Vivimos unos días muy intensos en cuanto a noticias económicas de calado. Por supuesto está la cuestión de la difícil situación de parte de nuestro sistema financiero, un secreto a voces que antes o después tenía que salir a la luz. También es difícil obviar la turbulenta aprobación por el Congreso del “Real Decretazo” en el día de ayer, cuestión de la que tan acertadamente escribió ayer el profesor Pampillón. Y un tercer tema candente es el de la reforma laboral, la falta de acuerdo entre los agentes sociales y la amenaza del Gobierno, después de años de negar la necesidad de esta reforma, de legislar por su cuenta si el diálogo social no llega a nada.

Voy a dedicar a esta última cuestión alguna de mis próximas entradas en este blog, dado que acabo de escribir un documento más extenso sobre esta cuestión, que los lectores interesados pueden encontrar en el siguiente link:

http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2806/PAPELES138_UNA_NECESARIA_REFORMA_LABORAL.pdf

En primer lugar, una reflexión sobre por qué necesitamos una reforma laboral en España:

El mercado de trabajo español se encuentra regulado, fundamentalmente, por el marco creado por el Estatuto de los Trabajadores, una norma aprobada en el año 1980 con un gran consenso parlamentario, pero que destila grandes dosis de intervencionismo, ya que básicamente consolidó las relaciones intervenidas del régimen anterior. No es difícil imaginar que esta normativa laboral, antigua y rígida, no puede ser un motor de nuestro mercado de trabajo, sino que con el paso de los años se ha podido constatar que constituye un lastre generador de problemas.

Sería posible indicar multitud de ejemplos de los efectos negativos de las rigideces laborales españolas, pero de momento basta señalar los cuatro siguientes:

Dos décadas sin creación de empleo. En las dos décadas que transcurrieron entre 1976 y 1996 la economía española experimentó periodos de fuerte crecimiento económico (1986-1990) junto con etapas de crisis y de decrecimiento del PIB –como los años 1981 y 1993–. Pero, en conjunto, en esos veinte años la economía española realizó un significativo avance: se produjo un crecimiento del PIB en términos reales de un 55,6%. Resultaría natural pensar que una expansión del PIB real de la magnitud mencionada debería haberse traducido en crecimientos del empleo en el periodo contemplado, pero este fenómeno tan lógico no se produjo.

De hecho, en el tercer trimestre de 1976 se encontraban ocupados 12.780.000 de trabajadores en nuestro país, mientras que a principios de 1996 la cifra de ocupados era de 12.620.000, es decir, 160.000 menos que veinte años atrás. Es cierto que durante esos veinte años la cifra de trabajadores ocupados osciló cíclicamente entre un mínimo de 10.950.000 a mediados de 1985 y un máximo de 13.120.000 en el tercer trimestre de 1991, pero la realidad es que en el conjunto del periodo que transcurrió entre 1976 y el inicio de 1996 no sólo no se había creado un solo empleo neto, sino que, de hecho, se había producido una ligera pérdida de ocupados.

Desproporcionada destrucción de empleo durante la crisis actual. La necesidad de acometer una reforma laboral sustancial quedó diluida durante el largo ciclo expansivo que nuestra economía vivió desde mediados de la década de los 90, en el que la multitud de reformas estructurales en todos los ámbitos de la economía durante los años de gobierno del Partido Popular y el shock de oferta de trabajo producido por la inmigración  permitieron que, pese a las rigideces laborales, la creación de empleo fuese intensa –se superó la “eterna” cifra de los 12.500.000 de ocupados y se alcanzó el nivel de los 20 millones a mediados de 2007–.

Sin embargo, los problemas de contar con un marco laboral rígido y anticuado han vuelto a hacerse sentir de manera dramática en la crisis económica actual. Según datos de la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat), desde el verano de 2007 en España se han destruido 1.878.200 empleos, el 72,8 % y el 45,5 % de todo el empleo perdido en la zona euro y en la UE27, respectivamente, en el mismo periodo. Ante una crisis de similares proporciones –en términos de caídas del PIB– en los principales Estados miembro de la UE, la magnitud de la destrucción de empleo en España no tiene parangón: desde el verano de 2007 hasta finales de 2009 en la zona euro se destruyeron 2.580.000 empleos, de los que 1.880.000 se perdieron en España. En el mismo periodo las caídas del empleo en Italia, Reino Unido y Francia –tres mercados de trabajo de mayores dimensiones que el español– fueron 3,8; 4,3 y 6,7 veces inferiores a las generadas en España. Y la comparación con Alemania es aún más sugerente, puesto que pese a sufrir una caída del PIB superior a la española durante los más de dos años de crisis, se crearon 664.900 empleos netos en el mismo periodo, frente a la destrucción de casi 1.900.000 en España.

Dualidad y destrucción de empleo temporal. La intensa destrucción de empleo en España desde el otoño de 2007 ha puesto de manifiesto otra de las consecuencias negativas de nuestro marco laboral: la dualidad materializada en el diferente comportamiento del mercado para aquellos trabajadores con contratos indefinidos frente al que se observa para los trabajadores con contrato temporal.

Como consecuencia de la desaceleración económica en España, en el primer trimestre de 2007 ya se empieza a destruir empleo temporal, pese a que el PIB real todavía crecía a ritmos cercanos al 3,8 % interanual. Sólo dos años después, en el primer trimestre de 2009 –cuando la economía española ya llevaba tres trimestres consecutivos con crecimientos negativos del PIB– se empezó a medir una destrucción de empleo indefinido en términos interanuales. Una destrucción de empleo indefinido que, por otra parte, fue de una magnitud muy inferior a la producida en el caso del empleo temporal.

Salarios inmunes a la crisis y el ajuste via destrucción de empleo. La dualidad y su consecuencia observada, esto es, el impacto radicalmente diferente en términos de destrucción de empleo entre los trabajadores indefinidos y temporales, tiene otras implicaciones. Una de ellas es que en 2008 y 2009, pese a las intensas caídas del PIB y el empleo en nuestro país, se ha producido un significativo crecimiento en los salarios reales negociados en convenio.

Este hecho sólo puede explicarse a la luz de la baja elasticidad del empleo indefinido ante la evolución del PIB. Al resultar los trabajadores con contrato indefinido relativamente protegidos frente a la destrucción de empleo, y al centrarse los sindicatos en la defensa de los intereses de estos trabajadores –frente a los asalariados temporales o a los trabajadores desempleados–, se han podido observar simultáneamente fortísimas caídas del PIB –sin precedentes tras la Guerra Civil– con revalorizaciones importantes de los salarios reales en 2009, en el entorno del 3 %.