En plena etapa de recesión hay una lógica tendencia a anteponer (aún más) los problemas a corto plazo, arrinconando los grandes desafíos que se atisban a medio y largo plazo. Se trata, como digo, de una postura comprensible, pero también peligrosa, especialmente si la misma provoca un agravamiento de los problemas venideros. Desgraciadamente, algo de esto ocurre en nuestro país, donde los árboles más cercanos no dejan ver el bosque a nuestros gobernantes.
Más allá de la conveniencia de alguna de las medidas adoptadas para contener a corto plazo el desplome de la demanda agregada y la escalada del desempleo, lo cierto es que su eficacia está llamada a diluirse con rapidez. Así lo entiende Olivier Blanchard que, aunque refiriéndose a la economía mundial, atina también con la situación española al señalar que los estímulos fiscales han logrado dopar y mejorar por tanto el rendimiento a corto plazo de muchas economías. Tarde o temprano, estos estímulos se agotarán y los brotes verdes quedarán congelados sin la protección de una estructura y un modelo económico más competitivo. Más que preocuparnos de regar los brotes verdes con el abundante flujo del dinero público, deberíamos tratar de crear un entorno en que esos brotes puedan desarrollarse por sí mismos. Esto exige reformas, que van desde la polémica modernización del mercado laboral (que es mucho más que el tan cacareado coste de despido) hasta la mejora del conjunto de nuestro sistema educativo.
En esa línea de reformas, hay otra pendiente y cuya urgencia puede incrementarse a raíz del fuerte empeoramiento reciente de las cuentas públicas. Me refiero a la reforma del sistema de pensiones. España es un país que envejece de manera inexorable, tanto que ni el reciente repunte de la natalidad ni la fuerte entrada de inmigrantes en los últimos años podrán evitar que nos convirtamos en una de las poblaciones más ancianas del planeta allá por 2040 ó 2050. Entre los muchos efectos económicos de este fenómeno, destaca el tremendo impacto que tendrá sobre el sistema de pensiones, basado en un esquema de reparto que sólo es sostenible sin un recorte importante en las prestaciones si la pirámide poblacional sigue siendo tal pirámide (cosa que no ocurrirá por el envejecimiento) o si la productividad crece a tasas muy altas (algo improbable viendo nuestro modelo productivo y el pésimo comportamiento de esta variable en los últimos años)
Alternativas de acción
¿Qué podemos hacer? Dos cosas fundamentalmente. Por un lado, emprender reformas estructurales de calado como las ya señaladas del mercado de trabajo y la educación. Esto debería facilitar el retorno a una senda de crecimiento, con creación de empleo y, a diferencia del pasado inmediato, aumentos notables de productividad.
Por otro lado, acometer reformas del propio sistema de pensiones. Es cierto que este tema tiene un marco propio de discusión política en el Pacto de Toledo, del que han surgido algunas propuestas, como la de incrementar la conexión entre las aportaciones realizadas por el trabajador y las prestaciones por jubilación que obtenga. Sin duda es una buena idea, pero creo que insuficiente ante la magnitud de lo que puede venírsenos encima. Por lo menos hay que poner sobre la mesa y discutir la posibilidad de reformas de mayor alcance.
Hace unos meses, el Círculo de Empresarios planteaba una alternativa para fortalecer la sostenibilidad del sistema, incentivando a la vez la responsabilidad personal, el ahorro y la inversión a largo plazo, y tomando como prioridad no dejar a nadie fuera del sistema. Esa propuesta se apoyaría en tres soportes. Un soporte asistencial para asegurar un mínimo vital, cuyo funcionamiento sería el de un sistema de reparto que incluyese las pensiones no contributivas. El segundo soporte correspondería a un subsistema obligatorio de capitalización. Es decir, un fondo personal de inversión para cada trabajador al que se contribuiría con sus cotizaciones y las de sus empleadores, siempre que sus ingresos superasen un determinado umbral. Con este segundo soporte se podría aproximar la pensión al nivel de vida que el trabajador mantenía antes de su jubilación. Por último, un tercer soporte, llamémosle de ahorro individual voluntario, se concretaría en planes de pensiones incentivados fiscalmente con los que, quienes así lo quisieran, podrían complementar sus pensiones.
Esta y otras propuestas, así como lo ya hecho en otros países, merecen ser analizadas en detalle. Aunque a algunos no les guste demasiado, éste es un debate absolutamente necesario.
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