La inflación es un caballo sin bridas que está haciendo estragos en los bolsillos de la gente, especialmente en las rentas más bajas, esto es, jubilados, pensionistas y desempleados entre otros; de igual manera, la inflación está lesionando la competitividad de las empresas españolas. La situación es tan grave que la inflación de noviembre se ha situado en el 4,1 por ciento. Digamos que estas cifras, ya de por si alarmantes son las oficiales. Ocurre, sin embargo, que esta inflación revelada no coincide con la inflación percibida. La primera deviene del convencionalismo que la economía ha adoptado: un determinado panel de productos con su correspondiente ponderación; la segunda es el resultado de impresiones, con mayor o menor base real, por parte de la gente en base a su relación con los productos que compra con más asiduidad. El problema es que la información que aporta el IPC se aleja de forma considerable del la inflación que perciben los ciudadanos.

Para recopilar la información del IPC se utiliza la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Su deficiencia es la misma que tienen todas las encuestas, que la gente no acaba de decir la verdad. Algunas preguntas pueden invadir la intimidad o desvelar secretos y más en un país donde el 23% de la economía está sumergida y quienes están en ella no tienen interés alguno en divulgar estas rentas no declaradas. También existe la dificultad de medir los cambios en los precios cuando hay variaciones en la calidad de los productos. Además cuando desaparece un producto del mercado ha de ser sustituido por otro en el índice. El problema es cómo saber qué producto es un bien sustitutivo exacto e igual de representativo que el que ha desaparecido en la última medición.

El IPC REPRESENTA A LA MEDIA DE LOS CONSUMIDORES pero no es representativo de algunos grupos sociales menos desfavorecidos. Sólo a modo de ejemplo, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas pesa aproximadamente un 23% en el índice y pero para muchos ciudadanos de baja renta representa más. Por otra parte, el IPC excluye de su cómputo algunos impuestos, tasas pagadas a la administración pública, multas o recargos. Aunque suban el IPC se queda igual. El índice tampoco contempla otros gastos de consumo como los de la economía sumergida, el comercio electrónico que ya representa casi el 10% del PIB, la venta ambulante como la que se hace en los mercadillos y los bienes introducidos en la economía hasta que no se consideran “representativos” .

Asimismo, tampoco computa la mayor preocupación de casi todos los españoles: la vivienda en propiedad, ya que ésta se considera una inversión y no un gasto. Algo que los ciudadanos perciben ya que el precio medio de la vivienda se disparó desde la entrada del euro más de un 150%. Los españoles destinamos un 40% de nuestras rentas al pago de una vivienda. La CEACCU, han llegado a la conclusión que, desde la entrada del euro como monedas y billetes, los precios han subido un 60%. Según el gobierno, un 20%.

Este hecho ha provocado que diferentes expertos y grupos de investigación se interesen por analizar la brecha existente entre el IPC publicado y el percibido, los cuales, trataremos en un futuro post.