Entre tanta noticia económica (negativa en la mayoría de casos), ha pasado un tanto desapercibida la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de la denominada Ley Omnibus, por la que se modifican diversas leyes para la correcta transposición al marco jurídico español de la Directiva europea sobre el libre acceso y el ejercicio de las actividades de servicios. Se trata de una noticia que creo importante, puesto que estamos ante una ley ambiciosa, que se propone liberalizar e introducir mayor competencia –habrá que ver si lo consigue- en el sector servicios, el cual representa nada menos que dos terceras partes del empleo y la actividad de nuestra economía. No sólo eso; el de los servicios es un sector fundamental para el resto de actividades para las que es un proveedor irremplazable. 

Según los cálculos del Gobierno, la transposición de la directiva sobre servicios supondrá un enorme beneficio en términos de empleo, PIB, productividad y salarios. Y es que, aunque no siempre seamos conscientes de ello, a día de hoy sufrimos las consecuencias de una maraña de regulaciones que interfieren en la competencia de los mercados, causando un perjuicio enorme tanto para los consumidores como para el conjunto de la economía. Lo peor es que esa interferencia se produce sin que las regulaciones logren siquiera los objetivos que las originaron. El caso palmario es la actual legislación del comercio minorista, que pretendía defender al pequeño comercio de la competencia de las grandes superficies. Pues bien, en los últimos años es cierto que las grandes superficies han visto frenado su avance, pero ¡los pequeños comercios han perdido cuota de mercado! Nadie pensó (o tal vez sí), antes de regular, que las normas acabarían beneficiando a las cadenas de supermercados.

El problema es que, hasta ahora, la regulación de los servicios (y de la actividad económica en general) no se ha elaborado ni puesto en marcha según los criterios de calidad normativa: necesidad de la norma, proporcionalidad entre el fin perseguido y la distorsión creada en la competencia, claridad, predicibilidad,… Para dar la vuelta a esa situación, desde aquí recomiendo a las personas y organismos responsables de regular que echen un vistazo a la guía publicada por la Comisión Nacional de la Competencia. De manera sencilla y didáctica, se dan pautas para una regulación de calidad.

Los casos de mala regulación –algunos se recogen es esa guía- son abundantes, y en algunos casos hilarantes. Os animo a que en vuestros comentarios incluyáis ejemplos que hayáis vivido o padecido. A mí me viene a la cabeza el caso de un amigo al que, en la construcción de su propia casa, obligaron a instalar al menos una bañera (no me preguntéis el porqué, para mí es incomprensible).

Esperemos que ahora, con la transposición de la directiva, se vaya instalando una cultura de la “buena” regulación que ayude a insuflar mayor competencia en nuestros mercados, incrementando así la competitividad de nuestra economía. Porque es en un entorno de sana competencia en el que las empresas y los trabajadores se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos.