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    [post_content] => El Consejo de Ministros aprobó el vierbnes el techo de gasto público para 2016 y la rebaja fiscal efectiva desde el pasado día 1. Además, revisó las previsiones de crecimiento de la economía española: 3,3% este año y 3% en 2016. Ya nadie duda de que España se encuentra en una fase expansiva con elevadas tasas de crecimiento y creación de empleo. El jueves, el FMI elevó sus estimaciones de crecimiento para España hasta el 3,1% en 2015 (medio punto más que su previsión previa). El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo se enmarca en una situación de fuerte crecimiento de la economía.



Por lo que vamos conociendo, parece un presupuesto más generoso de lo que debiera ser en esta fase expansiva del ciclo. A pesar de que el techo de gasto será un 4,4% menor que el de este año, el déficit presupuestado para el conjunto de las Administraciones Públicas aún es elevado (2,8%). Los ingresos y los gastos están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que más crecimiento debería traducirse en mayores ingresos fiscales y menos gasto público; es decir, una reducción del déficit. Los Presupuestos deberían ser más ambiciosos e intentar alcanzar un déficit menor. En este contexto de fase álgida del ciclo, si el Gobierno reduce los impuestos –ayer se aprobó una nueva rebaja–, debería contemplar también una mayor reducción del gasto.

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los Presupuestos suponen menos del 50% del gasto total. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas a que, como mínimo, cumplan sus compromisos de estabilidad fiscal. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que a su vez daría a los inversores más credibilidad y confianza en España. El Gobierno tendría que afrontar de una vez por todas la reforma de las administraciones y, en cualquier caso, no financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla la requerida contención presupuestaria. En este sentido, y con una economía en plena fase expansiva, todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podría incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

De ahí que el ajuste del déficit que se está realizando en este 2015 resulte a todas luces insuficiente, y lo que es peor, es superior al objetivo que se propuso el Gobierno. En el primer cuatrimestre de 2015, el saldo consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo a las locales, se situó en el 1,1% del PIB, sólo una décima menos que en abril de 2014. El consenso de los analistas es más pesimista, y prevé un déficit aún mayor. Para 2015 y 2016 espera un déficit del 4,4% del PIB y del 3,2%, respectivamente, dos y cuatro décimas porcentuales por encima del objetivo del Ejecutivo.

La causa de este mayor déficit hay que buscarla en el incremento del gasto público por razones electorales. Un aumento que no ha sido capaz de compensar las reducciones de otras partidas presupuestarias, como las prestaciones por desempleo y el pago de intereses de la deuda pública, que disminuyen a consecuencia de la reducción del número de parados y la bajada de los tipos de interés. Este elevado déficit convierte a España en el país de la zona del euro con mayor desequilibrio fiscal. Son malas noticias, porque con un crecimiento superior al 3% y mayor recaudación fiscal las Administraciones Públicas deberían hacer más esfuerzos para reducir el déficit y, con ello, la deuda pública sobre PIB. España es un país muy endeudado que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. La política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no es así por los intereses electorales.

Mayor ortodoxia

No se ganan unas elecciones porque se devuelva a los funcionarios parte de la paga que se les debe o porque nos encontremos en la nómina a final de mes con unos pocos euros más. Se ganan cuando se sabe comunicar al electorado la política económica necesaria (también la fiscal) para aumentar el bienestar de los ciudadanos a largo plazo. Hay que explicar que una política fiscal más ortodoxa permitiría mejorar la buena marcha de la economía e infundir confianza en los acreedores. Esta mayor confianza se trasladaría a los empresarios, lo que generaría mayor inversión y más empleo. España necesita, por tanto, políticas que consigan que la economía continúe por la senda de la estabilidad y el crecimiento. Hace ya cuatro años que vamos por el buen camino. Se está reforzando el círculo virtuoso de altos niveles de confianza, buenos resultados económicos y aumento del bienestar. El elevado crecimiento del PIB en el último año ha venido de la mano de la mejora del empleo, del crecimiento del consumo y de la compra de viviendas y de una mayor recaudación. Un crecimiento más rápido que ha significado también ingresos fiscales más elevados, lo que debería permitir reducir la elevada deuda pública en manos de los acreedores.

Insisto, no se ganan las elecciones con un gasto público populista. Las elecciones se ganan, como se ha visto en las últimas municipales y autonómicas, cuando se prometen y se cumplen las demandas de la sociedad civil: listas abiertas, eliminar la corrupción, no llevar imputados en las listas, más democracia interna en los partidos introduciendo primarias y eliminar ayuntamientos pequeños y diputaciones. Es decir, cuando existe la voluntad política de afrontar las reformas necesarias para que se revitalice la vida política y se reduzca el gasto público que no es estrictamente necesario.

Pero es que, además, la economía es cíclica y podría ocurrir que a partir de 2017 empeorase la situación en que nos encontramos. Si eso ocurriese, habría que aplicar una política fiscal más expansiva, con el consiguiente aumento de la deuda. Por eso, yerra el ministro de Economía, Luis de Guindos, al afirmar que el adelanto de la rebaja del IRPF es compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit del 4,2% del PIB para 2015. Dos motivos lo explican: 1º) las previsiones de los analistas muestran que el déficit este año será mayor al previsto por el Gobierno y 2º) porque aunque fuera compatible, hubiera sido mejor optar por reducir el déficit antes que por bajar los impuestos.

Lo ideal sería poder bajar los impuestos; pero esta rebaja tendría que ir acompañada de una mayor reducción del gasto público. La mayoría de los estudios empíricos (y también el propio caso de la economía española) señalan que una política fiscal restrictiva aumenta la producción y el empleo. Además, los ajustes fiscales basados en recortes del gasto y en reformas de las administraciones (que no se han hecho, ni se las espera) tienen más posibilidades de éxito que los que se basan en aumentos de los ingresos.

El quinto Presupuesto de Rajoy se enmarca en una situación de buen comportamiento de la economía española y europea. Sus previsiones sobre el crecimiento y empleo y, por tanto, sobre los ingresos y gastos del Estado, serán realistas. Y el objetivo de déficit que se ha propuesto es fácil de alcanzar. En este contexto, no estaría de más que se plantease reducirlo aún más. Se conseguiría así aumentar la confianza de los mercados, proveer al sector privado de más financiación, bajar los tipos de interés y reducir los intereses de la deuda.
Fuente: Rafael Pampillón. "¿Cómo deberían ser los Presupuestos?". Expansión, 11 de julio de 2015. Pagina 39.
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El Consejo de Ministros aprobó el vierbnes el techo de gasto público para 2016 y la rebaja fiscal efectiva desde el pasado día 1. Además, revisó las previsiones de crecimiento de la economía española: 3,3% este año y 3% en 2016. Ya nadie duda de que España se encuentra en una fase expansiva con elevadas tasas de crecimiento y creación de empleo. El jueves, el FMI elevó sus estimaciones de crecimiento para España hasta el 3,1% en 2015 (medio punto más que su previsión previa). El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo se enmarca en una situación de fuerte crecimiento de la economía.

Por lo que vamos conociendo, parece un presupuesto más generoso de lo que debiera ser en esta fase expansiva del ciclo. A pesar de que el techo de gasto será un 4,4% menor que el de este año, el déficit presupuestado para el conjunto de las Administraciones Públicas aún es elevado (2,8%). Los ingresos y los gastos están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que más crecimiento debería traducirse en mayores ingresos fiscales y menos gasto público; es decir, una reducción del déficit. Los Presupuestos deberían ser más ambiciosos e intentar alcanzar un déficit menor. En este contexto de fase álgida del ciclo, si el Gobierno reduce los impuestos –ayer se aprobó una nueva rebaja–, debería contemplar también una mayor reducción del gasto.

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los Presupuestos suponen menos del 50% del gasto total. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas a que, como mínimo, cumplan sus compromisos de estabilidad fiscal. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que a su vez daría a los inversores más credibilidad y confianza en España. El Gobierno tendría que afrontar de una vez por todas la reforma de las administraciones y, en cualquier caso, no financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla la requerida contención presupuestaria. En este sentido, y con una economía en plena fase expansiva, todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podría incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

De ahí que el ajuste del déficit que se está realizando en este 2015 resulte a todas luces insuficiente, y lo que es peor, es superior al objetivo que se propuso el Gobierno. En el primer cuatrimestre de 2015, el saldo consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo a las locales, se situó en el 1,1% del PIB, sólo una décima menos que en abril de 2014. El consenso de los analistas es más pesimista, y prevé un déficit aún mayor. Para 2015 y 2016 espera un déficit del 4,4% del PIB y del 3,2%, respectivamente, dos y cuatro décimas porcentuales por encima del objetivo del Ejecutivo.

La causa de este mayor déficit hay que buscarla en el incremento del gasto público por razones electorales. Un aumento que no ha sido capaz de compensar las reducciones de otras partidas presupuestarias, como las prestaciones por desempleo y el pago de intereses de la deuda pública, que disminuyen a consecuencia de la reducción del número de parados y la bajada de los tipos de interés. Este elevado déficit convierte a España en el país de la zona del euro con mayor desequilibrio fiscal. Son malas noticias, porque con un crecimiento superior al 3% y mayor recaudación fiscal las Administraciones Públicas deberían hacer más esfuerzos para reducir el déficit y, con ello, la deuda pública sobre PIB. España es un país muy endeudado que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. La política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no es así por los intereses electorales.

Mayor ortodoxia

No se ganan unas elecciones porque se devuelva a los funcionarios parte de la paga que se les debe o porque nos encontremos en la nómina a final de mes con unos pocos euros más. Se ganan cuando se sabe comunicar al electorado la política económica necesaria (también la fiscal) para aumentar el bienestar de los ciudadanos a largo plazo. Hay que explicar que una política fiscal más ortodoxa permitiría mejorar la buena marcha de la economía e infundir confianza en los acreedores. Esta mayor confianza se trasladaría a los empresarios, lo que generaría mayor inversión y más empleo. España necesita, por tanto, políticas que consigan que la economía continúe por la senda de la estabilidad y el crecimiento. Hace ya cuatro años que vamos por el buen camino. Se está reforzando el círculo virtuoso de altos niveles de confianza, buenos resultados económicos y aumento del bienestar. El elevado crecimiento del PIB en el último año ha venido de la mano de la mejora del empleo, del crecimiento del consumo y de la compra de viviendas y de una mayor recaudación. Un crecimiento más rápido que ha significado también ingresos fiscales más elevados, lo que debería permitir reducir la elevada deuda pública en manos de los acreedores.

Insisto, no se ganan las elecciones con un gasto público populista. Las elecciones se ganan, como se ha visto en las últimas municipales y autonómicas, cuando se prometen y se cumplen las demandas de la sociedad civil: listas abiertas, eliminar la corrupción, no llevar imputados en las listas, más democracia interna en los partidos introduciendo primarias y eliminar ayuntamientos pequeños y diputaciones. Es decir, cuando existe la voluntad política de afrontar las reformas necesarias para que se revitalice la vida política y se reduzca el gasto público que no es estrictamente necesario.

Pero es que, además, la economía es cíclica y podría ocurrir que a partir de 2017 empeorase la situación en que nos encontramos. Si eso ocurriese, habría que aplicar una política fiscal más expansiva, con el consiguiente aumento de la deuda. Por eso, yerra el ministro de Economía, Luis de Guindos, al afirmar que el adelanto de la rebaja del IRPF es compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit del 4,2% del PIB para 2015. Dos motivos lo explican: 1º) las previsiones de los analistas muestran que el déficit este año será mayor al previsto por el Gobierno y 2º) porque aunque fuera compatible, hubiera sido mejor optar por reducir el déficit antes que por bajar los impuestos.

Lo ideal sería poder bajar los impuestos; pero esta rebaja tendría que ir acompañada de una mayor reducción del gasto público. La mayoría de los estudios empíricos (y también el propio caso de la economía española) señalan que una política fiscal restrictiva aumenta la producción y el empleo. Además, los ajustes fiscales basados en recortes del gasto y en reformas de las administraciones (que no se han hecho, ni se las espera) tienen más posibilidades de éxito que los que se basan en aumentos de los ingresos.

El quinto Presupuesto de Rajoy se enmarca en una situación de buen comportamiento de la economía española y europea. Sus previsiones sobre el crecimiento y empleo y, por tanto, sobre los ingresos y gastos del Estado, serán realistas. Y el objetivo de déficit que se ha propuesto es fácil de alcanzar. En este contexto, no estaría de más que se plantease reducirlo aún más. Se conseguiría así aumentar la confianza de los mercados, proveer al sector privado de más financiación, bajar los tipos de interés y reducir los intereses de la deuda.

Fuente: Rafael Pampillón. «¿Cómo deberían ser los Presupuestos?». Expansión, 11 de julio de 2015. Pagina 39.