Uno de los graves problemas de América Latina es la muy desigual distribución de la renta. Esta mala distribución está producida, en gran medida, porque el gasto público es insuficiente, está mal diseñado y no es redistributivo. Además los ingresos fiscales tienen muy poca capacidad recaudatoria y redistributiva, hay muchísimas exenciones y deducciones fiscales y hay una gran parte de la economía en la informalidad. Excepto Brasil, que tiene una presión fiscal relativamente alta, del 36% del PIB (si incluimos todos los impuestos, también los locales y contribuciones a la seguridad socia) los demás países, sobre todo México, tienen unas recaudaciones bajísimas, entre al 13% y el 20%.

En definitiva, en estos países hay muy poca carga fiscal y un gasto inadecuado por lo que hay que plantearse cuál es la estructural fiscal más óptima: en qué gastar y cómo recaudar. Por ejemplo, el gasto en educación o sanidad debe reconvertirse frente al excesivo gasto que se hace en educación universitaria, quizás habría que invertir más en educación primaria. O, en lugar de hacer grandes hospitales urbanos, sería mejor gastar más en atención primaria. Además, mejoraría la distribución de la renta si se focalizase el gasto más hacia pensiones asistenciales y el suministro de agua potable. En cuanto a la recaudación, es necesario que haya sistemas fiscales redistributivos, es decir, progresivos, donde la propia fiscalidad recaudatoria redistribuye la renta.

Pero para que la reforma fiscal tenga lugar hay que llegar a un consenso (pacto fiscal) entre los agentes sociales, el gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad civil. Algo difícil de lograr porque, en algunos de estos países hay grandes niveles de corrupción. Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Londres, ha publicado recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2007, en el que Chile y Uruguay obtienen los índices más altos con 7,0 y 6,7 puntos, respectivamente (10 es el máximo de transparencia). México y Brasil obtuvieron tan sólo 3,5 y Venezuela 2,0. El problema fundamental es que resulta muy difícil vender a la sociedad civil que aumente la presión fiscal cuando no se sabe a qué se van a destinar los ingresos fiscales. Por eso para hacer el citado pacto fiscal, hay que reducir la corrupción y también aumentar los niveles de eficiencia del gasto público.

México ha logrado aprobar la primera reforma fiscal significativa en una década. El artífice ha sido el presidente mexicano Felipe Calderón, que ha conseguido lo que su predecesor y miembro del mismo partido (PAN), Vicente Fox, intentó en dos ocasiones sin éxito. Calderón se apunta así su segunda gran victoria en menos de un año ya que, tras la reforma al sistema de pensiones públicas a principios de 2007, ésta es la segunda gran reforma estructural que consigue sacar adelante desde que asumió el poder ¿Qué es lo que ha cambiado en la política mexicana?

En resumen, existe una percepción general de que en América Latina los recursos fiscales son muy limitados, la desigualdad es muy fuerte y, además, el gasto social no está bien focalizado ¿Sería necesaria una reforma fiscal en otros países latinoamericanos? ¿La actual etapa de crecimiento económico es un buen momento para acometerla?