A comienzos de este mes de noviembre, el Banco Mundial publicaba la edición 2011 de su informe “Doing Business”. Como el lector probablemente ya conocerá, este informe anual ofrece una medición cuantitativa de las regulaciones que rodean a las distintas etapas y actividades de un negocio, desde su creación hasta su cierre, pasando por el pago de impuestos y la contratación de trabajadores. La premisa sobre la que se basa dicha cuantificación es la de la calidad de la regulación, es decir, la necesidad de unas reglas que faciliten la actividad empresarial y económica (podríamos incluir el “Doing Business como un indicador de calidad institucional). El informe mide esa calidad en más de 180 países, a los que clasifica en diversos rankings en función del grado en que sus normas se adecuan a los criterios de calidad regulatoria –eficiencia, accesibilidad, sencillez,…-

Ranking “Doing Business 2011”

Un vistazo al ranking general, en el que las economías se clasifican por la facilidad para hacer negocios que los emprendedores encuentran en las mismas, pone de manifiesto que, en efecto, allí donde la regulación es de calidad y facilita la actividad de la iniciativa privada, mayor es el dinamismo económico. Así, países como Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Finlandia o Noruega, que aparecen en el grupo de cabeza de este ranking, son economías con elevados niveles de renta per cápita y que destacan también por sus buenos registros en materias como la innovación.

El caso de España

Nuestro país, tal como viene sucediendo desde hace años, no sale bien parado en la edición 2011 del Doing Business. En esta ocasión, España ocupa el 49º lugar mundial en términos de facilidad para hacer negocios en el país, perdiendo una posición con respecto al informe del año pasado.

Los resultados tampoco son buenos en los distintos subindicadores. En la mayoría de ellos, España cae en el ranking mundial. El aspecto más preocupante y grave es el de las condiciones para abrir un negocio. Según los datos del Banco Mundial, los requisitos para abrir un negocio en nuestro país, medidos en términos de recursos –número de trámites, días y gasto monetario- necesarios para su cumplimiento, nos colocan nada menos que en la 147ª posición mundial, perdiendo además tres puestos con respecto al ranking del informe de 2010.

España tampoco aparece retratada como una economía en que se proteja adecuadamente a los inversores (puesto 93), se dé un trato fiscal favorable a la actividad emprendedora (puesto 71)  o en la que sea sencillo el registro de una propiedad (posición 54 del mundo).

Todos estos datos constituyen una mala noticia para nuestro país.  Sumidos en la crisis más importante de la historia reciente y necesitados de nuevas fórmulas de crecimiento sostenido, precisamos de la acción renovadora de los emprendedores y empresarios. Sin personas dispuestas a asumir los riesgos inherentes a la creación de empresas, no vamos a ser capaces de generar el trabajo imprescindible para reducir nuestra alucinante tasa de paro, y tampoco podremos dar el salto que necesitamos en términos de innovación para recuperar los niveles de competitividad que garantizarían la prosperidad en décadas venideras.

Por tanto, no podemos permitirnos el lujo de dificultar la actividad emprendedora con regulaciones ineficientes, innecesariamente complejas y, en no pocas ocasiones, carentes de justificación no sólo económica, sino también social.