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[post_content] => La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comunicó este fin de semana su intención de privatizar Telemadrid (televisión autonómica de la Comunidad de Madrid). Esperanza Aguirre no cree en los medios de comunicación públicos; yo tampoco. Es muy difícil defender la existencia de televisiones públicas españolas (TVE, televisiones autonómicas y locales) como empresas públicas (servicio público) con programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas. De ahí que la privatización de las televisiones públicas conseguiría reducir, por un lado, las distorsiones económicas en el sector de los medios de comunicación y, por otro, evitaría el adoctrinamiento ideológico de los televidentes. Guste o no las televisiones públicas son instrumentos al servicio del gobierno de turno, independientemente de su color. Cualquier gobierno sabe que, de cara a unas elecciones, y a corto plazo vamos a tener varias, la televisión pública le da un puñado de votos.
La privatización de las televisiones autonómicas y de TVE tendría además la ventaja de generar unos recursos muy necesarios, en estos momentos, para el Estado. Pero el Gobierno no parece dispuesto a que TVE deje de ser pública. Tampoco las autonómicas ya que en la actualidad sigue vigente la Ley de Terceros Canales, de rango estatal, que impide que se pueda llevar a cabo la privatización de Telemadrid. Es una lástima que el Gobierno de la nación no apoye iniciativas como la de la Comunidad de Madrid y se decida a cambiar la Ley de Terceros Canales.
Mejorar la eficiencia empresarial
No se trata solo de privatizar para hacer caja y reducir deuda sino sobre todo para mejorar la eficiencia empresarial. La privatización, tal como se ha demostrado en España en los últimos años, mejoraría la racionalización, la eficiencia y la modernización económica de empresas que no tienen ningún fundamento para que sigan permaneciendo en el ámbito público.
Las privatizaciones en España
La experiencia privatizadora española, en los últimos años, ha demostrado de forma efectiva que el sector público no tiene por qué tener compañías telefónicas, ni bancos, ni fábricas de aluminio, acero o de pasta de papel, ni debe dedicarse a la generación de energía eléctrica, ni a transportar a los ciudadanos por tierra, mar y aire. Ni tampoco debe tener televisiones. Es poco defendible que el Estado se dedique a esas actividades y privatizarlas es lógico. De ahí que el Gobierno debe favorecer el debate para que las televisiones públicas pasen a manos privadas.
Conclusión
En definitiva, en opinión de la Presidenta de la Comunidad de Mdrid, no tiene sentido mantener televisiones públicas ya que no se diferencia en nada del resto de las televisiones, excepto en el botafumeiro que les da al gobierno de turno. Y menos sentido tiene los ciudadanos las financiemos. La crisis económica está generando un fuerte endeudamiento del Estado. De ahí que el producto de la venta de las televisiones públicas y de otras empresas públicas (activos del Estado) se podría dirigir a la reducción de esa deuda pública (pasivos). Una disminución del endeudamiento podría reducir los tipos de interés de la economía y, por tanto, los costes financieros que tendrían que pagar las empresas, las familias y las administraciones públicas del Reino de España.
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