Archivo de noviembre/2016

Esta semana el Ministro de Finanzas Británico (Chancellor of the Exchequer), Philip Hammond ha presentado las previsiones económicas para el Reino Unido durante los próximos cinco ejercicios.  Indicó que la economía británica es resiliente pero que los próximos años traerán mayor inflación, crecimiento débil, austeridad e incremento del gasto público.

En los próximos cinco años el país incrementará su deuda en 122 mil millones GBP, siendo más de la mitad del coste debido al brexit.   El aumento del déficit es derivado del incremento de políticas de gasto en infraestructuras  (carreteras, ferrocarriles o tecnología digital), para lograr facilitar la transición fuera de la UE.

El crecimiento económico del país se ha rebajado de un 2,2% a un 1,4% en 2017, con previsiones de 1,7% en 2018, 2,1% en 2019 y 2020 y 2% en 2021, señalándose que durante los próximos cinco años el crecimiento será un 2,4% menor que si el país hubiese decidido permanecer en la UE.  Las previsiones para el cierre del 2016 son del 2,1, así que el Brexit va a lograr congelar el crecimiento, por lo menos hasta el 2018.

¿Cuál es la solución el Gobierno Británico para los dos próximos ejercicios de impasse?:

Como he indicado, más gasto  y menos impuestos: Exenciones de impuestos para ingresos por debajo de GBP 12.500 (ahora es 11.000) y un impuesto de sociedades máximo del 17% (actualmente del 20%), señalado cómo “ de lejos el más bajo –by far the lowest- “de los países del G20.  Quizás lo que el Sr. Hammond no ha tenido en cuenta es que el nuevo presidente electo de Estados Unidos ha presentado su objetivo de fijar la carga sobre las empresas en un máximo del 15% (actualmente  del 35%) y que el programa de más gasto menos impuestos también está siendo ofrecido a los ciudadanos norteamericanos.

Es decir una política fiscal más relajada , después de casi una década de austeridad y un incremento en los tipos de interés en los bonos ingleses y norteamericanos – que se ha producido estas dos últimas semanas- , que anime a los prestamistas ante una política de gasto que aminoré el impacto del Brexit e impulse el crecimiento en EEUU

Redondeando estas medidas, el Reino Unido abandona una importantísima unión de comercio a la que ha pertenecido durante 40 años, mientras que parece que los Estados Unidos se preparan para dar pasos en la misma dirección.

El otro días escuche que los las medidas populistas tienen mucho calado, hoy en día, entre el electorado porque ofrecen soluciones simples para problemas complicados (Jesús Centenera dixit).  Los próximos cuatro años serán un test en las dos economías para ver si es así de simple.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2017) se enmarcan en el siguiente contexto: a) el de la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del Partido Popular, b) el de la necesidad de reducir el endeudamiento de España, que, de momento, se mantiene por encima del 100 % del PIB, en un entorno de alza de los tipos de interés, y c) de crecimiento económico y creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2017 que este año. A pesar de esa desaceleración, la economía española seguirá en una fase expansiva. En este sentido, el Gobierno y los Servicios de Estudios del BBVA y Bankia acaban de elevar dos décimas sus estimaciones de crecimiento para 2017, hasta el 2,5%, por encima, por tanto, del que tendrá la media de los países de la zona euro (+1,5%).

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de defender los presupuestos.

Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.

Reducir el déficit público de 2017

Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.

Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.

Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.

Reforma de las Administraciones Públicas

Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.

Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.

El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.

Mejora de la competitividad

Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.

En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo y Carolina Ramírez . «Deberían ser más restrictivos». Expansión de 23 de noviembre de 2016, páginas 6 y 7.

En 1980, la victoria de Ronald Reagan que lo convirtió en presidente de Estados Unidos (EEUU) supuso un cambio radical en la economía global. En Gran Bretaña, un año antes, se produjo un cambio de idénticas características: los laboristas, incapaces de resolver la crisis económica, fueron derrotados por Margaret Thatcher, del Partido Conservador. El mundo entró en un ciclo de cuarenta años de neoliberalismo y de globalización financiera. Los resultados de estas políticas fueron buenos durante prácticamente dos décadas (1982-2001). Y aunque el Partido Conservador británico gobernó diecisiete años, sus políticas las siguió aplicando durante algunos más Tony Blair, del Partido Laborista. Lo mismo ocurrió con el Partido Republicano estadounidense, que gobernó durante doce años pero cuyas ideas fueron mantenidas ocho más por el presidente Bill Clinton, del Partido Demócrata.

La victoria de Donald Trump, junto con la decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea (UE), va a suponer un nuevo cambio radical en la economía mundial. Si las políticas de Thatcher y Reagan apostaban por la apertura exterior, mejorar la productividad, por el cambio tecnológico y el aumento de la competitividad de las empresas, las de Trump se dirigen en la dirección contraria.

En primer lugar, quiere proteger la economía frente a la competencia exterior y castigar a las empresas americanas que manufacturen sus productos en el extranjero. Para ello, Trump pretende reforzar la producción interna con el lema: “Los norteamericanos deben comprar productos norteamericanos”. También propone derogar el Acuerdo Transpacífico y el TLC de América del Norte, así como incrementar los aranceles a los productos (incluidos los generados por empresas americanas)  que provienen de México y China. Quiere satisfacer de este modo las demandas de los trabajadores y de los empresarios de los sectores más maduros, que sufren la competencia de países con mano de obra más barata, y que, como consecuencia, están perdiendo sus empleos.

En segundo lugar, pretende frenar la inmigración, también la de mano de obra cualificada, como son los investigadores y tecnológos, con el fin de reservar este tipo de empleos a los estadounidenses, lo que va a generar menores niveles de productividad. Entre otras medidas, quiere expulsar a once millones de trabajadores mexicanos indocumentados, para mejorar la situación de los estadounidenses desplazados de sus puestos por esos inmigrantes.

Tercero, va a reducir el avance tecnológico, al apostar por las industrias tradicionales, dado que éstas generan mucho empleo frente a otras más innovadoras, desarrolladas o menos contaminantes.

El populismo avanza

Trump se sitúa así entre los líderes populistas de todo el mundo que aspiran a satisfacer a una parte importante de la población de baja cualificación profesional frustrada por la mayor inseguridad económica y laboral. El discurso de Trump es el mismo que generó el adiós británico a la UE bajo el eslogan “Inglaterra para los ingleses”. El mismo que está permitiendo el avance del partido populista Alternativa para Alemania en contraposición a la política migratoria adoptada por la canciller Angela Merkel, o el que está abriendo la posibilidad de que Marine Le Pen gane las elecciones francesas del año que viene, enarbolando la bandera de que hay que reducir la desigualdad y ofreciendo un referéndum para que el país galo abandone la UE. Movimientos políticos manifiestamente xenófobos y proteccionistas que avanzan hacia la descomposición del orden económico internacional.

De cumplirse las promesas de Tump, cambiará la faz de la tierra, ya que lo que ocurre en EEUU repercute en todas las latitudes del planeta. Cuando EEUU tose, Europa se resfría, Asia se enferma y el resto de las economías emergentes colapsan. Esto no es nuevo, funciona así desde hace muchas décadas, y se debe al éxito de la economía estadounidense, que acapara el 30% del PIB mundial. Una pujanza que se apoya en un crecimiento muy robusto basado en: a) grandes inversiones empresariales, b) un elevado gasto en educación (como porcentaje del PIB, es más alto que la media europea), el cual genera un alto nivel de capital humano y c) una progresión constante en la innovación y la tecnología.

A ello se une una larga tradición de mantener su economía muy abierta al comercio internacional, con libre flujo de capitales; una política laboral extremadamente flexible; instituciones independientes y con mucho poder, que han mantenido la estabilidad macroeconómica a lo largo de su historia; y un respeto absoluto por el mercado y la libre competencia como el sistema más eficiente para asignar los recursos productivos.

Aumenta la desigualdad

Sin embargo, justo este éxito del modelo productivo ha generado un efecto colateral cada vez más preocupante, que es el aumento de la desigualdad, provocada por los bajos salarios. Esto está poniendo en riesgo los pilares del modelo social americano. El desequilibrio en la distribución de la renta se está haciendo insoportable. En 2015, el índice Gini de EEUU estaba en niveles muy altos, 0,48 (el valor 0 representa la igualdad perfecta y el 1, la desigualdad total). La poca equidad en la distribución de la renta, junto a la creciente entrada de extranjeros, es una de las principales causas del descontento de una parte de la población norteamericana.

Por tanto, cerrar esta brecha social es uno de los retos de la Administración Trump. De no implementarse medidas para ello, EEUU se enfrentará a un fuerte problema. 

La necesaria apertura al exterior

Pero luchar contra la desigualdad no significa ir para atrás, como los cangrejos, estimulando a las industrias maduras, introduciendo más proteccionismo y reduciendo la libertad de circulación de las personas.

El proteccionismo, que ahora parecen ensalzar las administraciones conservadoras de Estados Unidos y Gran Bretaña, nunca fue un buen camino para resolver los problemas económicos de los países. A lo largo de la historia, muchos gobiernos se han visto tentados de utilizar políticas de este tipo, que, como su propio nombre indica, implican proteger la producción nacional frente a la competencia exterior. La historia económica demuestra que cuando se utilizan las políticas de sustitución de importaciones, las economías se estancan. En cambio, cuando éstas se abren y siguen una estrategia exportadora, se dan mayores niveles de crecimiento y empleo.

En definitiva, la economía mundial se resentiría profundamente ante un eventual aumento del proteccionismo en EEUU. Pero los efectos más negativos se producirían en la propia economía de este país: el resto del mundo reaccionaría levantando barreras a la entrada de sus productos. Este aumento generalizado de la protección provocaría una contracción del comercio internacional y una menor eficiencia económica, lo que disminuiría las oportunidades de generar ventajas competitivas. Una pena, ya que, tal como demuestra la Teoría Económica, el comercio internacional contribuye poderosamente a aumentar la renta y la riqueza de los países. De ahí que la mayoría de los economistas defiendan el libre mercado como un instrumento que mejora las condiciones de vida y de trabajo de todos los que participan de él.

Fuente: Rafael Pampillón. «La barrera Trump al libre comercio.» Expansión,  12 de noviembre de 2016. Página 43.

Ayer se constituyó el nuevo Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy. En su agenda figuran una serie de reformas económicas que deben ser prioritarias si se quiere que nuestro país siga creciendo y creando empleo. Se trata de un conjunto de políticas dirigidas a reducir el déficit público y los niveles de deuda, hacer sostenible el sistema de pensiones, conseguir la unidad de mercado, disminuir el desempleo y mejorar la competitividad de nuestras empresas. Resulta más fácil conseguir estos objetivos si la economía, tal como está sucediendo ahora, camina por la fase expansiva del ciclo.

Efectivamente, todos los datos publicados esta semana confirman esta solidez de la economía española. Aumentan de forma notable el consumo de las familias, el nivel de empleo y las exportaciones. El INE estimó que, en septiembre, el comercio minorista, en tasa anual, creció un 3,2%, corregidos los efectos estacionales y de calendario. El Ministerio de Empleo contabilizó que, en octubre, se produjo un aumento de más de 100.000 afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes anterior: la cifra más alta en un mes de octubre de la serie histórica. También el sector exterior marcha viento en popa. Al respecto, el Banco de España nos dio buenas noticias esta semana: en los ocho primeros meses del año, el saldo por cuenta corriente se elevó a 12.600 millones de euros, registro que dobla al del mismo periodo de 2015 (+6.300 millones). Este incremento se debió a un mayor superávit de la balanza de bienes y servicios frente al mismo periodo de 2015, gracias a que las exportaciones superaron (+3%) a las importaciones (+0,5%).

Hoy nos vamos a fijar en una de las reformas que debe aplicar el nuevo Gobierno aprovechando esta favorable coyuntura: mejorar la productividad de la economía, a través del aumento del tamaño de las empresas, con el fin de que exporten más. Es decir, hacerlas todavía más competitivas en los mercados internacionales. 

Hay más empresas exportadoras

¿Por qué siguen creciendo las exportaciones? Entre otras razones, porque hay más empresas que exportan. Antes de la crisis, en 2007, había 97.000 y, en 2016,  ya son 150.000, un incremento del 50%. Si se considerase sólo a las compañías que lo hacen de forma regular (exportan todos los años desde hace cuatro), en 2007 eran 39.000 y, ahora, ascienden a 46.000, un 18% más. Es el resultado de la mejora de la competitividad de miles de empresas grandes, pero también medianas y pequeñas (PYMEs), que están haciendo realidad el más intenso de los procesos de internacionalización de toda nuestra historia.

Como consecuencia de la caída de la demanda nacional durante la crisis, las PYMEs han tratado de ganar presencia en los mercados extranjeros, posicionándose ventajosamente frente a sus competidores. Sin embargo, aunque tengan un peso cada vez más relevante en el conjunto de las exportaciones nacionales, lo cierto es que el valor de los bienes exportados todavía es muy reducido, y la mitad del total corresponde a las grandes compañías. El 75% de las empresas españolas que exportan lo hacen por importes inferiores a los 50.000 euros al año.

Dentro de las PYMEs, las empresas medianas exportan proporcionalmente más que las pequeñas. De ahí que uno de los objetivos de política económica que se debe plantear el nuevo Ejecutivo sea eliminar los obstáculos que impiden que las pequeñas compañías se conviertan en medianas.

Un salto deseable no sólo porque estas últimas exportan más y mejor, sino también porque son más resistentes a los ciclos contractivos. Efectivamente, las pequeñas empresas, que representan más del 90% de nuestro tejido productivo, aparecen y desaparecen de escena con mucha facilidad. Una situación íntimamente relacionada con la enorme fragilidad del mercado de trabajo español, pues éstas tienden a crear empleo temporal, que siempre resulta más volátil.

A ello se une que las pequeñas tienen un bajo aprovechamiento de las economías de escala (de las que, en cambio, sí se benefician las empresas de mayor tamaño), lo que eleva sus costes y, consecuentemente, los precios a los que venden sus bienes en el mercado. A esa menor productividad contribuye una peor cualificación de su mano de obra (los trabajadores más preparados buscan trabajo en empresas con perspectivas de crecimiento o de mayor tamaño). Esta circunstancia, a su vez, hace que paguen menores salarios, lo que, como pez que se muerde la cola, desincentiva a la mano de obra más formada a querer trabajar en ellas.

Dificultades para crecer

Ante este panorama de vulnerabilidad, baja productividad y reducidos salarios de las pequeñas empresas, cabe preguntarse por qué, a diferencia de lo que ocurre en otros países, hay tan pocas que aumenten su tamaño, pasando al grupo de las medianas.

En el último número de la revista “Economistas”, dedicado a “La evolución de las PYMEs en España”, se señalan algunas de las razones que lo explican:

1º)  Las pequeñas están sujetas a regulaciones laborales más sencillas, lo que las anima a mantener una plantilla reducida y evitar así los costes adicionales de ampliar el número de empleados, tales como: a) la creación de un comité de empresa encargado de negociar las condiciones laborales de los trabajadores, y b) mayores costes burocráticos derivados de la variedad de fórmulas contractuales.

2º) La normativa fiscal española beneficia más a las pequeñas empresas que a las de tamaño medio. En lo que al Impuesto de sociedades se refiere, las pequeñas son sometidas a menos inspecciones fiscales y a tipos impositivos más bajos, al menos durante los primeros años de actividad.

3º) Las mayores exigencias de auditoría de cuentas y normativas contables impuestas a las empresas de tamaño medio y grande frente a las menores.

4º) La fragmentación del mercado español, propia del sistema autonómico, que hace que cada comunidad tenga sus normativas, lo que dificulta la expansión y crecimiento de las empresas, al conllevar costes más elevados. Por tanto, el nuevo Gobierno de España deberá legislar para que haya una mayor unidad de mercado, homogeneizando los requisitos exigidos por los distintos niveles de las Administraciones Públicas.En definitiva, España está mejorando notablemente su situación económica,  creciendo muy por encima de la media europea. Sin embargo, si se quiere mantener esta tendencia expansiva, se precisa seguir por el camino de las reformas, como aumentar el tamaño de nuestras empresas. España es un país de PYMEs pero, sobre todo, de Microempresas, y es precisamente en este hecho en donde reside nuestra principal debilidad.

De ahí que el nuevo Gobierno debería tratar de eliminar los incentivos que animan a muchos empresarios a mantenerse agazapados en la zona de confort de su reducido tamaño. Dar el salto permitiría que nuestra economía generase más empleo y fuese todavía más competitiva en los mercados internacionales.

Fuente: Rafael Pampillón y Ana Cristina Mingorance (Coordinadores del monográfico de la revista ECONOMISTAS dedicado a “La evolución de las PYMEs en España”) «FAVORECER EL SALTO DE PEQUEÑA A MEDIANA EMPRESA». Publicado en Expansión de 5 de noviembre de 2016, página 43.