El Gobierno de España decidió la semana pasada no seguir adelante con la privatización de la gestión de los dos grandes aeropuertos de AENA: Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat). El motivo alegado por el Gobierno para la suspensión del proceso fue que el precio que ofrecían las posibles empresas que se iban a encargar de la gestión de los aeropuertos era bajo. Estaba por debajo del precio al que el Gobierno creía que se debería cobrar. Y en esa circunstancia es preferible no vender a malvender.

Desgraciadamente, durante este año 2011, los accionistas de AENA (los ciudadanos españoles) hemos sufrido fuertes presiones de los partidos políticos y de de los sindicatos para que la privatización no se hiciera todo lo bien que convenía. Así, el Gobierno aprobó  en Consejo de Ministro, que en el caso de que se privatizase algún aeropuerto, se crease un organismo de vigilancia de la gestión aeroportuaria formada por representantes de los sindicatos y de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento vinculados al aeropuerto.

Desde mi punto de vista esa decisión fue un error, ya que al introducir en la gestión del aeropuerto un Consejo parecido al que tienen las Cajas de Ahorros haría más ineficiente la gestión.  Lógicamente las posibles empresas licitadoras para la gestión de un aeropuerto están dsipuestas a pagar más si no se les ponen trabas ni burocracias. Y al igual que el propietario de un piso cuando quiere venderlo quiere obtener el máximo precio por su venta, los propietarios de AENA también queremos que se maximice el precio de la venta de la gestión de los aeropuertos siempre y cuando mejore su eficiencia.

Es decir, los españoles queremos que la venta de la gestión  del aeropuerto se venda bien (máximio precio) a la vez que la empresa concesionaria mejora el servicio y se abaratan los costes del transporte aéreo. Ello, sin duda, incrementaría el bienestar de los ciudadanos y la productividad de nuestras empresas.

En definitiva, se trata de maximizar la venta de los activos del Estado (empresas públicas) para reducir al máximo los pasivos (deuda pública). Como la reducción de la deuda pública es un tema urgente e importante habrá que volver a retomar las privatizaciones que han dejado pendiente el actual gobierno “provisional” de España y algunas más. 

Pero para que la privatización de los aeropuertos se haga bien es preciso que también se reduzcan las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en la gestión del servicio aeroportuario. Se trata, en definitiva, de que después de las Elecciones Generales del 20 de Noviembre el nuevo gobierno que salga de las urnas retome la privatización de los aerpuertos de España eliminando la figura de “consejo de seguimiento o vigilancia de la gestión aeroportuaria”.