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    [post_content] => Pues, aunque parezca extraño,  la sanidad no es un bien público, es un bien privado al igual que la educación, y quizás aclarar esta cuestión ayude a evitar perdernos en debates un tanto absurdos como los que estamos sufriendo con la privatización de hospitales.

Para el Análisis Económico, un bien público es aquel que tiene dos  características: no es un bien rival y no es un bien excluyente. La primera característica significa que producir una unidad adicional del bien no cuesta nada, decimos que su coste marginal es cero. La segunda implica que no podemos impedir que cualquier persona sin pagar nada disfrute de él. El ejemplo clásico es el faro en un acantilado: que lo vea un barco o cien no supone coste adicional alguno y, además, no podemos controlar que un barco lo vea y otro no. Estas características hace que la iniciativa privada no quiera producir este tipo de bienes, en la medida que no puede cobrar por ellos a quienes los están disfrutando.

Por todo ello, los bienes públicos se consideran un fallo de mercado y requiere que el Estado intervenga, si se considera que es bueno para la sociedad dotar de estos bienes a sus ciudadanos.

Como puede comprenderse, ni la sanidad, ni la educación son bienes públicos. Una cama adicional de un hospital tiene costes y un tratamiento para una enfermedad también, al igual que un puesto escolar más.   Además, podemos delimitar con exactitud qué paciente va a disponer de una cama en la UCI y quien no, así como quién accede a la formación universitaria y quien no.

Entonces,  ¿por qué se les llama bienes públicos y diversos colectivos se manifiestan cuando se privatizan? 

La cuestión radica en que si se dejara al libre mercado que asignara cantidades y precios en sanidad y educación, el equilibrio al que se llegaría sería inferior al deseable y muchas personas sin recursos se quedarían sin ellos; y se estima que una mayor cantidad de bienes de sanidad y educación son buenos tanto para los individuos que los disfrutan como para la sociedad en su conjunto (a esto se le denomina una externalidad positiva).

La educación y la sanidad son bienes privados, pero preferentes, en la medida que se desea que se produzcan para todos los ciudadanos en muchos países, y pueden producirse por entidades públicas o por empresas privadas; lo relevante, no es quién los produzcan, sino que se haga en las cantidades que la sociedad desea, para aquellos que estime más conveniente y que lógicamente se puedan financiar de la manera en que se quiera: impuestos, copagos, etc.

Por el hecho de que las Administraciones Públicas gestionen hospitales, colegios o universidades, la educación y la sanidad no son bienes públicos o no. Son siempre bienes privados y la cuestión que debemos plantearnos es si la cantidad, la calidad y el coste de estos bienes mejoran si lo produce el Estado o empresas privadas y cómo financiar su coste.
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Para el Análisis Económico, un bien público es aquel que tiene dos  características: no es un bien rival y no es un bien excluyente. La primera característica significa que producir una unidad adicional del bien no cuesta nada, decimos que su coste marginal es cero. La segunda implica que no podemos impedir que cualquier persona sin pagar nada disfrute de él. El ejemplo clásico es el faro en un acantilado: que lo vea un barco o cien no supone coste adicional alguno y, además, no podemos controlar que un barco lo vea y otro no. Estas características hace que la iniciativa privada no quiera producir este tipo de bienes, en la medida que no puede cobrar por ellos a quienes los están disfrutando.

Por todo ello, los bienes públicos se consideran un fallo de mercado y requiere que el Estado intervenga, si se considera que es bueno para la sociedad dotar de estos bienes a sus ciudadanos.

Como puede comprenderse, ni la sanidad, ni la educación son bienes públicos. Una cama adicional de un hospital tiene costes y un tratamiento para una enfermedad también, al igual que un puesto escolar más.   Además, podemos delimitar con exactitud qué paciente va a disponer de una cama en la UCI y quien no, así como quién accede a la formación universitaria y quien no.

Entonces,  ¿por qué se les llama bienes públicos y diversos colectivos se manifiestan cuando se privatizan?

La cuestión radica en que si se dejara al libre mercado que asignara cantidades y precios en sanidad y educación, el equilibrio al que se llegaría sería inferior al deseable y muchas personas sin recursos se quedarían sin ellos; y se estima que una mayor cantidad de bienes de sanidad y educación son buenos tanto para los individuos que los disfrutan como para la sociedad en su conjunto (a esto se le denomina una externalidad positiva).

La educación y la sanidad son bienes privados, pero preferentes, en la medida que se desea que se produzcan para todos los ciudadanos en muchos países, y pueden producirse por entidades públicas o por empresas privadas; lo relevante, no es quién los produzcan, sino que se haga en las cantidades que la sociedad desea, para aquellos que estime más conveniente y que lógicamente se puedan financiar de la manera en que se quiera: impuestos, copagos, etc.

Por el hecho de que las Administraciones Públicas gestionen hospitales, colegios o universidades, la educación y la sanidad no son bienes públicos o no. Son siempre bienes privados y la cuestión que debemos plantearnos es si la cantidad, la calidad y el coste de estos bienes mejoran si lo produce el Estado o empresas privadas y cómo financiar su coste.