La última Encuesta de Población Activa (tercer trimestre de 2009) refleja la existencia de 3.102.000 empleados públicos, son 50.000 más que en el 2º trimestre de este año y 112.000 más que hace un año. En este sentido España va en dirección contraria a otros países. Efectivamente, en otros países europeos se está intentando reducir, o al menos no aumentar, el número de empleados públicos como un instrumento necesario para reducir el gasto público y reducir el déficit público. Sin embargo, en España y a pesar de la menor actividad constructora e inmobiliaria en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, el número de funcionarios sigue aumentando y los impuestos para poder pagarles también. 

Niveles de empleo público en España (en miles de personas)             

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (III trimestre, 2009) 

El imparable poder de los burócratas

Este aumento (ver cuadro) se debe, entre otros motivos, a que un objetivo fundamental del burócrata es aumentar su poder e influencia, lo que le lleva a aumentar el empleo y el gasto públicos.  Diferentes estudios muestran que la función objetivo del burócrata es maximizar la dimensión de su agencia o departamento, y ello lo consigue a través del aumento de los créditos presupuestarios a su disposición y del número de expertos adscritos a los servicios que él dirige, iniciando así un círculo vicioso que se autoalimenta, por cuanto a medida que el sector público crece, aumenta la propensión de los individuos a ingresar en él. 

Los funcionarios y la política

Parece, pues, necesaria una reforma de la Administración (estatal, autonómica y local) que entre otras soluciones, apueste por la reducción del empleo público como mecanismo para aumentar su eficiencia (productividad). Sin embargo, tal reforma parece condenada al fracaso, ya que no existe una firme voluntad de cooperación en el propio funcionariado. Además, la incorporación de empleados públicos a la política activa dificulta dicha reforma. No se debe olvidar que el estatuto de la función pública permite a los funcionarios conseguir la excedencia por motivos políticos, garantizándoles la vuelta a su puesto si son víctimas de la inconstancia de los electores.

En España la incorporación de los burócratas a la vida política activa es muy notable; aproximadamente el 40% de los representantes del pueblo en el Congreso y en el Senado son empleados públicos. Desde posiciones tan estratégicas se podrían aprobar propuestas concretas de ajuste y reforma de la Administración Pública que reduzcan el gasto público y, por tanto, el coste fiscal que tienen que pagar los ciudadanos y las empresas. Los más interesados en ese ajuste deberían ser los propios funcionarios, porque una racionalización de la Administración conduciría a una mejor asignación de los recursos humanos, que se traduciría en un aumento de la contratación de funcionarios necesarios (jueces, por ejemplo, para evitar atascos judiciales) pero también en una reducción selectiva de puestos de trabajo por duplicidad de funciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Todo ello redundaría en una mayor productividad del Sector Público y, por tanto, en mejores salarios, dejando para la historia las congelaciones salariales.