez más imperiosa, de acometer esta reforma.

Negociación colectiva

Como bien saben los lectores, a lo largo de 2008 se desarrolló un proceso fallido de negociación a tres bandas, entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, muy peculiar. Peculiar porque se sentaron a la mesa para hablar, pero con una restricción, impuesta por el Gobierno y los sindicatos, de no tratar una serie de temas –las famosas líneas rojas- de vital importancia. Y con algunos de dichos temas se entiende que pueda existir polémica en la negociación –aunque yo no entiendo que se prohíba de antemano hablar de dichas cuestiones-, pero con otros temas la polémica no se ve por ninguna parte, como por ejemplo la cuestión del absentismo laboral, que en España se sitúa en niveles muy superiores a los de países comparables. Este proceso, como es conocido, se vio bruscamente interrumpido cuando tanto el Gobierno como los sindicatos se levantaron de la mesa, rompiendo unas negociaciones que ya eran limitadas y restringidas de por sí.

Ahora, después de muchos meses de inactividad negociadora y con algunos episodios bochornosos todavía por resolver, como la manifestación convocada por los sindicatos para el 12 de diciembre y apoyada y secundada por miembros del Gobierno, como el Ministro de Trabajo, en contra de los empresarios, parece que el proceso de diálogo está plasmándose en algunos resultados. Pero, ¿es ésta una buena noticia?

Contrato alemán

La respuesta, lógicamente, depende de cuáles son esos resultados en los que la negociación se va a materializar. Y la realidad parece bastante triste: el gran tema estrella es la propuesta de adopción de un programa de trabajo reducido, lo que coloquialmente se denomina el “contrato alemán”.

Por si algún lector no conoce la naturaleza de dicho contrato, la idea consiste en que una empresa, en vez de despedir a un grupo de trabajadores, acepta mantenerlos en plantilla a cambio de una reducción del salario y de la jornada de trabajo. Pero para que la pérdida de ingresos no sea elevada para el trabajador, una parte de la reducción del salario (un 60% en el caso alemán, que llega al 67% si el trabajador tiene cargas familiares) es sufragada por los contribuyentes, puesto que es pagada por los servicios de empleo.

 Aunque la idea pueda sonar bien, prestigiosos expertos han mostrado muchas cautelas respecto a su aplicación en España. En este sentido recomiendo la lectura del siguiente documento: http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/Kurzarbeit_LG_JFV.pdf

 ¿Cuáles son las principales objeciones a la aplicabilidad en España de este contrato?

En primer lugar, una cuestión clave: la experiencia internacional con este tipo de contrato pone de manifiesto que sólo tiene sentido para los casos en los que la reducción de plantilla se produce por una caída temporal de la demanda de los productos de la empresa (como ha pasado en esta crisis en Alemania por la caída de las exportaciones) y para trabajadores muy cualificados –ya que los costes de funcionamiento asociados a desprenderse de estos trabajadores y tener que buscar y formar a otros trabajadores cualificados para el mismo puesto una vez que la demanda se recupere son muy elevados.

Precisamente el caso de España en la actualidad parece muy distinto: el shock experimentado por la economía española tiene un componente permanente importante –no se debe sólo a una caída temporal de la demanda- y, además, muchos de los trabajadores que han perdido su empleo no responden al perfil de trabajadores altamente cualificados y difíciles de reemplazar. Esta medida no es sustitutiva de una reducción de plantilla en una empresa en crisis estructural, y esto no parece que se esté teniendo muy en cuenta.

Picaresca

Otro problema, que se está planteando en algunas experiencias internacionales (Holanda) está vinculado a la dificultad para verificar que la empresa realmente necesita aplicar este tipo de contrato reducido. En Holanda se ha estimado que de los 100.000 empleos “salvados” con este sistema, dos tercios hubiesen sobrevivido a medio plazo sin necesidad del mismo. Y el coste para el contribuyente de mantener estos empleos se ha elevado a 15.000 euros por cada puesto de trabajo rescatado de manera innecesaria. Una posible solución a este problema que podría plantearse es que el subsidio no sea “gratis”, sino que tenga el carácter de un préstamo que la empresa tenga que devolver una vez terminado el programa. 

Y otro problema es el de la inconsistencia temporal: la aplicación del programa debería ser temporal, pero una vez llegado al final del mismo, existirán fuertes incentivos para reeditar y prolongar el programa, dado que el riesgo que se plantea en dicho momento –el despido del trabajador- es el mismo que suscitó el nacimiento de la iniciativa.

En definitiva, la aplicación de un modelo de estas características es un parche que sólo va a contribuir a posponer lo inevitable –una reforma laboral en condiciones-, por lo que lo considero una mala noticia.
    [post_title] => El "contrato alemán" y la falta de una reforma laboral
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La necesidad de una reforma laboral profunda en España es algo sobre lo que existe un amplio consenso en España, aunque determinadas personas e instituciones, por sus intereses particulares, se nieguen a defender esta posición en público. Llevamos ya muchos años escuchando a investigadores e instituciones nacionales (Banco de España, Manifiesto de los 100 economistas, etc.) e internacionales (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, etc.) reclamando la necesidad, cada vez más imperiosa, de acometer esta reforma. Seguir leyendo…

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    [post_content] => La última Encuesta de Población Activa (tercer trimestre de 2009) refleja la existencia de 3.102.000 empleados públicos, son 50.000 más que en el 2º trimestre de este año y 112.000 más que hace un año. En este sentido España va en dirección contraria a otros países. Efectivamente, en otros países europeos se está intentando reducir, o al menos no aumentar, el número de empleados públicos como un instrumento necesario para reducir el gasto público y reducir el déficit público. Sin embargo, en España y a pesar de la menor actividad constructora e inmobiliaria en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, el número de funcionarios sigue aumentando y los impuestos para poder pagarles también. 

Niveles de empleo público en España (en miles de personas)             




        Año


Empleados en el Sector Publico




1.977


1.350




1.997


2.270




2007


2.932




2008


2.990




2009


3.102



Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (III trimestre, 2009) 
El imparable poder de los burócratas

Este aumento (ver cuadro) se debe, entre otros motivos, a que un objetivo fundamental del burócrata es aumentar su poder e influencia, lo que le lleva a aumentar el empleo y el gasto públicos.  Diferentes estudios muestran que la función objetivo del burócrata es maximizar la dimensión de su agencia o departamento, y ello lo consigue a través del aumento de los créditos presupuestarios a su disposición y del número de expertos adscritos a los servicios que él dirige, iniciando así un círculo vicioso que se autoalimenta, por cuanto a medida que el sector público crece, aumenta la propensión de los individuos a ingresar en él. 

Los funcionarios y la política

Parece, pues, necesaria una reforma de la Administración (estatal, autonómica y local) que entre otras soluciones, apueste por la reducción del empleo público como mecanismo para aumentar su eficiencia (productividad). Sin embargo, tal reforma parece condenada al fracaso, ya que no existe una firme voluntad de cooperación en el propio funcionariado. Además, la incorporación de empleados públicos a la política activa dificulta dicha reforma. No se debe olvidar que el estatuto de la función pública permite a los funcionarios conseguir la excedencia por motivos políticos, garantizándoles la vuelta a su puesto si son víctimas de la inconstancia de los electores.

En España la incorporación de los burócratas a la vida política activa es muy notable; aproximadamente el 40% de los representantes del pueblo en el Congreso y en el Senado son empleados públicos. Desde posiciones tan estratégicas se podrían aprobar propuestas concretas de ajuste y reforma de la Administración Pública que reduzcan el gasto público y, por tanto, el coste fiscal que tienen que pagar los ciudadanos y las empresas. Los más interesados en ese ajuste deberían ser los propios funcionarios, porque una racionalización de la Administración conduciría a una mejor asignación de los recursos humanos, que se traduciría en un aumento de la contratación de funcionarios necesarios (jueces, por ejemplo, para evitar atascos judiciales) pero también en una reducción selectiva de puestos de trabajo por duplicidad de funciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Todo ello redundaría en una mayor productividad del Sector Público y, por tanto, en mejores salarios, dejando para la historia las congelaciones salariales.
    [post_title] => En España tenemos más de 3'1 millones de funcionarios.
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La última Encuesta de Población Activa (tercer trimestre de 2009) refleja la existencia de 3.102.000 empleados públicos, son 50.000 más que en el 2º trimestre de este año y 112.000 más que hace un año. En este sentido España va en dirección contraria a otros países. Efectivamente, en otros países europeos se está intentando reducir, o al menos no aumentar, el número de empleados públicos como un instrumento necesario para reducir el gasto público y reducir el déficit público. Sin embargo, en España y a pesar de la menor actividad constructora e inmobiliaria en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, el número de funcionarios sigue aumentando y los impuestos para poder pagarles también.  Seguir leyendo…

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    [post_date_gmt] => 2009-11-18 17:05:31
    [post_content] => Los datos de Contabilidad Nacional correspondientes al tercer trimestre, confirman que la economía española ha dejado atrás el momento de mayor deterioro de la actividad, tanto si utilizamos datos trimestrales para medir el crecimiento del PIB (-0,3% frente al -1,1% del segundo trimestre y -1,6% del primer trimestre), como si empleamos tasas interanuales (-4% frente al -4,2% del trimestre anterior). Seguimos cayendo, al contrario que la mayoría de nuestros vecinos, pero los ritmos de ajuste a la baja de la actividad son cada vez menores. 

La demanda externa sigue contribuyendo de manera positiva al crecimiento (2,5 puntos frente a los 3,2 puntos del trimestre anterior), frente a la intensa aportación negativa de la demanda nacional (-6,5 puntos porcentuales, frente a -7,4 puntos porcentuales el trimestre anterior). Lo más destacable es que la recuperación del contexto internacional ha sido aprovechada por nuestras exportaciones (especialmente de bienes), lo que sigue manteniendo el debate abierto de si somos o no competitivos. Pero, sobre todo, se deben destacar los efectos positivos de los planes de estímulo fiscal (Plan E, etc) que han reactivado el consumo de bienes duraderos (automóviles), así como a la inversión en infraestructuras realizada por las corporaciones locales. Es decir, como en el resto del mundo, la utilización de políticas keynesianas ha permitido frenar el desplome de la actividad, eso sí, a costa de un intenso deterioro de las finanzas públicas.

Hasta aquí las buenas noticias, porque el resto de la información conocida esta mañana sigue dejando muchas dudas abiertas sobre el momento y la intensidad de la recuperación. En primer lugar, porque es difícil pensar en una reactivación sin una clara mejora de la demanda nacional, especialmente de los componentes de consumo e inversión. Y, con la demanda nacional restando en términos nominales 8,3 puntos porcentuales a la actividad, ese momento no parece cercano, teniendo en cuenta el exceso de capacidad existente o el paulatino agotamiento de los estímulos fiscales.

En segundo lugar, porque los ritmos de destrucción de empleo se mantienen en el 7,2% en tasa interanual (1,36 millones menos de puestos de trabajo en el último año), de manera que la mejora en el comportamiento del PIB se deriva de un aumento de la productividad aparente del factor trabajo hasta el 3,4%, que esconde cifras sorprendentes (y difíciles de interpretar) como el incremento de un 17,7% en la productividad de la construcción.

Por último, en términos nominales la caída del PIB se ha intensificado (-4,4% frente al 4% anterior) y, por primera vez en la historia el deflactor del PIB ha sido negativo (-0,4%). Es cierto, que como también refleja el IPC mes a mes, esta caída de precios nos está permitiendo recuperar algo de competitividad, pero por otro lado es un síntoma claro de la atonía de la actividad.

Aunque la economía española ha superado lo peor de la actual recesión, ello se ha debido, fundamentalmente, al impulso derivado de una política fiscal muy expansiva, junto a la mejoría de nuestros socios europeos. Dado que este impulso irá desapareciendo progresivamente, en la medida en que vaya cambiando el tono de la política fiscal (con subidas de impuestos indirectos incluidas), a lo que hay que añadir el oscuro panorama del mercado laboral, surgen serias dudas sobre la sostenibilidad de esta senda de mejoría en los próximos trimestres.

Por tanto, no sería de extrañar un empeoramiento adicional en el último trimestre del año, por lo que habrá que esperar al menos hasta mediados del próximo año para ver tasas intertrimestrales positivas.
    [post_title] => PIB de España: ¿mejora puntual o cambio de tendencia?
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Los datos de Contabilidad Nacional correspondientes al tercer trimestre, confirman que la economía española ha dejado atrás el momento de mayor deterioro de la actividad, tanto si utilizamos datos trimestrales para medir el crecimiento del PIB (-0,3% frente al -1,1% del segundo trimestre y -1,6% del primer trimestre), como si empleamos tasas interanuales (-4% frente al -4,2% del trimestre anterior). Seguimos cayendo, al contrario que la mayoría de nuestros vecinos, pero los ritmos de ajuste a la baja de la actividad son cada vez menores. Seguir leyendo…

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    [post_content] => Ayer se realizó la 2ª Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander. Estaban todos los grandes bancos internacionales. También estaban representantes de alto nivel de varios Bancos Centrales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la AEB, la Comisión Europea, la Universidad de Nueva York, la London School of Economics, etc. Estaban, por tanto, lo más granado de la banca y del sistema financiero internacional y, sin embargo, no hubo acuerdo en las medidas que deben tomarse. Los mejores ponentes los españoles: Emilio Botín (aunque no estoy de acuerdo con una parte importante de la tesis que mantuvo), José Viñals, del FMI, Joaquín Almunia y Guillermo de la Dehesa (el único que se atrevió a decir algunas verdades  de lo que pasa). El resto de ponentes, anglosajones en su mayoría, se dedicaron a vender humo (bullshiters, en su idioma).

 Frente a lo que venimos predicando, desde este blog y desde hace tiempo, de la necesaria elevación de los requerimientos de capital de los bancos y cajas de ahorros, Emilio Botín consideró que lo que hay que hacer es mejorar la supervisión. Es decir Botín pide menos regulación y más inspectores de los bancos centrales de cada país y mejor cualificados, con criterios de supervisión propios, adaptados a cada situación. (O sea, menos normas de tráfico y más policías. Así, si la policía te pilla a 200 km./ hora, siempre podrás negociar y decir que en realidad no has infringido ninguna norma de circulación).

 La ponencia de José Viñals, Consejero Director FMI, fue brillante como siempre, pero sorprendente. Dijo claramente que se ha conseguido evitar el colapso de la economía mundial pero “la crisis dista mucho de haberse superado”. Hasta la fecha, sostuvo, el sistema financiero internacional ha perdido 1,3 billones de dólares (trillones anglosajones). Pero el FMI estima que a la banca americana y europea le queda todavía por reconocer unos 1,5 billones de dólares (trillones anglosajones) de pérdidas adicionales. Cuando economistas como Roubini hicieron estimaciones similares a principios de 2009, todos les llamaron cenizo (eso los más cariñosos). O sea, que en breve la crisis habrá volatilizado una riqueza equivalente a la producción anual de tres veces España (igual a la de Alemania, o al conjunto de Inglaterra más Canadá). Para tranquilizar Viñals aseguró que los bancos tienen capital suficiente para afrontar estas nuevas pérdidas de 1,5 billones, eso sí, tras las inyecciones de capital que ya han cubierto el primer impacto de las pérdidas de 1,3 billones. No obstante, tras el nuevo tsunami de perdidas de 1,5 billones, los bancos no cumplirán con los requisitos mínimos de capital, que tras las recomendaciones del G20 serán mayores.

 En resumen: los bancos necesitarán nuevas inyecciones de capital por cantidades más o menos similares a las ampliaciones realizadas hasta la fecha.

 Joaquín Almunia estuvo también muy brillante: “Hemos evitado el colapso, pero seguimos con una profunda sensación de fragilidad”. “Nadie debe descartar totalmente el riesgo de volver a ver en algún banco o sistema financiero una situación como la que vivimos hace un año”. “Los requisitos de capital para la banca sin duda van a aumentar significativamente a partir de finales de 2009 ó 2010”. “Se tardarán diez años en rebajar los niveles de endeudamiento que alcanzaremos, en volver a los niveles de deuda previos a la crisis”. Pronosticó indirectamente que a partir de 2011 se cancelarán los planes de estimulo y los estímulos fiscales y los europeos deberemos pagar sustancialmente más impuestos para rebajar la deuda pública. Y así durante 10 años.

Guillermo de la Dehesa, del IE Business School, no fue ponente, sino moderador. Una pena, porque sabía bastante más que cualquiera de los que moderó. Fue el único que se atrevió a meter un poco el dedo en el ojo: preguntó insidiosa pero elegantemente a los ponentes (que no supieron o se negaron a contestar) por qué los niveles de crédito durante los últimos 10 años han crecido a niveles de dos dígitos (y en algunos países como España en algunos años a veces dos dígitos pero empezando con un dos), mientras que los niveles de renta, esto es, nuestros ingresos, solo crecían anualmente de media alrededor del 3%. Nuestro endeudamiento crecía anualmente al 15% mientras nuestros salarios al 3%. 

¿Por qué? Esta pregunta tiene una contestación relativamente corta: el capital mínimo requerido de la banca era (y es) tan ridículamente bajo (especialmente para operaciones especulativas de los bancos) que justificaba que los bancos mantuvieran niveles del precio del dinero extremadamente reducidos lo que incentivó y retroalimentó la burbuja de crédito, la avaricia, y por tanto la burbuja de precios en la economía real.

 Pero nuestros reguladores y políticos son incapaces de contestar esto en público y no se puede esperar que sea Botín el que diga que hay que poner más capital en su banco, al fin y al cabo él protege su patrimonio personal.
    [post_title] => Son necesarias mayores dotaciones de capital (recursos propios) en las entidades bancarias
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Ayer se realizó la 2ª Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander. Estaban todos los grandes bancos internacionales. También estaban representantes de alto nivel de varios Bancos Centrales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la AEB, la Comisión Europea, la Universidad de Nueva York, la London School of Economics, etc. Estaban, por tanto, lo más granado de la banca y del sistema financiero internacional y, sin embargo, no hubo acuerdo en las medidas que deben tomarse. Los mejores ponentes los españoles: Emilio Botín (aunque no estoy de acuerdo con una parte importante de la tesis que mantuvo), José Viñals, del FMI, Joaquín Almunia y Guillermo de la Dehesa (el único que se atrevió a decir algunas verdades  de lo que pasa). El resto de ponentes, anglosajones en su mayoría, se dedicaron a vender humo (bullshiters, en su idioma). Seguir leyendo…

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    [post_content] => El Gobierno de España, manifestó ayer que está dispuesto a negociar, con los agentes sociales, que los trabajadores puedan disfrutar de una combinación de jornada reducida con seguir cobrando la prestación pública por desempleo o el subsidio de paro. Se trataría de trabajar un cierto número de horas (reducción de jornada), sin dejar de cobrar el desempleo. Expresado de forma sencilla, la propuesta de jornada reducida se basa en la idea de que, al disminuir el número de horas que trabaja cada empleado, se reducirá el número de parados. Lo que no se entiende, y habría que aclarar, es porque un trabajador de jornada reducida y que cobra un sueldo tiene derecho además a cobrar  una parte del desempleo. Bienvenido sea el trabajo a tiempo a parcial pero para aplicar esta medida hay que estudiar muy bien cual es el coste para el erario público. 

En épocas de crisis la propuesta de jornada reducida puede tener efectos muy positivos para las empresas ya que puede aumentar la flexibilidad en la organización del trabajo, por ejemplo anualizando el cómputo de las horas de trabajo y aceptando la posibilidad de variar la jornada semanal en función de la situación coyuntural o estacional de la demanda. Esta medida no afectará por igual a todos los trabajadores, sino fundamentalmente a los trabajadores no especializados cuyo rendimiento puede ser medido más fácilmente en términos de horas de trabajo. Son precisamente éstos trabajadores de baja cualificación los que, en mayor grado, se están viendo afectados por el paro, y sobre los que se requiere por tanto una actuación más decidida de la política de empleo. 

La política de jornada reducida, junto con un estricto control del gasto público, debe evitar también el aumento de los costes laborales, por hora trabajada. A cada trabajador se le debe pagar de acuerdo a sus horas trabajadas. De lo contario se reducirían los beneficios empresariales o aumentarían las pérdidas y con ello la inversión, lo que podría retrasar, aún más, la necesaria salida de la crisis y la propia creación de empleo.
Un aumento de los costes laborales supondría una pérdida de competitividad para las empresas. En este sentido y para evitar el aumento de los costes laborales, se debe compensar el efecto de la menor jornada con una combinación de menos salarios, aumentos de la productividad y descuentos a las cotizaciones de la seguridad social, autofinanciados en parte por el ahorro de los subsidios de desempleo de los nuevos empleados. 
La reducción de jornada tiene sentido sobretodo en sectores y empresas afectadas por la crisis y que generan una disminución continuada de puestos de trabajos. En este sentido el conjunto de trabajadores de una empresa podría aceptar una reducción salarial y de horas de trabajo, a cambio de evitar que algunos de ellos pasaran a una situación de desempleo de larga duración. En este sentido, tiene razón la Ministra Salgado cuando señala que la reducción de jornada debe discurrir por la vía del diálogo social como un instrumento de flexibilidad y de estabilidad de las relaciones laborales. La jornada reducida es, en muchas empresas, una necesidad objetiva lo que aumenta sus probabilidades de éxito. 
Aunque parezca un poco cínico la reducción de jornada (trabajo a tiempo parcial) puede permitir a muchos trabajadores compatibilizar con mayor facilidad las obligaciones laborales y la vida familiar. No se tú como lo ves, pero a mí me parece un despropósito que los trabajadores sigan cobrando por un lado un salario, aunque fuera pequeño, y, por otro, el desempleo.
¿Busca esta medida la paz social? ¿Pretende reducir la tasa de desempleo? ¿Es una medida acertada? ¿Cuanto nos costará a los contribuyentes?
    [post_title] => JORNADA REDUCIDA: ¿Aumentará el empleo?
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El Gobierno de España, manifestó ayer que está dispuesto a negociar, con los agentes sociales, que los trabajadores puedan disfrutar de una combinación de jornada reducida con seguir cobrando la prestación pública por desempleo o el subsidio de paro. Se trataría de trabajar un cierto número de horas (reducción de jornada), sin dejar de cobrar el desempleo. Expresado de forma sencilla, la propuesta de jornada reducida se basa en la idea de que, al disminuir el número de horas que trabaja cada empleado, se reducirá el número de parados. Lo que no se entiende, y habría que aclarar, es porque un trabajador de jornada reducida y que cobra un sueldo tiene derecho además a cobrar  una parte del desempleo. Bienvenido sea el trabajo a tiempo a parcial pero para aplicar esta medida hay que estudiar muy bien cual es el coste para el erario público. Seguir leyendo…

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    [post_content] => The economic crisis that is unfortunately affecting Spain requires a collective effort aimed at changing the economic model. This change consists of moving over from a production apparatus, such as the present one, which is focused on sectors that are not highly exposed to international competition, such as certain services and construction, to another that is designed to produce more goods and services for exports. In short, the aim would be to increase the competitiveness of our economy; in other words, to give more importance to the sectors and businesses that export and also to those that presently compete with imports in our country. Consequently, Spanish enterprise is at a decisive moment for its future.

This is due to the fact that the peculiarities of the Spanish economic crisis can be found in the current Spanish production model, which is based on low-productivity services and industry and on the construction sector, which now threatens with high unemployment due to a reduction in activity. It would be absurd to attribute responsibility to international competition (imports) and to the globalisation of our businesses' lack of competition or the internal malfunctioning of our economy. That responsibility must be attributed to the inflexibility of the employment market, the absence of competition in certain key economic sectors, the presence of a collective subsidy culture and, therefore, one of public spending, the shortage of technological innovation, the problems that affect the financial system, the deficient education model and the low-level adoption of modern, more efficient management systems.

Is it possible to change the model? Under these circumstances, the possibility of changing the economic model will depend on our capacity for solving the problems that affect the financial system and making our economy and employment market more flexible, as well as our capacity for increasing our technological capital. Consequently, it is a question of improving production and the competitive structure to increase exports and Spanish investment abroad.

Unfortunately, during the last three years for which information is available, Spanish exports of high-tech products have fallen in absolute terms by almost 20%. Improved technology, the restructuring of production, the promotion of national saving and increased competition must be the stepping-stones along the road towards this new economic model. The main players in the model must be the old and new businesses that invest in R&D and innovation; in other words, those that supply innovation, but also those that demand innovation.

Consequently, the public sector must aim its spending at increasing the productivity and, consequently, the competitiveness of our products, such as the reform of the educational model to promote excellence and effort, motivate activities that generate R&D and innovation and speed up the construction of infrastructures. In short, we must continue our commitment to an economic model that is open to the exterior and avoid protectionism in the Spanish economy. The solution to our problems does not lie in protecting our economy from foreign competition, but rather in increasing the quantity and quality of our exports.
    [post_title] => Can Spain change its economic model?
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The economic crisis that is unfortunately affecting Spain requires a collective effort aimed at changing the economic model. This change consists of moving over from a production apparatus, such as the present one, which is focused on sectors that are not highly exposed to international competition, such as certain services and construction, to another that is designed to produce more goods and services for exports. In short, the aim would be to increase the competitiveness of our economy; in other words, to give more importance to the sectors and businesses that export and also to those that presently compete with imports in our country. Consequently, Spanish enterprise is at a decisive moment for its future. Seguir leyendo…

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    [post_content] => Las señales de que las economías más importantes del planeta (Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Japón, India, Brasil, Australia y Corea del Sur) han comenzado un periodo de recuperación económica pone encima de la mesa una pregunta ¿ha llegado el momento de comenzar a subir los tipos de interés?  

¿Cuando subirán los tipos el BCE?

Soy de la opinión de que, por ahora, no veremos subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). La razón es que aunque se ha iniciado un proceso de crecimiento económico en la Eurozona estamos todavía ante una situación muy frágil y delicada donde el desempleo seguirá aumentando, en el mundo y en Europa, durante varios trimestres. A ello se une el necesario saneamiento y ajuste del sistema bancario europeo que está por venir. Las principales economías de la Eurozona, están sufriendo todavía un importante exceso de capacidad productiva ociosa (parte del aparato productivo está sin utilizar), y en esta situación es difícil que se produzca un aumento relevante de la inflación. Por tanto el BCE no tiene necesidad, por ahora, de subir los tipos de interés.

Además, antes de que se encarezca el dinero, los Gobiernos deberían primero retirar las medidas de estímulos fiscales y los bancos centrales, también el BCE, las medidas extraordinarias de inyección de liquidez en los mercados. No creo que el BCE suba los tipos hasta, como muy pronto, en la segunda parte de 2010 o principios de 2011 porque la situación económica de los países va a ser, en los próximos trimestres, todavía muy delicada.

Subida coordinada

Además, cuando lleguen esas subidas, serán coordinadas por los principales bancos centrales del mundo. ¿Por qué? Porque los tipos de cambio de las monedas, están teniendo últimamente un comportamiento muy volátil. Y si al BCE le diera por subir los tipos de interés se apreciaría todavía más el euro lo que sería un golpe muy duro para las exportaciones europeas y, por tanto para su recuperación. Es más en el caso de que no se produjera un alza coordinada del precio del dinero, sería conveniente que la Fed fuera el primero en aumentar los tipos para ayudar a que el dólar no se deprecie.

Efectos desastrosos para España

Para la economía española, en un contexto de fuerte endeudamiento de las familias, empresas y Administraciones Públicas, una subida de tipos sería “mortal”. Aumentarían los costes financieros para las familias, las empresas y el Gobierno; y se reduciría, todavía más, el consumo y la inversión. Además, la subida de tipos apreciaría el euro lo que también perjudicaría nuestras exportaciones. Según el Informe de Otoño de la Comisión Europea publicado ayer, España será la última gran economía de la Eurozona en salir de la recesión, ya que necesita corregir sus acusados desequilibrios (sobreendeudamiento público y privado, burbuja inmobiliaria, obsolescencia productiva y déficit exterior). España no retomará crecimientos moderadamente positivos hasta el tercer trimestre de 2010, un año después de que termine la recesión en la UE. Hoy, el BBVA ha publicado  que prevé contracciones del PIB español del -3,8% en 2009 y del -1,1% en 2010. La previsión de crecimiento para 2011 es del 1%, muy lejos de las tasas de crecimiento anteriores a la recesión. Por tanto, para España, subidas de tipos, en 2010 ó 2011, serían un desastre, un “golpe de gracia”, para nuestra maltrecha economía.
    [post_title] => ¿Van a subir los tipos de interés? ¿Qué efectos tendría sobre España una subida de tipos?  
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Las señales de que las economías más importantes del planeta (Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Japón, India, Brasil, Australia y Corea del Sur) han comenzado un periodo de recuperación económica pone encima de la mesa una pregunta ¿ha llegado el momento de comenzar a subir los tipos de interés? Seguir leyendo…

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    [post_content] => Heráclito de Éfeso, como bien recordarán los lectores, fue un filósofo que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Una de sus afirmaciones más conocidas es aquella que afirma que “todas las cosas fluyen” (panta rei). Pues bien, una nueva aplicación de este principio, es el que se deduce de los datos que hoy hemos conocido del paro registrado del mes de octubre. Por lo visto, aquí continuamos con una tendencia según la cual todo fluye… hacia el desempleo. 

Iniciamos el peor trimestre del año en el ámbito de las estadísticas del mercado de trabajo, y lo hemos hecho, eso sí, mejorando sensiblemente el registro del mes de octubre del año pasado, cuando el paro creció en 192.000 personas, marcando, en ese momento, un record histórico de aumento intermensual del desempleo (un record que luego se vio rebasado por el incremento del mes de enero de este año). 

Esta vez, en octubre de 2009, el paro “sólo” ha aumentado en 98.906 personas, lo que está muy por encima, eso sí, del aumento promedio en un mes de octubre, que ascendió a 60.230 en el promedio parar dicho mes entre los años 2001 y 2008.

 Ante esta realidad, que no es nueva, la cuestión clave está en cómo actuar frente a la sangría de empleos que causa la crisis, que ya se ha llevado por delante 1,6 millones de afiliados a la Seguridad Social desde el mes de julio de 2007, momento en el que se inicia la crisis y en el que en España alcanzamos el máximo histórico de afiliación.

 No voy a ser exhaustivo, pero una de las cosas que más ha llamado la atención en las últimas semanas es la reacción totalmente opuesta en materia impositiva entre la mayor economía europea, Alemania, donde han tomado la decisión de rebajar impuestos para reactivar la economía, y España, donde el Gobierno sube los impuestos sobre el consumo (IVA) y la renta (IRPF) para, aparentemente, buscar el mismo objetivo de reactivación económica. En realidad parece que el objetivo del Gobierno es alcanzar unos niveles de recaudación que le permitan mantener su política de explosión del gasto público –recuerden que el gasto presupuestado para 2010 supera en un 17% el nivel de gasto que el Gobierno presupuestó para 2009. Pero precisamente acaba de cuantificar FUNCAS que las subidas impositivas que se ponen en marcha incrementarán la recaudación un 30% menos de lo que prevé el Gobierno, por lo que la brecha del déficit público será bastante superior a la prevista inicialmente.
    [post_title] => El inicio del otoño trae más paro
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Heráclito de Éfeso, como bien recordarán los lectores, fue un filósofo que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Una de sus afirmaciones más conocidas es aquella que afirma que “todas las cosas fluyen” (panta rei). Pues bien, una nueva aplicación de este principio, es el que se deduce de los datos que hoy hemos conocido del paro registrado del mes de octubre. Por lo visto, aquí continuamos con una tendencia según la cual todo fluye… hacia el desempleo. Seguir leyendo…