La crisis de la deuda soberana en Europa sigue dando quebraderos de cabeza. Ayer la prima de riesgo para los bonos españoles a diez años se fue hasta los 260 puntos. Varias causas provocaron ese repunte. Por un lado, las persistentes dudas sobre Grecia (ahora acerca de su programa de privatizaciones), a las que se sumaron las negativas perspectivas que se ciernen sobre Italia. De otra parte, las incertidumbres que en nuestro país surgen como resultado del vuelco que las elecciones han provocado en el mapa político. Los mercados temen que el gobierno, debilitado por los malos resultados del PSOE, afloje en sus esfuerzos reformistas y pierda capacidad de disciplinar el comportamiento fiscal de las Administraciones Públicas. Asimismo, existe el temor de que en las autonomías afloren ahora déficit más abultados, cuando entre a gobernar otro partido.

No hay duda de que lo que sucede en las autonomías será determinante en el proceso de consolidación fiscal y, por tanto, en la capacidad de nuestra política para aplacar los temores de los mercados. Al respecto hay que insistir en que necesitamos de mecanismos que disciplinen la política presupuestaria/fiscal de las Comunidades Autónomas, pues en ausencia de un control adecuado los problemas serán recurrentes. Hace unas semanas tratábamos, desde el Círculo de Empresarios, esta cuestión que ahora las elecciones y los mercados devuelven una vez al primer plano. Me gustaría recuperar de aquel documento el siguiente diagnóstico acerca de las deficiencias estructurales que minan la disciplina fiscal de los gobiernos regionales. ¿Creéis que es acertado? ¿Será posible poner remedio a esta situación en el futuro próximo?

El sesgo al déficit de las CCAA

Los expertos en descentralización y federalismo fiscal detectan en el comportamiento de nuestras CCAA los rasgos que cabría anticipar de la existencia de la denominada “restricción presupuestaria blanda”, que también podríamos calificar como sesgo al déficit. Es decir,  se da una situación en que la correspondiente  Administración Autonómica inicia un proceso de creciente gasto y déficit  financiados con deuda, esperando no tener que hacer frente a la misma con una  elevación futura de sus impuestos o con la emisión  de nueva deuda, pues  considera que la Administración Central acudirá a su rescate con mayores  transferencias de recursos que cubran el desajuste presupuestario

Hay diversos elementos que originan la aparición de este efecto o situación,  cuyo efecto final es el deterioro de las finanzas públicas

Uno de los factores más importantes es  el propio diseño del sistema de  financiación de las CCAA. La distribución a las CCAA desde la Administración Central de recursos, como los del Fondo de Suficiencia, se hace  mediante fórmulas, reglas de modulación y garantías financieras que, lejos de  una total claridad y objetividad, responden a una negociación de carácter  político generadora de dosis notables de discrecionalidad, y despojan al  sistema de la credibilidad necesaria como mecanismo de disciplina fiscal.

En este mismo sentido,  el sistema electoral y político español también  desempeña un papel decisivo. Sucede así que las negociaciones entre el  gobierno central y partidos minoritarios a escala nacional, pero con poder en  los gobiernos autonómicos –por ejemplo, partidos nacionalistas que aspiran a  crecientes grados de libertad en la gestión de todo tipo de políticas-, favorecen  las concesiones hacia las correspondientes CCAA no  sólo de transferencias  corrientes de recursos, sino también de competencias e inversiones en infraestructuras. Estas concesiones, a su vez, alimentan nuevas demandas que  tensionan aún más el sistema.

Sin abandonar las características del sistema de financiación, hay que tener en cuenta igualmente que la limitada autonomía tributaria de las CCAA, frentea sus más que notables competencias de gasto, recorta su flexibilidad para  ajustar el presupuesto e incentiva comportamientos carentes de corresponsabilidad fiscal. A esto hay que sumar que los gobiernos regionales  son los responsables principales de las competencias relacionadas con sanidad  y educación, dos servicios cuya provisión muestra un claro componente  estructural expansivo –conectado con el incremento  de la población, sobre todo por la inmigración de la última década- que el gobierno central puede estar dispuesto a sufragar por su naturaleza de servicios básicos.

Por supuesto, otro elemento que ha favorecido la percepción por parte de las  CCAA de que su restricción presupuestaria es blanda ha sido la propia  apertura del modelo de organización territorial. Tenemos un modelo que no termina de cerrarse, en eterna construcción. A lo largo de las tres últimas décadas los retoques han sido continuos, sobre todo con nuevas transferencias  de competencias de gasto a las autonomías y modificaciones en el modelo de  financiación que, en última instancia, no han corregido la asimetría entre las responsabilidades de gasto y las de ingresos. 

Sobrevive de este modo el pernicioso marco de incentivos que se configuró en las primeras etapas de la descentralización. Los gobernantes de las CCAA entienden  que con aumentos del gasto proveerán los bienes y servicios públicos que  demandan sus ciudadanos y que podrán hacerlo sin arrostrar el desgaste político que supone presentarse como responsables de subidas impositivas.