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[post_content] => Mientras en otros países (Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Irlanda, Holanda, etc.) están haciendo esfuerzos draconianos para reducir la plantilla de los empleados de sus respectivos sectores públicos, en España la plantilla de las Administraciones Públicas sigue aumentando. Los resultados de la última Encuesta de Población Activa, que muestra una reducción del paro en 70.800 se hizo a costa de crear 90.300 empleos públicos. En cambio el empleo en el sector privado ha sufrido una fuerte caída.
Foto: Flickr Kongharald
Casi todo el mundo está de acuerdo en que las Administraciones Públicas españolas deberían hacer un esfuerzo adicional por reducir su gasto y eso lleva consigo una reducción del personal. Como ya hemos señalado reiteradamente en este blog los Presupuestos del Estado para el año 2011 contemplan un panorama relativamente optimista donde la economía crecerá en 2011 al 1,3% y se creará empleo neto. Sin embargo, parece que esto no va a ser así. Las previsiones de crecimiento económico del equipo de Zapatero duplican las de los principales organismos económicos: en concreto el Fondo Monetario Internacional y Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) que apunta al 0,7%. Por tanto, tenemos la incógnita de qué ocurriría si las previsiones del Ejecutivo fallan. Parece que las medidas del Gobierno van a ir más en la dirección de aumentar los impuestos que en reducir el gasto público, incluido el gasto de personal.
Las previsisones optimistas del Gobierno se basan también en que la demanda alemana y el crecimiento de los países emergentes darán, en 2011, alas a nuestra economía de forma que el paro se reducirá hasta el 19,3%, los ingresos por impuestos aumentarán y, gracias a eso, se reducirá el déficit público. Sin embargo como ya hemos visto las previsiones de los analistas no son esas por lo que tendrá que reducirse más el gasto público y recortar la plantilla de funcionarios. Gran parte de los analistas espera que, a lo largo del año que viene el desempleo se mantenga en el 20%.
En España, según la EPA, hay más de 3.175.000 funcionarios 185.000 más que hace dos años. En este sentido España va en dirección contraria a otros países. Efectivamente, en otros países europeos se está intentando reducir, o al menos no aumentar, el número de empleados públicos como un instrumento necesario para reducir el gasto público y reducir el déficit público. Sin embargo, en España y a pesar de la menor actividad constructora e inmobiliaria en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, el número de funcionarios sigue aumentando y los impuestos para poder pagarles también.
Niveles de empleo público en España (en miles de personas)
| 1.977 | 1.350 |
| 1.997 | 2.270 |
| 2.007 | 2.932 |
| 2.008 | 2.990 |
| 2009 | 3.102 |
| 2010 | 3.175 |
Este aumento (ver cuadro) se debe, entre otros motivos, a que un objetivo fundamental del burócrata es aumentar su poder e influencia de su departamento, lo que le lleva a aumentar el empleo y el gasto públicos. Diferentes estudios muestran que la función objetivo del burócrata es maximizar la dimensión de su agencia o departamento, y ello lo consigue a través del aumento de los créditos presupuestarios a su disposición y del número de expertos adscritos a los servicios que él dirige, iniciando así un círculo vicioso que se autoalimenta, por cuanto a medida que el sector público crece, aumenta la propensión de los individuos a ingresar en él. Esto genera subempleo; es decir, empleo de baja productividad.
Los funcionarios y la política
Parece, pues, necesaria una reforma de la Administración (estatal, autonómica y local) que entre otras soluciones, apueste, cuanto antes, por la reducción del empleo público como mecanismo para aumentar su eficiencia (productividad). Sin embargo, tal reforma parece condenada al fracaso, ya que no existe una firme voluntad de cooperación en el propio funcionariado. Además, la incorporación de empleados públicos a la política activa dificulta dicha reforma. No se debe olvidar que el estatuto de la función pública permite a los funcionarios conseguir la excedencia por motivos políticos, garantizándoles la vuelta a su puesto si son víctimas de la inconstancia de los electores.
Soluciones
En España la incorporación de los empleado públicos a la vida política activa es muy notable. El 50% de los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados son empleados públicos. Desde posiciones tan estratégicas se podrían aprobar propuestas concretas de ajuste y reforma de la Administración Pública que reduzcan el gasto público y, por tanto, el coste fiscal que tienen que pagar los ciudadanos y las empresas. Los más interesados en ese ajuste deberían ser los propios funcionarios, porque una racionalización de la Administración conduciría a una mejor asignación de los recursos humanos, que se traduciría en un aumento de la contratación de funcionarios necesarios (jueces, por ejemplo, para evitar atascos judiciales) pero también en una reducción selectiva de puestos de trabajo por duplicidad de funciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Todo ello redundaría en una mayor productividad del Sector Público y, por tanto, en mejores salarios, dejando para la historia las reducciones y/o congelaciones salariales y la baja productividad.
[post_title] => El imparable aumento del empleo en el sector público
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Mientras en otros países (Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Irlanda, Holanda, etc.) están haciendo esfuerzos draconianos para reducir la plantilla de los empleados de sus respectivos sectores públicos, en España la plantilla de las Administraciones Públicas sigue aumentando. Los resultados de la última Encuesta de Población Activa, que muestra una reducción del paro en 70.800 se hizo a costa de crear 90.300 empleos públicos. En cambio el empleo en el sector privado ha sufrido una fuerte caída.
Foto: Flickr Kongharald
Casi todo el mundo está de acuerdo en que las Administraciones Públicas españolas deberían hacer un esfuerzo adicional por reducir su gasto y eso lleva consigo una reducción del personal. Como ya hemos señalado reiteradamente en este blog los Presupuestos del Estado para el año 2011 contemplan un panorama relativamente optimista donde la economía crecerá en 2011 al 1,3% y se creará empleo neto. Sin embargo, parece que esto no va a ser así. Las previsiones de crecimiento económico del equipo de Zapatero duplican las de los principales organismos económicos: en concreto el Fondo Monetario Internacional y Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) que apunta al 0,7%. Por tanto, tenemos la incógnita de qué ocurriría si las previsiones del Ejecutivo fallan. Parece que las medidas del Gobierno van a ir más en la dirección de aumentar los impuestos que en reducir el gasto público, incluido el gasto de personal.
Las previsisones optimistas del Gobierno se basan también en que la demanda alemana y el crecimiento de los países emergentes darán, en 2011, alas a nuestra economía de forma que el paro se reducirá hasta el 19,3%, los ingresos por impuestos aumentarán y, gracias a eso, se reducirá el déficit público. Sin embargo como ya hemos visto las previsiones de los analistas no son esas por lo que tendrá que reducirse más el gasto público y recortar la plantilla de funcionarios. Gran parte de los analistas espera que, a lo largo del año que viene el desempleo se mantenga en el 20%.
En España, según la EPA, hay más de 3.175.000 funcionarios 185.000 más que hace dos años. En este sentido España va en dirección contraria a otros países. Efectivamente, en otros países europeos se está intentando reducir, o al menos no aumentar, el número de empleados públicos como un instrumento necesario para reducir el gasto público y reducir el déficit público. Sin embargo, en España y a pesar de la menor actividad constructora e inmobiliaria en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, el número de funcionarios sigue aumentando y los impuestos para poder pagarles también.
Niveles de empleo público en España (en miles de personas)
| 1.977 | 1.350 |
| 1.997 | 2.270 |
| 2.007 | 2.932 |
| 2.008 | 2.990 |
| 2009 | 3.102 |
| 2010 | 3.175 |
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (III trimestre, 2010)
Este aumento (ver cuadro) se debe, entre otros motivos, a que un objetivo fundamental del burócrata es aumentar su poder e influencia de su departamento, lo que le lleva a aumentar el empleo y el gasto públicos. Diferentes estudios muestran que la función objetivo del burócrata es maximizar la dimensión de su agencia o departamento, y ello lo consigue a través del aumento de los créditos presupuestarios a su disposición y del número de expertos adscritos a los servicios que él dirige, iniciando así un círculo vicioso que se autoalimenta, por cuanto a medida que el sector público crece, aumenta la propensión de los individuos a ingresar en él. Esto genera subempleo; es decir, empleo de baja productividad.
Los funcionarios y la política
Parece, pues, necesaria una reforma de la Administración (estatal, autonómica y local) que entre otras soluciones, apueste, cuanto antes, por la reducción del empleo público como mecanismo para aumentar su eficiencia (productividad). Sin embargo, tal reforma parece condenada al fracaso, ya que no existe una firme voluntad de cooperación en el propio funcionariado. Además, la incorporación de empleados públicos a la política activa dificulta dicha reforma. No se debe olvidar que el estatuto de la función pública permite a los funcionarios conseguir la excedencia por motivos políticos, garantizándoles la vuelta a su puesto si son víctimas de la inconstancia de los electores.
Soluciones
En España la incorporación de los empleado públicos a la vida política activa es muy notable. El 50% de los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados son empleados públicos. Desde posiciones tan estratégicas se podrían aprobar propuestas concretas de ajuste y reforma de la Administración Pública que reduzcan el gasto público y, por tanto, el coste fiscal que tienen que pagar los ciudadanos y las empresas. Los más interesados en ese ajuste deberían ser los propios funcionarios, porque una racionalización de la Administración conduciría a una mejor asignación de los recursos humanos, que se traduciría en un aumento de la contratación de funcionarios necesarios (jueces, por ejemplo, para evitar atascos judiciales) pero también en una reducción selectiva de puestos de trabajo por duplicidad de funciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Todo ello redundaría en una mayor productividad del Sector Público y, por tanto, en mejores salarios, dejando para la historia las reducciones y/o congelaciones salariales y la baja productividad.
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