La reunión de los líderes del G-20 en Washington el pasado 15 de noviembre vino precedida de varias semanas plagadas de todo tipo de informaciones … y desinformaciones. En un contexto que aproxima a la economía global a la recesión en la que ya se encuentran instaladas algunas de las principales economías del planeta, todos hemos escuchado voces que clamaban por una refundación del capitalismo y otras que pregonaban una hegemonía intelectual socialdemócrata. Afortunadamente para el mundo, el acuerdo de los líderes no refleja ni lo uno ni lo otro y por el contrario ofrece una reafirmación en los principios liberales que han permitido al mundo contemplar la época de mayor dinamismo y progreso. Esto no es una opinión mía, sin más. Es lo que refleja el texto de la declaración firmada por todos los países:

“Nuestro trabajo se va a guiar por una confianza compartida en que los principios del mercado, unas condiciones de comercio y de inversión sin trabas y unos mercados financieros regulados de manera eficaz fomentan el dinamismo, la innovación y el espíritu emprendedor que resultan esenciales para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza. […] estas reformas únicamente tendrán el éxito si están firmemente fundamentadas sobre un firme compromiso con los principios del libre mercado, incluyendo el imperio de la ley, el respeto por la propiedad privada, el comercio y las inversiones libres en los mercados competitivos y se apoyan sobre unos sistemas financieros eficientes y eficazmente regulados. Estos principios son esenciales para el crecimiento económico y la prosperidad, habiendo ya liberado a millones de personas de la pobreza y elevado sustancialmente el nivel de vida a escala global. Reconociendo la necesidad de mejorar la regulación del sector financiero, deberemos, sin embargo, evitar un exceso de regulación que podría obstaculizar el crecimiento económico y exacerbar la contracción de los flujos de capital, incluyendo a los países en desarrollo. Subrayamos la importancia crítica que tiene el rechazo al proteccionismo y no involucionar hacia tiempos de incertidumbre financiera.”

Los líderes del G-20 han apostado basar su reacción ante la crisis en el imperio de la ley, el respeto por la propiedad privada, el comercio libre, la competencia en los mercados, la eficiencia, la transparencia, la responsabilidad y un valiente ejercicio de autocrítica sobre la conducción de las políticas públicas durante la época de bonanza. En definitiva, por los principios defendidos por los liberales, a los que en un ejercicio de desinformación se ha querido culpar de la crisis actual.

Y esta apuesta por los principios enunciados es especialmente llamativa si tenemos en cuenta que entre los países firmantes hay países de larga tradición democrática y liberal, pero también debe destacarse que en el grupo de los veinte se encuentran países cuyo grado de adhesión a estos principios ha sido más que dudoso hasta la fecha (dictaduras, autocracias, etc.).

Un aspecto sobre el que me parece relevante reflexionar es la importancia que se asigna en el acuerdo a las soluciones nacionales a la crisis financiera. En el proceso de desinformación previo a la cumbre, el PSOE abanderó la propuesta de creación de un regulador mundial financiero. El acuerdo de los líderes, aceptado por el propio presidente del Gobierno español, ha sido precisamente el contrario, ya que aboga por el papel principal de la responsabilidad nacional en un contexto de mayor coordinación internacional como reza la declaración de la cumbre en su punto 8: “Toda regulación es, primera y principalmente, responsabilidad de los reguladores nacionales, que constituyen la primera línea de defensa contra la inestabilidad de los mercados“.

Por último, el punto más abierto a la interpretación del acuerdo es el relativo a las políticas fiscales donde se establece “recurrir en la medida apropiada a medidas fiscales para estimular las demandas internas con efecto inmediato, al mismo tiempo que se mantiene un marco político conducente a la sostenibilidad fiscal”. Es cuanto menos sorprendente que de este texto el Gobierno español haya inferido inmediatamente que resulta necesario aumentar el gasto público, en lugar de racionalizar la composición del msimo y reducir los impuestos, dando prioridad a la inversión frente a los gastos corrientes discrecionales. Se trata de un claro reflejo de sus impulsos primarios, de su falta de interés en dar mayor espacio a la ciudadanía española para labrarse un futuro de prosperidad y refleja, finalmente, una evaluación inadecuada del impacto de dicho aumento impositivo sobre el desequilibrio exterior de la economía española y sobre las condiciones de financiación de empresas y familias. Y esto es especialmente preocupante cuando todavía estamos con unos presupuestos para 2009 pendientes de aprobación.