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    [post_content] => En el año 2002 se aprobó en Austria una reforma laboral cuyos planteamientos iban encaminados a mejorar la protección de los trabajadores y a reducir el coste del despido, simultáneamente. Era el origen del modelo austriaco, que el Partido Popular lleva en su programa electoral y que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá el encargo de implantar en España. Este modelo, además, fue uno de los temas centrales de la parte económica del debate televisivo que enfrentó a los dos candidatos a la presidencia del Gobierno.



 El modelo austriaco, tal como se puso en funcionamiento en dicho país,  consistía en lo siguiente: los empleadores contribuyen anualmente con un 1,32% del salario libre de impuestos a la constitución de unas cuentas de salario individuales, nominativas de cada trabajador. A cambio de eso –y este asunto es el fondo del debate- la indemnización por despido se reduce sustancialmente o incluso desaparece. Es decir, el empresario empieza a dotar, mes a mes, un fondo que sustituye a una hipotética –el trabajador podría no ser despedido nunca- indemnización por despido.

El trabajador, a medida que acumula años de trabajo va viendo crecer el volumen de los recursos depositados en su cuenta nominativa. Dichos recursos acumulados en la cuenta pueden utilizarse en el caso de que el trabajador quede en desempleo o, de no ser así, en el momento de su jubilación. Una de las grandes ventajas de este sistema radica en que si el trabajador cambia de trabajo su cuenta permanece, por lo que al cambiar de empleo el trabajador no está renunciando a la potencial indemnización por despido que percibiría en caso de permanecer en su empleo y ser eventualmente despedido en algún momento del futuro. Se favorece por tanto la movilidad de los trabajadores y se incrementa el ahorro.

El sistema austriaco, que cuenta con experiencias exitosas en su implantación práctica, puede representar una oportunidad para España, ya sea en estado puro o complementado con la modalidad de unos costes de despido moderados pero crecientes a cargo del empleador, para solucionar uno de los problemas más serios de nuestro mercado de trabajo, la dualidad existente derivada de la enorme diferencia en costes de despido entre los contratos indefinidos y los temporales. Este cambio generaría mejoras en todos los agentes afectados:

	
En la empresa, porque no tendría que asumir un coste tan elevado como en la actualidad en el caso de tener que reducir plantillas “protegidas” por contratos indefinidos.
	
Para los trabajadores con contratos temporales, porque pasarían a tener un contrato único de trabajo –la idea podría ser igualar el coste de despido de los contratos temporales e indefinidos, con lo que de facto iríamos a una especie de contrato único-, con un mayor nivel de protección que en la actualidad.
	
Para los trabajadores con contratos indefinidos, que aunque parece que son los grandes beneficiados del actual sistema, también salen perjudicados, ya que cuando acumulan cierta antigüedad en una empresa la expectativa de una elevada indemnización –que pueden no cobrar nunca, si no son despedidos– puede limitar claramente sus posibilidades de desarrollo profesional ligadas a un cambio de empresa.

Lógicamente, la adopción de un modelo similar al austriaco, en cualquiera de sus modalidades, implica tener que destinar parte de las cotizaciones sociales a dotar las cuentas individuales de los trabajadores. Este cambio no debiera suponer un incremento de las cotizaciones sociales actualmente pagadas, sino que sería necesario reducir las cotizaciones en otros conceptos, lo que no parece descabellado dado que el sistema planteado puede suponer ahorros en otros aspectos. Es claro que sería necesario, en cualquier caso, un replanteamiento del sistema actual de cotizaciones sociales, para dotarlo de una mayor racionalidad y adaptarlo a los cambios introducidos.

Finalmente, otro reto es el de determinar si el nuevo sistema se aplica sólo al flujo de nuevos contratos –lo más fácil, pero entonces el sistema alcanzará su plenitud en un período muy largo de tiempo, a medida que el stock actual de contratos indefinidos vaya siendo sustituido por nuevos contratos- o si es posible encontrar alguna fórmula para aplicarlo al stock.
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En el año 2002 se aprobó en Austria una reforma laboral cuyos planteamientos iban encaminados a mejorar la protección de los trabajadores y a reducir el coste del despido, simultáneamente. Era el origen del modelo austriaco, que el Partido Popular lleva en su programa electoral y que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá el encargo de implantar en España. Este modelo, además, fue uno de los temas centrales de la parte económica del debate televisivo que enfrentó a los dos candidatos a la presidencia del Gobierno.

 El modelo austriaco, tal como se puso en funcionamiento en dicho país,  consistía en lo siguiente: los empleadores contribuyen anualmente con un 1,32% del salario libre de impuestos a la constitución de unas cuentas de salario individuales, nominativas de cada trabajador. A cambio de eso –y este asunto es el fondo del debate- la indemnización por despido se reduce sustancialmente o incluso desaparece. Es decir, el empresario empieza a dotar, mes a mes, un fondo que sustituye a una hipotética –el trabajador podría no ser despedido nunca- indemnización por despido.

El trabajador, a medida que acumula años de trabajo va viendo crecer el volumen de los recursos depositados en su cuenta nominativa. Dichos recursos acumulados en la cuenta pueden utilizarse en el caso de que el trabajador quede en desempleo o, de no ser así, en el momento de su jubilación. Una de las grandes ventajas de este sistema radica en que si el trabajador cambia de trabajo su cuenta permanece, por lo que al cambiar de empleo el trabajador no está renunciando a la potencial indemnización por despido que percibiría en caso de permanecer en su empleo y ser eventualmente despedido en algún momento del futuro. Se favorece por tanto la movilidad de los trabajadores y se incrementa el ahorro.

El sistema austriaco, que cuenta con experiencias exitosas en su implantación práctica, puede representar una oportunidad para España, ya sea en estado puro o complementado con la modalidad de unos costes de despido moderados pero crecientes a cargo del empleador, para solucionar uno de los problemas más serios de nuestro mercado de trabajo, la dualidad existente derivada de la enorme diferencia en costes de despido entre los contratos indefinidos y los temporales. Este cambio generaría mejoras en todos los agentes afectados:

• En la empresa, porque no tendría que asumir un coste tan elevado como en la actualidad en el caso de tener que reducir plantillas “protegidas” por contratos indefinidos.
• Para los trabajadores con contratos temporales, porque pasarían a tener un contrato único de trabajo –la idea podría ser igualar el coste de despido de los contratos temporales e indefinidos, con lo que de facto iríamos a una especie de contrato único-, con un mayor nivel de protección que en la actualidad.
• Para los trabajadores con contratos indefinidos, que aunque parece que son los grandes beneficiados del actual sistema, también salen perjudicados, ya que cuando acumulan cierta antigüedad en una empresa la expectativa de una elevada indemnización –que pueden no cobrar nunca, si no son despedidos– puede limitar claramente sus posibilidades de desarrollo profesional ligadas a un cambio de empresa.

Lógicamente, la adopción de un modelo similar al austriaco, en cualquiera de sus modalidades, implica tener que destinar parte de las cotizaciones sociales a dotar las cuentas individuales de los trabajadores. Este cambio no debiera suponer un incremento de las cotizaciones sociales actualmente pagadas, sino que sería necesario reducir las cotizaciones en otros conceptos, lo que no parece descabellado dado que el sistema planteado puede suponer ahorros en otros aspectos. Es claro que sería necesario, en cualquier caso, un replanteamiento del sistema actual de cotizaciones sociales, para dotarlo de una mayor racionalidad y adaptarlo a los cambios introducidos.

Finalmente, otro reto es el de determinar si el nuevo sistema se aplica sólo al flujo de nuevos contratos –lo más fácil, pero entonces el sistema alcanzará su plenitud en un período muy largo de tiempo, a medida que el stock actual de contratos indefinidos vaya siendo sustituido por nuevos contratos- o si es posible encontrar alguna fórmula para aplicarlo al stock.