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    [post_content] => En los últimos años, los Ayuntamientos españoles han incrementado brutalmente el tamaño de su sector público emresarial pasando de 465 empresas en el año 1998 a 1.251 en la actualidad. Por su parte las Comunidades Autónomas cuentan con 950 empresas públicas tal como publicamos en el post ¿Ha llegado el momento de reducir el tamaño del sector público de las Comunidades Autónomas? .

La situación actual de la economía española con elevado déficit público y el consiguiente aumento de la deuda de las Administraciones Públicas españolas exigen cambios profundos en ese sector público empresarial. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, deben cerrar o privatizar gran parte de las empresas públicas.

Esto se debe a que muchas de ellas no sólo tienen pérdidas, sino que además no son necesarias para los ciudadanos. Y aún cuando prestan servicios necesarios, en muchos casos tienen costes muy altos y elevados niveles de ineficiencia.

La mejor solución para muchas de estas empresas públicas es, por eso, cerrarlas o privatizarlas. La experiencia muestra que la privatización de las empresas públicas incrementa la productividad y eficiencia y mejora la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Se consigue, además, introducir más competencia y estímulo en la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción para los ciudadanos.

Las privatizaciones, si están bien diseñadas, pueden generar, por tanto, fuertes incrementos de la productividad de las empresas públicas que ahora están gestionadas por los municipios y comunidades autónomas, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor bienes o servicios. La experiencia de otras privatizaciones como las de Telefónica, Repsol, Endesa, Aldeasa, Enatcar, Santa Bárbara, Aceralia, etc., muestra que en mercados competitivos o adecuadamente regulados la maximización del beneficio supone, al mismo tiempo, la máxima eficiencia. La privatización reduciría, además, las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial municipal y autonómico.

Disminución del déficit público

Las privatizaciones no suponen sólo un ingreso puntual de dinero en el erario público como fruto de la venta de la empresa pública, sino que reducen también el déficit público al quedar eliminados los déficits operativos (subvenciones) que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas de la Administración Pública. Si además, tal como se ha demostrado en España, las empresas, una vez privatizadas, realizan una mejor gestión empresarial, se podrán ingresar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan.

Corrupción

Un aspecto fundamental de cualquier proceso de privatizaciones es que la venta de las empresas públicas se haga con transparencia, publicidad y concurrencia. Se consigue con ello reducir fuertemente las posibilidades de corrupción y el uso de información confidencial, elementos que originan ganancias privilegiadas para los que están implicados en ese proceso de venta de bienes públicos.

La corrupción se debe evitar y perseguir, ya que reduce la confianza ciudadana en sus gobernantes, vulnera el imperio de la ley y socava la credibilidad de los políticos. Cuando hay corrupción, los que gobiernan son percibidos como un grupo que está en el poder para apropiarse de rentas que no están destinadas para su disfrute personal.

La corrupción reduce la eficacia de los procesos de privatización porque evita la maximización del precio de la venta. Los contribuyentes (que somos los verdaderos propietarios de las empresas públicas) tenemos derecho a recibir el mayor ingreso posible por la venta de las empresas públicas. Cuando los que gobiernan no introducen criterios de transparencia, concurrencia y publicidad en los procesos de privatización se produce un sentimiento de decepción y escepticismo en los ciudadanos, que observan con un creciente recelo y desconfianza como una parte de los ingresos de las privatizaciones, que deberían aumentar los ingresos del Estado, la capturan los políticos.

Detección de errores

La mayor transparencia expone el proceso a una mayor publicidad, lo que facilita la detección oportuna de eventuales errores y permite determinar si los objetivos establecidos por el gobierno autonómico o municipal, tanto en lo relativo al proceso de privatización como al resultado final, se han cumplido de forma razonable. La transparencia facilita además el proceso de aprendizaje (que es parte inherente a todo programa de privatización) y aumenta el flujo de información, lo que contribuye a la eficiencia global del mercado y a la maximización de los precios.

La experiencia privatizadora de las empresas pertenecientes al Estado Central

Cuando hay transparencia y competencia, no sólo para la venta de la empresa sino también en la elección de los distintos participantes en las operaciones de privatización (asesores, coordinadores globales, valoradores, etc.), se detectan con facilidad posibles conflictos de interés en el proceso por parte de cualquiera de los participantes en una operación de privatización.

La experiencia de privatización de las empresas que antes pertenecían al Estado (a través de la Sepi, Seppa, Agencia Industrial del Estado, Ministerio de Fomento, etc.) podría ser muy útil a las comunidades autónomas y municipios. Se conseguiría mejorar la oferta de servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad con efectos catalizadores que permitirían aumentar la actividad económica y, por tanto, y también por esta vía, los ingresos fiscales.

En resumen, un proceso de privatización bien hecho con trasparencia, publicidad y concurrencia no sólo puede aumentar los ingresos para los municipios y comunidades autónomas españolas, sino que puede generar también nuevas inversiones destinadas a modernizar la instalación y los equipos de las empresas privatizadas.

El Sector Público español tiene la oportunidad y el reto de hacer crecer nuestra economía. Privatizar empresas públicas ha sido, en otras épocas, un camino de exito y de aumento de productividad para la economía española. Esperemos que los que nos gobiernan sepan hacerlo con trasparencia, concurrencia y publicidad.

Fuente: Rafael Pampillón. "Privatización de empresas municipales y autonómicas". Expansión, 6, 7 y 8 de abril der 2012, página 42.
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La situación actual de la economía española con elevado déficit público y el consiguiente aumento de la deuda de las Administraciones Públicas españolas exigen cambios profundos en ese sector público empresarial. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, deben cerrar o privatizar gran parte de las empresas públicas.

Esto se debe a que muchas de ellas no sólo tienen pérdidas, sino que además no son necesarias para los ciudadanos. Y aún cuando prestan servicios necesarios, en muchos casos tienen costes muy altos y elevados niveles de ineficiencia.

La mejor solución para muchas de estas empresas públicas es, por eso, cerrarlas o privatizarlas. La experiencia muestra que la privatización de las empresas públicas incrementa la productividad y eficiencia y mejora la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Se consigue, además, introducir más competencia y estímulo en la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción para los ciudadanos.

Las privatizaciones, si están bien diseñadas, pueden generar, por tanto, fuertes incrementos de la productividad de las empresas públicas que ahora están gestionadas por los municipios y comunidades autónomas, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor bienes o servicios. La experiencia de otras privatizaciones como las de Telefónica, Repsol, Endesa, Aldeasa, Enatcar, Santa Bárbara, Aceralia, etc., muestra que en mercados competitivos o adecuadamente regulados la maximización del beneficio supone, al mismo tiempo, la máxima eficiencia. La privatización reduciría, además, las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial municipal y autonómico.

Disminución del déficit público

Las privatizaciones no suponen sólo un ingreso puntual de dinero en el erario público como fruto de la venta de la empresa pública, sino que reducen también el déficit público al quedar eliminados los déficits operativos (subvenciones) que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas de la Administración Pública. Si además, tal como se ha demostrado en España, las empresas, una vez privatizadas, realizan una mejor gestión empresarial, se podrán ingresar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan.

Corrupción

Un aspecto fundamental de cualquier proceso de privatizaciones es que la venta de las empresas públicas se haga con transparencia, publicidad y concurrencia. Se consigue con ello reducir fuertemente las posibilidades de corrupción y el uso de información confidencial, elementos que originan ganancias privilegiadas para los que están implicados en ese proceso de venta de bienes públicos.

La corrupción se debe evitar y perseguir, ya que reduce la confianza ciudadana en sus gobernantes, vulnera el imperio de la ley y socava la credibilidad de los políticos. Cuando hay corrupción, los que gobiernan son percibidos como un grupo que está en el poder para apropiarse de rentas que no están destinadas para su disfrute personal.

La corrupción reduce la eficacia de los procesos de privatización porque evita la maximización del precio de la venta. Los contribuyentes (que somos los verdaderos propietarios de las empresas públicas) tenemos derecho a recibir el mayor ingreso posible por la venta de las empresas públicas. Cuando los que gobiernan no introducen criterios de transparencia, concurrencia y publicidad en los procesos de privatización se produce un sentimiento de decepción y escepticismo en los ciudadanos, que observan con un creciente recelo y desconfianza como una parte de los ingresos de las privatizaciones, que deberían aumentar los ingresos del Estado, la capturan los políticos.

Detección de errores

La mayor transparencia expone el proceso a una mayor publicidad, lo que facilita la detección oportuna de eventuales errores y permite determinar si los objetivos establecidos por el gobierno autonómico o municipal, tanto en lo relativo al proceso de privatización como al resultado final, se han cumplido de forma razonable. La transparencia facilita además el proceso de aprendizaje (que es parte inherente a todo programa de privatización) y aumenta el flujo de información, lo que contribuye a la eficiencia global del mercado y a la maximización de los precios.

La experiencia privatizadora de las empresas pertenecientes al Estado Central

Cuando hay transparencia y competencia, no sólo para la venta de la empresa sino también en la elección de los distintos participantes en las operaciones de privatización (asesores, coordinadores globales, valoradores, etc.), se detectan con facilidad posibles conflictos de interés en el proceso por parte de cualquiera de los participantes en una operación de privatización.

La experiencia de privatización de las empresas que antes pertenecían al Estado (a través de la Sepi, Seppa, Agencia Industrial del Estado, Ministerio de Fomento, etc.) podría ser muy útil a las comunidades autónomas y municipios. Se conseguiría mejorar la oferta de servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad con efectos catalizadores que permitirían aumentar la actividad económica y, por tanto, y también por esta vía, los ingresos fiscales.

En resumen, un proceso de privatización bien hecho con trasparencia, publicidad y concurrencia no sólo puede aumentar los ingresos para los municipios y comunidades autónomas españolas, sino que puede generar también nuevas inversiones destinadas a modernizar la instalación y los equipos de las empresas privatizadas.

El Sector Público español tiene la oportunidad y el reto de hacer crecer nuestra economía. Privatizar empresas públicas ha sido, en otras épocas, un camino de exito y de aumento de productividad para la economía española. Esperemos que los que nos gobiernan sepan hacerlo con trasparencia, concurrencia y publicidad.

Fuente: Rafael Pampillón. «Privatización de empresas municipales y autonómicas«. Expansión, 6, 7 y 8 de abril der 2012, página 42.