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    [post_content] => El pasado jueves tuvimos conocimiento de una mala noticia económica. El INE publicó su estimación adelantada para la inflación en noviembre y nos encontramos con un crecimiento interanual de los precios de un 4,1%, lo que supone una fuerte aceleración, ya que sólo un mes antes, en octubre, los precios crecieron a un ritmo del 3,6%. El dato adelantado refleja una cruda realidad: estamos ante el peor dato de inflación en España de los últimos siete años.

Todos sabemos, y sufrimos, las consecuencias de una elevada inflación. En un contexto en el que nuestros ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios se produce una lenta degradación de nuestro poder adquisitivo. Un tema que en la actualidad está muy de moda, dado el fuerte crecimiento de los precios de algunos productos de consumo cotidiano entre la mayor parte de la población (alimentos, carburantes, etc.). Pero el objeto del post de hoy en este blog de economía es destacar dos efectos perversos más derivados de una elevada inflación: la subida encubierta de impuestos que supone y la redistribución arbitraria y no prevista de recursos que implica, a través de de la actualización automática de las pensiones.



Sobre el primer aspecto señalado, acabamos de conocer un estudio de dos solventes investigadores en el ámbito fiscal, José Félix Sanz (Universidad Complutense de Madrid) y Desiderio Romero (Universidad Rey Juan Carlos). Imaginen que la inflación crece un año y que los salarios, a través de la negociación colectiva, crecen más o menos al mismo ritmo. Eso suena bien, ¿no? Se mantendrá el poder adquisitivo porque los salarios crecieron al mismo ritmo que la inflación.

Pues esta visión es equivocada, ya que al ganar mayores salarios, los trabajadores pagarán más en el impuesto sobre la renta si la estructura del mismo no se actualiza con la inflación. El efecto se ve potenciado, además, por el hecho de que estamos ante un impuesto progresivo. Es decir, que un mismo nivel de poder adquisitivo “antes de impuestos” implica un menor poder adquisitivo después de pasar por la ventanilla de Hacienda. El estudio mencionado calcula precisamente el incremento de la recaudación en el IRPF, desde 2004, derivada de la no actualización de los distintos parámetros del impuesto según la inflación (no sólo la estructura de tramos de la tarifa, sino los diferentes límites de las deducciones, etc.). Las conclusiones son tristes para los trabajadores: la factura fiscal del IRPF se ha incrementado en 220 euros para cada contribuyente como consecuencia exclusiva de una elevada inflación que no se ha incorporado en la estructura del impuesto.

Sobre el segundo aspecto perverso de la inflación, no me malinterpreten, no me opongo a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación real. Me parece bien que los pensionistas vean mantenido su poder adquisitivo. Ahora bien, al haber crecido la inflación hasta el 4,1% en noviembre (mes que, precisamente, se utiliza para calcular la actualización de las pensiones), frente al 2% previsto por el Gobierno, es necesario compensar a los pensionistas por estos 2,1 puntos de inflación por encima del objetivo. Y se preguntarán los lectores, ¿cuánto cuesta esta actualización?

Pues bastante dinero, concretamente unos 144 millones de euros por cada décima de exceso sobre el objetivo. En total unos 3.027 millones de euros. Para que se hagan una idea, esta factura fiscal que tendrán que pagar los contribuyentes debido a que no se ha conseguido mantener la inflación bajo control representa más de lo que el Gobierno gastará en educación en 2008 (2.831 millones), más del triple de lo que destinará a la famosa Dependencia (870 millones) o 2,2 veces lo que destinará a un tema de gran preocupación para los jóvenes, la vivienda (1.369 millones). En definitiva, al no controlar la inflación nos encontramos con que en vez de poder destinar esos 3.000 millones de euros a aspectos tan importantes como los señalados (o a reducir impuestos), nos vemos obligados a destinarlos a la actualización de pensiones, es decir, a mantener el poder adquisitivo de unos (los pensionistas) a costa de otros (los sufridos contribuyentes).


    [post_title] => La inflación de noviembre, una mala noticia económica
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El pasado jueves tuvimos conocimiento de una mala noticia económica. El INE publicó su estimación adelantada para la inflación en noviembre y nos encontramos con un crecimiento interanual de los precios de un 4,1%, lo que supone una fuerte aceleración, ya que sólo un mes antes, en octubre, los precios crecieron a un ritmo del 3,6%. El dato adelantado refleja una cruda realidad: estamos ante el peor dato de inflación en España de los últimos siete años.

Todos sabemos, y sufrimos, las consecuencias de una elevada inflación. En un contexto en el que nuestros ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios se produce una lenta degradación de nuestro poder adquisitivo. Un tema que en la actualidad está muy de moda, dado el fuerte crecimiento de los precios de algunos productos de consumo cotidiano entre la mayor parte de la población (alimentos, carburantes, etc.). Pero el objeto del post de hoy en este blog de economía es destacar dos efectos perversos más derivados de una elevada inflación: la subida encubierta de impuestos que supone y la redistribución arbitraria y no prevista de recursos que implica, a través de de la actualización automática de las pensiones.

Sobre el primer aspecto señalado, acabamos de conocer un estudio de dos solventes investigadores en el ámbito fiscal, José Félix Sanz (Universidad Complutense de Madrid) y Desiderio Romero (Universidad Rey Juan Carlos). Imaginen que la inflación crece un año y que los salarios, a través de la negociación colectiva, crecen más o menos al mismo ritmo. Eso suena bien, ¿no? Se mantendrá el poder adquisitivo porque los salarios crecieron al mismo ritmo que la inflación.

Pues esta visión es equivocada, ya que al ganar mayores salarios, los trabajadores pagarán más en el impuesto sobre la renta si la estructura del mismo no se actualiza con la inflación. El efecto se ve potenciado, además, por el hecho de que estamos ante un impuesto progresivo. Es decir, que un mismo nivel de poder adquisitivo “antes de impuestos” implica un menor poder adquisitivo después de pasar por la ventanilla de Hacienda. El estudio mencionado calcula precisamente el incremento de la recaudación en el IRPF, desde 2004, derivada de la no actualización de los distintos parámetros del impuesto según la inflación (no sólo la estructura de tramos de la tarifa, sino los diferentes límites de las deducciones, etc.). Las conclusiones son tristes para los trabajadores: la factura fiscal del IRPF se ha incrementado en 220 euros para cada contribuyente como consecuencia exclusiva de una elevada inflación que no se ha incorporado en la estructura del impuesto.

Sobre el segundo aspecto perverso de la inflación, no me malinterpreten, no me opongo a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación real. Me parece bien que los pensionistas vean mantenido su poder adquisitivo. Ahora bien, al haber crecido la inflación hasta el 4,1% en noviembre (mes que, precisamente, se utiliza para calcular la actualización de las pensiones), frente al 2% previsto por el Gobierno, es necesario compensar a los pensionistas por estos 2,1 puntos de inflación por encima del objetivo. Y se preguntarán los lectores, ¿cuánto cuesta esta actualización?

Pues bastante dinero, concretamente unos 144 millones de euros por cada décima de exceso sobre el objetivo. En total unos 3.027 millones de euros. Para que se hagan una idea, esta factura fiscal que tendrán que pagar los contribuyentes debido a que no se ha conseguido mantener la inflación bajo control representa más de lo que el Gobierno gastará en educación en 2008 (2.831 millones), más del triple de lo que destinará a la famosa Dependencia (870 millones) o 2,2 veces lo que destinará a un tema de gran preocupación para los jóvenes, la vivienda (1.369 millones). En definitiva, al no controlar la inflación nos encontramos con que en vez de poder destinar esos 3.000 millones de euros a aspectos tan importantes como los señalados (o a reducir impuestos), nos vemos obligados a destinarlos a la actualización de pensiones, es decir, a mantener el poder adquisitivo de unos (los pensionistas) a costa de otros (los sufridos contribuyentes).