La propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (PGE-2011),  que aprobó ayer el Gobierno, se produce en un momento de estancamiento de la economía española. Efectivamente, según el consenso de los economistas en 2011 la economía española solo crecerá un 0,4%  y no el 1,3% que se prevé en los PGE-2011. Este crecimiento del 0,4% se producirá gracias al sector exterior (+1,3%), ya que la demanda nacional se contraerá un 0,9%. El crecimiento negativo de la demanda interna se deberá a la reducción del gasto público y a la caída de la inversión: la construcción de viviendas y obras públicas estarán prácticamente paralizadas en 2011. Además, el consumo privado no acaba de arrancar y crecerá por debajo del 1% por 3 motivos: a) falta de confianza de las familias en el futuro que les hace ahorrar por motivo de precaución, b) enorme endeudamiento, sobre todo hipotecario, contraído en la fase expansiva del ciclo que hace a los individuos ahorrar más y, por tanto, consumir menos para poder devolver lo que deben a los bancos y cajas de ahorros y c) elevado nivel de desempleo, que aumentará en 2011.

IMPUESTOS Y GASTOS DEL ESTADO

La subida de impuestos aprobada ayer no van en la dirección correcta: 1º) no va a aumentar prácticamente los ingresos fiscales, 2º) se aplica sobre un colectivo que es el 1% de los contribuyentes y que ya pagan el 20% de la recaudación por IRPF ¿no estaremos exprimiendo la vaca de forma excesiva?, 3º) van a pagar los que reciben mayores sueldos, no los que son más ricos, 4º) cualquier subida de impuestos va a empeorar la situación económica y ralentizar la salida de la crisis. No se debe olvidar que el aumento de la progresividad de los impuestos directos tiene efectos negativos sobre la economía, ya que desalienta el trabajo, aumenta la economía sumergida y fomenta el ocio de quienes más podrían aportar con su trabajo. Además, al aplicarse sobre los asalariados con mayores niveles educativos puede incentivar la fuga de cerebros y evitar la entrada en el país de mano de obra muy cualificada. Conviene también recordar que España ya tiene una escala en el IRPF  superior a la media de los países de nuestro entorno.

 En cuanto a los gastos del Estado no parecen creíbles los pagos previstos por prestaciones y subsidios de desempleo que según los PGE-2011 serán solo de 30.140 millones de euros, una cifra inferior a la que realmente se va a gastar. ¿Por qué esta diferencia? Porque los PGE-2011 esperan un aumento del empleo del 0,3% para el año que viene cuando las previsiones de los analistas dan una caída del empleo del 0,8%. Un desempleo mayor de la mano de obra y una ocupación menor de lo que dicen los presupuestos harán que el consumo privado en vez de tener un crecimiento del 1,8%, que contemplan los presupuestos, tendrá un crecimiento por debajo del 1%. Lo que también provocará una menor recaudación por IVA e IRPF de lo que se contempla en los PGE-2011.  

Déficit público mayor

Estos errores de predicción harán que el déficit presupuestario sea ligeramente mayor del previsto: se prevé un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 6%, cuando el consenso de los economistas prevé el 7%. Este mayor déficit habrá que financiarlo a través de deuda pública, lo que a su vez, exigirá un mayor gasto público en intereses que tendrá que pagar el Estado. A la vez, esta mayor necesidad de financiación del sector público, encarecerá la financiación del sector privado de la economía. En una situación como la que atravesamos, de fuerte restricción crediticia, demandar fondos prestables a los mercados financieros no es buena idea, ya que genera un efecto “expulsión” (es decir, el sector público al capturar una parte de la financiación expulsa al sector privado de la economía).

La consecuencia de un mayor gasto por desempleo e intereses de la deuda y menores ingresos por IVA e IRPF es un mayor déficit público. Además, los ingresos dependen del crecimiento económico, que los PGE-2011 estiman en el 1,3%, frente al 0,4% del consenso. Ya se ve que estos presupuestos dibujan un escenario algo optimista que puede perjudicar un poco la credibilidad del gobierno y por tanto la confianza de los agentes económicos. De ahí que el gobierno debería contemplar otra política tributaria y una mayor reducción del gasto público sobre todo en las Comunidades Autónomas y en los municipios. Se podrían eliminar, por ejemplo, muchas políticas públicas de subvenciones que sobran y que no van a mejorar la productividad de la economía. Con ello la confianza en nuestros gobernantes mejoraría, que buena falta hace, y lo que es más importante nos pondríamos en camino para resolver los problemas que padece la economía española.

Fuente: “Un ejercicio de voluntarismo”. Expansión. 24 de septiembre de 2010