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El 29 de Octubre del 2007 el rating, según Standard and Poors de la deuda Alemana es AAA, la máxima calificación, la española BBB+-grado inversión- y la que denominan hoy mismo Comunidad Autónoma de Cataluña es B+ -, -posicionada claramente en lo que se denomina grado especulativo-.  Un rating B significa que una situación  económica o financiera adversa puede perjudicar la capacidad el emisor o deudor de hacer frente a las deudas contraídas.

La deuda de Grecia está calificada con una B-, dos escalones por debajo de la catalana.

Actualmente, Alemania paga a los prestamistas a 10 años un tipo de interés del 0,48%, España del 1,65% -cuatro veces más y Grecia del 5,58%, -11 veces más caro-.  Si la comunidad helena no estuviese dentro de la Unión Europea, creo que hay un cierto consenso que habría suspendido pagos probablemente hace seis años.

La Comisión Europea lleva más de dos años avisando del riesgo que supone  para  España su deuda pública. Con un porcentaje del 102.1% del PIB (más de 1 billón de euros), de producirse desequilibrios macroeconómicos, se podría entrar en serios problemas de liquidez. Bruselas dice que hace falta un ajuste estructural de 25.000 millones de euros para el ejercicio en curso

El segundo trimestre del 2017 la deuda de Cataluña era de 76.727 Millones de EUR , de los que 52.499 Millones corresponden a obligaciones con el Estado Español, 8.175M EUR préstamos de entidades financieras españolas, 6.018 Millones a empréstitos con bancos extranjeros y 5.669 Millones a Bonos emitidos.

Si comparamos la deuda en Cataluña en el segundo trimestre de 2017 con la del mismo trimestre de 2016 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 2.325 millones de euros.

Cataluña, según los datos de deuda anual del pasado año 2016, es la comunidad autónoma más endeudada de España y la que mayores obligaciones de pago tiene contraídas con el Estado.

En el año 2.008 la deuda Catalana era de 20.825 millones de Euros, es decir que en una década va camino de cuadruplicarse.

¿Estaría una Cataluña independiente dentro de la UE para gozar de los mismos mecanismos que tuvo, por ejemplo Grecia? Visto el tamaño de la deuda de Cataluña con España y de esta con los prestamistas, ¿No se está jugando con fuego?

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año que aprobó ayer el Gobierno se enmarca en una situación de mayor crecimiento de la economía mundial y de un crecimiento razonable para la economía española. Un presupuesto que debe calificarse como menos expansivo que el del año pasado, ya que el déficit público se reduce del 4,3% del PIB en 2016 al 3,1% para 2017. Pero aunque disminuye sigue siendo excesivo, ya que después de más de dos años de elevado crecimiento económico debería estar como máximo en el 2,5% del PIB. Una de las causas de que no se pueda ajustar más es la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del Partido Popular que obliga a pactar aumentos en algunas partidas presupuestarias, lo que a la postre impide recortar el gasto público, que desgraciadamente seguirá aumentando.

Es un presupuesto cómodo de cumplir ya que la previsión de crecimiento de la economía española que hace el Gobierno para este año, del 2,5%, es algo más moderada a la que están dando los servicios de estudios de Bankia, BBVA y Ceprede (+2,7%). Y como los ingresos y los gastos públicos están íntimamente ligados al crecimiento económico, si el crecimiento de este año fuera algo mayor al 2,5% previsto en estos presupuestos se traduciría en mayores ingresos fiscales, menos gasto público y por tanto menos déficit público.

Crecimiento y empleo

También va a facilitar su cumplimiento el mayor crecimiento de la economía mundial durante este año: un 3,4% frente al 3,1% del ejercicio pasado. La Unión Económica y Monetaria, nuestro principal cliente –el 55% de nuestras exportaciones se dirigen a la eurozona– también tendrá un crecimiento cercano al potencial (+1,7%). Esta favorable evolución permitirá que las exportaciones españolas de bienes y servicios crezcan más durante este año que en 2016.

El Banco de España informó ayer de que las exportaciones de bienes y servicios en enero fueron un 17% mayores que en enero del año pasado. Un ejemplo de que, durante este año, la buena marcha de la economía nacional e internacional hará que las empresas aumenten su producción y contraten más mano de obra.

Por tanto, en 2017, la economía española mantendrá una senda de crecimiento parecida a la de los dos últimos años, lo que se traducirá en elevada creación de empleo –500.000 más durante este año–, menos paro y, por tanto, menores gastos en prestaciones por desempleo y más cotizantes a la Seguridad Social, lo que facilitará el pago de las pensiones.

Con estas coordenadas, la tasa de desempleo que prevé el Gobierno parece realista: se reduciría desde el 18,6% en 2016 al 16,6% en 2017. Y el número de parados descenderá en ese periodo de 4,2 millones a 3,8 millones. Si se cumpliera esta predicción la cifra total de parados bajará de los cuatro millones por primera vez en nueve años.

A diferencia del año pasado para alcanzar el objetivo de déficit no será necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste no contempladas en los presupuestos del Estado.

De ahí que en un contexto de elevado crecimiento económico y del empleo, antes descrito, no estaría de más que el Gobierno se plantease reducir el déficit un poco más. Se conseguiría con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir el porcentaje de deuda sobre PIB. En este sentido el Banco de España informó ayer de que la deuda pública se redujo al final del año pasado pasando del 101,2% del PIB en el tercer trimestre de 2016 al 99,4% en el cuarto trimestre. De seguir esta tendencia a disminuir mejoraría la percepción que los mercados tendrían sobre nuestra solvencia. No es casualidad que durante el último mes la prima de riesgo haya caído en 20 puntos (marcaba 150 a finales de febrero y bajó a 130 a finales de marzo).

Gasto productivo

Así las cosas, estos presupuestos aciertan al incrementar la dotación de algunas partidas como la educación (incluida la elevada contratación de profesorado) y la investigación y el desarrollo (I+D), cuyas continuas rebajas en años anteriores estaban poniendo en peligro el potencial de crecimiento de la economía a medio plazo. También se acierta aumentando el número de inspectores para perseguir el elevado nivel de fraude que campa libremente por el país, sobre todo en lo que se refiere al impago del IVA.

En resumen, el sexto presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica una mayor y necesaria reducción del déficit. El Congreso, que recibirá los presupuestos el próximo martes para su aprobación, debería hacer un esfuerzo por reducirlo al 2,5% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en la Europa continental podrían amenazar de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía.

A corto plazo, en el horizonte no se observan signos de debilidad pero una reducción sensible en el crecimiento a partir de 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes, de cotizantes y un incremento del déficit y de la deuda pública lo que complicaría la situación económica de España.

Se está a tiempo de corregir. Porque de no reducir más el déficit en vez de tener buenas noticias las podríamos tener malas. España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería hacerse más restrictiva. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo que ahora está bajando podría empezar a subir.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo. “Son poco ambiciosos”. Expansión de 1 de abril de 2017.

En ocasiones colegas, amigos, alumnos, periodistas, etc. preguntan sobre la estructura sectorial de la producción y del empleo en la economía española. Los datos de Contabilidad Nacional publicados hoy por el INE (y también los de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2016 publicados en el mes de enero de este año) permiten actualizar esa información al año 2016. Te la pongo a continuación por si te puede ser útil.

Estructura sectorial de la economía española

El tejido productivo español se caracteriza por un elevado peso del sector servicios y por una baja presencia del sector industrial. Si bien, no siempre ha sido así, los datos de Contabilidad Nacional y la Encuesta de Población Activa, muestran que en las décadas de los años 70 y 80 el peso de la industria y la energía en la producción nacional y el empleo superaban el 25%.

Los datos de la tabla 1 muestran, sin embargo, que desde 1970 España registra una disminución paulatina de la contribución de la industria en el PIB, mientras el sector servicios ha ido adquiriendo un mayor peso con el transcurso del tiempo. Así, desde 1970 el sector servicios tiene una importancia creciente pasando de representar el 46% del PIB en 1970 al 75% en 2015. Esta terciarización es habitual en el proceso de desarrollo económico de la mayoría de los países. En este sentido, España es una economía de servicios y tiene un importante número de empresas que son muy competitivas en ese sector. Buena parte de la inversión española en el exterior y de las exportaciones está en los sectores, bancario, distribución, ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, producción y distribución de energía, energías renovables, seguros, telefonía, etc.

Según el Banco de España en el año 2016 las exportaciones de servicios no turísticos contabilizaron 60.000 millones de euros un 6,8% más que en el año 2015. En cambio las exportaciones de bienes crecieron un 1,7% y las de servicios turísticos un 7,1%.

Tabla 1 – Estructura de la producción en la economía española (Datos en porcentaje)

Fuente: INE (2017)

En términos de empleo, y a partir de la década de los 80 (ver tabla 2), la industria empezó a perder importancia. Así, mientras que la población empleada en el sector servicios ha ido aumentando su porcentaje sobre el total de los trabajadores ocupados, la industria ha ido reduciendo su participación.

Tabla 2.- Estructura del empleo en la economía española (Datos en porcentaje)

Fuente: INE (2017)

La tabla 2 muestra también un aumento espectacular de la participación del sector de la construcción en el total del empleo hasta el año 2005. Sin embargo, la crisis ha cambiado las tendencias, y así a partir de 2005, la construcción disminuye su participación en el empleo, observándose al mismo tiempo una pérdida importante de peso en términos de producción.

La industria, que como ya hemos mencionado tuvo una fuerte contracción hasta el año 2010, consolida su participación a partir de ese año, al menos en términos de producción (tabla 1) y va cayendo ligeramente en términos de empleo (tabla 2).

En 2016, parece observarse una ligera recuperación del sector agrario e industrial en términos de empleo (tabla 2) y de producción (tabla 1), especialmente la industria manufacturera. En cambio parece que pierden peso el sector servicios y la construcción.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2017) se enmarcan en el siguiente contexto: a) el de la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del Partido Popular, b) el de la necesidad de reducir el endeudamiento de España, que, de momento, se mantiene por encima del 100 % del PIB, en un entorno de alza de los tipos de interés, y c) de crecimiento económico y creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2017 que este año. A pesar de esa desaceleración, la economía española seguirá en una fase expansiva. En este sentido, el Gobierno y los Servicios de Estudios del BBVA y Bankia acaban de elevar dos décimas sus estimaciones de crecimiento para 2017, hasta el 2,5%, por encima, por tanto, del que tendrá la media de los países de la zona euro (+1,5%).

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de defender los presupuestos.

Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.

Reducir el déficit público de 2017

Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.

Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.

Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.

Reforma de las Administraciones Públicas

Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.

Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.

El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.

Mejora de la competitividad

Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.

En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo y Carolina Ramírez . “Deberían ser más restrictivos”. Expansión de 23 de noviembre de 2016, páginas 6 y 7.

Ayer se constituyó el nuevo Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy. En su agenda figuran una serie de reformas económicas que deben ser prioritarias si se quiere que nuestro país siga creciendo y creando empleo. Se trata de un conjunto de políticas dirigidas a reducir el déficit público y los niveles de deuda, hacer sostenible el sistema de pensiones, conseguir la unidad de mercado, disminuir el desempleo y mejorar la competitividad de nuestras empresas. Resulta más fácil conseguir estos objetivos si la economía, tal como está sucediendo ahora, camina por la fase expansiva del ciclo.

Efectivamente, todos los datos publicados esta semana confirman esta solidez de la economía española. Aumentan de forma notable el consumo de las familias, el nivel de empleo y las exportaciones. El INE estimó que, en septiembre, el comercio minorista, en tasa anual, creció un 3,2%, corregidos los efectos estacionales y de calendario. El Ministerio de Empleo contabilizó que, en octubre, se produjo un aumento de más de 100.000 afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes anterior: la cifra más alta en un mes de octubre de la serie histórica. También el sector exterior marcha viento en popa. Al respecto, el Banco de España nos dio buenas noticias esta semana: en los ocho primeros meses del año, el saldo por cuenta corriente se elevó a 12.600 millones de euros, registro que dobla al del mismo periodo de 2015 (+6.300 millones). Este incremento se debió a un mayor superávit de la balanza de bienes y servicios frente al mismo periodo de 2015, gracias a que las exportaciones superaron (+3%) a las importaciones (+0,5%).

Hoy nos vamos a fijar en una de las reformas que debe aplicar el nuevo Gobierno aprovechando esta favorable coyuntura: mejorar la productividad de la economía, a través del aumento del tamaño de las empresas, con el fin de que exporten más. Es decir, hacerlas todavía más competitivas en los mercados internacionales. 

Hay más empresas exportadoras

¿Por qué siguen creciendo las exportaciones? Entre otras razones, porque hay más empresas que exportan. Antes de la crisis, en 2007, había 97.000 y, en 2016,  ya son 150.000, un incremento del 50%. Si se considerase sólo a las compañías que lo hacen de forma regular (exportan todos los años desde hace cuatro), en 2007 eran 39.000 y, ahora, ascienden a 46.000, un 18% más. Es el resultado de la mejora de la competitividad de miles de empresas grandes, pero también medianas y pequeñas (PYMEs), que están haciendo realidad el más intenso de los procesos de internacionalización de toda nuestra historia.

Como consecuencia de la caída de la demanda nacional durante la crisis, las PYMEs han tratado de ganar presencia en los mercados extranjeros, posicionándose ventajosamente frente a sus competidores. Sin embargo, aunque tengan un peso cada vez más relevante en el conjunto de las exportaciones nacionales, lo cierto es que el valor de los bienes exportados todavía es muy reducido, y la mitad del total corresponde a las grandes compañías. El 75% de las empresas españolas que exportan lo hacen por importes inferiores a los 50.000 euros al año.

Dentro de las PYMEs, las empresas medianas exportan proporcionalmente más que las pequeñas. De ahí que uno de los objetivos de política económica que se debe plantear el nuevo Ejecutivo sea eliminar los obstáculos que impiden que las pequeñas compañías se conviertan en medianas.

Un salto deseable no sólo porque estas últimas exportan más y mejor, sino también porque son más resistentes a los ciclos contractivos. Efectivamente, las pequeñas empresas, que representan más del 90% de nuestro tejido productivo, aparecen y desaparecen de escena con mucha facilidad. Una situación íntimamente relacionada con la enorme fragilidad del mercado de trabajo español, pues éstas tienden a crear empleo temporal, que siempre resulta más volátil.

A ello se une que las pequeñas tienen un bajo aprovechamiento de las economías de escala (de las que, en cambio, sí se benefician las empresas de mayor tamaño), lo que eleva sus costes y, consecuentemente, los precios a los que venden sus bienes en el mercado. A esa menor productividad contribuye una peor cualificación de su mano de obra (los trabajadores más preparados buscan trabajo en empresas con perspectivas de crecimiento o de mayor tamaño). Esta circunstancia, a su vez, hace que paguen menores salarios, lo que, como pez que se muerde la cola, desincentiva a la mano de obra más formada a querer trabajar en ellas.

Dificultades para crecer

Ante este panorama de vulnerabilidad, baja productividad y reducidos salarios de las pequeñas empresas, cabe preguntarse por qué, a diferencia de lo que ocurre en otros países, hay tan pocas que aumenten su tamaño, pasando al grupo de las medianas.

En el último número de la revista “Economistas”, dedicado a “La evolución de las PYMEs en España”, se señalan algunas de las razones que lo explican:

1º)  Las pequeñas están sujetas a regulaciones laborales más sencillas, lo que las anima a mantener una plantilla reducida y evitar así los costes adicionales de ampliar el número de empleados, tales como: a) la creación de un comité de empresa encargado de negociar las condiciones laborales de los trabajadores, y b) mayores costes burocráticos derivados de la variedad de fórmulas contractuales.

2º) La normativa fiscal española beneficia más a las pequeñas empresas que a las de tamaño medio. En lo que al Impuesto de sociedades se refiere, las pequeñas son sometidas a menos inspecciones fiscales y a tipos impositivos más bajos, al menos durante los primeros años de actividad.

3º) Las mayores exigencias de auditoría de cuentas y normativas contables impuestas a las empresas de tamaño medio y grande frente a las menores.

4º) La fragmentación del mercado español, propia del sistema autonómico, que hace que cada comunidad tenga sus normativas, lo que dificulta la expansión y crecimiento de las empresas, al conllevar costes más elevados. Por tanto, el nuevo Gobierno de España deberá legislar para que haya una mayor unidad de mercado, homogeneizando los requisitos exigidos por los distintos niveles de las Administraciones Públicas.En definitiva, España está mejorando notablemente su situación económica,  creciendo muy por encima de la media europea. Sin embargo, si se quiere mantener esta tendencia expansiva, se precisa seguir por el camino de las reformas, como aumentar el tamaño de nuestras empresas. España es un país de PYMEs pero, sobre todo, de Microempresas, y es precisamente en este hecho en donde reside nuestra principal debilidad.

De ahí que el nuevo Gobierno debería tratar de eliminar los incentivos que animan a muchos empresarios a mantenerse agazapados en la zona de confort de su reducido tamaño. Dar el salto permitiría que nuestra economía generase más empleo y fuese todavía más competitiva en los mercados internacionales.

Fuente: Rafael Pampillón y Ana Cristina Mingorance (Coordinadores del monográfico de la revista ECONOMISTAS dedicado a “La evolución de las PYMEs en España”) “FAVORECER EL SALTO DE PEQUEÑA A MEDIANA EMPRESA”. Publicado en Expansión de 5 de noviembre de 2016, página 43.

Esta semana conocimos la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2016. Los resultados han sido buenos y señalan, una vez más, que la economía española avanza por la senda del crecimiento económico y del empleo.

Según esta encuesta, durante el tercer trimestre se produjo una reducción en el número de desempleados de 253.900 personas, la segunda mayor caída en un tercer trimestre de toda la serie histórica. Como consecuencia, la tasa de paro entre julio y septiembre de este año fue del 18,9%. Inferior, por tanto, al 22,4% del mismo trimestre de 2015. Además, es la menor tasa de desempleo desde el cuarto trimestre de 2009. España tiene ahora 4,32 millones de parados, que es el volumen más bajo de los últimos siete años.

Durante este tercer trimestre, la ocupación aumentó, respecto al segundo, en 226.500 empleos. Es decir, no toda la reducción del paro (-253.900) se tradujo en un crecimiento de la ocupación. La diferencia (-27.300) corresponde a la disminución de la población activa; continúa así la tendencia de caída iniciada hace ya cuatro años, en el tercer trimestre de 2012.

La calidad del empleo

Así pues, sigue creciendo el empleo en España pero, ¿se puede decir que también aumenta la calidad? Como en casi todo, la respuesta no es única, pero la EPA parece mostrar una mejora de ésta durante el tercer trimestre:

1) La mayoría, el 85%, de las personas que trabajan, lo hace a tiempo completo; en el tercer trimestre, la ocupación en este régimen creció (+330.500), mientras que la de tiempo parcial se redujo (-104.000).

2) Mejora bastante el mercado de trabajo juvenil. El número de empleados con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años se incrementó en 98.600 personas, mientras que el de parados bajó en 45.400. Como consecuencia, el paro juvenil, aunque siga estando en niveles muy elevados, ha caído hasta el 42%. Conviene recordar que, hace un año, se situó en el 48% y, en el primer trimestre de 2013, alcanzó la cota máxima, con un 57%.

3) Casi todo el empleo creado en el tercer trimestre se generó en el sector privado (+218.000); mientras que el público se acrecentó en 9.000 personas. Este aumento del empleo público se debería haber evitado y, en el futuro, si se quiere reducir el déficit, habrá que ir ajustando las plantillas de las Administraciones Públicas.

4) Siguió creciendo el empleo por cuenta propia. Además, en el último año se dieron de alta 32.700 autónomos, que, a su vez, proporcionaron trabajo a otras personas.

5) El número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados creció durante el trimestre en 202.000.

6) Disminuyó el número de hogares en los que todos están parados (-136.000); si bien continúa siendo una cifra elevada, 1,7 millones, pero es la más baja desde el año 2010.

Sube la temporalidad

Desgraciadamente, a estos aspectos positivos hay que unir el aumento de la temporalidad. Durante el tercer trimestre, los contratos de este tipo aumentaron en 246.000, es decir, un 6,3%, más que en el trimestre anterior mientras que los indefinidos se redujeron (-29.100). Este incremento de la temporalidad, la más alta desde el año 2008, está íntimamente ligada al espectacular crecimiento del empleo del sector servicios, que se engrosó en el tercer trimestre con 179.000 personas más.

Este fortalecimiento también ha quedado recogido en el Índice de Actividad del Sector Servicios, publicado esta semana por el INE, y que muestra que, en agosto, ésta aumentó un 6% en tasa anual, quitados los efectos estacionales y apoyada principalmente en el mayor dinamismo de los subsectores de Venta y reparación de vehículos y motocicletas, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Hostelería.

Crecimiento del empleo en los servicios que se debe también en buena medida a las pujantes cifras de turismo de este verano. Y es que, durante el tercer trimestre, las pernoctaciones hoteleras alcanzaron niveles sin precedentes en las series históricas de ocupación. Aumentaron un 5,3% respecto al mismo trimestre del año pasado, gracias, especialmente, al incremento de las realizadas por extranjeros (+7,5%). Las de los españoles cerraron el trimestre con un moderado crecimiento del 1,3%.

Todo esto hace que la temporalidad del empleo en España se sitúe en el 27%, 2 puntos más que en el mismo trimestre de 2015 y la más alta de los últimos ocho años. Sigue, por tanto, repuntando en la fase expansiva del ciclo, después de haber descendido durante los años de la crisis, cuando, efectivamente, sufrieron mucho más los  trabajadores temporales que los que tenían contratos fijos. Así, en 2012, la temporalidad bajó hasta mínimos históricos del 23%. Con la información conocida ayer, desgraciadamente, España sigue liderando los niveles de temporalidad de la OCDE y de la Unión Europea, áreas donde la reactivación económica ha traído aparejado un descenso de la misma.

En el cuadro que tienes más arriba puedes observar que, desde su cota más baja, el empleo fijo creció un 5% mientras que el temporal lo hizo en un 35%.

La economía sigue avanzando

El importante aumento de la ocupación que se viene produciendo en España en los últimos dos años (más de un millón de empleos) es el reflejo de un comportamiento ascendente de la senda económica. En el tercer trimestre, respecto al segundo, el Producto Interior Bruto (PIB) creció el 0,7%, consolidándose así la tendencia positiva que comenzó hace más de tres años. En los próximos trimestres se mantendrá la senda de suave reducción de la tasa de crecimiento, entre otros motivos porque el nuevo gobierno tendrá que avanzar en el ajuste fiscal, con el fin de alcanzar el objetivo de déficit público en 2017. En consecuencia, el crecimiento económico en 2016 se situará en el 3,2%, mientras que el año próximo será algo menor (+2,5%).

Un mayor empleo supone una renta disponible de los hogares más elevada, lo que fortalece el consumo privado. Ante esta mayor demanda, las empresas están produciendo más y, por tanto, también necesitan invertir más. De ahí que haya crecido la formación bruta de capital en el tercer trimestre. Esta mayor inversión genera un círculo virtuoso que hace repuntar el empleo, el consumo y la producción.

Perspectivas de futuro

España ya tiene un nuevo gobierno, que deberá afrontar las tareas pendientes. Hace falta un Ejecutivo estable, que insufle confianza a la inversión empresarial, incluida la directa exterior. Tendrá que poner en marcha una segunda generación de reformas del mercado de trabajo que consoliden la recuperación del empleo a largo plazo y que reduzcan la temporalidad y, todavía más, la tasa de paro.

En definitiva, los datos del tercer trimestre muestran que España está mejorando notablemente, tanto en crecimiento económico como en su mercado laboral, pero que aún queda mucho por hacer, como reducir la temporalidad. Para ello se necesita unificar los tipos de contrato laboral y reforzar la cualificación de la mano de obra, de modo que se adecúe más a lo que demandan las empresas.

Fuente: Rafael Pampillón. “Asignatura pendiente en el empleo: la temporalidad.” Expansión,  28 de octubre de 2016. Página 61.

El INE publicó la semana pasada que, dentro de 50 años, los españoles mayores de 64 años serán 14 millones, frente a los 9 millones que son hoy. Además, como consecuencia de la drástica caída en la tasa de natalidad (una de las más bajas de Europa, con 1,33 hijos por mujer), la población española se reducirá desde los 46 millones actuales a los 41 millones. Así, la proporción de mayores de 64 años se doblará, pasando a representar el 34,5% del total en 2066, frente al 17,5% de 2016.

En cinco décadas, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. En la actualidad, las españolas, con una esperanza de vida de 85 años frente a una media europea de 80, están entre las más longevas, mientras que los hombres españoles se sitúan en los 80 años frente a una media de 73 en el viejo continente.

Viviremos más

En la pirámide adjunta se puede observar como en 2066 (color morado) el número de personas entre 75 y más de 100 años es muy superior a la que habrá 2031 y hay en 2016. Ya nadie duda de que cada vez alcanzaremos edades más elevadas, gracias a los notables avances sanitarios, y eso generará muchas dificultades para conseguir mantener el sistema de pensiones y de salud públicas.

¿Hasta cuándo va a seguir aumentando nuestra expectativa de vida? La investigación científica se dirige, cada vez más, a descubrir soluciones a los problemas relacionados con la edad. Señalan que nuestro cuerpo envejece porque, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando desperfectos que lo dañan. Es como un coche viejo, pero susceptible de arreglarse. ¿Acaso no hay automóviles muy antiguos que se conservan en perfectas condiciones? El objetivo pasa por encontrar tratamientos capaces de desacelerar el proceso de degradación del organismo, para mantenerlo saludable durante más tiempo.

Pensiones no garantizadas

Esta mayor longevidad vendrá acompañada de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que sí lo hacen. En otras palabras, la proporción de gente que trabaja respecto al conjunto de la población está disminuyendo. Así, según el INE, en 2066, por cada persona en edad de trabajar, habrá en España otra que no estará en edad de hacerlo, porque será menor de 16 años o mayor de 64. En concreto, la tasa de dependencia se elevará hasta casi el 90%, partiendo del 50% actual.

Por tanto, un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor contingente de jubilados. Aquéllos, por consiguiente, tendrán que pagar cada vez más para que se puedan seguir prestando los servicios sociales a los mayores: pensiones y gastos médicos. La Seguridad Social consumirá, de año en año, una parte más sustanciosa de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad de garantizar el actual sistema público de pensiones español.

Ante la bomba demográfica que tenemos delante, y que acabará explotando, diversos economistas y organismos multilaterales han venido sugiriendo al Estado Español la implementación de políticas tales como: prolongar todavía más la edad de retiro, eliminar la jubilación temprana, compatibilizar el cobro de la pensión con seguir trabajando y, por tanto, cotizando, incrementar los fondos de pensiones privados obligando a los trabajadores a cotizar en ellos, ampliar la recaudación fiscal o incentivar el número de nacimientos. Cabe hacer notar que, de no aplicarse estas medidas, España tendrá que poner en marcha una política migratoria similar a la ejecutada en países como Canadá y Australia, con el fin de incorporar personas jóvenes que mantengan el sistema de pensiones en los años venideros. De lo contrario, colapsará. El problema es tan grave y de tan difícil solución que hay quien está planteando que los robots deberían entrar en el sistema pensional, lo cual se puede interpretar como un impuesto a las empresas como forma de recompensar a la sociedad por la eliminación de puestos de trabajo.

Aumento de la productividad

Sin embargo, pagar por tener robots desincentiva su uso y, en consecuencia, daña la productividad, precisamente cuando que ésta aumente es la mejor solución al actual problema de las pensiones. Y es que, a mayor productividad, mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social.

¿Y cómo aumentar la productividad? Pues a través de la mejora en la innovación tecnológica y el capital humano. En este sentido, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos (recortando la grasa que sobra en el conjunto de las Administraciones Públicas) y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la productividad, como es el caso de la educación y la investigación. Algo absolutamente necesario en un contexto de permanente cambio tecnológico. Es bien conocido que la llamada Cuarta Revolución Industrial avanza a un ritmo imparable, trasformando la manera en la que trabajamos y nos relacionamos. Un nuevo sistema conformado por cuatro pilares: la revolución digital, la ingeniería genética, la robótica y la inteligencia artificial.

Esta revolución tecnológica, como todas las anteriores, viene acompañada de cambios profundos en las formas de producir. De ahí la necesidad de que la población activa se prepare para dirigirse hacia esos nuevos sectores. Es decir, que para evitar el desempleo futuro, es preciso incentivar a los trabajadores para que se reconviertan profesionalmente y alcancen un nivel de formación que se adecué en mayor medida a lo que están demandando las empresas.

Desde la Primera Revolución Industrial hasta la actual revolución tecnológica, los principales inventos y avances científicos y su aplicación en la industria han generado importantes ganancias de productividad, mejora en el nivel de vida y, a medio plazo, incrementos en el nivel de empleo.

En definitiva, el fuerte envejecimiento de la población, que ya es una realidad y que se acentuará todavía más en las próximas décadas, exige adoptar políticas que faciliten la viabilidad financiera de las pensiones. Una solución que pasa por el aumento de la productividad. El nuevo Gobierno de España se encuentra frente a la necesidad de resolver un problema en el que convergen aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos, y que requiere de respuestas inmediatas. Los representantes del pueblo no pueden seguir esperando de brazos cruzados a ver cómo evoluciona la población. Ya es de dominio público: viviremos muchos más años.

Fuente: Rafael Pampillón “Las consecuencias económicas del envejecimiento.” Expansión,  22 de octubre de 2016. Página 26.

Una de las principales modificaciones que podremos tener en nuestro modo de vida en la próxima década, va a ser la relación con los vehículos que nos desplazamos.

Algunas cifras interesantes de este sector En España:

El mercado de turismos  incorpora cada año entre 1,2 y 1,3 millones de nuevos vehículos al parque automovilístico

La fabricación de vehículos y componentes supone cerca de un 9% del PIB español que se eleva hasta el 10% al incluir la comercialización, servicios financieros y postventa

Frente a una facturación global de las marcas que operan a nivel nacional de cerca de 61.000 millones de EUR  su contribución a la Hacienda Pública fue de 25.807 millones de EUR en el pasado ejercicio debido a la recaudación fiscal en la adquisición de vehículos, consumo de carburante, impuesto de circulación, transferencias de segunda mano, tasas de matriculación, permisos de circulación y tasas de cambio de titularidad

En el 2015 el valor de las exportaciones de vehículos, que supone un 18% del total,  superó los 34.000 millones de EUR, con un saldo positivo de 17.000 millones y una diversificación de exportación a países fuera de la Unión Europea

La semana pasada tuve la ocasión de escuchar una interesante ponencia de Eric Alexander, CEO de Uber en Asia.  La principal cuestión que planteaba es que se debía replantear la posesión de un vehículo frente al modelo de economía participativa.  Como he indicado anteriormente el sector de automoción en España se basas en un incremento de nuevos unidades que supera el millón de unidades anuales. Uber, creada , como Ubercab, en San Francisco en 2009 ofrece actualmente su servicio en más de 66 países y 507 ciudades en el mundo.   Señalar que debido al éxito de la aplicación han surgido otras similares tratando de replicar su operativa (Yaxi, Cabifi oTaxiBeat)

La polémica tradicional ha sido entre los taxistas tradicionales y los servicios de estas compañías, pero ¿Cuál será el impacto en 10 años sobre el sector de automoción de extenderse la compartición de vehículos? ¿Cuál será el impacto sobre medios tradicionales de transporte como el avión y el tren si además un viaje entre dos ciudades pudiese hacerse con un automóvil autónomo (Tesla o similar).

Es difícil poner puertas al campo y los anuncios para compartir viaje en, por ejemplo una facultad universitaria, son muy antiguos.  Lo que ha permitido las nuevas tecnologías ha sido escalar de una forma exponencial esta forma de economía compartida.  Por un lado tenemos un menor uso del vehículo, lo que claramente llevará a  ayudar a la descongestión de las grandes urbes y al ahorro de combustible en interminables atascos.  Pero por otro hay que exponer el impacto económico que puede tener en la primera actividad exportadora del país.  Hay muchos sectores que se ha reciclado desde la minería, al naval o el siderúrgico.  Es la ley de la globalización existente y de la competencia internacional.  Claramente el sector de automoción que hoy conocemos tiene por delante una década muy interesante y llena de cambios

El Banco de España, la Comisión Europea, diferentes servicios de estudios, calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s, inversores y empresarios han manifestado en los últimos días su preocupación por el futuro de la economía española.

La mayoría de estas instituciones están a la espera de que se concrete un acuerdo entre los distintos partidos políticos, para que España tenga un Gobierno estable que defina una hoja de ruta capaz de mantener un nivel alto de crecimiento económico y de generación de empleo. Es importante recalcar que, a pesar de la situación de interinidad y gracias a las reformas estructurales emprendidas en los últimos ejercicios, durante 2016 la economía seguirá comportándose bastante bien con un crecimiento del 3,2%.

Sin embargo, para mantener esa senda de crecimiento durante los próximos años, es fundamental contar con un Ejecutivo que siga acometiendo reformas.

Un programa que debe contemplar la inmediata reducción de los niveles de déficit fiscal y de deuda pública (la semana pasada se conoció que la deuda volvió a crecer en agosto en 2.831 millones, un 0,3%, más que la registrada en julio).

La publicación, también la semana pasada, de las cuentas trimestrales no financieras de la economía española del segundo trimestre va por el mismo camino. La necesidad de financiación del sector público (déficit) creció un 9,2% en tasa interanual, hasta 26.051 millones de euros, de modo que, en términos acumulados de cuatro trimestres, alcanza los 58.176 millones, cantidad equivalente al 5,3% del PIB, cuando en 2015 era del 5%. Un persistente aumento del déficit público que al generar aumentos constantes de la deuda podría provocar desconfianza en los mercados sobre si el Estado español será capaz de devolver lo que debe. Una situación que ha provocado que las autoridades de Bruselas hayan amenazado con aplicar varias sanciones que, de materializarse, infligirían mucho daño a la economía española.

Para reducir el déficit público el Círculo de Empresarios propone entre otras medidas: a) diseñar un sistema fiscal que incremente la recaudación ensanchando las bases imponibles; b) aumentar la productividad del sector público a través, por ejemplo, de fomentar la colaboración público privada, y c) reformar estructuralmente el sistema de pensiones para hacerlo más sostenible.

En este mismo sentido Standard & Poor’s ha señalado esta semana la necesidad de una reforma estructural del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ya que observa que existe una diferencia importante entre sus ingresos y gastos fiscales, así como poca transparencia en su funcionamiento económico.

Una situación de deterioro fiscal que se agrava por la ausencia de un Gobierno estable que impide aprobar los presupuestos de las diferentes administraciones públicas, los cuales son esenciales para la reducción del déficit.

También por esta situación de falta de Gobierno, España no ha podido opinar, ni adherirse, ni votar sobre acuerdos importantes de la UE, como por ejemplo el del Brexit, ni firmar tratados internacionales como el del cambio climático o el de disminución de aranceles con países como México.

Además, Standard & Poor’s también advierte de que la incertidumbre política derivada de los resultados inconclusos de las segundas elecciones generales ha ralentizado las inversiones” inmobiliarias en propiedades comerciales en los dos últimos trimestres. Y ello, “a pesar de que la mejora macroeconómica del país apoya una creciente demanda de alquiler para la mayor parte de las propiedades comerciales”.

Menos crecimiento económico

Todo esto nos muestra que el país está dejando pasar muchas oportunidades, que se ven reflejadas en pérdidas económicas y en previsiones a la baja de las tasas de crecimiento del PIB para los años 2017 y 2018. Por tanto, aunque la economía española crezca un 3,2 % en 2016, los principales organismos nacionales e internacionales y el consenso de los economistas apuntan a que en los próximos años se crecerá bastante menos por los riesgos geopolíticos, las incógnitas sobre la evolución de la economía global y por los efectos de la incertidumbre política nacional sobre las decisiones de inversión y contratación.

Una situación que entorpece la generación de nuevos empleos, tal como señaló la semana pasada la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE). Por este motivo la OCDE ha revisado a la baja el crecimiento futuro de nuestra economía, y ha puntualizado que las bancarrotas empresariales continúan en niveles muy elevados si se comparan con otros países de nuestro entorno.

También advirtió sobre el riesgo de un menor crecimiento económico por la caída de las exportaciones españolas debido a la alta dependencia que exhiben respecto a los mercados de la eurozona. Esta alerta no puede tomarse a la ligera, ya que, a pesar de los intentos por diversificar geográficamente las ventas españolas en el exterior, todavía se dirigen hacia Europa un 72% de nuestras exportaciones.

A pesar de los achaques descritos, hay que mencionar los buenos resultados del sector del turismo. Según informa el INE, en los ocho primeros meses de 2016 el número de turistas que visitaron España aumentó un 10%, llegando a los 52,5 millones. Los datos de agosto del sector hotelero son también muy alentadores, con una subida del 3,8% respecto al mismo mes de 2015, y una ocupación del 79% de las plazas ofertadas, que es la más alta de la historia. Sin embargo, cabe puntualizar que este sector es cíclico y tiene una elevada dependencia de la coyuntura mundial, lo cual lo hace más vulnerable en períodos de crisis o enfriamiento económico, tal y como sucede hoy día.

En resumen, la situación económica de España se deteriora, en parte porque muchas empresas se encuentran a la espera de saber por dónde transitarán las políticas del nuevo Gobierno. De ahí que para mantener en el futuro la buena marcha que, desde hace tres años, lleva nuestra economía, es fundamental contar con un Ejecutivo que reduzca el déficit público y siga acometiendo otras reformas.

En este sentido, el Barómetro del año 2016 del Círculo de Empresarios propone un programa exhaustivo de medidas que van desde el desarrollo de la formación profesional dual hasta aumentar la colaboración de las universidades con las empresas, pasando por vincular el crecimiento de los salarios a los aumentos de productividad, simplificar los modelos de contratos laborales, reformular las políticas activas de empleo, favorecer el crecimiento del tamaño de las empresas, e insistir en la necesidad de seguir con prácticas de buen gobierno y de lucha contra la economía sumergida, fraude y corrupción.

Además, mientras nuestros partidos políticos deciden si van a formar un Ejecutivo estable, aumentan los desequilibrios de la economía española a la vez que la economía mundial también se debilita. Por eso mismo, deberían olvidar sus diferencias y unirse en torno a un propósito común, que es tener un Gobierno cuya principal misión sea mejorar nuestra economía y aumentar así el bienestar de los ciudadanos.