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[post_date] => 2017-10-28 14:22:02
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[post_content] => El 29 de Octubre del 2007 el rating, según Standard and Poors de la deuda Alemana es AAA, la máxima calificación, la española BBB+-grado inversión- y la que denominan hoy mismo Comunidad Autónoma de Cataluña es B+ -, -posicionada claramente en lo que se denomina grado especulativo-. Un rating B significa que una situación económica o financiera adversa puede perjudicar la capacidad el emisor o deudor de hacer frente a las deudas contraídas.
La deuda de Grecia está calificada con una B-, dos escalones por debajo de la catalana.
Actualmente, Alemania paga a los prestamistas a 10 años un tipo de interés del 0,48%, España del 1,65% -cuatro veces más y Grecia del 5,58%, -11 veces más caro-. Si la comunidad helena no estuviese dentro de la Unión Europea, creo que hay un cierto consenso que habría suspendido pagos probablemente hace seis años.
La Comisión Europea lleva más de dos años avisando del riesgo que supone para España su deuda pública. Con un porcentaje del 102.1% del PIB (más de 1 billón de euros), de producirse desequilibrios macroeconómicos, se podría entrar en serios problemas de liquidez. Bruselas dice que hace falta un ajuste estructural de 25.000 millones de euros para el ejercicio en curso
El segundo trimestre del 2017 la deuda de Cataluña era de 76.727 Millones de EUR , de los que 52.499 Millones corresponden a obligaciones con el Estado Español, 8.175M EUR préstamos de entidades financieras españolas, 6.018 Millones a empréstitos con bancos extranjeros y 5.669 Millones a Bonos emitidos.
Si comparamos la deuda en Cataluña en el segundo trimestre de 2017 con la del mismo trimestre de 2016 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 2.325 millones de euros.
Cataluña, según los datos de deuda anual del pasado año 2016, es la comunidad autónoma más endeudada de España y la que mayores obligaciones de pago tiene contraídas con el Estado.
En el año 2.008 la deuda Catalana era de 20.825 millones de Euros, es decir que en una década va camino de cuadruplicarse.
¿Estaría una Cataluña independiente dentro de la UE para gozar de los mismos mecanismos que tuvo, por ejemplo Grecia? Visto el tamaño de la deuda de Cataluña con España y de esta con los prestamistas, ¿No se está jugando con fuego?
[post_title] => PLAY WITH FIRE: LA DEUDA CATALANA Y ESPAÑOLA
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La deuda de Grecia está calificada con una B-, dos escalones por debajo de la catalana.
Actualmente, Alemania paga a los prestamistas a 10 años un tipo de interés del 0,48%, España del 1,65% -cuatro veces más y Grecia del 5,58%, -11 veces más caro-. Si la comunidad helena no estuviese dentro de la Unión Europea, creo que hay un cierto consenso que habría suspendido pagos probablemente hace seis años.
La Comisión Europea lleva más de dos años avisando del riesgo que supone para España su deuda pública. Con un porcentaje del 102.1% del PIB (más de 1 billón de euros), de producirse desequilibrios macroeconómicos, se podría entrar en serios problemas de liquidez. Bruselas dice que hace falta un ajuste estructural de 25.000 millones de euros para el ejercicio en curso
El segundo trimestre del 2017 la deuda de Cataluña era de 76.727 Millones de EUR , de los que 52.499 Millones corresponden a obligaciones con el Estado Español, 8.175M EUR préstamos de entidades financieras españolas, 6.018 Millones a empréstitos con bancos extranjeros y 5.669 Millones a Bonos emitidos.
Si comparamos la deuda en Cataluña en el segundo trimestre de 2017 con la del mismo trimestre de 2016 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 2.325 millones de euros.
Cataluña, según los datos de deuda anual del pasado año 2016, es la comunidad autónoma más endeudada de España y la que mayores obligaciones de pago tiene contraídas con el Estado.
En el año 2.008 la deuda Catalana era de 20.825 millones de Euros, es decir que en una década va camino de cuadruplicarse.
¿Estaría una Cataluña independiente dentro de la UE para gozar de los mismos mecanismos que tuvo, por ejemplo Grecia? Visto el tamaño de la deuda de Cataluña con España y de esta con los prestamistas, ¿No se está jugando con fuego?
Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.
Reducir el déficit público de 2017
Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.
Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.
Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.
Reforma de las Administraciones Públicas
Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.
Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.
El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.
Mejora de la competitividad
Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.
En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.
En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.
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