La criminalidad está restando mucho crecimiento y bienestar a la vez que impide el desarrollo social de América Latina. Ello se debe a que los gobiernos deben dedicar una parte importante del gasto público a actividades policiales, justicia penal y, en general, a combatir la criminalidad. Por su parte las empresas dedican, cada vez más recursos en la prevención de la violencia y a proteger a sus empleados y propiedades. Recursos público y privados que, por tanto, no se destinan al gasto social ni a fabricar bienes y servicios. La evidencia empírica demuestra que los aumentos en la delincuencia y criminalidad, especialmente los homicidios, generan un elevado lastre al crecimiento económico. El coste económico de la criminalidad es equivalente al 14 por ciento del Producto Interior Bruto de la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que constituye el estudio más reciente sobre la criminalidad y delincuencia en la región.

La delincuencia también afecta negativamente al crecimiento, debido a que reduce la productividad y la participación laboral y aumenta el fracaso escolar y el desempleo de jóvenes. Además la criminalidad aleja las inversiones, tanto internas como las provenientes del exterior. En varios países, la delincuencia ocasiona mayor dificultad en el acceso a la financiación y un descenso en la productividad laboral (además de un aumento en el gasto en medidas de seguridad ya comentado).

El principal factor que explica los índices tan altos de agresiones y homicidios en la región es el tráfico de drogas. El narcotráfico obliga a desviar recursos de otras actividades hacia la justicia penal, provoca delitos contra la propiedad relacionados con la adicción, contribuye a la amplia circulación de armas de fuego y corrompe las instituciones sociales. Para combatir la delincuencia se ha utilizado sobre todo la justicia penal, descuidando enfoques complementarios que podrían ser efectivos a la hora de reducir cierto tipo de delitos. Por ejemplo, programas que mejoren el entorno de los barrios o un enfoque de salud pública centrada en los factores de riesgo del comportamiento agresivo.

Latinoamérica está entre las regiones más violentas del mundo, con más de 22 homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran que la razón es la gran disponibilidad de armas de fuego en manos de la población civil. Aunque la tenencia de armas suele estar regulada por ley, la gran mayoría de la población civil se abastece en el mercado negro. En resumen la violencia reinante en la región socava el crecimiento e impide el desarrollo social. Los altos índices de delitos y violencia afectan a los negocios y constituyen un obstáculo para las inversiones, lo que repercute en un menor desarrollo. Según cálculos incluidos en un informe que acaba de publicar el Banco Mundial si América latina redujera en una tercera parte el índice de homicidios, algunos países podrían duplicar su tasa de crecimiento económico