Archivo de enero/2019

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Venezuela sufre graves problemas políticos, económicos y sociales que, desgraciadamente, se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. A las malas políticas económicas y a la inseguridad jurídica se ha unido un descenso en los precios y en la producción de petróleo. En 2013 bombeaba 3,2 millones de barriles diarios frente a 1,17 millones el pasado diciembre. La consecuencia es que su capacidad productiva se está reduciendo drásticamente. Esta contracción de la oferta, junto al elevado déficit público, está colapsando la economía y generando una hiperinflación que, previsiblemente, seguirá aumentando este año con niveles de cuatro dígitos.
Es curioso que, mientras la economía latinoamericana se está recuperando, Venezuela se hunde cada vez más. Según publicó la semana pasada el FMI, América Latina es la única región del mundo que, durante 2019, tendrá mayor crecimiento económico que en 2018. Efectivamente, el PIB de América Latina podría subir un 2% este año, desde el 1,1% del pasado. Algunos de estos países experimentarán incrementos muy positivos, caso de Perú (3,5%), Chile (3,5%), Colombia (3%) y Brasil (2,5%). Otros tendrán un comportamiento más débil, como México (2%), debido en gran medida a la típica desaceleración económica en el primer año de un nuevo gobierno. En el furgón de cola, con crecimientos negativos, están Argentina (1,6%), y claro, Venezuela (6%).
En 2017, la economía de este último país se desplomó (14%). En 2018, con la reducción del precio del petróleo, la caída del PIB fue todavía mayor (18%). Esto significa que, en tres años (2017-2019), su PIB habrá sufrido un derrumbe del 40%. ¿Cómo es posible este fuerte deterioro si su situación geográfica es excelente, y su clima templado debería favorecer el desarrollo económico? Hay que acudir al pasado más inmediato de Venezuela para entender la zambullida en la miseria de uno de los países con mayores recursos naturales del mundo. Una crisis económica, social y política que no cuenta con precedentes en la historia reciente de América.
El desastre económico tiene su origen en 1999, cuando Hugo Chávez, después de un golpe de Estado fracasado, llegó al poder de forma democrática, con firmes convicciones y promesas de transformar un país en el que la corrupción de las altas esferas se presumía insostenible para los estándares de la época. Las desigualdades entre las élites y la gran mayoría de la población eran muy importantes. Unos pocos oligarcas aglutinaban el poder y una inmensa riqueza, mientras que los demás rozaban la exclusión social y la pobreza. El gran descontento producido por estos contrastes y la esperanza de cambio radical alentaron la llegada a la Presidencia de Chávez.
Hugo Chávez
Las medidas que éste propuso se centraron, sobre todo, en la reducción de las desigualdades sociales. Para ello, promulgó una serie de programas de gasto público de gran alcance, destinados en su mayoría a la alfabetización, la atención médica a las comunidades pobres, y el subsidio de alimentos y otros productos de primera necesidad para ciudadanos con escasos recursos. Esta enorme presión sobre las arcas del Estado se justificaba y se sustentaba, al principio, por los crecientes ingresos provenientes de las explotaciones petrolíferas (a comienzos de la primera década del siglo XXI, la economía del país dependía en un 70% de este sector). Durante esos años, y hasta la llegada de la crisis financiera mundial, las políticas sociales se pudieron sufragar, con éxito y respaldo social, mediante recursos propios y la emisión de deuda externa (que era obtenida fácilmente por las previsiones favorables de incremento del precio del barril). Pero, lo que al principio se vio como un triunfo, pronto se empezó a percibir como un aumento, cada vez mayor y peligroso, de dependencia económica del petróleo.
Desgraciadamente, con la recesión económica de 2007 y la caída drástica de los precios del crudo, la situación de bonanza se convirtió en una crisis de liquidez: los gastos del Estado eran cada vez mayores que los ingresos. Los precios del petróleo pasaron en pocos años de récords históricos, cercanos a los 150 dólares por barril, a los mínimos de 45 dólares (ayer cotizaba a 61). La mala planificación de los recursos y la mala gestión del Gobierno se evidenciaba en las nulas previsiones dotadas en los presupuestos para estas posibles caídas. Lo que en ese momento debería haber constituido una señal de alerta para reducir los gastos resultó una reafirmación de las políticas populistas, que se limitaron a esperar una nueva subida de los precios, confiando en que sólo sería cuestión de tiempo y aguante que todo retornase a la normalidad. No ocurrió así y la situación económica del país empeoró de manera imparable; para financiar el incesante aumento del gasto, no respaldado por ingresos, se requirió de préstamos de las pocas naciones amigas (China, Rusia o Irán).
Hiperinflación
Con la muerte de Chávez, en 2013, su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro (por deseo explícito del fallecido dirigente) asumió las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno. Lejos de cambiar el rumbo de las políticas que habían llevado al país al colapso económico y social, decidió profundizar más en ellas. La brecha social aumentó, debido a una hiperinflación galopante (una de las más altas registradas en la historia mundial), provocada slot thailand por la impresión descontrolada de dinero y motivada por la imperante necesidad de pagar deudas que ningún organismo internacional quería refinanciar. El dinero pasó a valer prácticamente nada, y los precios de los productos, incluidos los de primera necesidad, comenzaron a multiplicarse de un día para otro. No se cuenta con datos oficiales, pero en su informe de octubre de 2018, el FMI estimaba que la inflación se situará en el 10.000.000%, al menos, hasta 2020. Como nota curiosa, Bloomberg ha señalado que una taza de café con leche cuesta ahora unos 800.000 bolívares, frente a 0,45 bolívares en enero del año pasado: un aumento del 177.678%.
Con estas subidas salvajes de precios, el Gobierno instrumentó políticas para controlarlos, a la vez que aplicaba medidas de racionamiento, más propias de periodos de guerra o postguerra. Entre éstas, se encontraban excentricidades como la ampliación del fin de semana a tres días, el racionamiento del agua o la electricidad en las ciudades (a algunas, incluso, no llega suministro alguno) o la introducción del carné de la patria. Éste actúa de cartilla de racionamiento ante la escasez de productos de toda clase que sufre el país por la incapacidad de importar.
Una calamitosa situación, que todavía hoy impera, y que ha dado como resultado un descontento social generalizado. Las condiciones de vida, si antes eran malas, ahora son mucho peores, con índices de paro oficial que rondan el 30%, índices de pobreza y de miseria que siguen subiendo, y unas desigualdades entre ricos (cada vez menos) y pobres (cada vez más) que se han visto aumentadas. Los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana se encuentran entre los más altos del mundo; a la cabeza se halla Caracas, que tiene la tasa de asesinatos por habitante más elevada del planeta, peor incluso que la de Ciudad de México, donde operan los poderosos y violentos cárteles de la droga.
Represión
La represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad y el Ejército se han convertido en una constante en las cada vez mas regulares manifestaciones contra el Gobierno y su gestión de una crisis que va a peor. Por si fuera poco, éste niega responsabilidad alguna sobre las causas de esta desesperada situación, y achaca toda la responsabilidad a una supuesta “guerra económica” instigada por EEUU, parte de sus vecinos latinoamericanos y la UE, con el supuesto objetivo de desestabilizar al Ejecutivo y dañar la estabilidad política de la patria bolivariana.
El futuro de Venezuela resulta borroso y difícil de descifrar. Lo que sí parece claro es que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora no servirán para salir de la crisis. Hace falta cambiar el rumbo y, como ha pasado antes en la Historia, para ello se necesita un nuevo liderazgo, que aporte credibilidad y seguridad, y que dirija al país en una dirección muy distinta. Por ello, ante esta situación de parálisis política y económica, muchos venezolanos han creído que la única solución pasa por el derrocamiento de este Gobierno mediante un golpe de Estado, promovido por fuerzas internas o internacionales.
Nuevas medidas
Las probabilidades de que Venezuela tenga una recuperación limpia y rápida con Maduro es sumamente remota. Pero un nuevo gobierno podría adoptar una serie de medidas que facilitasen la salida de la crisis: 1. Un control riguroso de la inflación, que la reduzca a niveles razonables; para ello, es preciso recobrar la independencia del Banco Central. 2. Aprovechar el actual crecimiento económico de América Latina para llevar a cabo una política de restablecimiento de relaciones internacionales con los países vecinos, que conduzca a acuerdos comerciales beneficiosos para todos. 3. Parece necesario un redimensionamiento del gasto público, hasta ahora desbocado, y reorientarlo hacia políticas que aumenten la productividad y competitividad del tejido empresarial, actualmente ahogado y desmantelado por los imposibles costes de producción. 4. Conseguir privatizar (o cerrar) muchas empresas que fueron nacionalizadas durante el chavismo y que se han vuelto lentas e ineficientes. 5. Diversificar las exportaciones (la dependencia del petróleo y sus derivados asciende ahora a casi el 100%) hacia actividades productivas no relacionadas, algo que no debería ser muy complicado en un país tan rico en materias primas y con una localización tan atractiva.
Por último, pero no por ello menos importante, reinstaurar el orden y la seguridad en las calles, a la vez que se cortan de forma tajante las corruptelas tan instaladas en la Administración. Se conseguiría así asentar las bases para la mejora progresiva de la convivencia entre los venezolanos y de su calidad de vida, tan degradada durante estos últimos años.
Fuente: “Venezuela: El colapso total de una economía” Rafael Pampillón Olmedo
 y Ángel Zapata Rubio. Expansión; 28 de enero de 2019. Páginas 28 y 29
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Venezuela sufre graves problemas políticos, económicos y sociales que, desgraciadamente, se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. A las malas políticas económicas y a la inseguridad jurídica se ha unido un descenso en los precios y en la producción de petróleo. En 2013 bombeaba 3,2 millones de barriles diarios frente a 1,17 millones el pasado diciembre. La consecuencia es que su capacidad productiva se está reduciendo drásticamente. Esta contracción de la oferta, junto al elevado déficit público, está colapsando la economía y generando una hiperinflación que, previsiblemente, seguirá aumentando este año con niveles de cuatro dígitos.

Es curioso que, mientras la economía latinoamericana se está recuperando, Venezuela se hunde cada vez más. Según publicó la semana pasada el FMI, América Latina es la única región del mundo que, durante 2019, tendrá mayor crecimiento económico que en 2018. Efectivamente, el PIB de América Latina podría subir un 2% este año, desde el 1,1% del pasado. Algunos de estos países experimentarán incrementos muy positivos, caso de Perú (3,5%), Chile (3,5%), Colombia (3%) y Brasil (2,5%). Otros tendrán un comportamiento más débil, como México (2%), debido en gran medida a la típica desaceleración económica en el primer año de un nuevo gobierno. En el furgón de cola, con crecimientos negativos, están Argentina (1,6%), y claro, Venezuela (6%).

En 2017, la economía de este último país se desplomó (14%). En 2018, con la reducción del precio del petróleo, la caída del PIB fue todavía mayor (18%). Esto significa que, en tres años (2017-2019), su PIB habrá sufrido un derrumbe del 40%. ¿Cómo es posible este fuerte deterioro si su situación geográfica es excelente, y su clima templado debería favorecer el desarrollo económico? Hay que acudir al pasado más inmediato de Venezuela para entender la zambullida en la miseria de uno de los países con mayores recursos naturales del mundo. Una crisis económica, social y política que no cuenta con precedentes en la historia reciente de América.

El desastre económico tiene su origen en 1999, cuando Hugo Chávez, después de un golpe de Estado fracasado, llegó al poder de forma democrática, con firmes convicciones y promesas de transformar un país en el que la corrupción de las altas esferas se presumía insostenible para los estándares de la época. Las desigualdades entre las élites y la gran mayoría de la población eran muy importantes. Unos pocos oligarcas aglutinaban el poder y una inmensa riqueza, mientras que los demás rozaban la exclusión social y la pobreza. El gran descontento producido por estos contrastes y la esperanza de cambio radical alentaron la llegada a la Presidencia de Chávez.

Hugo Chávez

Las medidas que éste propuso se centraron, sobre todo, en la reducción de las desigualdades sociales. Para ello, promulgó una serie de programas de gasto público de gran alcance, destinados en su mayoría a la alfabetización, la atención médica a las comunidades pobres, y el subsidio de alimentos y otros productos de primera necesidad para ciudadanos con escasos recursos. Esta enorme presión sobre las arcas del Estado se justificaba y se sustentaba, al principio, por los crecientes ingresos provenientes de las explotaciones petrolíferas (a comienzos de la primera década del siglo XXI, la economía del país dependía en un 70% de este sector). Durante esos años, y hasta la llegada de la crisis financiera mundial, las políticas sociales se pudieron sufragar, con éxito y respaldo social, mediante recursos propios y la emisión de deuda externa (que era obtenida fácilmente por las previsiones favorables de incremento del precio del barril). Pero, lo que al principio se vio como un triunfo, pronto se empezó a percibir como un aumento, cada vez mayor y peligroso, de dependencia económica del petróleo.

Desgraciadamente, con la recesión económica de 2007 y la caída drástica de los precios del crudo, la situación de bonanza se convirtió en una crisis de liquidez: los gastos del Estado eran cada vez mayores que los ingresos. Los precios del petróleo pasaron en pocos años de récords históricos, cercanos a los 150 dólares por barril, a los mínimos de 45 dólares (ayer cotizaba a 61). La mala planificación de los recursos y la mala gestión del Gobierno se evidenciaba en las nulas previsiones dotadas en los presupuestos para estas posibles caídas. Lo que en ese momento debería haber constituido una señal de alerta para reducir los gastos resultó una reafirmación de las políticas populistas, que se limitaron a esperar una nueva subida de los precios, confiando en que sólo sería cuestión de tiempo y aguante que todo retornase a la normalidad. No ocurrió así y la situación económica del país empeoró de manera imparable; para financiar el incesante aumento del gasto, no respaldado por ingresos, se requirió de préstamos de las pocas naciones amigas (China, Rusia o Irán).

Hiperinflación

Con la muerte de Chávez, en 2013, su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro (por deseo explícito del fallecido dirigente) asumió las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno. Lejos de cambiar el rumbo de las políticas que habían llevado al país al colapso económico y social, decidió profundizar más en ellas. La brecha social aumentó, debido a una hiperinflación galopante (una de las más altas registradas en la historia mundial), provocada slot thailand por la impresión descontrolada de dinero y motivada por la imperante necesidad de pagar deudas que ningún organismo internacional quería refinanciar. El dinero pasó a valer prácticamente nada, y los precios de los productos, incluidos los de primera necesidad, comenzaron a multiplicarse de un día para otro. No se cuenta con datos oficiales, pero en su informe de octubre de 2018, el FMI estimaba que la inflación se situará en el 10.000.000%, al menos, hasta 2020. Como nota curiosa, Bloomberg ha señalado que una taza de café con leche cuesta ahora unos 800.000 bolívares, frente a 0,45 bolívares en enero del año pasado: un aumento del 177.678%.

Con estas subidas salvajes de precios, el Gobierno instrumentó políticas para controlarlos, a la vez que aplicaba medidas de racionamiento, más propias de periodos de guerra o postguerra. Entre éstas, se encontraban excentricidades como la ampliación del fin de semana a tres días, el racionamiento del agua o la electricidad en las ciudades (a algunas, incluso, no llega suministro alguno) o la introducción del carné de la patria. Éste actúa de cartilla de racionamiento ante la escasez de productos de toda clase que sufre el país por la incapacidad de importar.

Una calamitosa situación, que todavía hoy impera, y que ha dado como resultado un descontento social generalizado. Las condiciones de vida, si antes eran malas, ahora son mucho peores, con índices de paro oficial que rondan el 30%, índices de pobreza y de miseria que siguen subiendo, y unas desigualdades entre ricos (cada vez menos) y pobres (cada vez más) que se han visto aumentadas. Los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana se encuentran entre los más altos del mundo; a la cabeza se halla Caracas, que tiene la tasa de asesinatos por habitante más elevada del planeta, peor incluso que la de Ciudad de México, donde operan los poderosos y violentos cárteles de la droga.

Represión

La represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad y el Ejército se han convertido en una constante en las cada vez mas regulares manifestaciones contra el Gobierno y su gestión de una crisis que va a peor. Por si fuera poco, éste niega responsabilidad alguna sobre las causas de esta desesperada situación, y achaca toda la responsabilidad a una supuesta “guerra económica” instigada por EEUU, parte de sus vecinos latinoamericanos y la UE, con el supuesto objetivo de desestabilizar al Ejecutivo y dañar la estabilidad política de la patria bolivariana.

El futuro de Venezuela resulta borroso y difícil de descifrar. Lo que sí parece claro es que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora no servirán para salir de la crisis. Hace falta cambiar el rumbo y, como ha pasado antes en la Historia, para ello se necesita un nuevo liderazgo, que aporte credibilidad y seguridad, y que dirija al país en una dirección muy distinta. Por ello, ante esta situación de parálisis política y económica, muchos venezolanos han creído que la única solución pasa por el derrocamiento de este Gobierno mediante un golpe de Estado, promovido por fuerzas internas o internacionales.

Nuevas medidas

Las probabilidades de que Venezuela tenga una recuperación limpia y rápida con Maduro es sumamente remota. Pero un nuevo gobierno podría adoptar una serie de medidas que facilitasen la salida de la crisis: 1. Un control riguroso de la inflación, que la reduzca a niveles razonables; para ello, es preciso recobrar la independencia del Banco Central. 2. Aprovechar el actual crecimiento económico de América Latina para llevar a cabo una política de restablecimiento de relaciones internacionales con los países vecinos, que conduzca a acuerdos comerciales beneficiosos para todos. 3. Parece necesario un redimensionamiento del gasto público, hasta ahora desbocado, y reorientarlo hacia políticas que aumenten la productividad y competitividad del tejido empresarial, actualmente ahogado y desmantelado por los imposibles costes de producción. 4. Conseguir privatizar (o cerrar) muchas empresas que fueron nacionalizadas durante el chavismo y que se han vuelto lentas e ineficientes. 5. Diversificar las exportaciones (la dependencia del petróleo y sus derivados asciende ahora a casi el 100%) hacia actividades productivas no relacionadas, algo que no debería ser muy complicado en un país tan rico en materias primas y con una localización tan atractiva.

Por último, pero no por ello menos importante, reinstaurar el orden y la seguridad en las calles, a la vez que se cortan de forma tajante las corruptelas tan instaladas en la Administración. Se conseguiría así asentar las bases para la mejora progresiva de la convivencia entre los venezolanos y de su calidad de vida, tan degradada durante estos últimos años.

Fuente: “Venezuela: El colapso total de una economía” Rafael Pampillón Olmedo
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    [post_content] => Este próximo lunes, día 21, Theresa May está obligada a presentar un Plan B sobre el proceso de salida (Brexit) o permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, después de que, esta semana, la Cámara baja del Parlamento británico rechazara (con 432 diputados en contra y 202 a favor) el acuerdo que la primera ministra había negociado con Bruselas. El nuevo plan, del que se desconocen los detalles, permitirá a los Comunes introducir todo tipo de enmiendas y propuestas que serán debatidas para luego ser votadas el 29 de enero.

Esta negativa por parte del Parlamento inglés va a exigir un cambio radical que se reflejará en el nuevo Plan que ofrecerá el lunes la Primera Ministra. Ante esta situación incierta para todos, ¿qué otras opciones tiene el país para culminar este proceso el 29 de marzo, como estaba previsto? ¿Se pueden intentar aprobar alternativas a la salida?

Nuevo referéndum

Entre los escenarios posibles, está el de que el Parlamento vote la anulación del Brexit. Para ello, habría que organizar un segundo referéndum, que incluya la opción de permanecer en el bloque. La Justicia europea dejó claro que Londres puede, si lo desea, parar el Brexit de forma unilateral, sin necesidad del consentimiento de los 27 países miembros. Además, una encuesta de YouGov realizada esta semana otorga ventaja a la decisión de quedarse en la UE (56%), frente a la del abandono (44%), el mayor margen desde la consulta de 2016.

En caso de que se convocara un segundo referéndum, la fecha de un posible Brexit debería aplazarse. Se necesitarían al menos 14 meses para aprobar los procedimientos a través del Parlamento y celebrar la votación. Para ello, se precisa una prórroga del artículo 50 del Tratado de la UE, que rige las modalidades de salida de un país miembro, y que debería ser ratificada por unanimidad de los 27 restantes. Algo que solo sería posible si se hiciese antes de finales de junio o principios de julio, momento en que se formará el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo.

Consecuencias para España

Si el resultado del nuevo referéndum fuese que Gran Bretaña no se marcha de la UE, España saldría beneficiada. Nuestro país tiene mucho que perder con el Brexit ya que: a) cada año hay 19 millones de turistas británicos que nos visitan, b) existen 250.000 ingleses que residen aquí y c) nuestra interdependencia comercial y financiera es muy elevada. Lo que hace de Reino Unido el primer socio económico de España. Nos interesa, por tanto, que la relación entre la UE y los británicos cambie lo menos posible: la economía se resentiría tanto más cuanto mayor resulte la separación.

Se puede producir un desastre

En el otro extremo estaría un escenario de un Brexit sin acuerdo. Es una opción poco probable, ya que a ella se opone la mayoría de los diputados británicos. También se trata del desenlace más temido por las empresas. En esa situación, Gran Bretaña quedaría sumida en una grave crisis económica: un desastre sin paliativos. Sus exportaciones a la UE tendrían que pagar el arancel común europeo. El mismo que ahora soportan las importaciones de países extracomunitarios, como Rusia, India o Estados Unidos. Esto les supondría una importante pérdida de competitividad (“efecto frontera”). Además, es muy posible que Reino Unido aplicase aranceles a las importaciones provenientes de la UE, con el fin de proteger a sus empresas frente a la competencia del continente. Ambos aumentos provocarían una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica, lo que disminuiría las oportunidades de generar ventajas competitivas.

En cuanto al flujo de capitales, hasta hace dos años y medio, Reino Unido era uno de los países favoritos de inversores de todo el mundo, y en especial de la UE. Sin embargo, de darse un Brexit desordenado, y ante la expectativa de menores ventas tanto de bienes como de servicios, parece probable que parte de las compañías radicadas allí se trasladen, como ya ha venido sucediendo después del referéndum, para continuar trabajando en un territorio parte de la UE y de su mercado único. Así las cosas, no puede sorprender que, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso más empresas (incluidos algunos bancos) decidan cambiar su residencia fiscal.

La consecuencia inmediata de este proceso (contracción del comercio internacional, cierre de empresas, salida de establecimientos financieros y menores flujos de capitales) sería una caída del PIB británico y una pérdida de su aparato productivo. Esto, al final, derivaría en una disminución importante del empleo. Es más, ningún estudio serio estima que se vaya a producir un beneficio para Gran Bretaña, en términos de crecimiento o renta per cápita, si triunfase una salida. El último, publicado por el Banco de Inglaterra, ha calculado que un Brexit sin acuerdo supondría para el país una caída del PIB de un 8%, la tasa de desempleo se doblaría y la inflación se dispararía lo que forzaría nuevas subidas de tipos. Esto supondría un fuerte golpe para los mercados financieros y también para la libra esterlina que ya cayó un 13% un mes después del referéndum y el Banco de Inglaterra prevé ahora una depreciación del 25%.

Un Brexit blando

Una tercera posibilidad consistiría en negociar un Brexit más blando similar a los acuerdos que ahora tienen Noruega o Canadá. Noruega es miembro del Área Económica Europea, al igual que Gran Bretaña y los otros 27 países pertenecientes a la UE. El acuerdo consistiría en una asociación de Gran Bretaña con la UE, pero sin participación en la toma de decisiones. Noruega ha incorporado tres cuartas partes de la legislación comunitaria, y tiene acceso al slot thailand mercado único para el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. Significa que los noruegos pueden vivir y trabajar en un país de la UE y viceversa.

A Canadá el acuerdo con la UE le da acceso preferente al mercado único, al eliminar la mayoría de aranceles en los bienes, aunque excluye algunos productos del sector de los alimentos y los servicios. La condición es que los productos que son exportados a la UE tienen que cumplir con los estándares de productos europeos y tener los requerimientos técnicos, sin que Canadá tenga ni voz ni voto sobre esos estándares.

Conclusión

Sea cual sea, el Plan B que el lunes presentará May a los Comunes resultará histórico para el futuro económico de Reino Unido y la UE. La primera ministra deberá ofrecer a los miembros del Parlamento propuestas serias de continuidad o de muy estrecha relación con la UE. Afortunadamente, son conscientes de que iniciar un proceso de profunda separación implicará ahuyentar a los inversores, debilitar su economía y aumentar el desempleo, perjuicios que acabarían repercutiendo también en la propia UE. Por expresarlo en su idioma, se trataría de un lose-lose que harían bien en evitar a toda costa.

Fuente:  Rafael Pampillón. "¿Hacia dónde debe ir Gran Bretaña?". Expansión, 19 de enero de 2019; página 23.
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Esta negativa por parte del Parlamento inglés va a exigir un cambio radical que se reflejará en el nuevo Plan que ofrecerá el lunes la Primera Ministra. Ante esta situación incierta para todos, ¿qué otras opciones tiene el país para culminar este proceso el 29 de marzo, como estaba previsto? ¿Se pueden intentar aprobar alternativas a la salida?

Nuevo referéndum

Entre los escenarios posibles, está el de que el Parlamento vote la anulación del Brexit. Para ello, habría que organizar un segundo referéndum, que incluya la opción de permanecer en el bloque. La Justicia europea dejó claro que Londres puede, si lo desea, parar el Brexit de forma unilateral, sin necesidad del consentimiento de los 27 países miembros. Además, una encuesta de YouGov realizada esta semana otorga ventaja a la decisión de quedarse en la UE (56%), frente a la del abandono (44%), el mayor margen desde la consulta de 2016.

En caso de que se convocara un segundo referéndum, la fecha de un posible Brexit debería aplazarse. Se necesitarían al menos 14 meses para aprobar los procedimientos a través del Parlamento y celebrar la votación. Para ello, se precisa una prórroga del artículo 50 del Tratado de la UE, que rige las modalidades de salida de un país miembro, y que debería ser ratificada por unanimidad de los 27 restantes. Algo que solo sería posible si se hiciese antes de finales de junio o principios de julio, momento en que se formará el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo.

Consecuencias para España

Si el resultado del nuevo referéndum fuese que Gran Bretaña no se marcha de la UE, España saldría beneficiada. Nuestro país tiene mucho que perder con el Brexit ya que: a) cada año hay 19 millones de turistas británicos que nos visitan, b) existen 250.000 ingleses que residen aquí y c) nuestra interdependencia comercial y financiera es muy elevada. Lo que hace de Reino Unido el primer socio económico de España. Nos interesa, por tanto, que la relación entre la UE y los británicos cambie lo menos posible: la economía se resentiría tanto más cuanto mayor resulte la separación.

Se puede producir un desastre

En el otro extremo estaría un escenario de un Brexit sin acuerdo. Es una opción poco probable, ya que a ella se opone la mayoría de los diputados británicos. También se trata del desenlace más temido por las empresas. En esa situación, Gran Bretaña quedaría sumida en una grave crisis económica: un desastre sin paliativos. Sus exportaciones a la UE tendrían que pagar el arancel común europeo. El mismo que ahora soportan las importaciones de países extracomunitarios, como Rusia, India o Estados Unidos. Esto les supondría una importante pérdida de competitividad (“efecto frontera”). Además, es muy posible que Reino Unido aplicase aranceles a las importaciones provenientes de la UE, con el fin de proteger a sus empresas frente a la competencia del continente. Ambos aumentos provocarían una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica, lo que disminuiría las oportunidades de generar ventajas competitivas.

En cuanto al flujo de capitales, hasta hace dos años y medio, Reino Unido era uno de los países favoritos de inversores de todo el mundo, y en especial de la UE. Sin embargo, de darse un Brexit desordenado, y ante la expectativa de menores ventas tanto de bienes como de servicios, parece probable que parte de las compañías radicadas allí se trasladen, como ya ha venido sucediendo después del referéndum, para continuar trabajando en un territorio parte de la UE y de su mercado único. Así las cosas, no puede sorprender que, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso más empresas (incluidos algunos bancos) decidan cambiar su residencia fiscal.

La consecuencia inmediata de este proceso (contracción del comercio internacional, cierre de empresas, salida de establecimientos financieros y menores flujos de capitales) sería una caída del PIB británico y una pérdida de su aparato productivo. Esto, al final, derivaría en una disminución importante del empleo. Es más, ningún estudio serio estima que se vaya a producir un beneficio para Gran Bretaña, en términos de crecimiento o renta per cápita, si triunfase una salida. El último, publicado por el Banco de Inglaterra, ha calculado que un Brexit sin acuerdo supondría para el país una caída del PIB de un 8%, la tasa de desempleo se doblaría y la inflación se dispararía lo que forzaría nuevas subidas de tipos. Esto supondría un fuerte golpe para los mercados financieros y también para la libra esterlina que ya cayó un 13% un mes después del referéndum y el Banco de Inglaterra prevé ahora una depreciación del 25%.

Un Brexit blando

Una tercera posibilidad consistiría en negociar un Brexit más blando similar a los acuerdos que ahora tienen Noruega o Canadá. Noruega es miembro del Área Económica Europea, al igual que Gran Bretaña y los otros 27 países pertenecientes a la UE. El acuerdo consistiría en una asociación de Gran Bretaña con la UE, pero sin participación en la toma de decisiones. Noruega ha incorporado tres cuartas partes de la legislación comunitaria, y tiene acceso al slot thailand mercado único para el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. Significa que los noruegos pueden vivir y trabajar en un país de la UE y viceversa.

A Canadá el acuerdo con la UE le da acceso preferente al mercado único, al eliminar la mayoría de aranceles en los bienes, aunque excluye algunos productos del sector de los alimentos y los servicios. La condición es que los productos que son exportados a la UE tienen que cumplir con los estándares de productos europeos y tener los requerimientos técnicos, sin que Canadá tenga ni voz ni voto sobre esos estándares.

Conclusión

Sea cual sea, el Plan B que el lunes presentará May a los Comunes resultará histórico para el futuro económico de Reino Unido y la UE. La primera ministra deberá ofrecer a los miembros del Parlamento propuestas serias de continuidad o de muy estrecha relación con la UE. Afortunadamente, son conscientes de que iniciar un proceso de profunda separación implicará ahuyentar a los inversores, debilitar su economía y aumentar el desempleo, perjuicios que acabarían repercutiendo también en la propia UE. Por expresarlo en su idioma, se trataría de un lose-lose que harían bien en evitar a toda costa.

Fuente:  Rafael Pampillón. «¿Hacia dónde debe ir Gran Bretaña?». Expansión, 19 de enero de 2019; página 23.

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    [post_content] => Todo el dinero del Mundo fue una película del 2017 en la que conocíamos los detalles del secuestro en 1973 de John Paul Getty III y cómo reacciono su abuelo, que en 1966 había sido nombrado el hombre privado más rico del mundo. Pago USD2.2 millones, el máximo deducible fiscalmente y prestó USD 800.000 a su hijo para completar el rescate de su nieto.

El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, también fue secuestrado en 1991, durante 12 días hasta que fue liberado con el pago de USD6M. Sus secuestradores fueron policías corruptos. Este dato quizás desconocido por muchos es uno más de las importantes cuestiones que ha forjado el carácter del ocupante del sillón de Rivadavia.

Su padre Franco llego de Italia sin nada a Argentina (hubo un tiempo no muy lejano que los europeos emigraban a Latinoamérica a trabajar) y sin conocer la lengua local. Con 21 años creó una empresa de construcción y adquiriendo otras con la  obra pública y concesiones diversas para el Estado argentino llegó a ser uno de los hombres más ricos del país. Hubo un tiempo que padre e hijo coincidieron en una de las más importantes firmas automovilistas argentinas, Sevel –Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica, pero desde el 2001 Mauricio Macri decidió gestionar sus negocios de forma independiente. Slot server thailand Él que se ha definido como conservador y pragmático fundó en 2003 el nuevo partido Frente Compromiso para el Cambio aliándose posteriormente con Recrear para el Crecimiento con quien fundaron Propuesta Republicana /Pro. Tras dos mandatos como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó en noviembre del 2015 a la presidencia del país que ganó con más del 50% de los votos constituyendo un gabinete en el que predominaba el perfil empresarial. Su mandato presidencial termina el 09 de diciembre de este año.

En 2017 la economía Argentino salió de la recesión con un crecimiento del PIB cercano al 3% y después de años de aislamiento internacional el país fue anfitrión del World Economic Forum , de las Conferencia de la OMC y de la presidencia del G20.

Sin embargo 2018 fue complicado para Argentina con una caída del PIB hasta el 0,4% , una inflación creciente y una necesidad de financiación que motivo una petición al FMI de una línea de USD 7.600 millones que les fue otorgada el pasado 19 diciembre.  La depreciación del peso argentino frente a su gran deuda en USD ha creado una incertidumbre muy importante en exportadores e inversores

Tendremos que ver si el importe desembolsado por el FMI hace un mes que es parte de un préstamo de USD57.100 millones puede sacar a Argentina de su nueva crisis económica y cuál es el resultado que tendrá en las elecciones presidenciales previstas para finales de año.
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Todo el dinero del Mundo fue una película del 2017 en la que conocíamos los detalles del secuestro en 1973 de John Paul Getty III y cómo reacciono su abuelo, que en 1966 había sido nombrado el hombre privado más rico del mundo. Pago USD2.2 millones, el máximo deducible fiscalmente y prestó USD 800.000 a su hijo para completar el rescate de su nieto.

El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, también fue secuestrado en 1991, durante 12 días hasta que fue liberado con el pago de USD6M. Sus secuestradores fueron policías corruptos. Este dato quizás desconocido por muchos es uno más de las importantes cuestiones que ha forjado el carácter del ocupante del sillón de Rivadavia.

Su padre Franco llego de Italia sin nada a Argentina (hubo un tiempo no muy lejano que los europeos emigraban a Latinoamérica a trabajar) y sin conocer la lengua local. Con 21 años creó una empresa de construcción y adquiriendo otras con la  obra pública y concesiones diversas para el Estado argentino llegó a ser uno de los hombres más ricos del país. Hubo un tiempo que padre e hijo coincidieron en una de las más importantes firmas automovilistas argentinas, Sevel –Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica, pero desde el 2001 Mauricio Macri decidió gestionar sus negocios de forma independiente. Slot server thailand Él que se ha definido como conservador y pragmático fundó en 2003 el nuevo partido Frente Compromiso para el Cambio aliándose posteriormente con Recrear para el Crecimiento con quien fundaron Propuesta Republicana /Pro. Tras dos mandatos como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó en noviembre del 2015 a la presidencia del país que ganó con más del 50% de los votos constituyendo un gabinete en el que predominaba el perfil empresarial. Su mandato presidencial termina el 09 de diciembre de este año.

En 2017 la economía Argentino salió de la recesión con un crecimiento del PIB cercano al 3% y después de años de aislamiento internacional el país fue anfitrión del World Economic Forum , de las Conferencia de la OMC y de la presidencia del G20.

Sin embargo 2018 fue complicado para Argentina con una caída del PIB hasta el 0,4% , una inflación creciente y una necesidad de financiación que motivo una petición al FMI de una línea de USD 7.600 millones que les fue otorgada el pasado 19 diciembre.  La depreciación del peso argentino frente a su gran deuda en USD ha creado una incertidumbre muy importante en exportadores e inversores

Tendremos que ver si el importe desembolsado por el FMI hace un mes que es parte de un préstamo de USD57.100 millones puede sacar a Argentina de su nueva crisis económica y cuál es el resultado que tendrá en las elecciones presidenciales previstas para finales de año.

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El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. La semana que viene se inicia su tramitación parlamentaria. Estas cuentas públicas son electoralistas y no son las que, desde mi punto de vista, necesita la economía española. El presidente Sánchez las defiende con el propósito de agotar la legislatura.

Son unos Presupuestos que se enmarcan en el contexto de: a) la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del PSOE, b) la necesidad de reducir el endeudamiento de España en un entorno de alza de los tipos de interés, c) un crecimiento económico y de creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2019 que en 2018 y d) tener que elaborarlos con la senda de déficit del anterior Gobierno (1,3% del PIB) en lugar del objetivo que quería el Ejecutivo de Pedro Sánchez (1,8% del PIB).
Sin embargo, una política fiscal más expansiva, con un déficit público mayor, como el que hubiera deseado el Gobierno, quizá generaría un poco más de crecimiento económico, pero a costa de aumentar más la deuda pública. Afortunadamente, el Gobierno ha heredado el objetivo de déficit del Gobierno de Rajoy. Una suerte, ya que España es todavía un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian.
Por tanto, la política fiscal debe ser restrictiva. Se consigue con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.
Por lo que se refiere al gasto público los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de 2018. Un crecimiento excesivo pero que podría ser todavía mayor si el Gobierno y los entes territoriales cayeran en la tentación de ampliar todavía más las políticas populistas dirigidas a conseguir más votos en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.
Aumentan los Impuestos
Para compensar este aumento del gasto y poder cumplir con el objetivo de déficit, se ha aprobado también subir la recaudación: a) aumentando el IRPF a las rentas más altas, el Impuesto de Sociedades, la tributación del diésel y el Impuesto de Patrimonio; b) introduciendo una tasa a las tecnológicas (“tasa Google”) y también a las transacciones financieras (una especie de “tasa Tobin”) y c) subiendo las cotizaciones sociales. Un conjunto de despropósitos que, junto con la subida del salario mínimo, lo único que van a conseguir es elevar los costes laborales y fiscales de las empresas, lo que significa perder competitividad, y dejar de contratar trabajadores que, en buena parte, serán absorbidos por una mayor mecanización de los procesos productivos.
Todas estas políticas van a deteriorar el crecimiento económico. En este sentido, algunos Servicios de Estudios están revisando a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2019, situándolo por debajo del 2,2%. También porque en 2019, el crecimiento económico de la zona del euro se ralentizará más de lo previsto. Una situación que dificultaría la consecución del objetivo de déficit por lo que, en el caso de que se aprobaran los presupuestos, sería necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste complementarias.
Hay que reducir el gasto público corriente
Desgraciadamente la productividad de la economía española, sigue siendo muy baja y lo que es peor lleva dos trimestres cayendo. España necesita otros presupuestos que, en vez de subir impuestos, se dirijan a recortar la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoren la competitividad, como es el caso del incremento del capital humano y de la innovación.
La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.
De ahí que resulte perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo, empresas públicas, observatorios de todo tipo de administraciones prescindibles que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer.
Son aspectos que no agradan a los que nos gobiernan –la mayoría de ellos han sido empleados públicos–, ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral. Hay, además, que ajustar las pensiones: indiciándolas a la esperanza de vida, eliminar la jubilación temprana y alargar la edad de jubilación.
El ahorro que supondría la reducción de esos gastos (y también la eliminación de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría no tener que subir los impuestos, las tasas y las cotizaciones sociales.
Sin embargo, parece que el gobierno sigue confiando el futuro de nuestra economía en el tirón del gasto público y de los servicios de baja productividad, en contraste con la debilidad de la inversión y la industria y la flojera de las exportaciones. Una composición nefasta que puede explicar la reducción de la productividad. Ayer, el INE informó de que el Índice de Producción Industrial se redujo en https://nakataka.main.jp/slot-server-thailand/ noviembre del año pasado a ritmos anuales del 2,6%, la mayor caída en cinco años. En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres.
En resumen, la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Sánchez, el de 2019, se enmarca en un escenario de pactos con diferentes partidos políticos que complica una mayor reducción del déficit. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Italia, Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionará una mayor ralentización de nuestra economía.
Se está a tiempo de corregir. En el trámite parlamentario se debería hacer un esfuerzo por no subir los impuestos, reducir el gasto y el déficit público. Son objetivos que resultan mucho más necesario en un contexto económico y bursátil en el que se ven signos de debilidad en el horizonte.
Fuente:  Rafael Pampillón. "¿Son los Presupuestos que necesita España?". Expansión, 12 de enero de 2019.
 
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Son unos Presupuestos que se enmarcan en el contexto de: a) la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del PSOE, b) la necesidad de reducir el endeudamiento de España en un entorno de alza de los tipos de interés, c) un crecimiento económico y de creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2019 que en 2018 y d) tener que elaborarlos con la senda de déficit del anterior Gobierno (1,3% del PIB) en lugar del objetivo que quería el Ejecutivo de Pedro Sánchez (1,8% del PIB).

Sin embargo, una política fiscal más expansiva, con un déficit público mayor, como el que hubiera deseado el Gobierno, quizá generaría un poco más de crecimiento económico, pero a costa de aumentar más la deuda pública. Afortunadamente, el Gobierno ha heredado el objetivo de déficit del Gobierno de Rajoy. Una suerte, ya que España es todavía un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian.

Por tanto, la política fiscal debe ser restrictiva. Se consigue con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.

Por lo que se refiere al gasto público los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de 2018. Un crecimiento excesivo pero que podría ser todavía mayor si el Gobierno y los entes territoriales cayeran en la tentación de ampliar todavía más las políticas populistas dirigidas a conseguir más votos en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Aumentan los Impuestos

Para compensar este aumento del gasto y poder cumplir con el objetivo de déficit, se ha aprobado también subir la recaudación: a) aumentando el IRPF a las rentas más altas, el Impuesto de Sociedades, la tributación del diésel y el Impuesto de Patrimonio; b) introduciendo una tasa a las tecnológicas (“tasa Google”) y también a las transacciones financieras (una especie de “tasa Tobin”) y c) subiendo las cotizaciones sociales. Un conjunto de despropósitos que, junto con la subida del salario mínimo, lo único que van a conseguir es elevar los costes laborales y fiscales de las empresas, lo que significa perder competitividad, y dejar de contratar trabajadores que, en buena parte, serán absorbidos por una mayor mecanización de los procesos productivos.

Todas estas políticas van a deteriorar el crecimiento económico. En este sentido, algunos Servicios de Estudios están revisando a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2019, situándolo por debajo del 2,2%. También porque en 2019, el crecimiento económico de la zona del euro se ralentizará más de lo previsto. Una situación que dificultaría la consecución del objetivo de déficit por lo que, en el caso de que se aprobaran los presupuestos, sería necesario instrumentar, a lo largo de este año, medidas de ajuste complementarias.

Hay que reducir el gasto público corriente

Desgraciadamente la productividad de la economía española, sigue siendo muy baja y lo que es peor lleva dos trimestres cayendo. España necesita otros presupuestos que, en vez de subir impuestos, se dirijan a recortar la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoren la competitividad, como es el caso del incremento del capital humano y de la innovación.

La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

De ahí que resulte perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo, empresas públicas, observatorios de todo tipo de administraciones prescindibles que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer.

Son aspectos que no agradan a los que nos gobiernan –la mayoría de ellos han sido empleados públicos–, ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral. Hay, además, que ajustar las pensiones: indiciándolas a la esperanza de vida, eliminar la jubilación temprana y alargar la edad de jubilación.

El ahorro que supondría la reducción de esos gastos (y también la eliminación de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría no tener que subir los impuestos, las tasas y las cotizaciones sociales.

Sin embargo, parece que el gobierno sigue confiando el futuro de nuestra economía en el tirón del gasto público y de los servicios de baja productividad, en contraste con la debilidad de la inversión y la industria y la flojera de las exportaciones. Una composición nefasta que puede explicar la reducción de la productividad. Ayer, el INE informó de que el Índice de Producción Industrial se redujo en https://nakataka.main.jp/slot-server-thailand/ noviembre del año pasado a ritmos anuales del 2,6%, la mayor caída en cinco años. En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres.

En resumen, la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Sánchez, el de 2019, se enmarca en un escenario de pactos con diferentes partidos políticos que complica una mayor reducción del déficit. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Italia, Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionará una mayor ralentización de nuestra economía.

Se está a tiempo de corregir. En el trámite parlamentario se debería hacer un esfuerzo por no subir los impuestos, reducir el gasto y el déficit público. Son objetivos que resultan mucho más necesario en un contexto económico y bursátil en el que se ven signos de debilidad en el horizonte.

Fuente:  Rafael Pampillón. «¿Son los Presupuestos que necesita España?«. Expansión, 12 de enero de 2019.