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[post_content] => La voz de las víctimas suele ser la menos escuchada. La vulnerabilidad de su situación y el temor a daños aún mayores evitan a menudo que se alce y, cuando lo hace, la del verdugo acostumbra a resonar con más potencia. En ocasiones, al silencio de las víctimas se añade la infamia difusa del "algo habrán hecho". Es lo que ha sucedido en el caso Banco Madrid.
La tesis es que el Estado ha sido cooperador necesario en la muerte de Banco Madrid, que hasta su intervención por el Banco de España, rebosaba salud. Su desaparición deja 15.000 clientes desprotegidos, cerca de 300 familias sin empleo y la honorabilidad de todos en entredicho. No es novedad que los poderes públicos lleven a la quiebra a una entidad financiera, pero sí que contribuyan a destruir un banco en una semana y se desentiendan de sus víctimas.
Hasta el pasado 9 de marzo nada hacía presagiar la caída en desgracia de una de las entidades financieras de mayor crecimiento y solvencia del país. Reguladores, supervisores y prestigiosas auditoras habían bendecido una y otra vez sus cuentas y procedimientos, y en su consejo de administración se encontraban nada menos que un ex director de Inspección de Banco de España y una exdirectora del Tesoro. Pero ese día se produjo un hecho significativo. El consejo recibió un informe de tres páginas del Sepblac (órgano de prevención del blanqueo de capitales). Era la primera noticia de esta institución desde que en abril y mayo de 2014 inspeccionara las operaciones del banco y concluía con la recomendación de que elaborase un plan de acción para corregir algunas deficiencias detectadas en los procedimientos de prevención de la operativa de blanqueo de capitales. Pura rutina bancaria, parecía.
Sin embargo, el elemento más inquietante de ese informe solo se revelaría un día después: precedió casi milagrosamente en unas horas al detonante de la caída en desgracia del banco. El 10 de marzo se hizo público un informe del FinCEN -institución dependiente del Tesoro de EEUU- en el que declaraba a BPA -matriz andorrana de Banco Madrid- institución financiera de máxima preocupación en materia de blanqueo de dinero. No se mencionaba a Banco Madrid, la acusación sólo se apoyaba en tres casos sub iúdice del pasado y se vulneraban los principios de discreción, proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho a la propia defensa, pero bastó para disparar todas las alarmas.
Ese día, después de que las autoridades andorranas intervinieran BPA, Banco de España decide situar a dos interventores en Banco Madrid. La medida podía tener sentido si su objeto era el declarado de preservar la operativa de la entidad. Pero pronto se vio que no. En el último párrafo del acuerdo de intervención se afirmaba que si en la siguiente reunión del Comité Permanente que dirige el Sepblac se decidía abrir expediente sancionador a Banco Madrid, sus administradores serían sustituidos. Además, en una situación de pánico potencial, es deber esencial del regulador, y así consta en su normativa, dar garantías a corresponsales y contrapartidas sobre la seguridad de seguir operando con el banco cuya viabilidad se cuestiona. Por primera vez en la historia de la banca española, su banco central renunció a ese deber.
Ante esta falta de apoyo y la negativa de Banco de España a propiciar un cambio en el consejo de administración que permitiera la segregación de Banco Madrid respecto a BPA y facilitara la compra del banco español por alguna de las muchas entidades interesadas, su consejo de administración decidió dimitir la noche del miércoles 11. Se entendía que la entrada de lleno del supervisor en la entidad conllevaría que finalmente asumiese su deber de protección de empleados y clientes. No fue así.
¿Por qué esa negativa de Banco de España a cumplir con su deber? Según testimonios muy fiables, en el banco central ya sabían que en la reunión del Comité Permanente que se celebraría el viernes se decidiría sancionar a Banco Madrid y remitir el caso a la Fiscalía. Y así fue.
El Ministerio de Economía, de quien depende el Sepblac, asesta un golpe definitivo a su víctima. El Comité Permanente decide abrir expediente administrativo a Banco Madrid por infracciones graves y muy graves y, además, remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Lo más inaudito es que ambas medidas son hechas públicas de inmediato. Nunca antes había sucedido, a pesar de los numerosos casos previos de sanciones administrativas y denuncias ante la fiscalía, por dos buenas razones: la primera, que en el sector la discreción es clave para la supervivencia del sistema; y la segunda, que el deber de secreto está explícitamente consagrado en el artículo 49 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Se pensará que al menos el informe tan expeditivamente remitido a la Fiscalía sería demoledor. Pues ni siquiera. Las operaciones denunciadas por indicios de irregularidad, unas veinte, que incluyen varias cuentas ya cerradas en el pasado -en su mayoría originadas antes de la adquisición del banco por BPA- y una operación de 2012 ya conocida más de un año atrás, sumaban unos 15 millones de euros, frente a un balance de la entidad de cerca de 1.200 millones o unos activos bajo gestión de 6.000 millones. En el peor de los casos, de confirmarse las irregularidades, habrían merecido una multa moderada, pero la pena real fue de muerte.
Y es que semejante sucesión de noticias adversas sin una reacción protectora digna de ese nombre harían tambalearse a cualquier institución financiera, incluso a una tan solvente como Banco Madrid. A los recelos de corresponsales y contrapartidas se unía la aceleración de los reembolsos de los clientes y las salidas de depósitos.
Sentencia de muerte
Ese mismo fin de semana, Banco de España preparó la sentencia de muerte de Banco Madrid. Constató el deterioro progresivo de su liquidez, determinó que el destino inevitable era el desangramiento del herido y, ante semejante fatalidad, acordó suspender su acceso a la liquidez del banco central, lo que en la práctica significaba acelerar el desangrado; el BCE recuperaba inmediatamente 231 millones de euros de un préstamo que vencía en mayo y, en consecuencia, se dificultaba aún más la posibilidad de hacer frente a las salidas de fondos. El corolario para Banco de España era claro: los administradores de Banco Madrid (el propio banco central) debían proceder a solicitar concurso de acreedores, algo que se hacía realidad el lunes 16, al mismo tiempo que la suspensión de la operativa de la entidad.
Así, la decisión de no proteger a Banco Madrid -ni ofreciendo seguridad a corresponsales y contrapartidas, ni permitiendo su acceso a la liquidez del banco central- dispara la probabilidad de una insolvencia futura que tautológicamente se toma como justificación de esa ausencia de protección. La decisión de que el destino de Banco Madrid era la liquidación crea las condiciones para que ese destino resulte inevitable.
¿Era inevitable que Banco Madrid fuera la primera entidad financiera española en la que se declara un concurso de acreedores? Las peculiaridades del sector financiero justifican que la ley le dedique un tratamiento especial y España cuenta con el Frob y con la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito. En su somera deliberación del domingo 15 de marzo sobre qué hacer, Banco de España contempla junto al concurso de acreedores la alternativa más obvia: la resolución a través del Frob. Al menos permitiría la continuidad de la actividad de la compañía y su venta a otra entidad.
Pero se decanta rápidamente por el concurso: afectaría esencialmente a accionistas y acreedores subordinados y no comprometería fondos públicos, al contrario que la intervención del Frob, dice, que además no tendría justificación de interés público. Un argumento último es reseñable: la venta de la entidad se haría muy difícil sin garantía del Frob ante la amenaza de multa por parte del Sepblac. Días después, el propio Frob, requerido por el juez del concurso a pronunciarse, repite fielmente los argumentos del banco central para desentenderse.
Los acontecimientos han demostrado que la decisión fue muy desafortunada. Sobre todo, se ha demostrado falso que no hubiera razones de interés público para que el Frob acometiera la resolución. El artículo 19 de la mencionada ley 9/2012 señala que el interés público tiene que ver con los objetivos detallados en su artículo 3, entre ellos "proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito". Pues bien, más de dos meses después del bloqueo de la operativa de Banco Madrid, unos 6.000 clientes aún no han podido acceder a inversiones financieras por valor de cerca de 2.900 millones de euros. La causa de esa ilegalidad reside en gran medida en el concurso de acreedores: la brusca paralización de la actividad del banco ha exigido complejos procesos manuales para realizar traspasos de subyacentes, cambios de comercializador y, finalmente, reembolsos, cuya materialización no se adivina aún y se complica por la salida de empleados.
Tampoco se ha demostrado cierto que la vía del concurso de acreedores no comprometiese fondos públicos. La CNMV se está viendo obligada a incrementar progresivamente los recursos que dedica al caso para intentar, hasta ahora con poco éxito, defender los derechos de los inversores. Entretanto, las demandas de clientes y accionistas se incrementan y no es en absoluto descartable que la negligente actuación de las administraciones públicas merezca en el futuro condenas judiciales con costes económicos sustanciales.
Ni siquiera es seguro que la intervención del Frob hubiese conllevado la inyección de fondos públicos. Es de suponer que se habría producido en un contexto de apoyo del BCE y de Banco de España, así como de las acciones necesarias para tranquilizar a clientes y contrapartidas, lo que debería haber servido para detener la salida de fondos. Y, desde luego, la venta posterior de una entidad tan saneada y atractiva para su competencia habría resultado rentable para las arcas públicas.
Finalmente, causa admiración que un argumento clave esgrimido para no facilitar la venta de Banco Madrid fuese el riesgo imposible de cubrir de una hipotética multa sobre la entidad. Si se trataba del temor a una multa de EEUU, la propia diplomacia estadounidense se encargó de recordar, demasiado tarde para el banco, que el aviso del FinCEN no acarrearía en ningún caso una multa, más allá de que la entidad española nunca fuese mencionada en su denuncia. Y si se trataba de una posible multa española, no deja de ser llamativo que el Ministerio de Economía (Frob) se resista a dar garantías sobre una multa que depende del propio ministerio (Sepblac) y que en cualquier caso habría sido moderada y acotable.
Acusación sin pruebas
¿Por qué esa negligencia de las instituciones del Estado? ¿Por qué desde el Ministerio se acusó públicamente y con escasas pruebas a Banco Madrid y se descartó cualquier viabilidad futura y desde el Banco de España se renunció al deber de protección precipitando su muerte? El miedo a EEUU o la sumisión ciega a sus designios, por encima del deber de proteger a instituciones y ciudadanos, es la interpretación más sencilla.
Puede añadirse el miope cálculo político en año electoral que ve en la denuncia estadounidense una oportunidad para presentarse como azote de bancos, ricos, paraísos fiscales y corruptos ante una opinión pública saturada de desmanes y rescates bancarios. Como si fuera posible hacer desaparecer con un solo gesto de falsa firmeza años de gestión corrupta de cajas y de quiebras verdaderas y muy costosas. Y también es posible añadir la circunstancia de que entre los 15.000 clientes había algún enemigo político.
Pero lo importante de esta historia son sus víctimas. Los accionistas y los clientes de Banco Madrid sin duda lo son. Los primeros concitan cierto escepticismo (ricos, andorranos y ¿blanqueadores?), pero la injusticia básica, desde luego procedimental, de la agresión sufrida y sus consecuencias permanentes los incluye necesariamente. En cuanto a los clientes, su crimen fue confiar la gestión de su patrimonio a una entidad eficiente regulada y supervisada por las autoridades españolas. Y su castigo, el bloqueo de su patrimonio, la incertidumbre sobre su evolución y su futuro y la sospecha pública sobre su honorabilidad.
Y casi nadie se acuerda de los empleados, probablemente las víctimas más desprotegidas. En una semana vimos cómo se desmoronaba nuestro proyecto profesional, el medio de vida de trescientas familias, sin alcanzar a saber por qué. En ese tiempo pasamos de trabajar en una entidad respetada y pujante a hacerlo en un lugar aparentemente despreciable; nosotros mismos parecimos volvernos despreciables a los ojos del mundo y alguna entidad del sector se apresuró a hacer saber que no nos aceptaría.
Han tenido que transcurrir cerca de tres meses para que empiecen a concretarse las posibles condiciones de nuestro injustificado despido, que nos hemos visto obligados a negociar con una administración concursal desbordada, en medio de un campo de batalla de intereses y tratando con poco éxito de ayudar a nuestros clientes a orientarse en un entorno opaco e imprevisible. Y entretanto, las instituciones del Estado que nos trajeron a esta situación ni se han dignado a asistir a nuestro entierro, cuya decencia posible contribuyeron a minar con notables despilfarros durante la intervención.
Mención especial merecen los empleados de la gestora de fondos del banco, pieza esencial de su éxito, y los de su bróker online. Al depender formal y arbitrariamente de empresas separadas, su destino es aún más oscuro que el del resto de empleados. Su previsible horizonte concursal todavía está por confirmar y la falta de activos disponibles de sus compañías ni siquiera augura una indemnización digna.
Hay dos víctimas más: el derecho a la información y la seguridad jurídica. Respecto a la primera, baste recordar cómo el 30 de marzo un periódico importante dedicaba casi toda su portada a la "información", procedente de anónimas fuentes de la fiscalía, de que Banco Madrid era una estructura para blanquear, obviamente sin aportar ni un solo dato. Y en cuanto a la seguridad jurídica, el terrible mensaje lanzado a los ciudadanos es que pueden ser condenados sin juicio previo y que sus inversiones y puestos de trabajo nunca estarán seguros en una entidad financiera española no sistémica.
Juzgue el lector qué castigo merecen los comportamientos descritos y qué resarcimiento sus víctimas. Y si los ciudadanos no mereceríamos un Estado que, aunque no siempre pueda salvarnos, al menos no nos condene.
FUENTE: Antonio Zamora, El Economista, 28 de mayo de 2015
[post_title] => Caso Banco Madrid: el Estado contra los ciudadanos
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La tesis es que el Estado ha sido cooperador necesario en la muerte de Banco Madrid, que hasta su intervención por el Banco de España, rebosaba salud. Su desaparición deja 15.000 clientes desprotegidos, cerca de 300 familias sin empleo y la honorabilidad de todos en entredicho. No es novedad que los poderes públicos lleven a la quiebra a una entidad financiera, pero sí que contribuyan a destruir un banco en una semana y se desentiendan de sus víctimas.
Hasta el pasado 9 de marzo nada hacía presagiar la caída en desgracia de una de las entidades financieras de mayor crecimiento y solvencia del país. Reguladores, supervisores y prestigiosas auditoras habían bendecido una y otra vez sus cuentas y procedimientos, y en su consejo de administración se encontraban nada menos que un ex director de Inspección de Banco de España y una exdirectora del Tesoro. Pero ese día se produjo un hecho significativo. El consejo recibió un informe de tres páginas del Sepblac (órgano de prevención del blanqueo de capitales). Era la primera noticia de esta institución desde que en abril y mayo de 2014 inspeccionara las operaciones del banco y concluía con la recomendación de que elaborase un plan de acción para corregir algunas deficiencias detectadas en los procedimientos de prevención de la operativa de blanqueo de capitales. Pura rutina bancaria, parecía.
Sin embargo, el elemento más inquietante de ese informe solo se revelaría un día después: precedió casi milagrosamente en unas horas al detonante de la caída en desgracia del banco. El 10 de marzo se hizo público un informe del FinCEN -institución dependiente del Tesoro de EEUU- en el que declaraba a BPA -matriz andorrana de Banco Madrid- institución financiera de máxima preocupación en materia de blanqueo de dinero. No se mencionaba a Banco Madrid, la acusación sólo se apoyaba en tres casos sub iúdice del pasado y se vulneraban los principios de discreción, proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho a la propia defensa, pero bastó para disparar todas las alarmas.
Ese día, después de que las autoridades andorranas intervinieran BPA, Banco de España decide situar a dos interventores en Banco Madrid. La medida podía tener sentido si su objeto era el declarado de preservar la operativa de la entidad. Pero pronto se vio que no. En el último párrafo del acuerdo de intervención se afirmaba que si en la siguiente reunión del Comité Permanente que dirige el Sepblac se decidía abrir expediente sancionador a Banco Madrid, sus administradores serían sustituidos. Además, en una situación de pánico potencial, es deber esencial del regulador, y así consta en su normativa, dar garantías a corresponsales y contrapartidas sobre la seguridad de seguir operando con el banco cuya viabilidad se cuestiona. Por primera vez en la historia de la banca española, su banco central renunció a ese deber.
Ante esta falta de apoyo y la negativa de Banco de España a propiciar un cambio en el consejo de administración que permitiera la segregación de Banco Madrid respecto a BPA y facilitara la compra del banco español por alguna de las muchas entidades interesadas, su consejo de administración decidió dimitir la noche del miércoles 11. Se entendía que la entrada de lleno del supervisor en la entidad conllevaría que finalmente asumiese su deber de protección de empleados y clientes. No fue así.
¿Por qué esa negativa de Banco de España a cumplir con su deber? Según testimonios muy fiables, en el banco central ya sabían que en la reunión del Comité Permanente que se celebraría el viernes se decidiría sancionar a Banco Madrid y remitir el caso a la Fiscalía. Y así fue.
El Ministerio de Economía, de quien depende el Sepblac, asesta un golpe definitivo a su víctima. El Comité Permanente decide abrir expediente administrativo a Banco Madrid por infracciones graves y muy graves y, además, remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Lo más inaudito es que ambas medidas son hechas públicas de inmediato. Nunca antes había sucedido, a pesar de los numerosos casos previos de sanciones administrativas y denuncias ante la fiscalía, por dos buenas razones: la primera, que en el sector la discreción es clave para la supervivencia del sistema; y la segunda, que el deber de secreto está explícitamente consagrado en el artículo 49 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Se pensará que al menos el informe tan expeditivamente remitido a la Fiscalía sería demoledor. Pues ni siquiera. Las operaciones denunciadas por indicios de irregularidad, unas veinte, que incluyen varias cuentas ya cerradas en el pasado -en su mayoría originadas antes de la adquisición del banco por BPA- y una operación de 2012 ya conocida más de un año atrás, sumaban unos 15 millones de euros, frente a un balance de la entidad de cerca de 1.200 millones o unos activos bajo gestión de 6.000 millones. En el peor de los casos, de confirmarse las irregularidades, habrían merecido una multa moderada, pero la pena real fue de muerte.
Y es que semejante sucesión de noticias adversas sin una reacción protectora digna de ese nombre harían tambalearse a cualquier institución financiera, incluso a una tan solvente como Banco Madrid. A los recelos de corresponsales y contrapartidas se unía la aceleración de los reembolsos de los clientes y las salidas de depósitos.
Sentencia de muerte
Ese mismo fin de semana, Banco de España preparó la sentencia de muerte de Banco Madrid. Constató el deterioro progresivo de su liquidez, determinó que el destino inevitable era el desangramiento del herido y, ante semejante fatalidad, acordó suspender su acceso a la liquidez del banco central, lo que en la práctica significaba acelerar el desangrado; el BCE recuperaba inmediatamente 231 millones de euros de un préstamo que vencía en mayo y, en consecuencia, se dificultaba aún más la posibilidad de hacer frente a las salidas de fondos. El corolario para Banco de España era claro: los administradores de Banco Madrid (el propio banco central) debían proceder a solicitar concurso de acreedores, algo que se hacía realidad el lunes 16, al mismo tiempo que la suspensión de la operativa de la entidad.
Así, la decisión de no proteger a Banco Madrid -ni ofreciendo seguridad a corresponsales y contrapartidas, ni permitiendo su acceso a la liquidez del banco central- dispara la probabilidad de una insolvencia futura que tautológicamente se toma como justificación de esa ausencia de protección. La decisión de que el destino de Banco Madrid era la liquidación crea las condiciones para que ese destino resulte inevitable.
¿Era inevitable que Banco Madrid fuera la primera entidad financiera española en la que se declara un concurso de acreedores? Las peculiaridades del sector financiero justifican que la ley le dedique un tratamiento especial y España cuenta con el Frob y con la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito. En su somera deliberación del domingo 15 de marzo sobre qué hacer, Banco de España contempla junto al concurso de acreedores la alternativa más obvia: la resolución a través del Frob. Al menos permitiría la continuidad de la actividad de la compañía y su venta a otra entidad.
Pero se decanta rápidamente por el concurso: afectaría esencialmente a accionistas y acreedores subordinados y no comprometería fondos públicos, al contrario que la intervención del Frob, dice, que además no tendría justificación de interés público. Un argumento último es reseñable: la venta de la entidad se haría muy difícil sin garantía del Frob ante la amenaza de multa por parte del Sepblac. Días después, el propio Frob, requerido por el juez del concurso a pronunciarse, repite fielmente los argumentos del banco central para desentenderse.
Los acontecimientos han demostrado que la decisión fue muy desafortunada. Sobre todo, se ha demostrado falso que no hubiera razones de interés público para que el Frob acometiera la resolución. El artículo 19 de la mencionada ley 9/2012 señala que el interés público tiene que ver con los objetivos detallados en su artículo 3, entre ellos «proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades de crédito». Pues bien, más de dos meses después del bloqueo de la operativa de Banco Madrid, unos 6.000 clientes aún no han podido acceder a inversiones financieras por valor de cerca de 2.900 millones de euros. La causa de esa ilegalidad reside en gran medida en el concurso de acreedores: la brusca paralización de la actividad del banco ha exigido complejos procesos manuales para realizar traspasos de subyacentes, cambios de comercializador y, finalmente, reembolsos, cuya materialización no se adivina aún y se complica por la salida de empleados.
Tampoco se ha demostrado cierto que la vía del concurso de acreedores no comprometiese fondos públicos. La CNMV se está viendo obligada a incrementar progresivamente los recursos que dedica al caso para intentar, hasta ahora con poco éxito, defender los derechos de los inversores. Entretanto, las demandas de clientes y accionistas se incrementan y no es en absoluto descartable que la negligente actuación de las administraciones públicas merezca en el futuro condenas judiciales con costes económicos sustanciales.
Ni siquiera es seguro que la intervención del Frob hubiese conllevado la inyección de fondos públicos. Es de suponer que se habría producido en un contexto de apoyo del BCE y de Banco de España, así como de las acciones necesarias para tranquilizar a clientes y contrapartidas, lo que debería haber servido para detener la salida de fondos. Y, desde luego, la venta posterior de una entidad tan saneada y atractiva para su competencia habría resultado rentable para las arcas públicas.
Finalmente, causa admiración que un argumento clave esgrimido para no facilitar la venta de Banco Madrid fuese el riesgo imposible de cubrir de una hipotética multa sobre la entidad. Si se trataba del temor a una multa de EEUU, la propia diplomacia estadounidense se encargó de recordar, demasiado tarde para el banco, que el aviso del FinCEN no acarrearía en ningún caso una multa, más allá de que la entidad española nunca fuese mencionada en su denuncia. Y si se trataba de una posible multa española, no deja de ser llamativo que el Ministerio de Economía (Frob) se resista a dar garantías sobre una multa que depende del propio ministerio (Sepblac) y que en cualquier caso habría sido moderada y acotable.
Acusación sin pruebas
¿Por qué esa negligencia de las instituciones del Estado? ¿Por qué desde el Ministerio se acusó públicamente y con escasas pruebas a Banco Madrid y se descartó cualquier viabilidad futura y desde el Banco de España se renunció al deber de protección precipitando su muerte? El miedo a EEUU o la sumisión ciega a sus designios, por encima del deber de proteger a instituciones y ciudadanos, es la interpretación más sencilla.
Puede añadirse el miope cálculo político en año electoral que ve en la denuncia estadounidense una oportunidad para presentarse como azote de bancos, ricos, paraísos fiscales y corruptos ante una opinión pública saturada de desmanes y rescates bancarios. Como si fuera posible hacer desaparecer con un solo gesto de falsa firmeza años de gestión corrupta de cajas y de quiebras verdaderas y muy costosas. Y también es posible añadir la circunstancia de que entre los 15.000 clientes había algún enemigo político.
Pero lo importante de esta historia son sus víctimas. Los accionistas y los clientes de Banco Madrid sin duda lo son. Los primeros concitan cierto escepticismo (ricos, andorranos y ¿blanqueadores?), pero la injusticia básica, desde luego procedimental, de la agresión sufrida y sus consecuencias permanentes los incluye necesariamente. En cuanto a los clientes, su crimen fue confiar la gestión de su patrimonio a una entidad eficiente regulada y supervisada por las autoridades españolas. Y su castigo, el bloqueo de su patrimonio, la incertidumbre sobre su evolución y su futuro y la sospecha pública sobre su honorabilidad.
Y casi nadie se acuerda de los empleados, probablemente las víctimas más desprotegidas. En una semana vimos cómo se desmoronaba nuestro proyecto profesional, el medio de vida de trescientas familias, sin alcanzar a saber por qué. En ese tiempo pasamos de trabajar en una entidad respetada y pujante a hacerlo en un lugar aparentemente despreciable; nosotros mismos parecimos volvernos despreciables a los ojos del mundo y alguna entidad del sector se apresuró a hacer saber que no nos aceptaría.
Han tenido que transcurrir cerca de tres meses para que empiecen a concretarse las posibles condiciones de nuestro injustificado despido, que nos hemos visto obligados a negociar con una administración concursal desbordada, en medio de un campo de batalla de intereses y tratando con poco éxito de ayudar a nuestros clientes a orientarse en un entorno opaco e imprevisible. Y entretanto, las instituciones del Estado que nos trajeron a esta situación ni se han dignado a asistir a nuestro entierro, cuya decencia posible contribuyeron a minar con notables despilfarros durante la intervención.
Mención especial merecen los empleados de la gestora de fondos del banco, pieza esencial de su éxito, y los de su bróker online. Al depender formal y arbitrariamente de empresas separadas, su destino es aún más oscuro que el del resto de empleados. Su previsible horizonte concursal todavía está por confirmar y la falta de activos disponibles de sus compañías ni siquiera augura una indemnización digna.
Hay dos víctimas más: el derecho a la información y la seguridad jurídica. Respecto a la primera, baste recordar cómo el 30 de marzo un periódico importante dedicaba casi toda su portada a la «información», procedente de anónimas fuentes de la fiscalía, de que Banco Madrid era una estructura para blanquear, obviamente sin aportar ni un solo dato. Y en cuanto a la seguridad jurídica, el terrible mensaje lanzado a los ciudadanos es que pueden ser condenados sin juicio previo y que sus inversiones y puestos de trabajo nunca estarán seguros en una entidad financiera española no sistémica.
Juzgue el lector qué castigo merecen los comportamientos descritos y qué resarcimiento sus víctimas. Y si los ciudadanos no mereceríamos un Estado que, aunque no siempre pueda salvarnos, al menos no nos condene.
FUENTE: Antonio Zamora, El Economista, 28 de mayo de 2015
Según diversas fuentes podemos ver que tras un sólido crecimiento esperado en el 2015 de un 3,2%, que dobla el de la zona euro del 1,5%, para el 2016 las previsiones son del 2,6% frente a 1,7% de los socios de la moneda única. Es decir España seguirá creciendo más que sus países vecinos pero este será más moderado. Y eso ¿Por qué?
El Consumo sigue en España en datos negativos, un -0,4% previsto para el 2015 (el último dato de IPC de Sept 2015 es del -0,9%). Esto puede ser debido a un hecho objetivo como es la tasa de paro y de otro subjetivo como es el aumento de la incertidumbre política ante el gobierno resultante de las elecciones generales de final de año
El déficit público está en un-4,4% del PIB, la deuda española ha visto incrementado su rating por las principales calificadoras internacionales, este mismo mes y el ejecutivo español asegura que cumplirá los objetivos marcados por Bruselas.
Cómo es lógico al mejorar la situación económica del país, se han reactivado las importaciones, volviendo la Balanza comercial a una situación de déficit, frente a unos meses anteriores en los que la situación fue superavitaria. El dato positivo es que la cuenta corriente es actualmente positiva, principalmente por el turismo y las remesas de emigrantes con lo que, el endeudamiento de España con el extranjero ha dejado de incrementarse
La crisis que afectó a todo el mundo en el 2009 fue financiera pero en el caso de España se llevó por delante un sector de arrastre como es el de la construcción: En España se pasó de 700.000 licencias en el 2007 a 70.000 en el 2011. Es decir para que el país saliese de la crisis era y es fundamental la reactivación del sector de la vivienda
Se ha visto como los precios de la vivienda han disminuido en el país un 37% entre el primer trimestre del 2008 y el tercero del 2014 y a partir del último trimestre de este último los indicadores del precio de los inmuebles no han dejado de mejorar.
¿Por qué?
-Los bajos tipos de intereses han hecho que en el 2015 las hipotecas hayan incrementado un 15% respecto al año precedente
- El incremento de la demanda extranjera: Es de cerca de un 13% del total, principalmente de países latinoamericanos que han visto como el EUR se ha depreciado un 16% frente al USD desde Agosto 2014.
-Incremento del empleo: En el primer trimestre del 2015 114.300 empleos se crearon en España de los que 30.000 fueron en el sector de la construcción
Es decir con un previo de la vivienda estable y un stock en decrecimiento (pequeño pero a la baja) parece que la tendencia del sector en su conjunto es positivo
Parece ser que la situación de España es de un país que ha acometido reformas serias que le han permitido unas mejoras económicas palpables a nivel macro sobre lo que se seguirá hablando mucho en las próximas semana es sobre si esa mejora ha llegado a amplios sectores de la población
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Las cinco empresas premiadas son un exponente de nuestras fortalezas en un mundo que exige empresas internacionalizadas, dinámicas y competitivas. Además, el perfil de las que se han presentado a concurso demuestra que en España hay empresas que llevan muchos años dedicándose plenamente a la exportación. Así, la empresa media de esta edición de los Premios tiene más de tres décadas de historia y la mitad de su facturación procede de sus ventas a casi tres docenas de países.
En esta ocasión, el premio al Empresario del Año fue para Antonio Catalán fundador de AC Hoteles, empresa que aspira a liderar el mercado hotelero urbano en Europa y en Estados Unidos gracias a una joint venture con Marriott. El Proyecto del Año se ha otorgado a AMC Juices por su nueva planta de envasado de zumos en Holanda con la que espera liderar su segmento en Centroeuropa. El esfuerzo de unificación de varias empresas líderes en el suministro y en los servicios de oficina le ha valido a Adveo el Premio a la Empresa Bandera. El Premio a la Trayectoria ha recaído en esta ocasión en Galletas Gullón, fundada en 1892, referente en el sector galletero español y líder en el segmento de galletas-salud gracias a su estrategia de I+D. Finalmente, otorgamos el Premio PYME del año a Kupsa, empresa dedicada a los materiales de recubrimiento de la madera y que cuenta con el 40% de su producción destinada a la exportación y con un 30% de sus trabajadores dedicados a tareas de innovación y desarrollo.
La excelente trayectoria de todas estas empresas es una muestra del buen hacer de los exportadores españoles. Un esfuerzo colectivo muy importante que está permitiendo que, aunque las importaciones crezcan, las exportaciones lo hagan a mayor velocidad.
Precisamente los últimos datos de Balanza de Pagos, señalan que en el primer trimestre de este año las exportaciones crecieron un 6,5%, con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 4,6%. La consecuencia ha sido un aumento en el superávit de la balanza de bienes y servicios del 52%, hasta los 4.700 millones de euros. Además, aunque la venta de bienes al exterior está aumentando significativamente, el mayor avance se ha producido en los servicios. Según el World Economic Forum, España tiene el sector turístico más competitivo del mundo. Sin embargo, las exportaciones de servicios no turísticos (financieros, auditoría y consultoría, telecomunicaciones, transportes, ingeniería, royalties, etc.) son mayores y están creciendo cada vez más rápidamente.
La internacionalización es definitiva
¿Por qué mejoran las exportaciones? Por varias razones, entre otras, porque:
1) hay más empresas que exportan regularmente. En 2014 147.700 empresas españolas se dedicaron a la venta de bienes en el extranjero y entre ellas 45.842 son exportadoras regulares, es decir, han exportado todos los años desde hace cuatro. La crisis nos ha dado, por tanto, historias exitosas de internacionalización.
2) a la mejora de la calidad de la oferta exportadora que nos permite vender cada vez más en un mundo global muy competitivo: mientras nuestras exportaciones crecen al 6,5% la Organización Mundial del Comercio espera que el comercio mundial crezca en 2015 un 3,3%. Muchas empresas españolas saben que sus oportunidades de crecimiento, de facturar más, están hoy ahí fuera y que solo con elevado niveles de calidad podrán vender y competir en el exterior.
3) por la diversificación geográfica de nuestras ventas en el exterior. Efectivamente, aunque en el primer trimestre de este año las exportaciones a la zona del euro han aumentado (5,4%) hasta formar el 51% del total, las ventas a otras regiones se han acelerado en mayor medida: EEUU 6,6%, América Latina 6,7% y Oriente Medio 22,8%. Además, las mayores ventas a la zona del euro tienen mucho mérito ya que países como Alemania, que está sufriendo una desaceleración económica, ha aumentado sus compras de productos españoles en un 8,8%.
Esta mayor internacionalización de la economía española ha venido para quedarse. Así lo señala también el indicador de perspectivas exportadoras del Ministerio de Economía que en el primer trimestre ha llegado al valor más alto desde antes de la crisis económica. Perspectivas que a largo plazo van a ser todavía más sólidas ya que el 90% de los encuestados consideran que las exportaciones españolan se mantendrán o irán al alza en los próximos doce meses.
Mejora la confianza
Todos estos buenos datos aumentan la confianza en la economía española y son el resultado del intenso trabajo diario de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas que están haciendo realidad el más intenso de los procesos de internacionalización de toda nuestra historia.
Además, las exportaciones españolas son cada vez más competitivas gracias a 1) los menores precios de nuestros productos, en el caso del comercio con el resto de los países de la zona del euro y 2) la depreciación del euro que ha mejorado la competitividad de nuestras exportaciones en un 11,6% entre los países de la OCDE que no utilizan el euro.
Las exportaciones de las empresas españolas han sido el principal factor que ha permitido la recuperación de la economía española. Con los datos de marzo, la balanza de bienes y servicios acumula veintiséis meses de superávits consecutivos, un cambio de tendencia histórico que está muy lejos del elevadísimo déficit de esta balanza en el año 2007 (-64.500 millones de euros).
Además, la opinión que en el extranjero se tiene de España también es positiva como muestra el último Barómetro del Instituto Elcano sobre la imagen de España en el exterior. A diferencia del anterior, en esta ocasión se pregunta a ciudadanos de otros países (Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Corea del Sur, Indonesia, Marruecos y Argelia) cuál es la imagen que tienen de nuestro país.
La valoración general media de la situación actual de España ha recibido una puntuación de “notable” (algo inferior al 7) continuando así la tendencia positiva que sigue desde el año 2012. Además, los encuestados destacan la calidad del sistema educativo español y la importante labor solidaria de nuestro país en el contexto internacional. Como aspectos negativos, resalta la crítica de la vida política española. No obstante, los entrevistados alemanes y británicos consideran que España es ahora más fiable de lo que era hace dos años. Finalmente, las expectativas futuras sobre nuestra evolución económica son muy positivas y la mitad de los encuestados considera que la economía española irá a mejor.
Por tanto, España está aumentando a pasos agigantados su competitividad exterior y las empresas premiadas son un ejemplo claro de las capacidades de la economía española pero, sobre todo, de lo que podemos esperar en el futuro. Todas ellas, junto con el resto de las empresas exportadores españolas están sosteniendo la recuperación económica y están sabiendo buscar oportunidades en uno de los entornos económicos más cambiante de los últimos años. Muchas de ellas son empresas con visión de futuro, capaces de exportar bienes y servicios con tecnologías de última generación que sitúen a la producción de bienes y servicios españoles como un referente internacional en intensidad tecnológica. A todas ellas, gracias, por hacer avanzar a la economía española.
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