Archivo de la Categoría ‘Política fiscal’

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    [post_date_gmt] => 2012-05-25 17:27:41
    [post_content] => En España es primordial recortar el gasto público. Sobre todo aquél que es suntuario, improductivo e innecesario. Especialmente el que se dilapida en las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Pero también es muy importante recaudar más. Y en España se da la paradoja que con una fiscalidad muy alta se recaudan pocos impuestos.

Así, según datos publicados esta semana por Eurostat, España está situada entre los países de Europa con tipos impositivos más elevados en las figuras impositivas más relevantes: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Tax on personal income),  Impuesto sobre el beneficio de las Sociedades (Tax on corporate income) e IVA (VAT). Sólo Bélgica, Dinamarca, Francia y Suecia tienen unos tipos impositivos más altos (ver anexo al final del post).

En España el IRPF el tipo marginal máximo se ha situado ya en el 52%, sólo por detrás de Bélgica (53,7%), Dinamarca (55,4%) y Suecia (56,6%). Y en el mismo nivel que Holanda (ver anexo).

En el caso del Impuesto de Sociedades, el tipo impositivo es del 30% de sus beneficios (25% en las pymes), un registro sólo superado por Bélgica (34%), Francia (36,1%), Malta (35%) y Portugal e Italia, en ambos casos ligeramente por encima del 30% (ver anexo).

Tan sólo en el IVA, la presión fiscal es menor al tipo medio general en la UE, pero con una salvedad. España es uno de los países que más ha elevado el tipo impositivo desde el año 2000: del 16% al 18% (ver anexo).

El fraude fiscal de la economía legal (PIB contabilizado)

Sin embargo y también según  datos publicados por Eurostat, España es el país de la Eurozona con menos ingresos fiscales (recaudación) sobre PIB, menos incluso que Grecia (35.1% en España versus 40.9% en Grecia).



 Cuadro 1
(Ingresos/PIB) %


Alemania
44,70%


Francia
50,70%


España
35,10%


Grecia
40,90%


Italia
46,10%


Portugal
44,70%



Fuente: Eurostat

Como los tipos impositivos de España son superiores a los tipos medios europeos y la recaudación es muy baja, la conclusión que se puede sacar es que España tiene un problema de fraude fiscal (una economía sumergida instalada en la economía legal que no paga impuestos) incluso mayor que el de Grecia.

Efectivamente, según el cuadro 1 los ingresos sobre el PIB que el Estado español recibe son de los más bajos de la eurozona (35,10%), frente a los de Francia (50,70%), Alemania (44,70%) o Grecia (40,90%).

La economía subterránea (PIB no contabilizado)

Observe el lector que los datos de arriba están obtenidos en función del PIB legal, es decir, del PIB contabilizado por el INE. Estamos señalando, por tanto, solo el fraude que se produce en la economía legal. Pero hay otra parte de la economía que se escapa de la Contabilidad Nacional. Por eso al fraude existente en la economía legal hay que sumarle el que se produce en la economía sumergida, es decir, en la no registrada (en el PIB no contabilizado) por el INE.

Conclusión

España necesita reducir el gasto público pero también y, sobre todo, recaudar más y para ello se necesita invertir más en Inspectores de Hacienda. En definitiva: ìmpuestos altos + recaudación tributaria baja = fraude fiscal. Por eso desde este blog nos hemos mostrado partidarios de "La limitación en los pagos en efectivo y de la amnistía fiscal porque son instrumentos que además de luchar contra el fraude, aumentarán la recaudación tributaria y favorecerán el crecimiento económico de España."

Anexo (si hace click se amplía)


    [post_title] => Economía sumergida y fraude fiscal son muy altos en España.
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En España es primordial recortar el gasto público. Sobre todo aquél que es suntuario, improductivo e innecesario. Especialmente el que se dilapida en las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Pero también es muy importante recaudar más. Y en España se da la paradoja que con una fiscalidad muy alta se recaudan pocos impuestos. Seguir leyendo…

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    [post_date] => 2012-04-11 10:02:27
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Parece que el beneplácito que los mercados dieron al nuevo gobierno del Partido Popular ha durado poco y en sólo un mes el diferencial de tipos de interés entre el bono español y el alemán ha subido 100 puntos básicos, alcanzando máximos desde que llegase Mariano Rajoy a la Moncloa y situándose sólo a setenta puntos básicos de la zona de alta especulación en la que el fantasma del rescate aparece con fuerza.

Prima de riesgo del bono español a 10 años (fuente: Bloomberg)

El gobierno presidido por Mariano Rajoy está lanzando mensajes ambiguos al mercado. La celeridad e intensidad de algunas de las reformas aprobadas por el ejecutivo español (principalmente la laboral) se han visto oscurecidas por errores en el apartado de política fiscal y presupuestaria. Las dos medidas estrellas de política fiscal han sido hasta ahora la subida del IRPF y la recuperación de la deducción por vivienda. Ambas medidas van en dirección contraria y algunos cálculos cifran su impacto neto en el déficit público cercano a cero o incluso negativo. El desaguisado se completó hace escasos días cuando el gobierno anunció una amnistía fiscal de dudosa efectividad y a la que se han opuesto varias comunidades autónomas, generando la sensación de que el ejecutivo y las comunidades autónomas están descoordinadas. El resultado en otros países donde se ha intentado esta medida ha sido muy pobre y a pesar de ello el gobierno ha dedicado muy pocos esfuerzos a explicar los motivos y el impacto esperado.

El gobierno debe reducir su déficit en unos treinta y cinco mil millones de euros (aprox. 3,5% del PIB) para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos. Tanto si este ajuste se realiza por la vía de más impuestos o por la vía de menos gasto su impacto en la actividad económica y en la tasa de desempleo serán negativos. Estos efectos de segunda ronda limitan la efectividad de las políticas de ajuste. Se calcula que cada euro de recorte en el gasto público reduce el déficit fiscal en no más de 55 céntimos. Cuando se reduce el gasto público o suben los impuestos, baja la actividad económica, se recauda menos, sube el paro y sube el gasto en subsidios por desempleo. La consecuencia es que la citada reducción del déficit exige un recorte de gasto de unos sesenta mil millones de euros (6% del PIB!). No hay economía que aguante semejante ajuste y esto es lo que los mercados están considerando. En tan sólo cinco años hemos pasado de una deuda pública del 35% del PIB al 80% del PIB (estimación para finales de 2012) con unos costes de financiación entorno al 2,5% del PIB. El argumento de que nuestro nivel de deuda era inicialmente bajo (lo cual es cierto) ya no vale. Los mercados no temen nuestro nivel de deuda, temen su rápido crecimiento.

Ante tan preocupante panorama no le quedan al ejecutivo de Mariano Rajoy muchas alternativas. En cambio el gobierno entretiene a los mercados anunciando mediante una nota de prensa ahorros en sanidad y educación por valor de diez mil millones de euros fruto de la eliminación de duplicidades e ineficiencias. No se explica qué duplicidades ni qué ineficiencias. La sensación de improvisación empieza a ser preocupante y demasiado familiar. Esperanza Aguirre ha lanzado más leña al fuego proponiendo la devolución de competencias clave desde las comunidades autónomas al gobierno central. Mariano Rajo ha tenido que desmentir cualquier intención del gobierno de seguir esta propuesta. Esto exigiría un cambio de modelo y constitucional que ahora mismo el país no puede permitirse. De nuevo, crece la sensación de falta de control por parte del gobierno, de improvisación, y los mercados responden castigando. ¿Reaccionará el gobierno a las presiones de la ortodoxia económica que exige ahondar en dos medidas de gran calado ya utilizadas anteriormente: subir el IVA y bajar el sueldo a los funcionarios? En cualquier caso una cosa queda clara. El gobierno de España debe tomarse muy en serio mejorar la comunicación de las medidas de ajuste fiscal que proponga en el futuro. En una crisis de confianza como esta, la buena comunicación es esencial.
    [post_title] => El desorden en política fiscal empieza a ser preocupante
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Parece que el beneplácito que los mercados dieron al nuevo gobierno del Partido Popular ha durado poco y en sólo un mes el diferencial de tipos de interés entre el bono español y el alemán ha subido 100 puntos básicos, alcanzando máximos desde que llegase Mariano Rajoy a la Moncloa y situándose sólo a setenta puntos básicos de la zona de alta especulación en la que el fantasma del rescate aparece con fuerza.

Prima de riesgo del bono español a 10 años (fuente: Bloomberg)

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    [post_content] => Durante las últimas semanas el ruido de las noticias y de las opiniones interesadas  están complicando la situación de la economía española. En cambio pasan desapercibidas algunas estadísticas que reflejan la importante reducción de algunos de nuestros desequilibrios. Por ejemplo, la semana pasada las cuentas no financieras de la economía española reflejaron que en 2011 se siguió reduciendo la necesidad de financiación de nuestros agentes hasta el 3,4% del PIB (4% del PIB el año anterior).

Es decir, aunque seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, lo hacemos mucho menos que a mediados de la pasada década, cuando necesitábamos captar financiación en el exterior por casi el 10% del PIB.



 

Además, la posición entre agentes ha cambiado radicalmente frente a lo que ocurría hace pocos años, pues mientras el sector público presenta una importante posición deficitaria, (-8,5% del PIB), como consecuencia del efecto de los estabilizadores automáticos, el resto de agentes invierten menos de lo que ahorran, como pone de manifiesto la posición acreedora del sector privado, tanto en familias (2,3% del PIB) como empresas (1,6% del PIB) y, en menor medida, instituciones financieras (1,3% del PIB). Es decir, los agentes privados, aunque lentamente, se están desapalancando, reduciendo sus deudas.

Esto lleva a algunos economistas (por ejemplo, Richard Koo de Nomura) a poner en duda la idoneidad de un ajuste tan drástico del gasto público, cuando la demanda interna privada también lo está haciendo de manera muy intensa. Es decir, si todos nos apretamos el cinturón a la vez y con la misma intensidad, va ser difícil evitar una intensa y larga recesión.

La reducción agregada de la necesidad de financiación, o lo que es lo mismo, el desfase entre inversión y ahorro internos, fue el resultado de la prolongada senda contractiva de la inversión (-1,2 puntos hasta el 22,1% del PIB en 2011, de modo que desde los máximos de 2006-2007 ha perdido casi nueve puntos de PIB). Es decir, pasamos de invertir casi como un país asiático (cerca del 30% del PIB) a movernos en niveles más propios de la OCDE. Por su parte, la evolución del ahorro compensó la mitad de la caída de la inversión, ya que también perdió peso sobre el PIB: seis décimas el pasado año y 5,2 puntos desde el máximo de 2003 hasta situarse en el 18,2%. Así, en 2011 se redujo un 1,4%.

La caída de la inversión (-3,1%) fue fruto del descenso moderado en el caso de los hogares (-3,5%) y, sobre todo, del desplome en el caso de las AA.PP. (-30,3%), que compensaron el aumento de la inversión empresarial (+3,2%). En cuanto al ahorro, el deterioro del de los hogares contrarrestó la mejoría en el caso de las empresas y las AA.PP. (+12,1% y +11,2%, respectivamente). En el caso concreto de los hogares, el intenso deterioro del empleo y, por tanto, de su renta disponible (RBD), explican la reducción de su tasa de ahorro hasta mínimos de cuatro años (11,6% de la RBD), al objeto de mantener sus niveles de consumo.

Por tanto, la dependencia de la economía española del ahorro externo continúa reduciéndose (un 60% acumulado desde 2007), si bien se modera su ritmo de corrección. Esta evolución es consecuencia del intenso ajuste de la inversión y no de una mejora del ahorro interno, que, por el contrario, mantiene una senda de deterioro. La clave en el medio plazo es como compatibilizar las exigencias de reducción del déficit público que vienen de Bruselas, con el desapalancamiento de los agentes privados, sin provocar una fuerte recesión.
    [post_title] => España sigue reduciendo su necesidad de financiación exterior
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Durante las últimas semanas el ruido de las noticias y de las opiniones interesadas  están complicando la situación de la economía española. En cambio pasan desapercibidas algunas estadísticas que reflejan la importante reducción de algunos de nuestros desequilibrios. Por ejemplo, la semana pasada las cuentas no financieras de la economía española reflejaron que en 2011 se siguió reduciendo la necesidad de financiación de nuestros agentes hasta el 3,4% del PIB (4% del PIB el año anterior).

Es decir, aunque seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, lo hacemos mucho menos que a mediados de la pasada década, cuando necesitábamos captar financiación en el exterior por casi el 10% del PIB.

Además, la posición entre agentes ha cambiado radicalmente frente a lo que ocurría hace pocos años, pues mientras el sector público presenta una importante posición deficitaria, (-8,5% del PIB), como consecuencia del efecto de los estabilizadores automáticos, el resto de agentes invierten menos de lo que ahorran, como pone de manifiesto la posición acreedora del sector privado, tanto en familias (2,3% del PIB) como empresas (1,6% del PIB) y, en menor medida, instituciones financieras (1,3% del PIB). Es decir, los agentes privados, aunque lentamente, se están desapalancando, reduciendo sus deudas.

Esto lleva a algunos economistas (por ejemplo, Richard Koo de Nomura) a poner en duda la idoneidad de un ajuste tan drástico del gasto público, cuando la demanda interna privada también lo está haciendo de manera muy intensa. Es decir, si todos nos apretamos el cinturón a la vez y con la misma intensidad, va ser difícil evitar una intensa y larga recesión.

La reducción agregada de la necesidad de financiación, o lo que es lo mismo, el desfase entre inversión y ahorro internos, fue el resultado de la prolongada senda contractiva de la inversión (-1,2 puntos hasta el 22,1% del PIB en 2011, de modo que desde los máximos de 2006-2007 ha perdido casi nueve puntos de PIB). Es decir, pasamos de invertir casi como un país asiático (cerca del 30% del PIB) a movernos en niveles más propios de la OCDE. Por su parte, la evolución del ahorro compensó la mitad de la caída de la inversión, ya que también perdió peso sobre el PIB: seis décimas el pasado año y 5,2 puntos desde el máximo de 2003 hasta situarse en el 18,2%. Así, en 2011 se redujo un 1,4%.

La caída de la inversión (-3,1%) fue fruto del descenso moderado en el caso de los hogares (-3,5%) y, sobre todo, del desplome en el caso de las AA.PP. (-30,3%), que compensaron el aumento de la inversión empresarial (+3,2%). En cuanto al ahorro, el deterioro del de los hogares contrarrestó la mejoría en el caso de las empresas y las AA.PP. (+12,1% y +11,2%, respectivamente). En el caso concreto de los hogares, el intenso deterioro del empleo y, por tanto, de su renta disponible (RBD), explican la reducción de su tasa de ahorro hasta mínimos de cuatro años (11,6% de la RBD), al objeto de mantener sus niveles de consumo.

Por tanto, la dependencia de la economía española del ahorro externo continúa reduciéndose (un 60% acumulado desde 2007), si bien se modera su ritmo de corrección. Esta evolución es consecuencia del intenso ajuste de la inversión y no de una mejora del ahorro interno, que, por el contrario, mantiene una senda de deterioro. La clave en el medio plazo es como compatibilizar las exigencias de reducción del déficit público que vienen de Bruselas, con el desapalancamiento de los agentes privados, sin provocar una fuerte recesión.

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    [post_content] => En los últimos años, los Ayuntamientos españoles han incrementado brutalmente el tamaño de su sector público emresarial pasando de 465 empresas en el año 1998 a 1.251 en la actualidad. Por su parte las Comunidades Autónomas cuentan con 950 empresas públicas tal como publicamos en el post ¿Ha llegado el momento de reducir el tamaño del sector público de las Comunidades Autónomas? .

La situación actual de la economía española con elevado déficit público y el consiguiente aumento de la deuda de las Administraciones Públicas españolas exigen cambios profundos en ese sector público empresarial. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, deben cerrar o privatizar gran parte de las empresas públicas.

Esto se debe a que muchas de ellas no sólo tienen pérdidas, sino que además no son necesarias para los ciudadanos. Y aún cuando prestan servicios necesarios, en muchos casos tienen costes muy altos y elevados niveles de ineficiencia.

La mejor solución para muchas de estas empresas públicas es, por eso, cerrarlas o privatizarlas. La experiencia muestra que la privatización de las empresas públicas incrementa la productividad y eficiencia y mejora la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Se consigue, además, introducir más competencia y estímulo en la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción para los ciudadanos.

Las privatizaciones, si están bien diseñadas, pueden generar, por tanto, fuertes incrementos de la productividad de las empresas públicas que ahora están gestionadas por los municipios y comunidades autónomas, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor bienes o servicios. La experiencia de otras privatizaciones como las de Telefónica, Repsol, Endesa, Aldeasa, Enatcar, Santa Bárbara, Aceralia, etc., muestra que en mercados competitivos o adecuadamente regulados la maximización del beneficio supone, al mismo tiempo, la máxima eficiencia. La privatización reduciría, además, las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial municipal y autonómico.

Disminución del déficit público

Las privatizaciones no suponen sólo un ingreso puntual de dinero en el erario público como fruto de la venta de la empresa pública, sino que reducen también el déficit público al quedar eliminados los déficits operativos (subvenciones) que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas de la Administración Pública. Si además, tal como se ha demostrado en España, las empresas, una vez privatizadas, realizan una mejor gestión empresarial, se podrán ingresar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan.

Corrupción

Un aspecto fundamental de cualquier proceso de privatizaciones es que la venta de las empresas públicas se haga con transparencia, publicidad y concurrencia. Se consigue con ello reducir fuertemente las posibilidades de corrupción y el uso de información confidencial, elementos que originan ganancias privilegiadas para los que están implicados en ese proceso de venta de bienes públicos.

La corrupción se debe evitar y perseguir, ya que reduce la confianza ciudadana en sus gobernantes, vulnera el imperio de la ley y socava la credibilidad de los políticos. Cuando hay corrupción, los que gobiernan son percibidos como un grupo que está en el poder para apropiarse de rentas que no están destinadas para su disfrute personal.

La corrupción reduce la eficacia de los procesos de privatización porque evita la maximización del precio de la venta. Los contribuyentes (que somos los verdaderos propietarios de las empresas públicas) tenemos derecho a recibir el mayor ingreso posible por la venta de las empresas públicas. Cuando los que gobiernan no introducen criterios de transparencia, concurrencia y publicidad en los procesos de privatización se produce un sentimiento de decepción y escepticismo en los ciudadanos, que observan con un creciente recelo y desconfianza como una parte de los ingresos de las privatizaciones, que deberían aumentar los ingresos del Estado, la capturan los políticos.

Detección de errores

La mayor transparencia expone el proceso a una mayor publicidad, lo que facilita la detección oportuna de eventuales errores y permite determinar si los objetivos establecidos por el gobierno autonómico o municipal, tanto en lo relativo al proceso de privatización como al resultado final, se han cumplido de forma razonable. La transparencia facilita además el proceso de aprendizaje (que es parte inherente a todo programa de privatización) y aumenta el flujo de información, lo que contribuye a la eficiencia global del mercado y a la maximización de los precios.

La experiencia privatizadora de las empresas pertenecientes al Estado Central

Cuando hay transparencia y competencia, no sólo para la venta de la empresa sino también en la elección de los distintos participantes en las operaciones de privatización (asesores, coordinadores globales, valoradores, etc.), se detectan con facilidad posibles conflictos de interés en el proceso por parte de cualquiera de los participantes en una operación de privatización.

La experiencia de privatización de las empresas que antes pertenecían al Estado (a través de la Sepi, Seppa, Agencia Industrial del Estado, Ministerio de Fomento, etc.) podría ser muy útil a las comunidades autónomas y municipios. Se conseguiría mejorar la oferta de servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad con efectos catalizadores que permitirían aumentar la actividad económica y, por tanto, y también por esta vía, los ingresos fiscales.

En resumen, un proceso de privatización bien hecho con trasparencia, publicidad y concurrencia no sólo puede aumentar los ingresos para los municipios y comunidades autónomas españolas, sino que puede generar también nuevas inversiones destinadas a modernizar la instalación y los equipos de las empresas privatizadas.

El Sector Público español tiene la oportunidad y el reto de hacer crecer nuestra economía. Privatizar empresas públicas ha sido, en otras épocas, un camino de exito y de aumento de productividad para la economía española. Esperemos que los que nos gobiernan sepan hacerlo con trasparencia, concurrencia y publicidad.

Fuente: Rafael Pampillón. "Privatización de empresas municipales y autonómicas". Expansión, 6, 7 y 8 de abril der 2012, página 42.
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En los últimos años, los Ayuntamientos españoles han incrementado brutalmente el tamaño de su sector público emresarial pasando de 465 empresas en el año 1998 a 1.251 en la actualidad. Por su parte las Comunidades Autónomas cuentan con 950 empresas públicas tal como publicamos en el post ¿Ha llegado el momento de reducir el tamaño del sector público de las Comunidades Autónomas? .

La situación actual de la economía española con elevado déficit público y el consiguiente aumento de la deuda de las Administraciones Públicas españolas exigen cambios profundos en ese sector público empresarial. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, deben cerrar o privatizar gran parte de las empresas públicas.

Esto se debe a que muchas de ellas no sólo tienen pérdidas, sino que además no son necesarias para los ciudadanos. Y aún cuando prestan servicios necesarios, en muchos casos tienen costes muy altos y elevados niveles de ineficiencia.

La mejor solución para muchas de estas empresas públicas es, por eso, cerrarlas o privatizarlas. La experiencia muestra que la privatización de las empresas públicas incrementa la productividad y eficiencia y mejora la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Se consigue, además, introducir más competencia y estímulo en la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción para los ciudadanos.

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    [post_content] => La partida sigue su curso en Europa y, aunque todos vamos en el mismo barco, es importante no situarse en el centro de la diana. Es decir, importa tanto la valoración absoluta del riesgo, como la posición relativa que ocupamos en cada momento.

En este sentido, no son buenas noticias que la prima de riesgo de España haya vuelto a situarse por encima de la italiana por primera vez en muchos meses (365 frente a 340 puntos básicos), pese a que estamos muy lejos de los máximos del año pasado (470 puntos básicos). Además, mientras nuestro spread ha aumentado desde principios de año en 39 puntos básicos, el italiano se ha visto rebajado en 188 puntos básicos (200 p.b. en el caso de la portuguesa).

A primera vista, el que nuestro coste de financiación supere al de Italia en 0,25 p.p. no parece algo demasiado importante, pero ya hemos visto lo que supone estar los primeros de la lista de cara a la acorazada mediática anglosajona, alimentada por analistas “independientes” y por alguna declaración “casual” de políticos italianos.

Teniendo en cuenta que en las reformas italiana hay mucho ruido y no tantas nueces y que, comparativamente nuestro esfuerzo de ajuste fiscal (a la espera de las noticias de hoy a mediodía) y la amplitud y alcance de las reformas estructurales (sólo hay que comparar las del mercado laboral) son muy superiores a las realizadas en el país transalpino, una vez más parece que nuestros vecinos del sur de Europa “venden” mejor sus productos.

Sólo algún dato más para adornar lo anterior: nuestro déficit de la balanza por cuenta corriente a finales de este año se habrá reducido hasta niveles cercanos en torno al 2% del PIB (10% en 2007), cuando el italiano aumentó en el mismo período de tiempo del 3% al 4% y nuestros costes laborales unitarios se han reducido un 6% desde 2008, frente a un aumento del 1% en Italia. Sin hablar del diferencial de crecimiento de los últimos 15 años.

Por tanto, en los próximos días va a ser muy importante el “marketing” que realicen las autoridades económicas españolas del programa de ajuste que implicará la publicación de los Presupuestos Generales del Estado. Con una estrategia adecuada de comunicación, si la señal de austeridad fiscal es contundente, se van a poner en valor todas las reformas realizadas hasta la fecha.

Todos somos conscientes de que alcanzar el 5,3% o, incluso, el 5,8% de déficit público este año va a ser muy difícil, pero la solvencia es una carrera de fondo (no un “sprint). La clave además de fijar objetivos ambiciosos y creíbles es alcanzar una combinación óptima de austeridad y crecimiento, algo que tienen claros los mercados. Y, sobre todo, hay que procurar vender bien el producto.
    [post_title] => La importancia del marketing en política económica.
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La partida sigue su curso en Europa y, aunque todos vamos en el mismo barco, es importante no situarse en el centro de la diana. Es decir, importa tanto la valoración absoluta del riesgo, como la posición relativa que ocupamos en cada momento.

En este sentido, no son buenas noticias que la prima de riesgo de España haya vuelto a situarse por encima de la italiana por primera vez en muchos meses (365 frente a 340 puntos básicos), pese a que estamos muy lejos de los máximos del año pasado (470 puntos básicos). Además, mientras nuestro spread ha aumentado desde principios de año en 39 puntos básicos, el italiano se ha visto rebajado en 188 puntos básicos (200 p.b. en el caso de la portuguesa). Seguir leyendo…

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    [post_content] => Probablemente nadie en España desconozca a estas alturas que pese al intenso ajuste presupuestario que el nuevo Gobierno se ha visto obligado a realizar, desde la UE se nos ha impuesto un ajuste adicional de cinco décimas del PIB, para reducir el déficit este año desde el 5,8% al 5,3%. Dicho ajuste equivale a unos 5.000 millones de euros.

La pregunta inmediata que surge en la mente de todos es cómo realizar este nuevo ajuste, si subiendo impuestos o recortando el gasto, o ambas cosas (que parece lo más probable). Hoy no quería entrar en dicho debate –ese problema queda en manos de los responsables del Gobierno-, pero sí poner de manifiesto mi sorpresa –y estupefacción- por algunas cosas que he escuchado en estos días sobre los impuestos, en relación con el mencionado ajuste.

La cuestión es que hemos escuchado que hay un “impuesto injusto”, el IVA. Cuando yo estudiaba Hacienda Pública recuerdo que nos definían los impuestos como “exacciones coactivas y sin contraprestación…”, lo que ya de por sí sonaba bastante “injusto” si se me permite el comentario. Pero de lo que ahora se discute es otra cosa: en palabras tanto de miembros del Gobierno como de la oposición, se considera que el IVA es injusto porque no es progresivo, mientras que otras figuras impositivas –como el IRPF- son “justas” porque son progresivas.

 

Este debate me parece perverso por muchas razones, que seguro que no soy capaz de reproducir aquí. Pero las que de manera más inmediata me vienen a la mente son las siguientes: no creo que sea más “justo” coaccionar al que más tiene que al que menos tiene, puesto que la agresión que supone la coacción ya es una injusticia en sí misma.

En segundo lugar, es un error monumental pensar que todas las actuaciones fiscales tienen que ser progresivas. La fiscalidad pretende generar una recaudación para acometer una serie de gastos desde el sector público y dicha fiscalidad tiene como uno de sus objetivos fundamentales intentar ser lo menos distorsionadora posible de la actividad económica. Y no es nada obvio que subir el IRPF distorsione menos que subir el IVA. De hecho, internacionalmente está contrastado el fenómeno contrario.

Y finalmente, detrás de la progresividad subyace un elemento redistribuidor de la renta. Pero la redistribución de la renta se consigue de manera mucho más eficaz a través del gasto, y no a través de los impuestos. Lo coherente es obtener una recaudación por la vía menos distorsionadora posible de la actividad económica -aunque sea recurriendo a impuestos "injustos"- y utilizar dichos recursos para una política de gasto redistribuidora socialmente aceptada.

En definitiva, me temo que asistiremos estos días a un triste debate en el que la oposición preguntará –ya lo ha hecho- al Gobierno si pretende subir el IVA y se responderá que no, que no se elevará un impuesto tan “injusto”. Pobre IVA, ¡le tocó el descrédito cuando todos los impuestos tienen su dosis de injusticia!

Tabla: Tipos IVA  (en algunos países de la Unión Europea)

Alemania  19%

Austria      20 %

Bélgica    21 %

Dinamarca  25%

España     18%

Finlandia   23%

Francia     21,2 %

Grecia      23 %

Irlanda     21%

Italia       21%

Portugal  23%

Reino Unido  20%

Suecia  25 %
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Probablemente nadie en España desconozca a estas alturas que pese al intenso ajuste presupuestario que el nuevo Gobierno se ha visto obligado a realizar, desde la UE se nos ha impuesto un ajuste adicional de cinco décimas del PIB, para reducir el déficit este año desde el 5,8% al 5,3%. Dicho ajuste equivale a unos 5.000 millones de euros.

La pregunta inmediata que surge en la mente de todos es cómo realizar este nuevo ajuste, si subiendo impuestos o recortando el gasto, o ambas cosas (que parece lo más probable). Hoy no quería entrar en dicho debate –ese problema queda en manos de los responsables del Gobierno-, pero sí poner de manifiesto mi sorpresa –y estupefacción- por algunas cosas que he escuchado en estos días sobre los impuestos, en relación con el mencionado ajuste.

La cuestión es que hemos escuchado que hay un “impuesto injusto”, el IVA. Cuando yo estudiaba Hacienda Pública recuerdo que nos definían los impuestos como “exacciones coactivas y sin contraprestación…”, lo que ya de por sí sonaba bastante “injusto” si se me permite el comentario. Pero de lo que ahora se discute es otra cosa: en palabras tanto de miembros del Gobierno como de la oposición, se considera que el IVA es injusto porque no es progresivo, mientras que otras figuras impositivas –como el IRPF- son “justas” porque son progresivas.

Este debate me parece perverso por muchas razones, que seguro que no soy capaz de reproducir aquí. Pero las que de manera más inmediata me vienen a la mente son las siguientes: no creo que sea más “justo” coaccionar al que más tiene que al que menos tiene, puesto que la agresión que supone la coacción ya es una injusticia en sí misma.

En segundo lugar, es un error monumental pensar que todas las actuaciones fiscales tienen que ser progresivas. La fiscalidad pretende generar una recaudación para acometer una serie de gastos desde el sector público y dicha fiscalidad tiene como uno de sus objetivos fundamentales intentar ser lo menos distorsionadora posible de la actividad económica. Y no es nada obvio que subir el IRPF distorsione menos que subir el IVA. De hecho, internacionalmente está contrastado el fenómeno contrario.

Y finalmente, detrás de la progresividad subyace un elemento redistribuidor de la renta. Pero la redistribución de la renta se consigue de manera mucho más eficaz a través del gasto, y no a través de los impuestos. Lo coherente es obtener una recaudación por la vía menos distorsionadora posible de la actividad económica -aunque sea recurriendo a impuestos «injustos»- y utilizar dichos recursos para una política de gasto redistribuidora socialmente aceptada.

En definitiva, me temo que asistiremos estos días a un triste debate en el que la oposición preguntará –ya lo ha hecho- al Gobierno si pretende subir el IVA y se responderá que no, que no se elevará un impuesto tan “injusto”. Pobre IVA, ¡le tocó el descrédito cuando todos los impuestos tienen su dosis de injusticia!

Tabla: Tipos IVA  (en algunos países de la Unión Europea)

Alemania  19%

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España     18%

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    [post_content] => El Banco Central Europeo (BCE) ha resuelto hoy la segunda operación de inyección de liquidez ilimitada a plazo de tres años. El volumen de fondos concedido al sistema bancario europeo ha ascendido a 529.531 millones de euros, en línea con las previsiones que se manejaban. Aunque no todo es nueva financiación, sino sólo el trasvase hacia plazos más largos.



Alargamiento de los plazos

Por tanto, parte de ese elevado volumen se explica porque las entidades han pasado operaciones que les vencían en el plazo a una semana, a tres meses y a seis meses a éste mayor plazo. En la operación principal de financiación efectuada ayer, el BCE inyectó a la banca 29.469 millones de euros frente a los 166.490 que vencían (1).

Considerando todo lo anterior, nuestra estimación es que se ha pasado financiación a la operación a 3 años por un importe que se situaría en el rango 215.000-240.000 millones de euros. En consecuencia, la inyección de liquidez nueva ascendería a entre 290.000 y 314.000 millones.

Colchón de liquidez

El destino de estos fondos probablemente sea parecido al que se dio a los procedentes de la primera subasta. Un porcentaje importante lo colocarán los bancos en cuentas en el BCE, como demuestra el salto que, a partir de la anterior, se produjo en el saldo colocado en las facilidades de depósito, hasta los 474.000 millones de euros de media en enero, frente a 228.000 millones de media a lo largo de octubre, noviembre y diciembre (hasta antes de la subasta). El objetivo de ello sería tener un colchón de liquidez con el que tener cubiertos los vencimientos esperados para este año (en España, según nuestros cálculos, ascienden a 92.000 millones de euros y en el total de la UEM a 1,1 billones).

Compra de deuda

Cabe esperar que otra parte se oriente a la compra de deuda soberana, principalmente de algunos países periféricos de la UEM, como ha ocurrido en lo que llevamos de año y ha beneficiado, especialmente, a Italia y España. En este sentido, según datos del BCE, las tenencias de deuda soberana de las entidades bancarias españolas e italianas registraron un aumento significativo en enero, del 13% y 29%, respectivamente, hasta situarse en 280.000 y 230.000 millones de euros.

Crédito al sector privado

Finalmente, es posible que una parte del crédito que el BCE concede al sistema bancario, cuya cuantía es imposible de estimar, se oriente a la adquisición de otros activos de riesgo (p.e. deuda corporativa o renta variable) y a financiar al sector privado no financiero. Respecto a esto último hay más dudas por un doble motivo:

i) el endurecimiento de las condiciones de crédito bancario en la UEM, y

ii) la propia debilidad de la demanda; como puede observarse en la encuesta de enero del BCE.

Reacción de los mercados

En cuanto a la reacción de los mercados, ha sido positiva en la deuda y en las bolsas. Esto confirma que la operación del BCE va a contribuir a mantener una mayor estabilidad en las rentabilidades de la deuda soberana y a permitir una reducción adicional en las primas de los periféricos (con la excepción, quizás, de Grecia y Portugal). El euro, aunque se ha mantenido sobre 1,34 eur/usd, entendemos que puede iniciar una fase de cierta depreciación, limitada a la zona de 1,32-1,31.

(1) Al mismo tiempo, resolvió otra operación de inyección a un día (como puente para enlazar con la de tres años) en la que las entidades pidieron financiación por 133.889 millones. Además, de los 38.620 inyectados originalmente a tres meses y 49.752 a seis meses, calculamos que casi el 93% han sido trasladados a la operación a 3 años. Por otro lado, hay que considerar que hoy el BCE ha resuelto dos operaciones de financiación en dólares, a 7 y 84 días, inyectando en total 17.989 millones de dólares, cuando le vencían 50.685 millones.
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El Banco Central Europeo (BCE) ha resuelto hoy la segunda operación de inyección de liquidez ilimitada a plazo de tres años. El volumen de fondos concedido al sistema bancario europeo ha ascendido a 529.531 millones de euros, en línea con las previsiones que se manejaban. Aunque no todo es nueva financiación, sino sólo el trasvase hacia plazos más largos.

Alargamiento de los plazos

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    [post_content] => Aprobación del segundo rescate a Grecia

Por fin, tras varias semanas de incertidumbre y tensas negociaciones, los ministros de finanzas de la Unión Económica y Monetaria (UEM) han dado el visto bueno al segundo rescate griego, cuyos elementos fundamentales son los siguientes:

1) Participación del sector privado que asuniría una pérdida del valor de los bonos griegos del 53,5% del nominal.

2) Programa de asistencia financiera oficial hasta 2015.



 A corto plazo, este acuerdo evita un impago incontrolado de Grecia y, a largo plazo, permitirá reducir la deuda hasta el 120,5% en 2020, según estimaciones del Eurogrupo. Probablemente estamos ante la solución menos mala, tanto para Grecia, como para el resto de la UEM.

 Para Grecia, porque un impago en marzo y, por tanto, la salida del país del euro hubiese conllevado costes difícilmente asumibles por el país, sin ninguna garantía de una aceleración de las reformas estructurales. Mientras que para el resto de la UEM, el coste en inestabilidad de los mercados financieros y aumento de las primas de riesgo habría sido muy elevado, cuando las economías siguen muy débiles.

Los acreedores privados podrían perder más de 150.000 millones

La participación del sector privado en el rescate se articulará mediante un canje voluntario de bonos con una quita del 53,5% sobre el valor nominal. Por el 46,5% restante se entregarán títulos de dos tipos:

1) Nuevos bonos griegos con vencimientos entre 11 y 30 años por el 31,5% del valor, con cupones crecientes (aumentarán desde un 2,0% hasta un 4,3% después de 2020), colateralizados (Grecia podría destinar unos 30.000 millones de euros a la garantía de los nuevos bonos) y regidos por la legislación británica.

2) Instrumentos a corto plazo emitidos por el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (EFSF), por el 15% restante, para llegar al 46,5%.



El volumen de bonos susceptibles de acogerse al canje asciende a 205.000 millones de euros, de modo que, asumiendo una participación del 90% (objetivo fijado en la cumbre de octubre), Grecia podría ver reducido el valor nominal de su deuda en unos 100.000 millones de euros.

En balance, las pérdidas para el sector privado podrían superar los 150.000 millones en valor actual, alrededor del 75%, dado el menor valor nominal, el mayor plazo y el tipo de interés más bajo de los nuevos bonos.

El FMI y la UEM podrían aportar algo más de 130.000 millones

Necesidades de financiación

Se estima que Grecia requerirá unos 170.000 millones de euros en los próximos tres años, de los cuales aproximadamente 118.000 son necesidades de financiación del período, 23.000 son las necesidades de recapitalización de sus bancos y 30.000 se destinarían a adquirir los colaterales de los nuevos bonos que se entregarán en el canje de deuda (1).

Condiciones para Grecia

Por el contrario, los miembros del Eurogrupo sí han dejado claro cuáles con las severas condiciones que Grecia debe cumplir para recibir la asistencia, que suponen una cesión muy significativa de soberanía fiscal:

1) Cumplimiento estricto del plan de ajuste fiscal (alcanzando un superávit primario en 2013) y del programa de reformas estructurales y privatizaciones.

2)  Compromiso de los partidos políticos para la aplicación del programa de ajuste, con independencia del resultado de las elecciones generales previstas para abril.

3) Presencia permanente de los inspectores de la Comisión Europea en Grecia.

4) Priorización del pago del servicio de la deuda sobre cualquier otro gasto (este principio debe quedar reflejado en la constitución). Para ello, Grecia depositará en una cuenta bloqueada la cuantía correspondiente al servicio de la deuda del trimestre entrante.

El Papel del Banco Central Europeo (BCE)

El BCE no participará en el rescate, pero lo facilitará.

La deuda griega adquirida por el BCE en el marco de su programa de compra de bonos (SMP, por sus siglas en inglés) no se verá afectada por el canje.

No obstante, los gobiernos destinarán a mejorar la sostenibilidad de la deuda griega la parte del beneficio distribuido por el BCE que proceda del SMP, así como la parte del beneficio distribuido por los bancos centrales nacionales que proceda de su cartera de bonos griegos.

Asimismo, se instrumentarán medidas para garantizar el acceso de los bancos griegos a la financiación del BCE en el período del canje, durante el cual Grecia podría ser declarada en “selective default”. Para ello, podrían relajarse las condiciones de elegibilidad de los bonos griegos como colateral de las operaciones de financiación.

CONCLUSIÓN

El nuevo rescate es la mejor solución posible a corto plazo, pues evita un impago desordenado de Grecia y podría dar continuidad al actual período de calma en los mercados, permitiendo al resto de países bajo presión continuar con sus procesos de ajuste fiscal y reformas estructurales. No obstante, no es una solución suficientemente sólida a largo plazo: apenas servirá para reducir la deuda hasta el 120% del PIB en 2020, significativamente por encima de los niveles considerados sostenibles.

El acuerdo “deja la pelota en el tejado de los griegos”, que deben elegir si aprovechan la oportunidad que se les brinda para reformar su economía (en cuyo caso, deberán seguir haciendo grandes sacrificios) u optan por su salida de la UEM (que tendría un desenlace incierto y muy traumático). Una vez efectuado el canje, si el país tuviera que reestructurar su deuda nuevamente, el coste recaería mayoritariamente en sus acreedores oficiales.

(1) Para cubrir esas necesidades, Grecia contará con: 1) Fondos no desembolsados del rescate de 2010 por 34.000 millones, de los cuales 10.000 están comprometidos por el FMI y el resto, por la UEM. 2) Asistencia financiera adicional por un importe que podría rondar los 130.000-135.000 millones. La cuantía exacta de aún no está determinada, pues depende del grado de adhesión de los acreedores privados al canje y no se conocerá hasta marzo. Tampoco se conoce cuál será la distribución de las nuevas ayudas entre el FMI y la UEM, pero todo apunta a que la participación del Fondo será significativamente inferior a la del rescate de 2010: se especula con un 10%, frente al 27% anterior.
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Aprobación del segundo rescate a Grecia

Por fin, tras varias semanas de incertidumbre y tensas negociaciones, los ministros de finanzas de la Unión Económica y Monetaria (UEM) han dado el visto bueno al segundo rescate griego, cuyos elementos fundamentales son los siguientes:

1) Participación del sector privado que asuniría una pérdida del valor de los bonos griegos del 53,5% del nominal.

2) Programa de asistencia financiera oficial hasta 2015.

 A corto plazo, este acuerdo evita un impago incontrolado de Grecia y, a largo plazo, permitirá reducir la deuda hasta el 120,5% en 2020, según estimaciones del Eurogrupo. Probablemente estamos ante la solución menos mala, tanto para Grecia, como para el resto de la UEM.

 Para Grecia, porque un impago en marzo y, por tanto, la salida del país del euro hubiese conllevado costes difícilmente asumibles por el país, sin ninguna garantía de una aceleración de las reformas estructurales. Mientras que para el resto de la UEM, el coste en inestabilidad de los mercados financieros y aumento de las primas de riesgo habría sido muy elevado, cuando las economías siguen muy débiles.

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    [post_content] => La zona euro se encuentra en una terrible situación en la que a) la caída de la producción, b) el aumento del desempleo, c) el incremento de la deuda y d) las rebajas de la calificación de esa misma deuda están erosionando las instituciones políticas y la confianza económica de la Unión Monetaria. Hay un dato positivo: están bajando los tipos de interés. Es más esperamos que el BCE vuelva a bajar los tipos de interés el jueves de la semana que viene.  

Evolución del Euríbor a un año (durante los últimos 12 meses)



La crisis griega causa muchos de nuestros males

Una de las causas de la mala situación económica de la Eurozona es Grecia. Es muy probable que muy pronto el gobierno griego se convierta en el primer gobierno de un país desarrollado que en más de 60 años se declare en situación de default (suspensión de pagos). Efectivamente, es muy  probable que  Grecia no pueda hacer frente al pago de una parte de sus deudas a partir de Marzo. Los bonistas podrían perder más del 50% del valor de sus bonos situación que podría hacer que Grecia dejase de participar en las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). De ser así, la cuestión sobre la capacidad de solvencia recaería en Portugal, con posibilidad de contagio a Italia. 

En este contexto, el sistema bancario también juega un papel crucial. Si el 30 de Marzo Grecia hace una quita y sólo paga el 40% de su deuda ello significaría que los bancos de varios países atravesarían (aún más) por serias dificultades, dando lugar a que algunas de las grandes entidades tuviesen que ser rescatadas (es decir, parcialmente nacionalizadas). Para poder pagar estos rescates los gobiernos tendrían que incrementar su deuda.

¿Cuales son los problema de la Eurozona?

De forma muy sintética se podrían señalar los siguientes problemas:

 (1) necesidad de mayor regulación del sector financiero

(2)  insolvencia del sector bancario, que tiene unos recursos propios con un apalancamiento de 30 veces.

(3) masivos desequilibrios comerciales y de cuenta corriente entre los países europeos, que marcan la diferencia de competitividad entre el norte y el sur, conduciendo  a la enorme deuda externa de estos últimos.  

(4) recesión económica (crecimiento negativo para este año 2012)

Soluciones 

Ante este negro panorama la solución pasa por una combinación de políticas de demanda y de reformas estructurales (políticas de oferta) con el fin de que Zona Euro vuelva a la senda del crecimiento económico, para ello se necesita: 

a) Políticas de oferta (también llamadas reformas estructurales) en países con bajo crecimiento potencial (países periféricos de la Zona Euro).

b) Políticas de estímulo de la demanda en economías con fuertes superávits externos (Alemania, Austria, Holanda y Finlandia).

c) Mantenimiento, por parte del BCE, de las políticas monetarias expansivas. Los problemas de la Zona Euro no pueden ser resueltos prestando dinero de forma indefinida a los países menos competitivos y a los bancos insolventes.  No es un  problema de liquidez sino de falta de solvencia. El gran impulso de liquidez del BCE es necesario porque alivia aunque no soluciona el problema al que se enfrentan los países de la Zona Euro. Sin embargo, no debemos subestimar su capacidad de actuación. El BCE evitó una contracción del crédito, lo cual merece un reconocimiento. 

d) Ajustes fiscales adecuadamente dosificados para ir consolidando las cuentas públicas en países con elevados déficits estructurales: Grecia, Portugal, Italia, España y Francia.

e) Un cambio radical en la gestión de la política fiscal de la Eurozona que pasaría por una fuerte autoridad fiscal central, cuya potestad tributaria y asignación de recursos estuviese en manos de un superministro de economía de la Zona Euro.

f) Se deben reducir salarios y precios en los países del sur, así como incrementarlos en los del norte, aunque esto último parece que no va a ser posible debido a las presiones de Alemania.

Si no se aplicasen estas medidas el euro se rompería y Grecia, Portugal, España, Italia y algún país más (¿quizá Francia?) tendrían que volver a sus antiguas monedas.
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Evolución del Euríbor a un año (durante los últimos 12 meses)

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    [post_content] => El Fodo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones, respecto a septiembre de 2011, para el crecimiento mundial en 0,7 p.p., hasta el 3,3%, para 2012 y en 0,6 p.p., hasta el 3,9%, para 2013. Pese a la cuantía de la revisión, advierte que los riesgos siguen estando concentrados a la baja: los principales focos de incertidumbre vuelven a ser la crisis soberana de la Eurozona (UEM) y la debilidad del sistema financiero.

El crecimiento de las economías desarrolladas podría situarse en el 1,2% en 2012, 0,7 p.p. por debajo de sus previsiones de septiembre de 2011. La mayor parte de la revisión se concentra en la UEM, donde se espera ahora una recesión y, de nuevo, un comportamiento muy heterogéneo por países. El deterioro para el resto de principales economías es mucho menos significativo y asociado al menor avance de los países europeos.

Gráfico: Crecimiento para 2011 y previsiones para 2012 del FMI y del Banco Mundial



1) La Eurozona (UEM) entrará en una suave recesión en el primer semestre de este año y se contraerá un 0,5% en media de 2012, lo que supone una revisión de 1,6 p.p. respecto a las previsiones anteriores. Esta fuerte revisión se explica, principalmente, por

(i) el repunte en las primas de riesgo;

(ii) los efectos del desapalancamiento del sistema financiero sobre la economía real; y

(iii) las medidas de ajuste fiscal adicional anunciadas por algunos países miembros. Además, el FMI prevé una recuperación muy suave en 2013 y estima un crecimiento medio de apenas un +0,8%.

España

Como era de esperar, las revisiones más significativas se producen en las economías periféricas de la UEM. Mención especial merece el caso de España, donde espera que la economía permanezca en recesión tanto en 2012 como en 2013 (recorta su previsión en 2,8 p.p. y en 2,1 p.p., respectivamente). Se trata de la revisión más severa entre los países considerados por el FMI en esta actualización. También se ve afectada negativamente la previsión para Alemania (0,3% en 2012, frente a 1,3% anterior), aunque volverá a diferenciarse positivamente dentro de la región.

2) En EEUU, el posible impacto de la recesión europea por la vía financiera podría verse contrarrestado por la tendencia positiva de su demanda interna en los últimos trimestres, por lo que mantiene intacta su previsión anterior para 2012 en el 1,8%, aunque la reduce en el caso de 2013 (2,2% vs 2,5% anterior).

3) Las economías emergentes sufren el mayor recorte de previsiones de los últimos años, ya que terminarán acusando el deterioro del contexto internacional y el enfriamiento de la demanda interna en economías claves (China sería el caso más relevante). No obstante, en general, conservarán ritmos de crecimiento dinámicos: en media, un 5,4% estimado para 2012 y 5,9% para 2013 (en ambos casos, por encima de su media de largo plazo).

Asia emergente seguirá siendo la zona más dinámica (7,3% en 2012 y 7,8% en 2013) si bien las previsiones para China sufren un ajuste destacable: -0,8 p.p. en 2012, hasta 8,2%, y -0,7 p.p. en 2013, hasta 8,8%.

América Latina presenta el recorte de previsiones menos pronunciado (-0,4 p.p. en 2012 hasta 3,6% y -0,2% en 2013 hasta 3,9%), aunque las tasas de crecimiento volverán a ser mucho más modestas que en Asia. La resistencia de México (3,5% en 2012 y 2013, sin apenas revisión) compensa, en parte, el recorte en Brasil (-0,6 p.p. en 2012, hasta 3,0%, y -0,2% en 2013, hasta 4,0%).

Europa emergente es la región que sufre la revisión más acusada, debido a su elevada exposición a la UEM: -1,6 p.p. en 2012, hasta 1,1%, y -1,1 p.p. en 2013, hasta 2,4%.

El FMI vuelve a insistir en que hay riesgos para que este escenario empeore:

1) El más inmediato sería el posible impacto negativo sobre la economía real de (i) las tensiones en la deuda soberana y (ii) las dificultades de financiación por parte de las entidades financieras europeas.

2) También destaca su preocupación por la falta de progreso en los planes de consolidación fiscal de medio plazo en Japón y EEUU. Sin embargo, al mismo tiempo, alerta de que, a corto plazo, una política demasiado restrictiva en EEUU puede derivar en un grave deterioro para el escenario actual.

3) En lo que respecta a las economías emergentes, los riesgos se concentran en torno a la posibilidad de un “aterrizaje brusco” de la actividad en aquellas economías que han experimentado un boom crediticio y del sector residencial en los últimos años (China se encontraría en el punto de mira).

4) Por último, el actual episodio de inestabilidad en el estrecho de Ormuz han vuelto a despertar los temores sobre los riesgos geopolíticos asociados a la oferta energética. Otra escalada de los precios del petróleo podría “dar la puntilla” a un ciclo global excepcionalmente vulnerable.

¿Como se dben realizar los ajustes fiscales?

Sin embargo, lo más interesante por lo que nos atañe es el análisis realizado sobre los procesos de consolidación fiscal. La mayoría de las economías desarrolladas tiene previsto seguir avanzando en este proceso a lo largo de 2012. No obstante, una consolidación demasiado rápida podría intensificar los riesgos a la baja. Hay que vigilar la velocidad de ajuste en el corto plazo y priorizar la consolidación fiscal en el medio plazo: no todos los países necesitan realizar el mismo tipo de esfuerzos (ni en plazo ni en intensidad). De hecho, en aquellos países donde aún hay cierto margen fiscal y no existen dificultades de financiación, en caso de debilitamiento económico, deberían dejarse actuar los estabilizadores automáticos, de tal forma que los ajustes sean compatibles con el crecimiento y el empleo.

En este sentido, el economista jefe del FMI (Olivier Blanchard) advirtió que “el ajuste fiscal debe ser un maratón, no un sprint”. O, lo que es lo mismo, hay que incidir en el déficit estructural y, por tanto, dosificar el endurecimiento fiscal teniendo en cuenta la coyuntura económica. Y, sobre todo, incidir en reformas de oferta que puedan aumentar la capacidad de crecimiento potencial a medio plazo. Es importante avanzar en el diseño de un nuevo marco fiscal que evite los desajustes que han originado la crisis, pero la mejora de la solvencia sólo puede venir de un retorno al crecimiento. Y, eso lo van a demandar los mercados antes de lo que pensamos.
    [post_title] => Economía mundial: la situación puede empeorar todavía más en 2012.
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El Fodo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones, respecto a septiembre de 2011, para el crecimiento mundial en 0,7 p.p., hasta el 3,3%, para 2012 y en 0,6 p.p., hasta el 3,9%, para 2013. Pese a la cuantía de la revisión, advierte que los riesgos siguen estando concentrados a la baja: los principales focos de incertidumbre vuelven a ser la crisis soberana de la Eurozona (UEM) y la debilidad del sistema financiero.

El crecimiento de las economías desarrolladas podría situarse en el 1,2% en 2012, 0,7 p.p. por debajo de sus previsiones de septiembre de 2011. La mayor parte de la revisión se concentra en la UEM, donde se espera ahora una recesión y, de nuevo, un comportamiento muy heterogéneo por países. El deterioro para el resto de principales economías es mucho menos significativo y asociado al menor avance de los países europeos.

Gráfico: Crecimiento para 2011 y previsiones para 2012 del FMI y del Banco Mundial

1) La Eurozona (UEM) entrará en una suave recesión en el primer semestre de este año y se contraerá un 0,5% en media de 2012, lo que supone una revisión de 1,6 p.p. respecto a las previsiones anteriores. Esta fuerte revisión se explica, principalmente, por

(i) el repunte en las primas de riesgo;

(ii) los efectos del desapalancamiento del sistema financiero sobre la economía real; y

(iii) las medidas de ajuste fiscal adicional anunciadas por algunos países miembros. Además, el FMI prevé una recuperación muy suave en 2013 y estima un crecimiento medio de apenas un +0,8%.

España

Como era de esperar, las revisiones más significativas se producen en las economías periféricas de la UEM. Mención especial merece el caso de España, donde espera que la economía permanezca en recesión tanto en 2012 como en 2013 (recorta su previsión en 2,8 p.p. y en 2,1 p.p., respectivamente). Se trata de la revisión más severa entre los países considerados por el FMI en esta actualización. También se ve afectada negativamente la previsión para Alemania (0,3% en 2012, frente a 1,3% anterior), aunque volverá a diferenciarse positivamente dentro de la región.

2) En EEUU, el posible impacto de la recesión europea por la vía financiera podría verse contrarrestado por la tendencia positiva de su demanda interna en los últimos trimestres, por lo que mantiene intacta su previsión anterior para 2012 en el 1,8%, aunque la reduce en el caso de 2013 (2,2% vs 2,5% anterior). Seguir leyendo…