El Gobierno de España, manifestó ayer que está dispuesto a negociar, con los agentes sociales, que los trabajadores puedan disfrutar de una combinación de jornada reducida con seguir cobrando la prestación pública por desempleo o el subsidio de paro. Se trataría de trabajar un cierto número de horas (reducción de jornada), sin dejar de cobrar el desempleo. Expresado de forma sencilla, la propuesta de jornada reducida se basa en la idea de que, al disminuir el número de horas que trabaja cada empleado, se reducirá el número de parados. Lo que no se entiende, y habría que aclarar, es porque un trabajador de jornada reducida y que cobra un sueldo tiene derecho además a cobrar  una parte del desempleo. Bienvenido sea el trabajo a tiempo a parcial pero para aplicar esta medida hay que estudiar muy bien cual es el coste para el erario público. 

En épocas de crisis la propuesta de jornada reducida puede tener efectos muy positivos para las empresas ya que puede aumentar la flexibilidad en la organización del trabajo, por ejemplo anualizando el cómputo de las horas de trabajo y aceptando la posibilidad de variar la jornada semanal en función de la situación coyuntural o estacional de la demanda. Esta medida no afectará por igual a todos los trabajadores, sino fundamentalmente a los trabajadores no especializados cuyo rendimiento puede ser medido más fácilmente en términos de horas de trabajo. Son precisamente éstos trabajadores de baja cualificación los que, en mayor grado, se están viendo afectados por el paro, y sobre los que se requiere por tanto una actuación más decidida de la política de empleo. 

La política de jornada reducida, junto con un estricto control del gasto público, debe evitar también el aumento de los costes laborales, por hora trabajada. A cada trabajador se le debe pagar de acuerdo a sus horas trabajadas. De lo contario se reducirían los beneficios empresariales o aumentarían las pérdidas y con ello la inversión, lo que podría retrasar, aún más, la necesaria salida de la crisis y la propia creación de empleo.

Un aumento de los costes laborales supondría una pérdida de competitividad para las empresas. En este sentido y para evitar el aumento de los costes laborales, se debe compensar el efecto de la menor jornada con una combinación de menos salarios, aumentos de la productividad y descuentos a las cotizaciones de la seguridad social, autofinanciados en parte por el ahorro de los subsidios de desempleo de los nuevos empleados. 

La reducción de jornada tiene sentido sobretodo en sectores y empresas afectadas por la crisis y que generan una disminución continuada de puestos de trabajos. En este sentido el conjunto de trabajadores de una empresa podría aceptar una reducción salarial y de horas de trabajo, a cambio de evitar que algunos de ellos pasaran a una situación de desempleo de larga duración. En este sentido, tiene razón la Ministra Salgado cuando señala que la reducción de jornada debe discurrir por la vía del diálogo social como un instrumento de flexibilidad y de estabilidad de las relaciones laborales. La jornada reducida es, en muchas empresas, una necesidad objetiva lo que aumenta sus probabilidades de éxito. 

Aunque parezca un poco cínico la reducción de jornada (trabajo a tiempo parcial) puede permitir a muchos trabajadores compatibilizar con mayor facilidad las obligaciones laborales y la vida familiar. No se tú como lo ves, pero a mí me parece un despropósito que los trabajadores sigan cobrando por un lado un salario, aunque fuera pequeño, y, por otro, el desempleo.

¿Busca esta medida la paz social? ¿Pretende reducir la tasa de desempleo? ¿Es una medida acertada? ¿Cuanto nos costará a los contribuyentes?