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    [post_content] => Con el inicio del año, ha entrado en vigor el nuevo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2007-2013, que contempla un gasto total de 862.363 millones de euros, lo que supone el 1,045% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión. Para España, este nuevo acuerdo supone una reducción de casi el 50% de los fondos que venía recibiendo de sus socios comunitarios en los últimos siete años, pero seguirá siendo receptor de los mismos hasta 2013, cuando todo parecía indicar que podría llegar a convertirse en contribuyente.

Durante los próximos 7 años,  España percibirá 32.507 millones de euros de los fondos estructurales y de cohesión, lo que supone más de 4.500 millones de media al año. Casi dos tercios de  ellos tendrán como destino las llamadas Regiones Objetivo 1, las que no alcanzan el 75% de la renta media comunitaria: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.  Por su parte, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, son las perjudicadas por el efecto estadístico, ya que no superan el 75% de la renta de de la UE-15, pero sí el de la UE-25.  Y por último, Castilla-León, Comunidad Valenciana y Canarias han conseguido, gracias al crecimiento que han experimentado en los últimos años, superar  el 75% de renta de la UE-15, por lo que los fondos que recibían, se verán reducidos en 2/3.

Las razones que han motivado la  disminución de las ayudas son dos. Por un lado, en los últimos años, la economía española ha crecido a tasas superiores a las de sus socios, lo que ha acercado su renta per cápita a la media comunitaria.  Mientras en  1986, -año en que  España se incorporó a las Comunidades Europeas-, la renta per cápita española apenas alcanzaba el 70% de la media, en 2003 había conseguido superar  el 85%.  La ampliación a los países del este en 2004, supuso que de golpe subiese hasta el 98% de la media de la UE-25. Es decir, la entrada de países más pobres, elevó por un efecto estadístico, la riqueza relativa de los españoles. Por otra parte, al incorporarse socios con niveles de renta muy bajos, los fondos disponibles se tienen que repartir entre más.

La disminución de los fondos europeos tendrá efectos negativos sobre la economía española en términos de competitividad, productividad, crecimiento y empleo, ya que muchas de las infraestructuras construidas en los últimos años han gozado de financiación comunitaria. Un estudio realizado para la Fundación FAES por los profesores Flores, Rubio, Sanz y Álvarez, estima que el crecimiento se verá reducido en 4,4 puntos hasta 2013, es decir, 0,6 puntos anuales y que se crearán un millón y medio de puestos de trabajo menos.  Para mitigar estos efectos, la única solución es que las administraciones públicas españolas pongan los fondos que ya no vendrán de Bruselas, al objeto de mantener el ritmo inversor, pero eso implicaría aumentar el gasto público. Y esto conllevaría  recurrir al endeudamiento o bien subir los impuestos. Ante esta disyuntiva, ¿que se debe hacer?, ¿invertir menos?, ¿volver a tener déficit público?, ¿subir los impuestos?


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Con el inicio del año, ha entrado en vigor el nuevo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2007-2013, que contempla un gasto total de 862.363 millones de euros, lo que supone el 1,045% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión. Para España, este nuevo acuerdo supone una reducción de casi el 50% de los fondos que venía recibiendo de sus socios comunitarios en los últimos siete años, pero seguirá siendo receptor de los mismos hasta 2013, cuando todo parecía indicar que podría llegar a convertirse en contribuyente.

Durante los próximos 7 años, España percibirá 32.507 millones de euros de los fondos estructurales y de cohesión, lo que supone más de 4.500 millones de media al año. Casi dos tercios de ellos tendrán como destino las llamadas Regiones Objetivo 1, las que no alcanzan el 75% de la renta media comunitaria: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Por su parte, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, son las perjudicadas por el efecto estadístico, ya que no superan el 75% de la renta de de la UE-15, pero sí el de la UE-25. Y por último, Castilla-León, Comunidad Valenciana y Canarias han conseguido, gracias al crecimiento que han experimentado en los últimos años, superar el 75% de renta de la UE-15, por lo que los fondos que recibían, se verán reducidos en 2/3.

Las razones que han motivado la disminución de las ayudas son dos. Por un lado, en los últimos años, la economía española ha crecido a tasas superiores a las de sus socios, lo que ha acercado su renta per cápita a la media comunitaria. Mientras en 1986, -año en que España se incorporó a las Comunidades Europeas-, la renta per cápita española apenas alcanzaba el 70% de la media, en 2003 había conseguido superar el 85%. La ampliación a los países del este en 2004, supuso que de golpe subiese hasta el 98% de la media de la UE-25. Es decir, la entrada de países más pobres, elevó por un efecto estadístico, la riqueza relativa de los españoles. Por otra parte, al incorporarse socios con niveles de renta muy bajos, los fondos disponibles se tienen que repartir entre más.

La disminución de los fondos europeos tendrá efectos negativos sobre la economía española en términos de competitividad, productividad, crecimiento y empleo, ya que muchas de las infraestructuras construidas en los últimos años han gozado de financiación comunitaria. Un estudio realizado para la Fundación FAES por los profesores Flores, Rubio, Sanz y Álvarez, estima que el crecimiento se verá reducido en 4,4 puntos hasta 2013, es decir, 0,6 puntos anuales y que se crearán un millón y medio de puestos de trabajo menos. Para mitigar estos efectos, la única solución es que las administraciones públicas españolas pongan los fondos que ya no vendrán de Bruselas, al objeto de mantener el ritmo inversor, pero eso implicaría aumentar el gasto público. Y esto conllevaría recurrir al endeudamiento o bien subir los impuestos. Ante esta disyuntiva, ¿que se debe hacer?, ¿invertir menos?, ¿volver a tener déficit público?, ¿subir los impuestos?