WP_Post Object ( [ID] => 4030 [post_author] => 115 [post_date] => 2008-02-08 06:26:50 [post_date_gmt] => 2008-02-08 05:26:50 [post_content] => La última reforma de la Seguridad Social española, ya en vigor, contempla una mejora de las pensiones para quienes decidan seguir en activo después de los 65 años. Ese colectivo verá crecer su pensión un 2% por cada año adicional cotizado. La subida será del 3% para aquellos ocupados que acumulen 40 años de vida laboral. En 2050, España contará con más de 12 millones de personas mayores de 65 años. Para economías, como la española, que se asientan sobre el estado del bienestar, el desafío fiscal del envejecimiento poblacional es muy preocupante. El decrecimiento de la población, provocado por una caída de la tasa de natalidad, junto a una esperanza de vida en aumento, hará que se incremente la proporción de población anciana Los sucesivos gobiernos de España tendrán que elegir entre subidas de impuestos que actuarían como un lastre para el crecimiento económico, o reducciones de las prestaciones sociales que pocos gobiernos se atreverían a llevar a cabo por ser una medida muy impopular. Otras opciones serían recortar la dotación de otras partidas presupuestarias (como infraestructuras y defensa) o incurrir en cuantiosos déficit fiscales (que minarían el ahorro nacional). Para mitigar en parte el problema el Gobierno español ha optado por retrasar de la edad de jubilación. Se trata de una medida totalmente voluntaria que tendrá beneficios para los trabajadores que opten por esta posibilidad ya que verán incrementadas sus pensiones en un 3 por ciento más cada año de trabajo y hasta un total de 15 por ciento a partir de los 70 años. Es sin duda, una forma de impulsar el crecimiento económico en una sociedad que envejece, intentando sacar el máximo partido de la experiencia y la competencia que las personas de edad han adquirido a lo largo de sus vidas. Sin embargo, con esta medida el problema de las pensiones se alivia pero no se resuelve. Efectivamente, con generaciones cada vez más pequeñas, el capital humano estará progresivamente más envejecido, es decir, irá poco a poco perdiendo creatividad y espíritu emprendedor asociado normalmente a la juventud. España se irá convirtiendo poco a poco en una economía estacionaria con un crecimiento prácticamente nulo en el largo plazo. El impacto puede ser profundo. Retrasar la edad de jubilación no es suficiente. Hay que incentivar la natalidad. La historia muestra que las sociedades envejecidas se estancan. Sea bienvenida la medida de aumentar la edad para jubilarse pero será necesario tomar otras dirigidas que aumenten la natalidad. [post_title] => ¿Se debe aumentar la edad de jubilación? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => se_debe_umentar [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2008-02-08 06:26:50 [post_modified_gmt] => 2008-02-08 05:26:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://economy.blogs.ie.edu/archives/2008/02/se_debe_umentar.php [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 11 [filter] => raw )
La última reforma de la Seguridad Social española, ya en vigor, contempla una mejora de las pensiones para quienes decidan seguir en activo después de los 65 años. Ese colectivo verá crecer su pensión un 2% por cada año adicional cotizado. La subida será del 3% para aquellos ocupados que acumulen 40 años de vida laboral.
En 2050, España contará con más de 12 millones de personas mayores de 65 años. Para economías, como la española, que se asientan sobre el estado del bienestar, el desafío fiscal del envejecimiento poblacional es muy preocupante. El decrecimiento de la población, provocado por una caída de la tasa de natalidad, junto a una esperanza de vida en aumento, hará que se incremente la proporción de población anciana Los sucesivos gobiernos de España tendrán que elegir entre subidas de impuestos que actuarían como un lastre para el crecimiento económico, o reducciones de las prestaciones sociales que pocos gobiernos se atreverían a llevar a cabo por ser una medida muy impopular. Otras opciones serían recortar la dotación de otras partidas presupuestarias (como infraestructuras y defensa) o incurrir en cuantiosos déficit fiscales (que minarían el ahorro nacional).
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