El INE ha informado esta semana que, según sus proyecciones, en España dentro de 40 años la proporción de la población mayor de 64 años pasará a representar el 37% del total frente al 17,4% actual. Los mayores de 64 años son hoy 8 millones y en 2.052 serán 15,2.

Desde hace años, muchos economistas venimos advirtiendo a los distintos gobiernos de España sobre el riesgo de desequilibrios presupuestarios futuros como consecuencia del mayor gasto en sanidad y materia de pensiones. También la OCDE, en su informe periódico sobre la economía española, suele insistir sobre la necesidad de modificar el sistema de pensiones: alargar la edad de jubilación, computar en el cálculo de las pensiones todo lo cotizado por el trabajador, introducir elementos de capitalización, aumentar la natalidad, etc. Subir los impuestos y rebajar las prestaciones es otra salida, pero muy impopular. Otra posibilidad sería elevar las cotizaciones sociales por trabajador –que económicamente equivale a subir el impuesto sobre el trabajo- lo que provocaría más desempleo.

¿Por qué tanta preocupación sobre las pensiones? La respuesta más extendida a esta pregunta es que en muy pocas décadas España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. Este rápido proceso de envejecimiento de la población se produce como consecuencia de la tasa de fecundidad –una de las más bajas del mundo (1,36 hijos por mujer)– y del aumento de la esperanza de vida. En la actualidad las mujeres nacidas en España están entre las europeas más longevas con 85 años, frente a una media en Europa de 80, mientras los hombres se sitúan en los 79 –la media europea masculina está en 72 años–. Ambos elementos –baja natalidad y aumento de la esperanza de vida– determinan ese aumento del envejecimiento de la población.

El envejecimiento vendrá acompañado lógicamente, de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que trabajan. Con otras palabras, sobre el conjunto de la población la proporción de gente que trabaja está disminuyendo. Así, según el INE, en 2052, por cada persona en edad de trabajar, habrá en España otra potencialmente inactiva, es decir, menor de 16 años o mayor de 64. En concreto, la tasa de dependencia se elevará hasta el 99,5%, desde el 50,4% actual.

Por tanto, cada vez más un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor número de jubilados. Esto significa que, proporcionalmente, menos trabajadores tendrán que pagar cada vez más impuestos porque el Gobierno necesitará atender más servicios sociales: pensiones y gastos médicos de los mayores. La Seguridad Social consumirá cada año una parte más importante de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad española de garantizar el sistema público de pensiones. Una solución al problema sería aumentar el crecimiento de la productividad lo que significaría reducir el porcentaje que supone el gasto de las pensiones sobre el PIB.

El aumento de la productividad

La productividad es efectivamente, una de las variables que más influye sobre el sistema de pensiones. La existencia de altas tasas de productividad puede acelerar el crecimiento del PIB y favorecer así el mantenimiento del sistema de pensiones. A mayor productividad, mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social. ¿Cómo aumentar la productividad? La mejora de la productividad tiene que ver con las mejoras tecnológicas y organizativas. Cuando muchas empresas españolas están cerrando sus puertas los aumentos de productividad pasan también por facilitar el proceso de creación de empresas modernas, competitivas y duraderas a largo plazo. Para ello se precisa orientar el sistema económico hacia la innovación y el emprendimiento. Otros países (Finlandia, Israel, etc.) lo han hecho en poco tiempo. Han sabido poner en marcha programas estatales de incubadoras de empresas y de coinversión con emprendedores que en pocos años han dado resultados espectaculares.

España puede y debe seguir ese camino. Para ello se debería fomentar la creación de fondos de capital riesgo tanto públicos como privados (pero sobre todo privados) que inviertan en proyectos que combinen la creación de nuevas empresas con la innovación tecnológica. El crecimiento de la productividad supone, por tanto, apoyar programas de investigación y desarrollo (I+D), procurando que dichos programas de investigación se conviertan en proyectos empresariales generadores de empleo.

La mejora tecnológica

Este miércoles el INE informó que el gasto español en Investigación y Desarrollo (I+D) registró en el año 2011 un descenso del 2,8% con respecto al año 2010, la mayor caída en tres décadas. Una mala noticia ya que tanto las empresas como las Administraciones Públicas deben incrementar aquellas actividades sobre las que se construye la necesaria mejora de la competitividad de la economía. Se debería recortar, en cambio, la grasa que sobra en el sector público. Y en este sentido la mayoría de los economistas están de acuerdo en que el gobierno debería eliminar gastos corrientes improductivos y mantener la financiación de aquellas actividades que mejoran la competitividad como es el caso de la educación y la investigación. Sobre todo aquella investigación que puede generar conocimientos susceptibles de ser patentados, es decir, que sirvan para la producción de bienes y servicios.

Este camino ya se ha empezado a recorrer: la productividad de las empresas españolas está creciendo y la competitividad de nuestros bienes y servicios aumenta a pasos agigantados. En los últimos 3 años 30.000 empresas españolas, que antes no exportaban, ahora lo hacen. Un dato: el jueves el Ministerio Economía y Competitividad informó que durante los nueve primeros meses del año las exportaciones de bienes aumentaron un 3,7%.

Conclusión

En conclusión, ante el fuerte envejecimiento de la población que se está produciendo y que se producirá todavía más en las próximas décadas es preciso tomar medidas para facilitar la viabilidad financiera de las pensiones. Una solución imprescindible es el aumento de la productividad. Y para ello se necesita hacer un esfuerzo mayor en investigación lo que se traduciría en un mayor nivel tecnológico. En este sentido, se debe procurar que la política tecnológica se fije como objetivo contribuir al desarrollo económico del país y tener centros de excelencia investigadora conectados con las necesidades del sector privado, capaces, por tanto, de preguntarse y de dar respuesta a las necesidades del mercado.

Y junto con ese suministro de tecnología hace falta financiación. Hay que desarrollar mecanismos financieros que apoyen proyectos que combinen innovación y emprendimiento. Es ahí donde se debe incidir si se quiere realmente seguir generando una economía sostenible y creadora de empleo duradero. En definitiva, buscar fórmulas (“business angels”, semilleros de empresas, “incubadoras”, fondos de coinversión, etc.) que permitan seleccionar proyectos en fases tempranas que puedan convertirse en empresas competitivas.

Fuente: Rafael Pampillón. “Pensiones, productividad y creación de empresas”. Expansión. 24 de noviembre de 2012. página 26.