Los tres años consecutivos de superávit en las cuentas de la Administración del Estado son ya historia. Según publicaba ayer el Ministerio de Economía y Hacienda, el Estado acumula un déficit de 14.638 millones de euros al finalizar agosto, equivalentes al 1,31% del PIB en términos de contabilidad nacional. De esta forma, el desequilibrio entre gastos e ingresos se sitúa prácticamente un punto por encima del 0,4% registrado en junio, mes en el que reaparecían los números rojos por primera vez desde mediados de 2005. Algunas previsiones anticipan un déficit agregado para el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) del 0,6% del PIB a final del año, frente al superávit de más del 2% del PIB en 2007. En pocas palabras, a lo largo de un año el deterioro de los saldos públicos alcanza 3 puntos de PIB.

Causas del déficit público

Como bien explica el propio Ministerio, este rapidísimo deterioro de las cuentas públicas es consecuencia de la intensa desaceleración de nuestra economía, cuyos efectos directos sobre el déficit se producen a través de los estabilizadores automáticos –descenso de la recaudación impositiva por la menor actividad e incremento del gasto por el aumento de las prestaciones-. Asimismo, los gastos aumentan hasta agosto en 13.250 millones de euros por la inyección de liquidez a familias y empresas resultante de los cambios normativos y rebajas fiscales con los que se pretende hacer frente a la complicada coyuntura económica.

¿Se puede evitar el déficit público?

Pero, ¿puede nuestra política fiscal contrarrestar los efectos de la crisis? Mi opinión personal es que no. Trataré de explicar mi postura. Por un lado, la política fiscal, cuya orientación conoceremos próximamente con los Presupuestos Generales del Estado, se encuentra privada de la ayuda de las políticas monetaria y cambiaria, hoy en manos del Banco Central Europeo. Es más, también tiene restringido su margen de actuación por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Por otro lado, más que una política fiscal tenemos varias políticas fiscales, ya que el Estado ha visto menguar su peso en el conjunto de las Administraciones Públicas a favor de Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. A esto hay que añadir que una parte sustancial de las partidas de gasto ya viene comprometida por lo presupuestado en ejercicios anteriores.

Tenemos déficit fiscal para rato

Por último, y esto creo que es lo más importante, la crisis que atravesamos y cuya duración puede ser de varios años no es sino el pago que debemos afrontar por los excesos de la última década. Hemos gastado, como país, muy por encima de nuestras posibilidades. Esto nos ha obligado a pedir prestado continuamente al resto del mundo, hasta acumular una deuda exterior que supera el 70% del PIB. Y lo hemos hecho para financiar, sobre todo, gasto no productivo, gasto que no incrementa nuestra productividad ni nuestra capacidad de crecer sostenidamente. Hemos gastado sin pensar demasiado en el futuro.

En estas circunstancias, no queda otra opción que apretarse el cinturón, máxime cuando la crisis financiera internacional dificulta el acceso al crédito y la liquidez, especialmente para nosotros, pues los inversores extranjeros han incrementado las primas de riesgo exigidas a España. La política fiscal no puede impedir que esto suceda. De hecho, hay que pedirle que se sume a la austeridad a que todos nos vemos obligados. Es la mejor fórmula para mantener una credibilidad que de otra manera no tardará en evaporarse con la misma rapidez con que lo ha hecho el superávit.