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    [post_content] =>  El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado, lo que ya todos sabíamos, que Televisión Española (TVE) pierde mucho dinero: hay sueldos de directivos y trabajadores muy elevados en comparación con los de las televisiones privadas. Como consecuencia los costes de emitir programas también son muy superiores a los de las televisiones privadas.

 Las televisiones autonómicas

 Desgraciadamente, los gobiernos no suelen estar dispuestos a que las televisiones públicas dejen de ser públicas o dejen de existir. Guste o no las televisiones públicas (incluidas las autonómicas y locales) son un instrumento al servicio del gobierno de turno, independientemente de su color. Cualquier gobierno municipal, autonómico o central sabe que, de cara a unas elecciones, la televisión que controla le da un puñado de votos. 

 España es el país del mundo con más televisiones públicas por lo que el Gobierno de Rajoy debería Impulsar una ley para que los parlamentos autonómicos puedan privatizar esos canales.  Estas televisiones tienen todavía menos sentido en estos momentos en que existen serias dificultades para financiar los servicios básicos de educación, sanidad, justicia, orden público, pensiones, etc. 



 El elevado déficit que suponen, para el contribuyente las televisiones públicas, hace que sea muy difícil defender su existencia como empresa pública (servicio público) con unos programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas.

 ¿Qué hacemos con TVE?

 Es muy probable que el gobierno intente solucionar el problema de TVE reduciendo el tamaño de la empresa para conseguir que pierda menos dinero. El redimensionamiento puede ser una solución otras soluciones, quizá más radicales pero con menos coste para el contribuyente, serían privatizarla o cerrarla.

 La privatización, o si eso no fuera posible el cierre, conseguiría, 1) reducir las distorsiones económicas en el sector de los medios de comunicación, 2) reducir el déficit público y, por tanto, la deuda publica, 3) evitaría el adoctrinamiento ideológico de los televidentes, 4) se eliminaría la politización de nombramientos de presidentes, consejeros, directivos y locutores en TVE.

 Mejorar la eficiencia empresarial

 Tanto el redimensionamiento como la privatización o cierre, tendría la gran ventaja de reducir el déficit público, en  unos momentos, en que se ha vuelto un grave problema para el Estado. Se trata sobretodo de mejorar la eficiencia empresarial. La privatización, cuando es posible y tal como se ha demostrado en España en los últimos quince años, mejoraría la racionalización, la eficiencia y la modernización económica de empresas que no tienen ningún fundamento para que sigan permaneciendo en el ámbito público.

 Las privatizaciones en España

 La experiencia privatizadora española, en los últimos años, ha demostrado de forma efectiva que el sector público no tiene por qué tener compañías telefónicas, ni bancos, ni fábricas de aluminio, acero o de pasta de papel, ni debe dedicarse a la generación de energía eléctrica, ni a transportar a los ciudadanos por tierra, mar y aire. Ni tampoco debe tener minas, televisiones, aeropuertos, hipódromos, cadenas hoteleras, etc. Es poco defendible que el Estado se dedique a esas actividades y privatizar su gestión parece lógico. De ahí que el Gobierno deba favorecer el debate para que las televisiones públicas, si es que alguien la quiera comprar, dejen de ser pública y pasen a manos privadas. Y si nadie las quier comprar muchas de ellas, las que pierden dinero, se deberían cerrar.
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 Las televisiones autonómicas

 Desgraciadamente, los gobiernos no suelen estar dispuestos a que las televisiones públicas dejen de ser públicas o dejen de existir. Guste o no las televisiones públicas (incluidas las autonómicas y locales) son un instrumento al servicio del gobierno de turno, independientemente de su color. Cualquier gobierno municipal, autonómico o central sabe que, de cara a unas elecciones, la televisión que controla le da un puñado de votos. 

 España es el país del mundo con más televisiones públicas por lo que el Gobierno de Rajoy debería Impulsar una ley para que los parlamentos autonómicos puedan privatizar esos canales.  Estas televisiones tienen todavía menos sentido en estos momentos en que existen serias dificultades para financiar los servicios básicos de educación, sanidad, justicia, orden público, pensiones, etc. 

 El elevado déficit que suponen, para el contribuyente las televisiones públicas, hace que sea muy difícil defender su existencia como empresa pública (servicio público) con unos programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas.

 ¿Qué hacemos con TVE?

 Es muy probable que el gobierno intente solucionar el problema de TVE reduciendo el tamaño de la empresa para conseguir que pierda menos dinero. El redimensionamiento puede ser una solución otras soluciones, quizá más radicales pero con menos coste para el contribuyente, serían privatizarla o cerrarla.

 La privatización, o si eso no fuera posible el cierre, conseguiría, 1) reducir las distorsiones económicas en el sector de los medios de comunicación, 2) reducir el déficit público y, por tanto, la deuda publica, 3) evitaría el adoctrinamiento ideológico de los televidentes, 4) se eliminaría la politización de nombramientos de presidentes, consejeros, directivos y locutores en TVE.

 Mejorar la eficiencia empresarial

 Tanto el redimensionamiento como la privatización o cierre, tendría la gran ventaja de reducir el déficit público, en  unos momentos, en que se ha vuelto un grave problema para el Estado. Se trata sobretodo de mejorar la eficiencia empresarial. La privatización, cuando es posible y tal como se ha demostrado en España en los últimos quince años, mejoraría la racionalización, la eficiencia y la modernización económica de empresas que no tienen ningún fundamento para que sigan permaneciendo en el ámbito público.

 Las privatizaciones en España

 La experiencia privatizadora española, en los últimos años, ha demostrado de forma efectiva que el sector público no tiene por qué tener compañías telefónicas, ni bancos, ni fábricas de aluminio, acero o de pasta de papel, ni debe dedicarse a la generación de energía eléctrica, ni a transportar a los ciudadanos por tierra, mar y aire. Ni tampoco debe tener minas, televisiones, aeropuertos, hipódromos, cadenas hoteleras, etc. Es poco defendible que el Estado se dedique a esas actividades y privatizar su gestión parece lógico. De ahí que el Gobierno deba favorecer el debate para que las televisiones públicas, si es que alguien la quiera comprar, dejen de ser pública y pasen a manos privadas. Y si nadie las quier comprar muchas de ellas, las que pierden dinero, se deberían cerrar.