El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó ayer la entrevista concedida al prestigioso Financial Times para lanzar un mensaje claro a las Comunidades Autónomas. Les advertía de que deben controlar tanto su gasto público como la deuda, pues de otro modo España no podrá cumplir los objetivos de reconducción del déficit asumidos frente a la Unión Europea. El presidente incluso recordó que el Gobierno cuenta con instrumentos contundentes para garantizar la disciplina fiscal por parte de las autonomías.

Las palabras de Rodríguez Zapatero vienen a sumarse a un debate que se ha intensificado en los últimos meses en torno a la eficiencia económica del actual modelo autonómico. Debate cargado, lógicamente, de un potente contenido político en que el ministro de Presidencia, Ramón Jauregui, llega a detectar cierta deriva “neocentralista y antiautonomista”.

En la entrada de hoy me gustaría plantear una breves reflexiones sobre las Comunidades Autónomas con la perspectiva de la teoría económica. Reflexiones seguro que incompletas, pues dejaremos de lado aspectos tan relevantes como la interrelación entre la transición política y el desarrollo del llamado estado autonómico, ya contemplado en nuestra Constitución. Pero creo que pueden ayudar a nuestros lectores a incorporar algunas ideas a su propia opinión sobre este tema tan complejo.

¿Centralizar o descentralizar? Depende

Ni la centralización ni la descentralización de las administraciones públicas son buenas o malas por sí mismas. Su conveniencia depende de las circunstancias del caso de que se trate. La norma general sería que el grado de (des)centralización sea el que garantice la mejor provisión del servicio de la administración al administrado, utilizando como criterio la relación entre costes y calidad de dicho servicio.

Es cierto que administraciones descentralizadas, como las que tenemos en España no sólo en las Comunidades Autónomas, sino también en cabildos, diputaciones, ayuntamientos, etc. presentan ciertas ventajas derivadas de la proximidad entre administración y ciudadanos. Así, la mayor proximidad debería significar un mejor conocimiento de las circunstancias y necesidades de la ciudadanía por parte de los servidores públicos, además de una mayor rapidez en la respuesta a esas necesidades. Es lo que sucede, por ejemplo, con los planes urbanísticos, los servicios de recogida de basuras, los de suministro de agua, etc.

Pero la descentralización también tiene desventajas. Un caso evidente es la provisión de algunos servicios sometidos a las llamadas economías de escala, en los que se necesita una masa crítica de beneficiarios para que el servicio sea económicamente viable. Veamos un ejemplo irreal pero ilustrativo. Imaginemos que cada capital de provincia española decide instalar un servicio sanitario especializado en la atención de enfermedades tropicales. Dada la escasa prevalencia de esas enfermedades, cada uno de esos servicios tendría una reducida afluencia de enfermos que difícilmente justificaría su existencia. Sería más eficiente un único centro en toda España (o tal vez dos) que aglutinaran todos los casos, donde trabajara un grupo de especialistas que pudieran beneficiarse además de la experiencia adquirida tratando a un mayor número de pacientes.

En España, sin llegar a los extremos del ejemplo anterior, sí que se han producido duplicidades innecesarias, que han generado un gasto excesivo e ineficiente que podría haberse evitado, incluso mejorando la calidad del servicio, simplemente con una mayor coordinación. Un caso evidente en mi opinión es el de las universidades. Toda Comunidad Autónoma ha querido tener su propia universidad en la que, además, se ofrezcan todas las posibles titulaciones, incluso en todas las provincias. Las desventajas de este sistema son importantes: titulaciones con un número bajísimo de alumnos, dificultades para encontrar profesorado bien preparado, reducción de la movilidad geográfica (que luego se traslada también al mercado laboral), Sería mejor un sistema de universidades que funcionase realmente como una red, donde cada titulación tuviera unos determinados centros de referencia y donde cada universidad ofreciera un rango limitado de titulaciones, de modo que la competencia alimentase la excelencia

Sin duda, un elemento estructural que ha alimentado esos excesos ha sido el sistema de financiación del gasto público de las administraciones territoriales, que ha carecido de incentivos y mecanismos adecuados para hacer a éstas corresponsables fiscales. Pero eses es otro tema del que podremos hablar en otra entrada.