La Comisión Nacional de la Competencia acaba de abrir un expediente sancionador a las tres mayores operadoras de telefonía móvil en España: Movistar, Vodafone y Orange. La razón es bien conocida para los lectores: a raíz de la entrada en vigor de un nuevo sistema de tarificación en marzo de 2007 se ha considerado, por parte de este organismo regulador, que las empresas pactaron un alza coordinada de sus tarifas.

Poco antes habíamos vuelto a vivir otra tormenta en las telecomunicaciones españolas, pero esta vez con un organismo europeo implicado. La Comisión Europea sancionó a Telefónica con 151 millones de euros el pasado mes de julio al considerar que la empresa española había incurrido en un abuso “muy grave” de posición dominante en el mercado español de internet de alta velocidad.

Se trata de dos decisiones incardinadas en el ámbito de la regulación ex post de los mercados, más concretamente en el terreno del derecho de competencia. Sin embargo, no debemos olvidar que en el caso español, como en el de otros muchos países, existe en el mercado de las telecomunicaciones organismos encargados de la regulación ex ante de estas actividades. Pues bien, ¿cuál ha sido el papel de la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) en estos acontecimientos?

Pues ha sido un papel curioso, ya que en ambos casos el organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones había aprobado los planes de tarifas de las empresas afectadas. Este escenario regulatorio crea, a mi modo de ver, una situación de desprotección jurídica de estas empresas, ya que si tienen obligación de presentar sus planes de tarifas antes de poder ser aplicadas para su aprobación o rechazo por parte de la CMT resulta cuanto menos sorprendente que luego estas empresas sean sancionadas por aplicar el plan de tarifas aprobado por dicho organismo.

El corolario, más allá de la confusión regulatoria que han de afrontar muchas empresas en sectores como el de las telecomunicaciones, es el de la relevancia de la CMT. ¿De verdad tiene sentido la existencia de esta institución, máxime cuando se percibe claramente que sus decisiones son cuestionadas de manera sistemática por los responsables de la regulación ex post de los mercados? A mi juicio, cada vez tiene menos sentido…