El diputado de IU, Gaspar Llamazares  registró el pasado viernes una proposición no de ley en el Congreso contraria a ligar los salarios exclusivamente a la productividad y a cualquier restricción de la «indexación salarial» (la práctica de ajustar los crecimientos salariales a la tasa de inflación pasada cuando ésta ha superado la prevista). Esta proposición no de ley se enmarca dentro del proceso de reforma de la negociación colectiva, cuyo principal caballo de batalla tiene que ver con la supuesta falta de relación entre los crecimientos salariales pactados en convenio y la evolución de la productividad laboral en España.

Los incrementos salariales pactados en convenio han estado siempre alejados no sólo de la evolución de la productividad laboral, sino también de otros indicadores macroeconómicos como el empleo o el crecimiento de nuestro PIB (ver gráfico 1. Fuentes: FMI, INE y Ministerio e Trabajo). Es especialmente sorprendente el dato de 2009, año en el que la subida salarial media pactada en convenio fue del 2,5% al mismo tiempo que se destruía el 7,5% del empleo.

En el gráfico se muestra que la única variable a la que parece ligada la evolución de los salarios pactados en convenios es la inflación. Esto se debe a que la práctica habitual es fijar subidas salariales en función de la inflación prevista y ajustar estas subidas si la inflación finalmente experimentada es superior a la prevista (los salarios pactados en convenio no se ajustan ex post cuando la inflación acaba siendo inferior a la prevista). Esto tiene un doble efecto negativo sobre nuestro índice de precios. Retroalimenta las tendencias alcistas y aumenta su resistencia a la baja. No es de sorprender que nuestra tasa de inflación haya sido un punto y medio superior a la de los países de nuestro entorno en los últimos diez años, lo que ha mermado nuestra competitividad y empleo.

En cierta medida da la impresión que los sindicatos actúan como una empresa que fija el precio de su producto sin importarle ni el nivel de ventas ni la evolución de la calidad de ese producto. Cualquier empresa que actuase de este modo quebraría en cuestión de pocos años. ¿Qué permite a los sindicatos funcionar de esta forma? Parte de la respuesta pasa necesariamente por reconocer que el sistema actual de negociación colectiva y de regulación del mercado de trabajo permite que los sindicatos sufran poco las consecuencias de sus propias decisiones.

Su público objetivo más directo, los afiliados, acostumbran a ser trabajadores de grandes empresas muy protegidos por la legislación laboral vigente en nuestro país (protección al despido para los que disponen de un contrato indefinido). Esta clientela es fiel pero reducida. En España, la afiliación sindical es de las más bajas de Europa (alrededor del 15%), pero la cobertura salarial – el porcentaje de trabajadores cuyos salarios se ven afectados por los convenios sindicales – es de las más amplias (un 80%) (ver gráfico 2. Fuente: OCDE). Así, los sindicatos en España tienen un gran impacto pero responden ante un público reducido y protegido de sus propias decisiones.

Los trabajadores de las PYMES y los trabajadores con contrato temporal son los más negativamente afectados por aumentos desproporcionados de salarios en convenio colectivo, pero no están representados en las decisiones de los sindicatos que normalmente se toman a nivel provincial y sectorial. Bien por falta de tamaño, en el caso de los trabajadores de las PYMES, bien por falta de antigüedad en la empresa, estos trabajadores no participan en las elecciones sindicales.

Todo ello se ve reforzado por la extensión administrativa de los acuerdos sindicales, la dificultad de ‘descuelgue’ a nivel de empresa,  y por la ‘ultraactividad’, la extensión automática en el tiempo de los convenios en caso de no llegarse a un acuerdo para su renovación.

¿Qué hacer? Prohibir o limitar la indexación salarial parece ser una opción a considerar, ya existente en Francia y contemplada en el reciente Pacto por el Euro y la Competitividad que ha diseñado Francia y Alemania. Reducir la dualidad en el sistema de protección al empleo, facilitar el ‘descuelgue’ para los acuerdos superiores al nivel de empresa y aumentar los requisitos de representatividad de los sindicatos para que los acuerdos sean aplicables ayudaría a que los sindicatos fuesen más responsables de sus propias decisiones.

Finalmente, es preciso mejorar los indicadores y la información sobre la evolución de la productividad laboral. Acertadamente, los representantes sindicales ironizan sobre el hecho de que ligar salarios a productividad implicaría que los salarios se comportasen de forma anti-cíclica (bajando en épocas de bonanza económica y subiendo en épocas de crisis). Por ejemplo, según esta crítica se debería haber pactado para 2009, un año de fuerte crisis económica, un aumento salarial de casi el 3%. Es pues necesario alejarse de medidas de productividad media para todos los trabajadores, como la mostrada en el gráfico 1, que se ven muy afectadas por el llamado efecto composición, un efecto puramente estadístico que no refleja la evolución real de la productividad en nuestro país. Esta medida de productividad tiende a comportarse de forma anti-cíclica, bajando en épocas de bonanza económica y subiendo en épocas de crisis cuando se destruyen los trabajos menos productivos.