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La voz de las víctimas suele ser la menos escuchada. La vulnerabilidad de su situación y el temor a daños aún mayores evitan a menudo que se alce y, cuando lo hace, la del verdugo acostumbra a resonar con más potencia. En ocasiones, al silencio de las víctimas se añade la infamia difusa del “algo habrán hecho”. Es lo que ha sucedido en el caso Banco Madrid.

La tesis es que el Estado ha sido cooperador necesario en la muerte de Banco Madrid, que hasta su intervención por el Banco de España, rebosaba salud. Su desaparición deja 15.000 clientes desprotegidos, cerca de 300 familias sin empleo y la honorabilidad de todos en entredicho. No es novedad que los poderes públicos lleven a la quiebra a una entidad financiera, pero sí que contribuyan a destruir un banco en una semana y se desentiendan de sus víctimas.

Hasta el pasado 9 de marzo nada hacía presagiar la caída en desgracia de una de las entidades financieras de mayor crecimiento y solvencia del país. Reguladores, supervisores y prestigiosas auditoras habían bendecido una y otra vez sus cuentas y procedimientos, y en su consejo de administración se encontraban nada menos que un ex director de Inspección de Banco de España y una exdirectora del Tesoro. Pero ese día se produjo un hecho significativo. El consejo recibió un informe de tres páginas del Sepblac (órgano de prevención del blanqueo de capitales). Era la primera noticia de esta institución desde que en abril y mayo de 2014 inspeccionara las operaciones del banco y concluía con la recomendación de que elaborase un plan de acción para corregir algunas deficiencias detectadas en los procedimientos de prevención de la operativa de blanqueo de capitales. Pura rutina bancaria, parecía.

Sin embargo, el elemento más inquietante de ese informe solo se revelaría un día después: precedió casi milagrosamente en unas horas al detonante de la caída en desgracia del banco. El 10 de marzo se hizo público un informe del FinCEN -institución dependiente del Tesoro de EEUU- en el que declaraba a BPA -matriz andorrana de Banco Madrid- institución financiera de máxima preocupación en materia de blanqueo de dinero. No se mencionaba a Banco Madrid, la acusación sólo se apoyaba en tres casos sub iúdice del pasado y se vulneraban los principios de discreción, proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho a la propia defensa, pero bastó para disparar todas las alarmas.

Ese día, después de que las autoridades andorranas intervinieran BPA, Banco de España decide situar a dos interventores en Banco Madrid. La medida podía tener sentido si su objeto era el declarado de preservar la operativa de la entidad. Pero pronto se vio que no. En el último párrafo del acuerdo de intervención se afirmaba que si en la siguiente reunión del Comité Permanente que dirige el Sepblac se decidía abrir expediente sancionador a Banco Madrid, sus administradores serían sustituidos. Además, en una situación de pánico potencial, es deber esencial del regulador, y así consta en su normativa, dar garantías a corresponsales y contrapartidas sobre la seguridad de seguir operando con el banco cuya viabilidad se cuestiona. Por primera vez en la historia de la banca española, su banco central renunció a ese deber.

Ante esta falta de apoyo y la negativa de Banco de España a propiciar un cambio en el consejo de administración que permitiera la segregación de Banco Madrid respecto a BPA y facilitara la compra del banco español por alguna de las muchas entidades interesadas, su consejo de administración decidió dimitir la noche del miércoles 11. Se entendía que la entrada de lleno del supervisor en la entidad conllevaría que finalmente asumiese su deber de protección de empleados y clientes. No fue así.

¿Por qué esa negativa de Banco de España a cumplir con su deber? Según testimonios muy fiables, en el banco central ya sabían que en la reunión del Comité Permanente que se celebraría el viernes se decidiría sancionar a Banco Madrid y remitir el caso a la Fiscalía. Y así fue.

El Ministerio de Economía, de quien depende el Sepblac, asesta un golpe definitivo a su víctima. El Comité Permanente decide abrir expediente administrativo a Banco Madrid por infracciones graves y muy graves y, además, remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Lo más inaudito es que ambas medidas son hechas públicas de inmediato. Nunca antes había sucedido, a pesar de los numerosos casos previos de sanciones administrativas y denuncias ante la fiscalía, por dos buenas razones: la primera, que en el sector la discreción es clave para la supervivencia del sistema; y la segunda, que el deber de secreto está explícitamente consagrado en el artículo 49 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Se pensará que al menos el informe tan expeditivamente remitido a la Fiscalía sería demoledor. Pues ni siquiera. Las operaciones denunciadas por indicios de irregularidad, unas veinte, que incluyen varias cuentas ya cerradas en el pasado -en su mayoría originadas antes de la adquisición del banco por BPA- y una operación de 2012 ya conocida más de un año atrás, sumaban unos 15 millones de euros, frente a un balance de la entidad de cerca de 1.200 millones o unos activos bajo gestión de 6.000 millones. En el peor de los casos, de confirmarse las irregularidades, habrían merecido una multa moderada, pero la pena real fue de muerte.

Y es que semejante sucesión de noticias adversas sin una reacción protectora digna de ese nombre harían tambalearse a cualquier institución financiera, incluso a una tan solvente como Banco Madrid. A los recelos de corresponsales y contrapartidas se unía la aceleración de los reembolsos de los clientes y las salidas de depósitos.

Sentencia de muerte
Ese mismo fin de semana, Banco de España preparó la sentencia de muerte de Banco Madrid. Constató el deterioro progresivo de su liquidez, determinó que el destino inevitable era el desangramiento del herido y, ante semejante fatalidad, acordó suspender su acceso a la liquidez del banco central, lo que en la práctica significaba acelerar el desangrado; el BCE recuperaba inmediatamente 231 millones de euros de un préstamo que vencía en mayo y, en consecuencia, se dificultaba aún más la posibilidad de hacer frente a las salidas de fondos. El corolario para Banco de España era claro: los administradores de Banco Madrid (el propio banco central) debían proceder a solicitar concurso de acreedores, algo que se hacía realidad el lunes 16, al mismo tiempo que la suspensión de la operativa de la entidad.

Así, la decisión de no proteger a Banco Madrid -ni ofreciendo seguridad a corresponsales y contrapartidas, ni permitiendo su acceso a la liquidez del banco central- dispara la probabilidad de una insolvencia futura que tautológicamente se toma como justificación de esa ausencia de protección. La decisión de que el destino de Banco Madrid era la liquidación crea las condiciones para que ese destino resulte inevitable.

¿Era inevitable que Banco Madrid fuera la primera entidad financiera española en la que se declara un concurso de acreedores? Las peculiaridades del sector financiero justifican que la ley le dedique un tratamiento especial y España cuenta con el Frob y con la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito. En su somera deliberación del domingo 15 de marzo sobre qué hacer, Banco de España contempla junto al concurso de acreedores la alternativa más obvia: la resolución a través del Frob. Al menos permitiría la continuidad de la actividad de la compañía y su venta a otra entidad.

Pero se decanta rápidamente por el concurso: afectaría esencialmente a accionistas y acreedores subordinados y no comprometería fondos públicos, al contrario que la intervención del Frob, dice, que además no tendría justificación de interés público. Un argumento último es reseñable: la venta de la entidad se haría muy difícil sin garantía del Frob ante la amenaza de multa por parte del Sepblac. Días después, el propio Frob, requerido por el juez del concurso a pronunciarse, repite fielmente los argumentos del banco central para desentenderse.

Los acontecimientos han demostrado que la decisión fue muy desafortunada. Sobre todo, se ha demostrado falso que no hubiera razones de interés público para que el Frob acometiera la resolución. El artículo 19 de la mencionada ley 9/2012 señala que el interés público tiene que ver con los objetivos detallados en su artículo 3, entre ellos “proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito”. Pues bien, más de dos meses después del bloqueo de la operativa de Banco Madrid, unos 6.000 clientes aún no han podido acceder a inversiones financieras por valor de cerca de 2.900 millones de euros. La causa de esa ilegalidad reside en gran medida en el concurso de acreedores: la brusca paralización de la actividad del banco ha exigido complejos procesos manuales para realizar traspasos de subyacentes, cambios de comercializador y, finalmente, reembolsos, cuya materialización no se adivina aún y se complica por la salida de empleados.

Tampoco se ha demostrado cierto que la vía del concurso de acreedores no comprometiese fondos públicos. La CNMV se está viendo obligada a incrementar progresivamente los recursos que dedica al caso para intentar, hasta ahora con poco éxito, defender los derechos de los inversores. Entretanto, las demandas de clientes y accionistas se incrementan y no es en absoluto descartable que la negligente actuación de las administraciones públicas merezca en el futuro condenas judiciales con costes económicos sustanciales.

Ni siquiera es seguro que la intervención del Frob hubiese conllevado la inyección de fondos públicos. Es de suponer que se habría producido en un contexto de apoyo del BCE y de Banco de España, así como de las acciones necesarias para tranquilizar a clientes y contrapartidas, lo que debería haber servido para detener la salida de fondos. Y, desde luego, la venta posterior de una entidad tan saneada y atractiva para su competencia habría resultado rentable para las arcas públicas.

Finalmente, causa admiración que un argumento clave esgrimido para no facilitar la venta de Banco Madrid fuese el riesgo imposible de cubrir de una hipotética multa sobre la entidad. Si se trataba del temor a una multa de EEUU, la propia diplomacia estadounidense se encargó de recordar, demasiado tarde para el banco, que el aviso del FinCEN no acarrearía en ningún caso una multa, más allá de que la entidad española nunca fuese mencionada en su denuncia. Y si se trataba de una posible multa española, no deja de ser llamativo que el Ministerio de Economía (Frob) se resista a dar garantías sobre una multa que depende del propio ministerio (Sepblac) y que en cualquier caso habría sido moderada y acotable.

Acusación sin pruebas

¿Por qué esa negligencia de las instituciones del Estado? ¿Por qué desde el Ministerio se acusó públicamente y con escasas pruebas a Banco Madrid y se descartó cualquier viabilidad futura y desde el Banco de España se renunció al deber de protección precipitando su muerte? El miedo a EEUU o la sumisión ciega a sus designios, por encima del deber de proteger a instituciones y ciudadanos, es la interpretación más sencilla.

Puede añadirse el miope cálculo político en año electoral que ve en la denuncia estadounidense una oportunidad para presentarse como azote de bancos, ricos, paraísos fiscales y corruptos ante una opinión pública saturada de desmanes y rescates bancarios. Como si fuera posible hacer desaparecer con un solo gesto de falsa firmeza años de gestión corrupta de cajas y de quiebras verdaderas y muy costosas. Y también es posible añadir la circunstancia de que entre los 15.000 clientes había algún enemigo político.

Pero lo importante de esta historia son sus víctimas. Los accionistas y los clientes de Banco Madrid sin duda lo son. Los primeros concitan cierto escepticismo (ricos, andorranos y ¿blanqueadores?), pero la injusticia básica, desde luego procedimental, de la agresión sufrida y sus consecuencias permanentes los incluye necesariamente. En cuanto a los clientes, su crimen fue confiar la gestión de su patrimonio a una entidad eficiente regulada y supervisada por las autoridades españolas. Y su castigo, el bloqueo de su patrimonio, la incertidumbre sobre su evolución y su futuro y la sospecha pública sobre su honorabilidad.

Y casi nadie se acuerda de los empleados, probablemente las víctimas más desprotegidas. En una semana vimos cómo se desmoronaba nuestro proyecto profesional, el medio de vida de trescientas familias, sin alcanzar a saber por qué. En ese tiempo pasamos de trabajar en una entidad respetada y pujante a hacerlo en un lugar aparentemente despreciable; nosotros mismos parecimos volvernos despreciables a los ojos del mundo y alguna entidad del sector se apresuró a hacer saber que no nos aceptaría.

Han tenido que transcurrir cerca de tres meses para que empiecen a concretarse las posibles condiciones de nuestro injustificado despido, que nos hemos visto obligados a negociar con una administración concursal desbordada, en medio de un campo de batalla de intereses y tratando con poco éxito de ayudar a nuestros clientes a orientarse en un entorno opaco e imprevisible. Y entretanto, las instituciones del Estado que nos trajeron a esta situación ni se han dignado a asistir a nuestro entierro, cuya decencia posible contribuyeron a minar con notables despilfarros durante la intervención.

Mención especial merecen los empleados de la gestora de fondos del banco, pieza esencial de su éxito, y los de su bróker online. Al depender formal y arbitrariamente de empresas separadas, su destino es aún más oscuro que el del resto de empleados. Su previsible horizonte concursal todavía está por confirmar y la falta de activos disponibles de sus compañías ni siquiera augura una indemnización digna.

Hay dos víctimas más: el derecho a la información y la seguridad jurídica. Respecto a la primera, baste recordar cómo el 30 de marzo un periódico importante dedicaba casi toda su portada a la “información”, procedente de anónimas fuentes de la fiscalía, de que Banco Madrid era una estructura para blanquear, obviamente sin aportar ni un solo dato. Y en cuanto a la seguridad jurídica, el terrible mensaje lanzado a los ciudadanos es que pueden ser condenados sin juicio previo y que sus inversiones y puestos de trabajo nunca estarán seguros en una entidad financiera española no sistémica.

Juzgue el lector qué castigo merecen los comportamientos descritos y qué resarcimiento sus víctimas. Y si los ciudadanos no mereceríamos un Estado que, aunque no siempre pueda salvarnos, al menos no nos condene.

FUENTE: Antonio Zamora, El Economista, 28 de mayo de 2015

Puede que la Unión Monetaria (UM) no tenga futuro sin Grecia, pero Grecia no tiene futuro en la zona del euro. Esta es la realidad en las condiciones actuales.

Para que Grecia tuviera futuro en el €, deben darse al menos uno de estos dos escenarios posibles:
1) Que Grecia se torne en un país competitivo sin tener que devaluar (como ha sido el caso de España).
2) Que pueda asumir su deuda pública y que esta no siga creciendo.

Para que Grecia sea competitiva sin devaluaciones, necesita que los otros tres factores de competitividad (productividad, costes e inflación), mejoren respecto a sus socios comerciales. Sin duda la competitividad ha mejorado en Grecia, debido al paro masivo, que ha incrementado la productividad, y la bajada de costes salariales. Este enorme sacrificio social estaba empezando a dar resultados hace unos meses, pero hoy parece que no es suficiente y el pueblo griego ya no está dispuesto a seguir este duro camino.

En cuanto a la sosteniblidad de la deuda pública (es decir, seguir refinanciándola y evitar que siga creciendo) sólo hay dos alternativas dentro de la zona €:

2.a) De un lado seguir reduciendo el gasto público y/o subiendo los impuestos. Este es el camino ofrecido por la troika, que está llevando al país al borde del colapso social y que lo griegos deben votar en referéndum el próximo 5 de julio.

2.b) Que la UM, de su Presupuestos, inyecte anualmente a Grecia una cantidad de euros suficiente para financiar permanentemente a Grecia. ¿Cuánto puede ser esta cantidad? Es posible que entre un 5 y un 10% de su PIB (entre 16.000 y 33.000 millones de € anuales). Una cantidad que los miembros de la UM no están dispuestos a aportar cada año, por la sencilla razón de que sus ciudadanos no lo aprobarían.

Foto: griegos hacen fila para sacar dinero de un cajero en Atenas. Agence France-Presse/Getty Images

Sin duda las razones geopolíticas son muchas y relevantes para que Grecia siga formando parte de la zona € y del bloque occidental y no caiga en la influencia económica y política de Rusia o China. Añadiendo a esto que Grecia es junto con Turquía uno de los países frontera junto al mundo islámico fundamentalista, al igual que lo es Marruecos y España en el lado occidental. Estas razones impulsarían la alternativa de ayudar permanentemente a Grecia para seguir en el € y es la salida a la que la negociación del Gobierno griego quiere llegar junto a una nueva condonación de la deuda.

¿Qué podemos esperar que ocurra?

Quizás el camino que recorrió Argentina para salir de la dolarización de su economía pueda servirnos de experiencia, aunque en aquel caso existían pesos en circulación y fue más fácil de transitar.

Es posible que los griegos voten NO en el referéndum del próximo 5 de julio, sigan acudiendo masivamente a sus bancos a retirar sus fondos en € y los bancos intenten retrasar esta sangría estableciendo un procedimiento administrativo que origine grandes colas o que incluso cierren sus sucursales bancarias algunos días. El BCE cerrará el crédito al sistema financiero griego y el Estado griego tendrá que seguir pagando sueldos y pensiones y no tendrá euros para hacerlo. Para ello algunos estados argentinos crearon los patacones y Grecia puede crear dracmacones, una promesa de pago en € que empezará a circular como instrumento de intercambio en grandes cantidades y que rápidamente se irá devaluando respecto al € y será el origen de la nueva moneda griega.

Mientras, habrá un gran descalabro en la Bolsa griega y algunos desequilibrios temporales en las Bolsas europeas y el BCE acudirá a mantener el precio de la deuda de los países de la zona €, evitando que la prima de riesgo de alguno de ellos se dispare.

La deuda griega se desplomará y sus tenedores se mentalizarán para el default. Las cantidades prestadas a Grecia en su plan de rescate no se recuperarán y es posible que ante la alternativa de tener que cubrirla por los diferentes países de la UM, se establezca un fondo deudor y finalmente se termine monetizando.

Grecia, mientras tanto, irá ganado competitividad vía devaluaciones y perdiéndola vía inflación, el paro será elevado un tiempo como ahora, pero la creación de dinero y la inflación irán generando actividad interna, el turismo y las exportaciones irán elevándose y la economía griega en un par de años empezará a crecer y recuperarse, eso sí con unos salarios de millones de dracmacones que equivaldrán a unos pocos euros.

La UM, no creo que pase grandes sobresaltos después de unos meses de desajustes en los que lentamente irán tomando decisiones para apagar los grandes fuegos y en dos años nadie recordará que Grecia formó parte del €.
Si fuéramos griegos ¿qué votaríamos el 5 de julio?

El Gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó esta semana que no es posible mantener la actual capacidad adquisitiva de las pensiones españolas en el largo plazo. Se cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y se vuelve a levantar la voz para conseguir un cambio que permita resolver este problema. Los trabajadores españoles se enfrentan una vez más a la incertidumbre de si el Estado será capaz o no de pagar en el futuro unas pensiones que cubran las necesidades que puedan tener en su vejez.

Desde hace años, muchos economistas venimos advirtiendo a los distintos gobiernos de España sobre el riesgo de desequilibrios presupuestarios futuros como consecuencia del mayor gasto en sanidad y materia de pensiones. También los organismos internacionales, en sus informes sobre la economía española, suelen insistir sobre la necesidad de modificar el sistema de pensiones: alargar todavía más la edad de jubilación, introducir elementos de capitalización, aumentar la natalidad, etc. Subir los impuestos y rebajar las prestaciones es otra salida, pero muy impopular y muy ineficiente.

Envejecimiento

¿Por qué tanta preocupación sobre las pensiones? La respuesta más extendida a esta pregunta es que en muy pocas décadas España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. Un ejemplo: los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años (que es la población juvenil y que son 4 millones) son en número un 26% menos que la población que tienen 10 años más y que, por tanto están entre los 26 y 34 años (5,4 millones). Una realidad que muestra una pirámide de población invertida, lo que significa que  cada año que pasa un menor número de trabajadores tendrán que mantener a un mayor número de pensionistas.

 Este rápido proceso de envejecimiento de la población se produce como consecuencia de la tasa de fecundidad –una de las más bajas del mundo (1,2 hijos por mujer) – y del aumento de la esperanza de vida. En la actualidad las mujeres nacidas en España están entre las europeas más longevas con 86 años, frente a una media en Europa de 83, mientras los hombres se sitúan en los 80 –la media europea masculina está en 78 años–. Ambos elementos –baja natalidad y aumento de la esperanza de vida– determinan ese progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento del gasto en pensiones.

Así, esta semana se ha publicado que el gasto en pensiones ha aumentado en junio un 3% respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento no es consecuencia de que se esté pagando una mayor pensión por jubilado, que prácticamente está congelada, sino al aumento en el número de pensionistas. O lo que es lo mismo, cada año que pasa solo por la incorporación de nuevos jubilados el gasto en pensiones aumenta un 3%. Un ritmo que con el tiempo irá creciendo y que si no se tomasen otras medidas sería necesario que los jubilados cobrasen menos  o bien que aumentasen las cotizaciones sociales. Aumentar las cotizaciones no parece viable por dos motivos: 1) porque equivaldría a subir el impuesto sobre el trabajo lo que provocaría más desempleo y 2) porque estamos inmersos en un entorno de moderación de costes laborales que está permitiendo mejorar la competitividad de la economía y con esa mejora aumentar el crecimiento económico, el empleo y la recaudación.

Aumenta la actividad económica

Efectivamente, gracias a esa moderación salarial, España lleva dos años de recuperación económica y parece que estamos siguiendo por ese camino. Según informó esta semana el Banco de España en este segundo trimestre la economía creció el 1% con respecto al primero. En términos anualizados (multiplicando el dato trimestral por cuatro, tal como se hace en EEUU) el PIB aumentó un 4% que es el ritmo de crecimiento más rápido desde que comenzó la crisis.

En esta misma dirección va el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) que este martes dio a conocer el INE. Se trata de un indicador de coyuntura que permite observar, mes a mes, cómo evolucionan un conjunto de sectores económicos que representan el 50% del PIB español. El ICNE del mes de abril de 2015 corregido de efectos estacionales y de calendario, registró un crecimiento del 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado, encadenando catorce meses de crecimientos ininterrumpidos.

Toda esta información, junto con el imparable crecimiento del empleo, confirma el fuerte aumento de la actividad económica. Una situación sorprendentemente positiva que si se mantuviese en el tiempo facilitaría, aunque no solucionaría, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Efectivamente, una mayor producción de bienes y servicios no sólo tiene repercusiones positivas sobre el mercado laboral, generando más empleo y más masa salarial; sino que también significa mayores ingresos para la Seguridad Social en forma de cotizaciones sociales.

Pero para mantener las elevadas tasas de crecimiento y de empleo actuales se precisa ser muy constantes en las políticas económicas que se han venido aplicando en los últimos años y que han permitido que nuestra economía esté en equilibrio. Efectivamente, los trabajadores y las empresas han sufrido un duro proceso de devaluación interna que ha permitido eliminar el desequilibrio exterior (aumentando la competitividad de nuestras exportaciones) y reducir el déficit público y la tasa de paro. Esto se ha traducido en más empleo y más recaudación fiscal que están aumentando los ingresos públicos, también para poder pagar mejor las pensiones.

El problema de las pensiones también se está resolviendo, en parte, por el aumento de las personas que emigran ya que buena parte de ellas están desempleados. Según datos publicados esta semana por el INE, desde el año 2010, la población española se ha reducido en más de 400.000 personas. Lo que quiere decir, que cada vez un mayor número de residentes en España se va lo que baja el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo dejando más recursos para el Estado y, por tanto, también para el mantenimiento del sistema de pensiones.  

Pero no es suficiente. España, con una población menguante y envejecida debe seguir reformando el sistema de pensiones. De no hacerlo así, a medida que va pasando el tiempo cada vez menos trabajadores tendrán que pagar más impuestos porque el Gobierno necesitará atender más servicios sociales: pensiones y gastos médicos de los mayores. La Seguridad Social consumirá cada año que pase una parte más importante de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad española de garantizar el actual sistema público de pensiones.

Fuente: Rafael Pampillón. “¿Es sostenible el sistema de pensiones?“. Expansión, 27 de Junio de 2015. Pagina 47.

Hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) correspondiente al año 2014. Desde 2006, la EPF se viene realizando con periodicidad anual y sustituyó a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, que antiguamente hacía el INE con carácter trimestral. La encuesta sirve para conocer los hábitos de consumo de las familias españolas. Hay que recordar que la compra de vivienda se considera inversión y no consumo por lo que no aparece en esta encuesta. Sin embargo, si que se tienen en cuenta los gastos en vivienda: alquiler, reparaciones y, en el caso de ocupar una vivienda en propiedad o cedida, el valor de mercado de un alquiler similar.

Desde el año 2006 y hasta el año pasado (ver tabla) los españoles gastaron proporcionalmente más y de forma continuada en educación y sanidad. Un fenómeno que no se produce en ninguna de las otras partidas.

Variaciones con respecto a 2008

El gasto medio por hogar, en términos nominales, (27.038 euros) se volvió a reducir en el año 2014 por sexto año consecutivo. Sin embargo lo hizo muy poco, apenas se contrajo un 0,2% y alcanza un nuevo mínimo de la serie histórica, que arranca en 2006. De este modo, acumula una caída, desde el máximo alcanzado en 2008, del 14,7%. Por su parte, en términos constantes, el gasto medio de los hogares creció el año pasado por primera vez desde 2007 (+0,5%).

Durante la crisis (2008-14) los españoles gastaron menos en bienes de consumo. En el año 2008 el gasto en consumo alcanzó el máximo (31.711 euros por hogar) y a partir de entonces ha seguido una tendencia descendente. Así, en 2014 cada hogar español consumió en media 27.038 euros, un 14,7% menos que en el año 2008.

Además, los hábitos de consumo son cambiantes. Durante la crisis, entre 2008 y 2014, los españoles gastan menos  en transporte y en hoteles, cafés y restaurantes. También gastan menos en ocio, espectáculos y cultura (-29,7%). También desciende el gasto en vestido y calzado (-29,2%) y muebles (-33,1%). En ese mismo periodo, sólo ha aumentado el gasto en vivienda(+1,2%) y en particular electricidad y combustibles (+24,9%) y en enseñanza (+25,1%).

Variaciones con respecto a 2013

En cuanto a la variación anual, entre 2013 y 2014 el gasto medio por hogar se ha reducido en 60 euros. Los descensos de mayor cuantía (de media por hogar) se han producido en los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-216 euros) y en alimentos y bebidas no alcohólicas (-70 euros). En este caso, los mayores aumentos aparecen en transportes (+106 euros), en salud (+84 euros) y en hoteles, cafés y restaurantes (+83 euros).

Evolución de la estructura del gasto

Hace escasos años teníamos 5 países emergentes aportando más del 50% del crecimiento económico global: El acrónimo de los BRICS aunaba la fuerza y potencia de los países en vías de desarrollo.  Pero el tiempo pasa y los ciclos vuelven.  Esta semana el Banco Mundial ha señalado como las economías de la OCDE, vuelven a retomar, siete años después de la crisis financiera global, su papel como motores de la economía global.  Parece que el gran empuje que la economía mundial ha tenido estos últimos años, debido principalmente a la pujanza de China y Brasil, está llegando a su fin. El Banco Mundial señala que de los cinco, BRICS, cuatro, con la excepción de India tienen que acostumbrase a unos años de menor crecimiento.  La previsión de crecimiento del Banco Mundial para la democracia más poblada del mundo se encuentra a un espectacular 7,5% para el año en curso.

El decrecimiento estructural en economías en desarrollo, como China, ha sido debido a una diversidad de factores, como la caída en el precio de las materias primas (commodities) o la desaceleración del comercio Sur-Sur. Esto se refleja en datos como que en el primer trimestre del año, la aportación de los países emergentes al crecimiento mundial ha retrocedido por primera vez desde el 2009 o que el consumo energético chino esté creciendo a una tasa moderada, que no se había visto desde la crisis del Sudeste Asiático de los noventa.

Es una nueva situación que dentro de la globalización actual tiene un impacto general y diverso: Una posible contracción de la economía brasileña del 1,3% llevará a las economías latinoamericanas a un reducido 0,4% global; África Subsahariana limitará su crecimiento a un 4,2% debido al decrecimiento de su mayor economía, Nigeria y los Estados Unidos o Reino Unido verán un ligera reducción de su PIB al 2,7 y 2,6 , respectivamente.    Los BRICS suponen actualmente una quinta parte de la economía mundial: Rusia y Brasil ya se encuentran en recesión y China está sufriendo un decrecimiento notable.  El objetivo global de llegar a un 2,8% de crecimiento en el mundo en el 2015, estaría más claro si el repunte en los países de la OCDE fuese más fuerte.  ¿Y qué tenemos a la vuelta de la esquina?    Parece que la FED va a subir los tipos de interés por primera vez en una década y hay un número muy importante de empresas de países emergentes que se han endeudado en USD estos últimos años.

En el siglo XXI, los bajos tipos de interés en Estados Unidos, la pujanza de China y la globalización, han actuado de motores para los países emergentes.  Si los tres retroceden, no aparece ahora mismo en el horizonte un sustituto claro.  El mayor reto será encontrarlo para no volver a caer en otro ciclo bajista.

Ayer, jueves, se entregaron los Premios a la Exportación convocados por la aseguradora Crédito y Caución que han contado además con el apoyo de Expansión, el IE Business School y del Alto Comisionado para la Marca España. Las 220 historias que se presentaron y que tuve el privilegio de analizar junto con el resto del Jurado son un reflejo del buen momento que viven nuestras empresas. Seguir leyendo…

En un reciente artículo “Why Spain and Other Eurozone Countries Aren’t Feeling the Recovery” publicado en The Wall Street Journal, sostenía que España está creciendo, pero sus ciudadanos no sienten la recuperación. En este artículo nos proponemos, con datos, demostrar lo contrario.

El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el Índice de Producción Industrial (IPI) de abril de este año; la producción industrial creció un 1,8%, en tasa interanual corregida de los efectos estacionales y de calendario. Esta mejoría de la industria se apoyó sobre todo en la mayor producción de bienes de consumo duradero (+3,5%) y de bienes de equipo (+1,2%). Por tanto, el IPI señala que tanto las familias, a través del aumento del consumo, como las empresas están mejorando su situación económica.

Efectivamente, que los bienes de consumo duradero crezcan, y en este caso lo hacen a buen ritmo, es relevante porque se trata de un sector que se suele mover en la misma dirección que el ciclo económico: cuanto mejor es la situación de la economía, mayor es la demanda de bienes de consumo duradero. Además, también indica la confianza de los consumidores en las buenas expectativas de la economía. Así, cuando las empresas y las familias prevén una situación económica más halagüeña deciden comprar electrodomésticos, productos informáticos, automóviles y muebles (todos ellos bienes de consumo duradero) para reemplazar los antiguos por otros más modernos.

Crece la confianza del consumidor

Esta mejora de la producción de bienes de consumo viene avalada por el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de mayo que elabora el CIS y que mensualmente recoge la percepción de los consumidores españoles tanto de la situación actual de la economía como de su evolución futura. La semana pasada conocimos que en mayo este indicador alcanzó los 103,1 puntos. Son 1,3 puntos más que en abril y es la tercera vez consecutiva que el ICC logra situarse por encima de 100. El ICC sigue una escala de 0 a 200 en la que valores por encima de 100 indican una percepción positiva de los consumidores y por debajo, negativa. En cuanto a las expectativas de consumo los datos de mayo también ofrecieron una evolución muy favorable. La previsión de los encuestados respecto a la situación económica futura creció en los doce últimos meses un 17,4% llegando a los 114,6 puntos. Este aumento de la confianza confirma que los ciudadanos sí están sintiendo la recuperación.

En definitiva, parece que el consumo familiar ha venido para quedarse. Y además es probable que siga aumentando en los próximos años debido a la mejora del crédito, a la reducción de los impuestos, al aumento del empleo, al incremento de la riqueza de las familias y al mayor optimismo de los ciudadanos sobre el futuro de la economía española.

Aumentan las expectativas empresariales

Tal como indicábamos al comienzo, el IPI también muestra un crecimiento, aunque más suave, de la producción de bienes de equipo. Si la mayor producción de bienes de consumo duradero es una señal de la confianza de las familias en el futuro de la economía, más producción de bienes de equipo muestra una mejora de las expectativas empresariales. Por tanto, si aumenta la producción y, tal como está sucediendo, la instalación de bienes de equipo, también estará aumentando el crecimiento económico. Efectivamente, la inversión en bienes de equipo es un factor clave del aumento de la capacidad productiva de una economía y una señal de que los empresarios tienen buenas perspectivas de que la recuperación económica continúa.

Los datos de Markit del Índice de Gestión de Compras (PMI por sus siglas en inglés) muestran que la producción industrial en mayo fue mayor que la de abril, lo que ha permitido que este indicador alcanzase el mes pasado el mayor nivel desde que comenzó la crisis: 55,8. Al ser un valor por encima del 50 continúa el aumento del sector industrial español que está creciendo incluso más que el resto de nuestros socios europeos. En mayo el índice de manufacturas de la zona del euro se situaba en el 52,2 (Alemania en el 51,1 y Francia en el 49,4).

Además, tal y como ha confirmado el economista de Markit Andrew Harker, el sector industrial español no sólo está creciendo sino que además cada vez lo hace más rápido. Especialmente significativo es el aumento de los nuevos pedidos que no se aceleraban tanto desde antes del comienzo de la crisis económica.

Si el sector industrial sigue con este ritmo de expansión necesitará seguir aumentando la inversión en bienes de equipo. En los últimos seis trimestres la inversión empresarial en bienes de equipo ha crecido a un espectacular ritmo del 9% anual. También el conjunto de los bienes de capital están creciendo rápidamente (+6%). Los bienes de capital son un concepto más amplio que los bienes de equipo ya que incluyen las instalaciones industriales, los edificios, la maquinaria, los ordenadores y otras infraestructuras como las carreteras, los puertos y los aeropuertos. La misión de los bienes de capital (entre los que se incluyen los bienes de equipo) es aumentar la producción nacional y la productividad de los trabajadores.

Mejora el nivel de empleo

Todavía es pronto para saber cómo afectará este importante aumento de la inversión en la economía. Sin embargo, después de varios años de una fuerte destrucción de la capacidad productiva, es decir, después de una caída de la tasa de crecimiento del producto potencial, estamos volviendo a crear capital productivo. Algunos economistas pensamos que esta mayor inversión está generando no solo un mayor crecimiento económico sino también menos desempleo y más puestos de trabajo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer trimestre de 2013 había en España 6,3 millones de parados y desde entonces esta cifra se ha reducido en casi un millón de personas (en el primer trimestre de 2015 había 5,4 millones de desempleados). Algo similar ha sucedido con el nivel de empleo. Mientras en mayo de 2013 España contaba con 16.367.013 afiliados a la Seguridad Social, dos años después, en mayo de 2015, la afiliación alcanzó los 17.221.310 trabajadores. Se trata de casi un millón más de trabajadores que están sintiendo cómo la economía se recupera.

¿Aumenta también el empleo medido en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo? Según el INE, en los doce últimos meses se ha producido el mayor crecimiento del empleo en casi ocho años: 460.000 ocupados más. A todos nos gustaría que se generase más empleo y de más calidad, sostenible y bien remunerado. Pero para que esto se produzca la economía española debe transitar hacia un modelo económico mucho más intensivo en tecnología y en capital. Quiere eso decir que la mano de obra que se está contratando y que se va a contratar en España deberá tener un elevado nivel de formación. Pero para conseguir ese nivel, hace falta que las nuevas generaciones adquieran una educación excelente. Formación que también les servirá para aprovechar muchas de las oportunidades laborales que puedan surgir en el extranjero.

La dificultad reside en que ese modelo productivo no será capaz de absorber la mano de obra parada y de baja cualificación que campa por nuestra geografía. Recordemos que, según la EPA, de los 5,4 millones desempleados, hay casi 4 millones que no han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o solo han alcanzado ese nivel de formación de estudios obligatorios. Son personas que si no aumentan su capital humano difícilmente encontrarán empleo. Sin embargo, el resto de los desempleados (1,4 millones) sí han terminado sus estudios de bachillerato, han estudiado algún tipo de Formación Profesional (FP) o tienen estudios universitarios, es decir, tienen un oficio que les permitiría trabajar en un puesto cualificado.

A pesar de esta delicada situación del mercado laboral el sistema científico y tecnológico español debe apostar por la innovación, lo que significa asegurar un impacto bastante positivo y significativo en la economía y conseguir el crecimiento económico duradero a largo plazo. Es importante que la economía crezca, pero también es fundamental que aumente la productividad para que pueda ser más competitiva. Las nuevas y potentes tecnologías de la información y de la digitalización del siglo XXI, deben aumentar la productividad de los trabajadores. Durante el primer trimestre del año 2015, y con respecto al trimestre anterior, el crecimiento del PIB español fue mayor que el crecimiento del empleo, una prueba de que aumenta la productividad aparente del trabajo.

Este cambio de modelo productivo seguirá su rumbo si los cambios políticos que se están produciendo aseguran un marco de estabilidad a las empresas, también a las de capital extranjero. Y al igual que ha sucedido en otros países (Alemania, Gran Bretaña, etc.), a medida que vaya pasando el tiempo, las políticas de reforma acabarán dando buenos resultados en términos de bienestar. Una recuperación económica y del empleo que cada vez más será percibida por un mayor número de ciudadanos.

Fuente: Rafael Pampillón y Cristina Mª de Haro. “España crece y siente la recuperación”. Expansión, 8 de Junio de 2015. Pagina 19.

Ayer, el Banco de España publicó la balanza de pagos de los tres primeros meses de este año. Se confirma que la economía española sigue ganando competitividad. En el primer trimestre las exportaciones de bienes y servicios crecieron (+6,5%) más rápidamente que las importaciones (+4,6%). Este buen comportamiento del sector exterior ha ayudado a que los datos de la Contabilidad Nacional del primer trimestre, publicados el jueves, hayan sido muy positivos. La producción española de bienes y servicios (PIB) aumentó un 0,9% en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior, continuando así una tendencia creciente que comenzó en el tercer trimestre del año 2013. En términos anualizados (multiplicando el dato trimestral por cuatro, tal como se hace en EEUU) el PIB aumentó un 3,6% que es el ritmo de crecimiento más rápido desde que comenzó la crisis.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

¿Cuáles son las previsiones de crecimiento económico para lo que queda de año y el año que viene? El futuro está por escribir. Los resultados electorales del domingo pasado confirman que en España se ha producido un cambio político de dimensiones desconocidas. Una pérdida de poder de los partidos tradicionales (Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida) y un aumento significativo de los partidos emergentes (Ciudadanos y Podemos). Se trata de un nuevo mapa político que va a exigir que en muchos municipios y comunidades autónomas (CCAA) se tenga que llegar a pactos para poder gobernar.

No estamos, por tanto, ante un escenario de ingobernabilidad. Se trata de un panorama nuevo y sugerente, en el que los partidos políticos deberán formar gobiernos estables en las CCAA y en los ayuntamientos ¿Qué política económica deberían aplicar estos gobiernos? Aquella que aumente el bienestar de sus ciudadanos o lo que es lo mismo aquella que permita mejorar la buena marcha de la economía en su ámbito territorial. Medidas que infundan confianza en los ciudadanos y en las empresas que desarrollan su actividad en ese territorio. Mayor confianza que se traducirá en un mayor optimismo que permitirá aumentar el consumo, la inversión y como consecuencia el empleo. Políticas que consigan que la economía continúe por la senda de la recuperación.

A nivel nacional, y desde hace dos años, se está yendo por ese camino. Se está reforzando ese círculo virtuoso de altos niveles de confianza, buenos resultados económicos y aumentos en el bienestar de la población. Por ejemplo, el elevado crecimiento del PIB que se ha producido en el último año ha venido de la mano de la mejora del empleo, crecimiento del consumo y aumento en la compra viviendas.

Según informó el INE, en el primer trimestre de este año las familias consumieron un 0,7% más que en el trimestre anterior. Esta tendencia positiva en el bienestar de los ciudadanos ha continuado en el mes de abril. Así, el Índice del Comercio minorista creció en abril un espectacular 1,3% con respecto al mes de marzo (corregido de efectos estacionales y de calendario).

También el sector de la vivienda se recupera. Esta semana se ha publicado que el aumento del número de hipotecas en marzo fue de 19.806, un 20% más que en el mismo mes de 2014. Además, en el primer trimestre de 2015 se promovieron 10.681 viviendas, un 23% más que en el mismo trimestre de 2014.

EL AUMENTO DE LA OCUPACIÓN

En el futuro, ¿seguirá aumentando el consumo y la compra de vivienda? La respuesta está, en parte, en la capacidad que tengan los nuevos gobiernos municipales y autonómicos para atraer y retener actividad empresarial y, como consecuencia generar más empleo. Es decir, si los nuevos gobiernos serán capaces o no de crear ese marco de confianza necesario para que aumente la actividad económica. Los datos de Contabilidad Nacional que venimos comentando señalan que en el conjunto de España el empleo avanza y acumula cinco trimestres de crecimiento. En los doce últimos meses se ha producido el mayor crecimiento en casi ocho años: 460.000 ocupados más (medido en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo). Y en ese marco de confianza en el que se desenvuelven las empresas hay que incluir el que puedan aumentar la competitividad de los bienes y servicios que producen.

Los datos publicados van en esa dirección de mejora de la competitividad. Efectivamente, las empresas siguen aumentando sus exportaciones y la inversión en bienes de equipo. Es una señal de que están mejorando las expectativas empresariales y de que el crecimiento económico seguirá aumentando en el futuro.

Y es en el camino del aumento de la competitividad donde las CCAA tienen un margen muy importante de actuación. En manos de las CCAA está casi toda la competencia en la educación reglada de los españoles y con ella la capacidad de aumentar la calidad del capital humano y su productividad. Más empleo de calidad solo es posible si se produce un reajuste en la formación profesional y universitaria que orienten sus contenidos (más de lo que lo hacen ahora) a lo que demanda el mercado. No menos importante es la labor investigadora que se realiza desde los departamentos universitarios. El crecimiento de la productividad supone apoyar programas de investigación y desarrollo (I+D), procurando que muchos de dichos programas de investigación terminen por convertirse en proyectos empresariales generadores de empleo.

Afortunadamente, hasta ahora se ha podido consolidar un modelo productivo basado en las exportaciones que comenzó con éxito hace seis años y que asegura un crecimiento económico duradero a largo plazo. De hecho, los datos de balanza de pagos conocidos ayer confirman esa tendencia. En resumen, se trata de mantener la buena trayectoria de crecimiento de nuestra economía mejorando la competitividad. Y para ello es necesario que en todos los niveles de gobierno, también los de las CCAA y municipios se continúe facilitando la actividad empresarial y la creación de empresas en sectores y actividades que generen valor añadido.

De ahí que sería un error que los nuevos gobiernos que se formen en las próximas semanas cayesen en la tentación de ir hacia atrás, como los cangrejos, y nacionalizasen ciertos servicios públicos que están prestando empresas privadas de forma eficiente. La experiencia española, en los últimos años, ha demostrado de forma efectiva que el sector público no tiene porqué tener bancos (cajas de ahorros), ni debe dedicarse a la generación y distribución de la energía eléctrica, ni a gestionar compañías de transporte, aeropuertos, hipódromos, cadenas hoteleras, suministro de agua, recogidas de basura, etc.

En definitiva se abre un periodo en el que se van a formar nuevos gobiernos municipales y autonómicos. Gobiernos que deben dar prioridad a la generación de empleo duradero a largo plazo para lo cual deben asegurar un marco de estabilidad a las empresas, también a las de capital extranjero. Un marco de confianza donde se acreciente la unidad de mercado y se afiance la seguridad jurídica. Solo así el fantasma de la incertidumbre desaparecerá, el riesgo político de España se reducirá y la recuperación económica, iniciada hace dos años, seguirá adelante. Un crecimiento más rápido significa también ingresos fiscales más elevados lo que permitirá reducir la elevada deuda pública autonómica y municipal.

Fuente: Rafael Pampillón . “Estabilidad política para aumentar la competitividad”. Expansión, 30 de mayo de 2015. Pagina 43.

La prensa económica se hacía eco ayer de la “ambiciosa propuesta (española) a las instituciones europeas para rediseñar la política económica común, que ha fallado estrepitosamente en esta crisis.” El documento, titulado “Better economic governance in the euro area” y elaborado por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno de España, señala como principales deficiencias del Área Euro la falta de una adecuada flexibilidad de precios y rentas, la carencia de suficiente movilidad de la mano de obra (mientras que los movimientos de capitales no tienen restricciones), y la fragmentación de su mercado interior, con consecuencias especialmente graves en el sector financiero. Propone que en el medio y largo plazo, se necesitan cinco elementos para completar una unión monetaria sólida y madura:

1. Eliminar las rigideces reales y nominales que impiden un ajuste rápido ante shocks económicos.
2. Alcanzar niveles suficientes de movilidad laboral.
3. Alcanzar una Unión Fiscal sólida para completar y reforzar la Unión Monetaria. Dicha Unión Fiscal debería incluir tres elementos: (1) transferencia de soberanía a la Unión en políticas de ingresos y gastos nacionales; (2) un presupuesto común en la Eurozona; 3) instrumentos de deuda comunes.
4. Completar el mercado interior. En particular, la fragmentación del mercado financiero debe solventarse asegurando una integración adecuada del sector bancario minorista.
5. Estos avances conllevarán transferencias de soberanía al nivel central de la UEM, y por tanto tendrán que acompañarse de mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas.

Me permito extraer y resumir aquí algunos párrafos de un post que publiqué en este blog en marzo de 2007, a partir de un artículo previo de 2005, sobre las implicaciones fiscales que podrían derivarse de las limitaciones en la integración monetaria europea.

En aquel artículo destacaba que, de acuerdo con la teoría de las áreas monetarias óptimas, construida sobre las ideas del premio Nobel de Economía Robert A. Mundell (“A Theory of Optimum Currency Areas”, American Economic Review 51, 1961), el correcto funcionamiento de una unión monetaria exige ciertas condiciones estructurales de las economías de sus Estados miembros: movilidad de factores, flexibilidad de precios y transferibilidad presupuestaria. Decíamos que el perjuicio de la pérdida de la soberanía nacional respecto al tipo de cambio y a los instrumentos presupuestarios será tanto mayor cuanto peor funcionaran los mecanismos antes referidos, pues sin estos dispositivos de ajuste sería difícil financiar los desequilibrios (choques asimétricos) que puedan afectar localmente a los Estados miembros. Concluíamos, de acuerdo con aquella teoría, que en la Eurozona sería deseable la centralización de una parte significativa de los recursos fiscales (política fiscal y tesoro comunes), permitiendo así a los países que sufran un choque negativo acceder a transferencias automáticas. Si lo anterior no fuera posible, la teoría dice que las políticas fiscales nacionales se deberían poder utilizar con flexibilidad, permitiéndose el incremento del déficit presupuestario de la nación afectada. La necesidad de autonomía en el diseño de las políticas fiscales nacionales podría entenderse por tanto como una resultante inmediata de la desaparición de la política monetaria como instrumento de la política macroeconómica nacional, por supuesto siempre dentro de un marco de sostenibilidad presupuestaria y de coordinación de políticas entre los Estados miembros.

También planteábamos un análisis crítico de aquella teoría, principalmente de su segunda conclusión: las políticas fiscales no son el instrumento flexible que propugna la teoría de las zonas monetarias óptimas, dado que un gobierno no puede crear déficits presupuestarios para absorber los choques negativos sin que esto conlleve un problema de sostenibilidad de los mismos. El problema se puede formular como sigue: un déficit presupuestario provoca un aumento de la deuda del gobierno, que originará un flujo de pagos en el futuro. Si el tipo de interés de la deuda del gobierno supera la tasa de crecimiento de la economía, el proceso de acumulación de deuda conducirá a un aumento continuo de su porcentaje respecto al PIB, hasta hacerse la situación insostenible, precisando medidas de corrección. La nación se verá entonces obligada a generar amplios superávit presupuestarios primarios con el fin de evitar que dicho ratio aumente de forma automática, lo que implica reducir el gasto y/o aumentar los impuestos. Dicho de otro modo, una vez empleada este política, no será posible volver a utilizarla de nuevo hasta transcurridos varios años. De acuerdo con esta visión, se hace necesario establecer un mecanismo de control que restrinja el tamaño de los déficits presupuestarios de los estados miembros, ya que el que un país se encuentre en una senda insostenible de crecimiento de su deuda pública generará efectos externos negativos sobre el resto de la unión monetaria. Estas externalidades serán básicamente de dos tipos: 1) esta nación tendrá que elevar su recurso al mercado de capitales de la unión, aumentando igualmente el tipo de interés [riesgo] de la unión y, a su vez, la carga de la deuda sobre el resto de los países. Si los otros países deciden estabilizar sus ratios de deuda/PIB, se verán obligados a seguir políticas fiscales más restrictivas, y por lo tanto más deflacionistas; 2) esa elevación del tipo de interés de la unión podría llevar al Banco Central Europeo a relajar sus políticas monetarias [comprar deuda soberana de los países con problemas].

Decíamos, por último, que estos argumentos podrían ser criticados a su vez desde un punto de vista teórico: la existencia de efectos externos denunciada se basa en el supuesto de que los mercados de capitales privados no funcionan de manera eficiente. En el caso contrario, los mercados percibirán que el problema de la deuda pertenece a la nación con el problema de sostenibilidad, no trasladándose [contagiándose] el aumento del tipo de interés pagado por este país al resto de la unión. El problema de este argumento radica en que, bajo ciertas condiciones, a los prestamistas les puede resultar difícil asignar la prima de riesgo correcta a la deuda del país con desequilibrio presupuestario. Muy probablemente pensarán que el resto de países de la unión avalarán al gobierno con problemas para evitar que la crisis se extienda al resto del sistema financiero. Este problema únicamente puede resolverse si los estados miembros se comprometen de modo público a no respaldar la deuda emitida por los otros gobiernos, aunque esta declaración perdería sin duda su efecto por falta de credibilidad.

Confío en que la lectura de los argumentos teóricos ofrecidos en aquel texto, ocho años después, pueda ser de utilidad para contextualizar la actual propuesta española para el reforzamiento de la unión económica y monetaria.

La semana pasada conocimos los resultados definitivos de las elecciones legislativas en el Reino Unido. El pueblo ha dado la victoria al Partido Conservador que ha ganado por mayoría absoluta. Se ha cumplido, una vez más, el famoso eslogan de la campaña de Bill Clinton de 1992: “Es la economía, estúpido”. Porque, como muestran los indicadores, ha sido la buena gestión económica de David Cameron la que ha marcado la diferencia de votos a favor de los conservadores y en contra del Partido Laborista. Seguir leyendo…

Hay una subcategoría económica que consiste en crear términos y acrónimos para definir el cambiante estado de las cosas: Desde los BRICS, a los Eagles y desde la Troika al Grexit. Este último empieza a ser un término conocido y defendido por quienes defienden o simplemente argumenta sobre la posible salida de Grecia de la Eurozona.

Hay dos posturas dispares: La que considera que la salida (exit) es inevitable y defiende que aunque costosa para los prestamistas es un mal menor, cómo un mal divorcio y por otra parte quienes defienden que todo lo bueno que ha desarrollado el país Heleno en las últimas tres décadas ha venido impuesto desde Bruselas, con lo que la autonomía de los principios de la UE supondría caer en una sima todavía más profunda.

Una Grecia fuera de la UE tendría la capacidad de poder emitir su nuevo dracma (o cómo se denominase), devaluar su moneda con el objeto de incrementar su competitividad exterior, seguro que en muchos agentes económicos locales, además se tendría una sensación de liberación y podrían marcase objetivos, por ejemplo sobre la evasión fiscal, teniendo en cuenta que el resultado estaría en las manos de los propios griegos. Para la zona Euro, una salida de Grecia, supondría sobre todo un mensaje de autoridad, señalando vehementemente que las reglas de los 28 o 27 están hechas para ser cumplidas.

Los que consideran que hay que evitar esta hipótesis a toda costa ven unos costes enormes en el divorcio. De Grecia saldrían Firmas y entidades financieras de forma masiva, con lo que algún tipo de corralito parecería inevitable. La moneda local fuertemente devaluada haría insoportable la importación de commodities y la falta de acceso a los mercados internacionales de financiación conduciría a los helenos a llamar a la puerta de los mismos organismos multilaterales que ahora rechaza.

Respecto a la Unión Europea, hay que señalar que casi el 75% de los 317.000Millones de la deuda gubernamental helena tiene como acreedores a países y entidad financieras de la eurozona. Una quita o pérdida definitiva de un alto porcentaje de este importe parecería inevitable.

Vivimos años muy interesantes en el plano económico, pero en el caso Griego y tras cinco años de austeridad y ajuste para los ciudadanos del país , hay que esperar que las dos partes implicadas (prestamistas y deudor) se marquen como objetivo el reconducir la situación de los 11 Millones de ciudadanos implicados.