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    [post_content] => Los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2017) se enmarcan en el siguiente contexto: a) el de la obligación ineludible de pactar, que impone la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno del Partido Popular, b) el de la necesidad de reducir el endeudamiento de España, que, de momento, se mantiene por encima del 100 % del PIB, en un entorno de alza de los tipos de interés, y c) de crecimiento económico y creación de empleo, que va a ser menos intenso en 2017 que este año. A pesar de esa desaceleración, la economía española seguirá en una fase expansiva. En este sentido, el Gobierno y los Servicios de Estudios del BBVA y Bankia acaban de elevar dos décimas sus estimaciones de crecimiento para 2017, hasta el 2,5%, por encima, por tanto, del que tendrá la media de los países de la zona euro (+1,5%).

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de defender los presupuestos.

Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.

Reducir el déficit público de 2017

Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.

Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.

Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.

Reforma de las Administraciones Públicas

Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.

Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.

El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.

Mejora de la competitividad

Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.

En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo y Carolina Ramírez . "Deberían ser más restrictivos". Expansión de 23 de noviembre de 2016, páginas 6 y 7.

 
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Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de defender los presupuestos.

Esta revisión al alza debería facilitar reducir todavía más el déficit público, y también los acuerdos parlamentarios para la aprobación de los PGE-2017. Ello se debe a que los ingresos y los gastos del Estado están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que, si éste es mayor que el previsto, debería traducirse en una disminución del déficit público.

Reducir el déficit público de 2017

Desgraciadamente, en lo que va de 2016, y a pesar del fuerte crecimiento económico y del empleo, en lugar de reducirse, el desfase presupuestario aumenta. Es más, desde 2012, España no ha cumplido ni un solo año con el objetivo de déficit público y, en 2017, sino se toman medidas, tendremos el más alto de la UE.

Algo que se nos antoja insoportable, ya que la economía es cíclica y, lamentablemente, la ola de proteccionismo y populismo que, poco a poco, está invadiendo el escenario internacional puede provocar que, a partir de 2018, empeore la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, las cuentas públicas se tornarían todavía más deficitarias, con el consiguiente aumento de la deuda y de los tipos de interés, tanto más cuanto que, en marzo, el BCE dejará de comprar bonos de los Estados. Por tanto, yerra el Congreso de los Diputados si no se decide a aplicar unos presupuestos más restrictivos.

Además, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas (CC.AA.) a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. El PSOE parece que va en la dirección contraria: a través de Susana Díaz y del presidente de la gestora, Javier Fernández, está reclamando que las CC.AA. dispongan de 4.000 millones de euros más. Lo que significaría que éstas podrían alcanzar un déficit del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% previsto.

Reforma de las Administraciones Públicas

Esto es un despropósito, porque es precisamente en las CC.AA. donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que, a su vez, daría más credibilidad a España de cara a suscitar la confianza de los inversores. Por eso, los partidos políticos no pueden meter la cabeza debajo del ala. Deben afrontar de una vez por todas la reforma de las Administraciones Públicas y, de todos modos, el Gobierno no tendría que financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria.

Resulta perentoria una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes, de manera que supongan un menor coste. Que elimine solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Estado. Que disminuya el número de municipios. Que ahorre, suprimiendo administraciones y duplicidades que generan tantísima burocracia. Que reduzca el abuso del consumo sanitario, introduciendo, por ejemplo, un copago que retraiga las consultas innecesarias. Por último, convendría establecer incentivos al desempeño de los funcionarios, para que aumenten su productividad y como consecuencia su número deje de crecer. Son aspectos que no agradan a los parlamentarios (la mayoría de ellos han sido empleados públicos), ya que ellos y muchos de sus antiguos colegas tendrían que ir por delante predicando la necesaria reforma de las Administraciones y dando ejemplo de una mayor eficiencia laboral.

El ahorro de todos esos gastos (y también la reducción de muchas bonificaciones, desgravaciones y subvenciones injustificadas) implicaría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y, como consecuencia, también la deuda y los intereses de pagarla. De no corregirse, habría malas noticias, porque España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. Por tanto, la política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva, con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no parece que vaya a ser así y la prima de riesgo seguirá subiendo.

Mejora de la competitividad

Se trata, en definitiva, de seguir recortando la grasa que sobra en el sector público, eliminando los gastos corrientes superfluos o improductivos, y de mantener, en cambio, la financiación pública de aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación. La UE ha advertido al Gobierno de que la inversión de España en estos campos es muy pobre, y que debería incrementarse. Junto con la mejora del sistema educativo, se precisa aumentar la capacidad del Sistema Científico y Tecnológico de generar mayores niveles de innovación. Y eso supone redirigir hacia esas áreas recursos que ahora se despilfarran.

En este sentido la mayoría de los economistas están más o menos de acuerdo en que una parte de la investigación, concretamente, la que no tiene fines comerciales, la debe apoyar o bien realizar el sector público. Ello se debe a que las empresas están poco incentivadas a invertir en investigación básica ya que los resultados de este tipo de investigación no son apropiables, es decir, no son patentables pero, en cambio, sus resultados se publican y, por tanto, están disponibles para todos. Por este motivo, es preciso incentivar más la investigación básica que se hace en las empresas y en los centros de investigación.

En resumen, el sexto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2017, se enmarca en un escenario político que complica la consecución de un déficit que debería estar por debajo del 3% del PIB. Un objetivo que resulta mucho más necesario en un contexto internacional en el cual las negociaciones del Brexit, la presidencia de Trump y los movimientos populistas en Francia y Alemania amenazan de forma significativa las exportaciones, lo cual ocasionaría una ralentización de nuestra economía. Y una reducción sensible en el crecimiento de ésta en 2018 puede conllevar un aumento en el número de parados, lo que generaría una disminución del número de contribuyentes y un incremento del déficit, de la deuda pública y del malestar de la población.

Fuente: Rafael Pampillón Olmedo y Carolina Ramírez . «Deberían ser más restrictivos». Expansión de 23 de noviembre de 2016, páginas 6 y 7.