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    [post_content] => Televisión Española (TVE) es la televisión pública española de ámbito nacional. El gobierno de España quiere eliminar la publicidad en TVE, por ello quiere aprobar en las próximas semanas, una ley que obligue a los canales privados de televisión y a las operadoras de telefonía (móvil, fijo y banda ancha) a financiar una parte de lo que cuesta Televisión Española (TVE). La idea es compensar a la televisión pública por la pérdida de los ingresos publicitarios que no obtendrá cuando deje de emitir anuncios. A nadie se le escapa que esto es un atropello a los ciudadanos que utilizamos los servicios telefónicos porque las operadoras telefónicas, en la medida que puedan, repercutirán este impuesto sobre los usuarios. Ni que decir tiene que no existe ninguna relación entre las llamadas telefónicas y la utilización de internet y la televisión pública. Además, las operadoras ni se benefician con la supresión de anuncios de TVE ni les perjudica que la cadena pública consiga cualquier cantidad de espacios publicitarios. Así las cosas, ¿por qué deberíamos acabar financiando algo que no nos beneficia en absoluto? Es una pregunta de difícil respuesta. 

El "encaje" legal de la nueva norma que pretende impulsar el Ejecutivo es compleja. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones rechazó en un dictamen la promulgación de la nueva ley, aunque sus conclusiones fueron hábilmente silenciadas. El gobierno de Sarkozy, manteniendo su tradicional intervencionismo, intentó hacer lo mismo en su país y las empresas no sólo se negaron a pagar sino que lo han llevado a los tribunales europeos. Estas circunstancias deberían haber hecho reflexionar a cualquiera pero no, por lo que se ve, a nuestro Gobierno. 

La solución pasa por privatizar TVE. Es muy difícil defender su existencia como empresa pública (servicio público) con unos programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas. La privatización tendría además la ventaja de generar unos recursos muy necesarios, en estos momentos, para el Estado. Pero el Gobierno no parece dispuesto a que TVE deje de ser pública. Guste o no TVE es un instrumento al servicio del gobierno de turno, independientemente de su color. Cualquier gobierno sabe que, de cara a unas elecciones, TVE le da un puñado de votos. 

En resumen, parece que es más importante mantener TVE que no se diferencia en nada al resto de las televisiones, excepto en el botafumeiro que le da al gobierno, que el necesario cambio de modelo productivo. 
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Televisión Española (TVE) es la televisión pública española de ámbito nacional. El gobierno de España quiere eliminar la publicidad en TVE, por ello quiere aprobar en las próximas semanas, una ley que obligue a los canales privados de televisión y a las operadoras de telefonía (móvil, fijo y banda ancha) a financiar una parte de lo que cuesta Televisión Española (TVE). La idea es compensar a la televisión pública por la pérdida de los ingresos publicitarios que no obtendrá cuando deje de emitir anuncios. A nadie se le escapa que esto es un atropello a los ciudadanos que utilizamos los servicios telefónicos porque las operadoras telefónicas, en la medida que puedan, repercutirán este impuesto sobre los usuarios. Ni que decir tiene que no existe ninguna relación entre las llamadas telefónicas y la utilización de internet y la televisión pública. Además, las operadoras ni se benefician con la supresión de anuncios de TVE ni les perjudica que la cadena pública consiga cualquier cantidad de espacios publicitarios. Así las cosas, ¿por qué deberíamos acabar financiando algo que no nos beneficia en absoluto? Es una pregunta de difícil respuesta. 

El «encaje» legal de la nueva norma que pretende impulsar el Ejecutivo es compleja. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones rechazó en un dictamen la promulgación de la nueva ley, aunque sus conclusiones fueron hábilmente silenciadas. El gobierno de Sarkozy, manteniendo su tradicional intervencionismo, intentó hacer lo mismo en su país y las empresas no sólo se negaron a pagar sino que lo han llevado a los tribunales europeos. Estas circunstancias deberían haber hecho reflexionar a cualquiera pero no, por lo que se ve, a nuestro Gobierno. 

La solución pasa por privatizar TVE. Es muy difícil defender su existencia como empresa pública (servicio público) con unos programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas. La privatización tendría además la ventaja de generar unos recursos muy necesarios, en estos momentos, para el Estado. Pero el Gobierno no parece dispuesto a que TVE deje de ser pública. Guste o no TVE es un instrumento al servicio del gobierno de turno, independientemente de su color. Cualquier gobierno sabe que, de cara a unas elecciones, TVE le da un puñado de votos. 

En resumen, parece que es más importante mantener TVE que no se diferencia en nada al resto de las televisiones, excepto en el botafumeiro que le da al gobierno, que el necesario cambio de modelo productivo.