En el diario El País de hoy, en las páginas de Madrid, podéis leer un artículo titulado «Necesario para sanear las finanzas públicas [1]«. El artículo, dedicado a las privatizaciones en la Comunidad de Madrid, defiende que las comunidades autónomas deberían ir privatizando sus empresas públicas. Efectvamente, es literalmente absurdo que mientras el Estado ha madurado y privatizado su sector público empresarial, las comunidades autónomas y los entes locales se dediquen a crear empresas públicas. Muchas comunidades autónomas están gestionando actividades sin que exista una justificación para ello. La Comunidad de Madrid debería privatizar también una buena parte de su sector público empresarial.
En el artículo [1]se hace una revisión de las 3 empresas más emblemáticas de la Comunidad de Madrid: Telemadrid, Caja Madrid y el Canal de Isabel II. También se explica como la privatización de Telemadrid como la de Caja Madrid chocan con serias dificultades legales.
En el caso de Telemadrid es muy difícil defender su presencia como empresa pública (servicio público) cuando emite programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas. De ahí que la privatización conseguiría reducir, por un lado, las distorsiones económicas en el sector de los medios de comunicación y, por otro, evitaría el adoctrinamiento ideológico de los televidentes. En la actualidad la Ley de Terceros Canales, de rango estatal, impide que se pueda llevar a cabo esta privatización y es una lástima que el Gobierno de la nación no esté por la labor de cambiarla.
En cuanto a Caja Madrid, somos muchos los que defendemos que si se privatizara prestaría un mejor servicio a la región. Si fuera de propiedad privada se reducirían, además, las grandes distorsiones económicas provocadas por la politización del gobierno de la Caja. El bochornoso espectáculo ofrecido en la sustitución del anterior presidente Blesa pone de manifiesto la urgente necesidad de evitar la politización en los nombramientos de presidentes y consejeros y su lógica influencia en la gestión de la Caja. Evidentemente exigiría un cambio en la legislación para que el capital privado pudiese ser accionista con derecho a voto y poder así gestionarlas.
En el caso del Canal de Isabel II, en septiembre de 2008 la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la intención de privatizar el 49% del capital de esta empresa encargada de gestionar el suministro de agua en Madrid. Se trataría de una venta parcial que no llevaría aparejada la transferencia del «control», por lo que no supondría una auténtica privatización. El objetivo de esta venta sería captar fondos con los que se podrían realizar nuevas inversiones necesarias en infraestructuras. El Ejecutivo regional considera que el crecimiento de la población en Madrid precisará realizar nuevas inversiones (cuantificadas en alrededor de 4.000 millones de euros) con las que poder garantizar el suministro y la distribución del agua. La privatización sería una forma de poder disponer de los recursos financieros necesarios con los que acometer estas inversiones.
La privatización de estas tres grandes empresas (Caja Madrid, Canal de Isabel II y Telemadrid) tendría cuatro ventajas: 1) favorecería una mejor gestión, lo que supondría que los madrileños recibirían un mejor servicio; 2) de su venta se obtendría unos recursos que son muy necesarios, en estos momentos, para reducir la deuda de la Comunidad; 3) una vez privatizadas, esas empresas serían más eficientes por lo que generarían más beneficios, lo que permitiría obtener mayores ingresos fiscales, y 4) estas privatizaciones eliminarían, además, la politización de algunas actuaciones.
Fuente: Rafael Pampillón. «Necesario para sanear las finanzas públicas [1]«. El País. 14 de febrero de 2010.