El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha considerado en declaraciones recientes que bajar los impuestos es compatible con la consecución de los objetivos de déficit, porque “el coste de la rebaja fiscal se compensará estimulando la actividad, el empleo y el crecimiento”. Por su parte, el Banco de España apoya el informe Lagares que descansa en la necesidad de aumentar el peso de la imposición indirecta (el IVA es la principal figura) para acometer “reducciones de magnitud equivalente en las cotizaciones y los impuestos directos”.
Pero, ¿cabe esperar que esta reducción de los impuestos directos sobre las rentas de las familias se traslade a su consumo, estimulando efectivamente la actividad económica?
De acuerdo con nuestro Diccionario de Economía, se define la “paradoja del ahorro” (o “de la frugalidad”), como “aquella situación en la que los hogares y las empresas están preocupadas porque existe la posibilidad de que llegue una época de vacas flacas, es decir, de menor crecimiento económico y aumento del paro y, como consecuencia, se preparan para esa eventualidad ahorrando más y reduciendo el gasto. Esta reducción deprime la economía: las familias gastan menos y las empresas venden y producen menos, así que despiden trabajadores para compensar la bajada de las ventas y la producción. Al final, es posible que tanto los hogares como las empresas acaben peor, es decir, con menos rentas que si no hubieran intentado actuar de forma responsable aumentando el ahorro y reduciendo sus gastos.”
Tal situación de incertidumbre se ha mantenido sin duda desde el inicio de la crisis, llevando a la tasa de ahorro de las familias, como porcentaje de su renta disponible, desde un promedio del 11% durante la mayor parte del anterior ciclo expansivo hasta alcanzar el 17,8% en el año 2009.
Sin embargo, desde 2010 se ha producido una pronunciada caída en dicha tasa, hasta situarse en el 2013 en el 10,4% de su renta disponible, igualando el nivel que alcanzó en 2012, el más bajo en trece años.No cabe atribuir esta reducción en el ahorro de la familias a una mejora en su confianza sobre la situación económica, sino más bien a que la necesidad de desapalancamiento, el alto nivel de desempleo y la debilidad del ciclo económico dificultan el crecimiento de la renta disponible y fuerzan el desahorro de los hogares. Durante 2014, se espera que el consumo privado se revitalice, para aumentar en mayor medida en 2015 y 2016 de la mano del crecimiento de la renta real disponible, al tiempo que se mantendrá el nivel de la tasa de ahorro.
Podríamos concluir por tanto que nada garantiza que la reducción en los impuestos sobre las familias, o al menos toda ella, se convierta en mayor consumo. No está garantizado en consecuencia, como espera el Gobierno, que “el coste de esta rebaja fiscal se compensará estimulando la actividad, el empleo y el crecimiento.”
Frente a los estímulos fiscales vía reducción de impuestos, la evidencia empírica muestra que, al menos en el corto plazo, el efecto multiplicador sobre la renta de un incremento del gasto público puede ser mayor (de 2 a 3 veces) que el de una reducción equivalente de impuestos, en la medida que parte de esta última podría ser ahorrada y no llegar a convertirse en más consumo. Cabe precisar sin embargo que no es igualmente eficaz cualquier tipo de gasto público, siendo el multiplicador en torno a 2 para el gasto inversor y 0 para el corriente, ni en cualquier plazo, ya que como es sabido un gasto público sostenido en el tiempo acaba expulsando a la inversión privada. Por otro lado, parte de la eficacia de ese estímulo vía gasto público se pierde cuando el endeudamiento del país es elevado, como es el caso de España.
Cabe concluir que la rebaja impositiva en España será bien recibida por las maltrechas economías familiares, pero que es cuando menos dudosa su potencial contribución al crecimiento y a la consolidación fiscal.
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