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[post_date] => 2016-11-26 11:40:28
[post_date_gmt] => 2016-11-26 10:40:28
[post_content] => Esta semana el Ministro de Finanzas Británico (Chancellor of the Exchequer), Philip Hammond ha presentado las previsiones económicas para el Reino Unido durante los próximos cinco ejercicios. Indicó que la economía británica es resiliente pero que los próximos años traerán mayor inflación, crecimiento débil, austeridad e incremento del gasto público.
En los próximos cinco años el país incrementará su deuda en 122 mil millones GBP, siendo más de la mitad del coste debido al brexit. El aumento del déficit es derivado del incremento de políticas de gasto en infraestructuras (carreteras, ferrocarriles o tecnología digital), para lograr facilitar la transición fuera de la UE.
El crecimiento económico del país se ha rebajado de un 2,2% a un 1,4% en 2017, con previsiones de 1,7% en 2018, 2,1% en 2019 y 2020 y 2% en 2021, señalándose que durante los próximos cinco años el crecimiento será un 2,4% menor que si el país hubiese decidido permanecer en la UE. Las previsiones para el cierre del 2016 son del 2,1, así que el Brexit va a lograr congelar el crecimiento, por lo menos hasta el 2018.
¿Cuál es la solución el Gobierno Británico para los dos próximos ejercicios de impasse?:
Como he indicado, más gasto y menos impuestos: Exenciones de impuestos para ingresos por debajo de GBP 12.500 (ahora es 11.000) y un impuesto de sociedades máximo del 17% (actualmente del 20%), señalado cómo “ de lejos el más bajo –by far the lowest- “de los países del G20. Quizás lo que el Sr. Hammond no ha tenido en cuenta es que el nuevo presidente electo de Estados Unidos ha presentado su objetivo de fijar la carga sobre las empresas en un máximo del 15% (actualmente del 35%) y que el programa de más gasto menos impuestos también está siendo ofrecido a los ciudadanos norteamericanos.
Es decir una política fiscal más relajada , después de casi una década de austeridad y un incremento en los tipos de interés en los bonos ingleses y norteamericanos – que se ha producido estas dos últimas semanas- , que anime a los prestamistas ante una política de gasto que aminoré el impacto del Brexit e impulse el crecimiento en EEUU
Redondeando estas medidas, el Reino Unido abandona una importantísima unión de comercio a la que ha pertenecido durante 40 años, mientras que parece que los Estados Unidos se preparan para dar pasos en la misma dirección.
El otro días escuche que los las medidas populistas tienen mucho calado, hoy en día, entre el electorado porque ofrecen soluciones simples para problemas complicados (Jesús Centenera dixit). Los próximos cuatro años serán un test en las dos economías para ver si es así de simple.
[post_title] => EL COSTE DEL BREXIT PARA LOS BRITANICOS: SOLUCIONES DESDE EEUU
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Esta semana el Ministro de Finanzas Británico (Chancellor of the Exchequer), Philip Hammond ha presentado las previsiones económicas para el Reino Unido durante los próximos cinco ejercicios. Indicó que la economía británica es resiliente pero que los próximos años traerán mayor inflación, crecimiento débil, austeridad e incremento del gasto público.
En los próximos cinco años el país incrementará su deuda en 122 mil millones GBP, siendo más de la mitad del coste debido al brexit. El aumento del déficit es derivado del incremento de políticas de gasto en infraestructuras (carreteras, ferrocarriles o tecnología digital), para lograr facilitar la transición fuera de la UE.
El crecimiento económico del país se ha rebajado de un 2,2% a un 1,4% en 2017, con previsiones de 1,7% en 2018, 2,1% en 2019 y 2020 y 2% en 2021, señalándose que durante los próximos cinco años el crecimiento será un 2,4% menor que si el país hubiese decidido permanecer en la UE. Las previsiones para el cierre del 2016 son del 2,1, así que el Brexit va a lograr congelar el crecimiento, por lo menos hasta el 2018.
¿Cuál es la solución el Gobierno Británico para los dos próximos ejercicios de impasse?:
Como he indicado, más gasto y menos impuestos: Exenciones de impuestos para ingresos por debajo de GBP 12.500 (ahora es 11.000) y un impuesto de sociedades máximo del 17% (actualmente del 20%), señalado cómo “ de lejos el más bajo –by far the lowest- “de los países del G20. Quizás lo que el Sr. Hammond no ha tenido en cuenta es que el nuevo presidente electo de Estados Unidos ha presentado su objetivo de fijar la carga sobre las empresas en un máximo del 15% (actualmente del 35%) y que el programa de más gasto menos impuestos también está siendo ofrecido a los ciudadanos norteamericanos.
Es decir una política fiscal más relajada , después de casi una década de austeridad y un incremento en los tipos de interés en los bonos ingleses y norteamericanos – que se ha producido estas dos últimas semanas- , que anime a los prestamistas ante una política de gasto que aminoré el impacto del Brexit e impulse el crecimiento en EEUU
Redondeando estas medidas, el Reino Unido abandona una importantísima unión de comercio a la que ha pertenecido durante 40 años, mientras que parece que los Estados Unidos se preparan para dar pasos en la misma dirección.
El otro días escuche que los las medidas populistas tienen mucho calado, hoy en día, entre el electorado porque ofrecen soluciones simples para problemas complicados (Jesús Centenera dixit). Los próximos cuatro años serán un test en las dos economías para ver si es así de simple.
Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.
Reducir el déficit público de 2017
Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.
Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.
Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.
Reforma de las Administraciones Públicas
Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.
Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.
El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.
Mejora de la competitividad
Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.
En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.
En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.
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