Este fin de semana conocíamos las líneas maestras del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que el Gobierno llevará al Parlamento para su discusión. Pocas novedades con respecto a las intenciones que ya se habían ido transmitiendo a la opinión pública, al menos en lo tocante a la manera de afrontar la necesaria consolidación fiscal: vamos a ver el mayor aumento de impuestos de la democracia.

Para valorar la conveniencia de esta propuesta podemos fijarnos en lo que nos dice la experiencia de otros países. La evidencia sobre esta materia, incluida la del pasado reciente de nuestra economía, deja poco lugar para dudas. En los países desarrollados, los procesos de consolidación fiscal, esto es, de reducción del déficit y del nivel de deuda hasta valores sostenibles, tienden a fracasar cuando se basan en incrementos de los impuestos. Por el contrario, las posibilidades de éxito aumentan drásticamente cuando el desafío se aborda desde la reducción vigorosa del gasto.

Con ser lo anterior muy preocupante, hay motivos para incluso ponerse más nerviosos ante las perspectivas que se derivan del proyecto de presupuestos y de la política económica que éstos sugieren. De nuevo se insiste en manejar políticas de demanda, en este caso para afrontar la salida de la crisis y la reducción del déficit, renunciando a políticas de oferta. Es decir, volvemos a recurrir a parches que, en el mejor de los casos, únicamente actuarán como paliativos. El Gobierno vuelve a olvidarse –no será porque nadie se le recuerde- de la urgencia con que debieran emprenderse reformas estructurales en esferas tan necesitadas de las mismas como pueden ser la educación, el mercado laboral o la regulación de los mercados. 

¿Para cuándo las reformas?

No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me parece que el gobierno peca de una total ingenuidad pensando que nuestra política económica sólo debe evitar que las cosas vayan a peor en el muy corto plazo ya que la recuperación internacional no tardará en venir a nuestro rescate. Pues bien, nada de eso ocurrirá, porque la economía española tiene problemas propios, independientes de la coyuntura internacional, que necesitan de soluciones específicas. A lo largo de los últimos años hemos incurrido en muchos excesos, endeudándonos como nunca (y como nadie). Tenemos que comenzar a purgar esos excesos con una mayor austeridad, porque ya no va a ser posible seguir recibiendo del exterior fondos anuales equivalentes a una décima parte de nuestro PIB.

Tendremos que aprender, por tanto, a vivir con una menor disponibilidad de ahorro exterior. Además, las AAPP absorberán una mayor parte del ahorro interior por su creciente endeudamiento. Así, quedará disponible para la inversión privada una menor cantidad de fondos prestables, incluso mermada por el aumento de los impuestos que gravan el ahorro (otro de los errores de los nuevos presupuestos). No habrá otro remedio que aprender a hacer un uso más eficiente del menor ahorro disponible para emprender inversiones productivas. Si no lo hacemos, los próximos años serán realmente duros.

¿Cómo lograr ese uso más eficiente de unos recursos escasos? Con reformas estructurales, que permitan contar con más y mejores recursos (una buena educación significa más capital humano), y que faciliten la asignación de esos recursos hacia los usos más productivos (por ejemplo, con un mercado laboral más flexible y con una regulación económica de mayor calidad). Eso es lo que habrá de permitirnos avanzar en el cambio de modelo económico. Confiemos en que el Gobierno no tarde en caer en la cuenta de su error.