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En un reciente post El intolerable derroche de las Comunidades Autónomas. ponía de manifiesto que una tarea prioritaria para el Gobierno que salga de las urnas el 20 de Noviembre será la necesidad de una reforma y reducción del gasto público de los Entes Territoriales. Así, la actividad del sector público se ha situado en el foco del análisis de los economistas, periodistas, políticos y ciudadanos. Conceptos como la deuda de las Administraciones Públicas, el déficit público, la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto o el tamaño del sector público son debatidos con frecuencia en muchos países de nuestro entorno y muy especialmente en España.
Reducir el déficit y la deuda pública
Así, la reducción de los ingresos en las distintas Administraciones Públicas españolas, los compromisos de gastos adquiridos, las dificultades para devolver la deuda pública o los problemas de liquidez y tesorería de las distintas Administraciones, hacen necesario replantearse el modelo de prestación de servicios en la actualidad, en aras de conseguir un Estado viable, competitivo y de calidad.
De este modo, surgen voces que reclaman la introducción de medidas innovadoras, como el copago sanitario o la colaboración público- privada para la prestación de los servicios públicos para la mejora de la eficiencia en la prestación de los mismos; la reducción de Administraciones, mediante la fusión de Entidades Locales, y la creación de Consorcios para la gestión de servicios públicos; o la optimización de las estructuras públicas, mediante la reducción de fundaciones, sociedades o instituciones de derecho público, o a través de la reducción de empleos públicos.
Ineficiencia administrativa
Además de dichas áreas de actuación, existe un ámbito de trabajo muy relevante y de plena actualidad, que constituye una necesidad acuciante para nuestro país, y es el que hace referencia a la revisión de la distribución competencial entre los distintos niveles de la Administración, donde conviven la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, más de 8.000 Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, y Consejos Insulares en las islas.
Vale la pena recordar que el Estado español se organiza en 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, 52 provincias y más de 8.100 municipios, todos ellos gobernados por sus respectivos Gobiernos Autonómicos, Diputaciones Provinciales o Consejos Insulares y Ayuntamientos, que elevan la complejidad de la gobernanza en el país y que provocan, en ocasiones, la redundancia en las funciones desarrolladas, los gastos incurridos y las propuestas realizadas.
La consecuencia de esta estructura es la existencia de multitud de normas similares en diferentes lugares de la geografía española, repetición de estructuras de diferente nivel administrativo, y un entramado institucional de enormes dimensiones, con elevadísimos gastos de organización y gestión, con un sector público sobredimensionado y un número de trabajadores públicos muy superior al de otros países de nuestro entorno.
Un panorama complejo que presenta notables ineficiencias y ámbitos de mejora, ya que existen actuaciones duplicadas o triplicadas entre los distintos niveles, habiéndose aceptado el desarrollo de competencias impropias, competencias delegadas, competencias adquiridas, o competencias no asumidas, entre otras; conceptos todos ellos que ponen de manifiesto la existencia de un modelo poco claro, que influye decisivamente sobre la realidad, sobre la eficiencia de la Administración y sobre el ciudadano y contribuyente, que debe financiar el mismo servicio por varias vías.
¿Por dónde reformarías nuestro modelo de Estado para hacerlo más eficiente y más barato?
¿Qué competencias deberían volver al Estado Central? ¿Urbanismo, políticas de empleo, educación universitaria, la ciencia y tecnología, la salud o la formación profesional?
Si España tiene un problema de competitividad, como es notorio y ampliamente reconocido ¿se debe en alguna medida a los costes que impone una estructura territorial que lleva a unas Administraciones Públicas sobredimensionadas redundantes e ineficientes?
Fuente: GUSTAVO GARCÍA CAPÓ (MBA en el Instituto de Empresa y socio de Deloitte responsable a nivel nacional de la industria de Sector Público) “Análisis del modelo de distribución de competencias en España, Alemania y USA, e identificación de oportunidades para la mejora del sistema español”. Libro Marrón. Círculo de Empresarios. 2011.
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En un reciente post El intolerable derroche de las Comunidades Autónomas. ponía de manifiesto que una tarea prioritaria para el Gobierno que salga de las urnas el 20 de Noviembre será la necesidad de una reforma y reducción del gasto público de los Entes Territoriales. Así, la actividad del sector público se ha situado en el foco del análisis de los economistas, periodistas, políticos y ciudadanos. Conceptos como la deuda de las Administraciones Públicas, el déficit público, la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto o el tamaño del sector público son debatidos con frecuencia en muchos países de nuestro entorno y muy especialmente en España.
Reducir el déficit y la deuda pública
Así, la reducción de los ingresos en las distintas Administraciones Públicas españolas, los compromisos de gastos adquiridos, las dificultades para devolver la deuda pública o los problemas de liquidez y tesorería de las distintas Administraciones, hacen necesario replantearse el modelo de prestación de servicios en la actualidad, en aras de conseguir un Estado viable, competitivo y de calidad. Seguir leyendo…
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